Esta columna se publicó el 8 de noviembre de 2016 en Las 2 Orillas

Una vez finalizada la primera etapa de diálogo entre el Gobierno nacional y los líderes del No, comienza la tarea más ardua: esa en la que la delegación de paz, encabezada por el doctor De la Calle, deberá representar a los críticos más acérrimos del Gobierno en un nuevo intercambio con las FARC. Intercambio en el cual se volverán a tocar las llamadas “líneas rojas” de parte y parte. Para decirlo brevemente, un reto descomunal.

Para que este nuevo proceso nos lleve hacia la paz, se requieren, al menos, tres cosas. En primer lugar, que el Gobierno no se comporte como un mandadero. “Que acá les mandan a decir un grupo de díscolos que las condiciones inicialmente pactadas con nosotros son inaguantables para ellos y para sus seis y pico millones de electores”. Lo que corresponde es que De la Calle y su aguzada escuadra interioricen el sentir de los voceros del No y hagan suyos muchos de sus reclamos. Después del 2 de octubre enfrentamos un mandato político inobjetable, el cual señala que las 297 páginas del acuerdo de paz suscrito en Cartagena, si bien son una cuota inicial con lujo de detalles, son inaplicables.

En segundo lugar, no podemos olvidar que la mesa de negociación es entre el Gobierno y las FARC, no entre el No por un lado y el Gobierno y las FARC por el otro. Lo que esto indica es que la nueva ronda no debe entenderse como la concertación entre dos viejos enemigos que se volvieron compinches porque encontraron a un contrincante común. No es un asunto de “venga a ver y miramos en qué cedemos un poquito para que esos molestos señores del No nos dejen avanzar”.

Y, en tercera medida, hay que reconocer que los cambios al Acuerdo no son de cosmética sino de sustancia. Sin duda hubo quienes votaron rechazando el pacto de paz desconociendo sus contenidos, creyéndose alguna de las mil y una mentiras que se dijeron sobre ellos. Sin embargo, a lo largo de estas ya cinco semanas del triunfo del No ha sido evidente que los reparos de fondo existían, y que debido a ellos ganó la oposición.

La elegibilidad inmediata de autores de crímenes de lesa humanidad, la poca precisión en las medidas de restricción de la libertad, el lugar predominante de la Jurisdicción para la Paz, la incertidumbre sobre los bienes de la guerrilla y las inquietudes sobre la integración del Acuerdo al bloque de constitucionalidad hacen parte de esos asuntos delicados que la ciudadanía rechazó. En ese sentido, resulta refrescante escuchar que, para los voceros del Gobierno, no hay temas vedados.

Somos muchos los que hemos afirmado que la dilación de esta etapa es una estrategia para llevar la paz a las urnas del 2018. Hoy estoy convencido de que ese es un escenario inevitable

Sólo si se cumplen estas tres condiciones será posible evitar el “síndrome del conejo”, que es la gran amenaza que enfrenta esta nueva fase en los diálogos de paz. Que la Colombia del No sepa que el Gobierno se “dio la pela” por sus planteamientos, que no se amangualó con la guerrilla en una conversación de mutua conveniencia y que estuvo decidido a replantear puntos espinos que ya se daban por superados, es la verdadera garantía del consenso político que requiere la paz.

En ese sentido, vale la pena considerar con detalle la propuesta sobre el “observador” del No que ha sido planteada por algunos de sus voceros, en particular por Marta Lucía Ramírez. Es indudable que se requiere un mecanismo que genere confianza. Es vital trasladar la buena tónica alcanzada en Bogotá al trabajo de la mesa de La Habana y para ello, quizás, contar con un tercero de buena fe sea una salvaguarda.

Adicional a esa consideración, quiero plantear que en esta nueva etapa de la conversación lo peor sería correr para llegar a un nuevo acuerdo. Eso no funcionó antes y no funcionará ahora, menos en el contexto que suponen las angustias de una difícil reforma tributaria. Simplemente porque la tarea que se avecina no es el epílogo de un encuentro en su versión simplista de lista de chequeo. Lo que ahora procede es una conversación profunda centrada en los que se consideraron inamovibles. Y, muy posiblemente, ello requiera tiempo.

De llegarse a dar un acuerdo rápido que mine la confianza de los ciudadanos del No y que se refrende por una vía tremendamente desacreditada, como lo es el Congreso, lo que sucederá es que la campaña electoral del 2018 se desarrollará en medio de una pugnacidad sin precedentes, en la cual la retaliación será el sino de quienes se sintieron excluidos.

Somos muchos los que hemos afirmado que la dilación de esta etapa es una estrategia para llevar la paz a las urnas del 2018. Hoy estoy convencido de que ese es un escenario inevitable y que el planteamiento más conveniente es el que haga de esa campaña electoral una competencia por demostrar quién es el más idóneo para implementar un acuerdo de paz con un soporte mayoritario, y no una discusión entre su defensor a ultranza y un posible saboteador. La paz, que es un tema profundamente político, volverá elegir a nuestro presidente. De las decisiones que tomemos en las próximas semanas dependerá el tono y el futuro de esa compleja elección.