Esta columna se publicó el 17 de octubre de 2016 en Razón Pública

Empieza la negociación

Este 27 de octubre se instalará en Quito la mesa de negociación entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hace poco más de dos años comenzó la fase exploratoria del proceso y hace seis meses se firmó el Acuerdo de Diálogos para la Paz que contiene los seis puntos de la agenda:

· Participación de la sociedad civil en la construcción de la paz

· Democracia para la paz

· Transformaciones para la paz

· Víctimas

· Fin del conflicto armado

· Implementación

Esta hoja de ruta es muy poco específica. Por el momento no hay elementos para decir si esto es una ventaja o una desventaja porque por lo general las negociaciones se valen de la incertidumbre para ajustar y definir las mejores estrategias. Sin embargo, desde ya pueden vislumbrarse al menos dos elementos que serán decisivos en las primeras etapas de la fase pública: la participación de la sociedad civil y las acciones humanitarias.

Participación ciudadana

A diferencia del proceso de La Habana, en este caso se espera que la ciudadanía tenga una incidencia directa sobre los acuerdos.

La participación será la base para desarrollar los puntos subsiguientes (en especial los de “democracia para la paz” y “transformaciones para la paz”) en los que se examinará la participación y las propuestas de la sociedad de cara a las transformaciones necesarias (pobreza, exclusión social, corrupción, degradación ambiental, desigualdad), mediante la puesta en marcha de “planes alternativos integrales con enfoque territorial”.

El papel lo aguanta todo, pero muchos nos preguntamos por el diseño y la metodología de estos espacios de participación amplia y abierta. ¿Quiénes serán exactamente los participantes?, ¿Será mediante foros públicos, audiencias temáticas y deliberativas de tipo regional? ¿Cómo se harán la recolección y el estudio de todas las propuestas ciudadanas? ¿Cómo se rendirán cuentas a la sociedad sobre la discusión e incorporación efectiva de estas propuestas?

Ya el enunciado mismo sobre participación es notablemente vago: “será (…) un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones”. Sin embargo, el Acuerdo utiliza expresiones como “incluyente” y “visión común” que nos pueden ayudar a entender mejor la participación durante las negociaciones y la ejecución de un eventual acuerdo con el ELN.

Esas expresiones nos remiten a algunos de los principios fundacionales del ELN, como el “poder popular” y la “democracia popular”. Según estos principios, el poder no está en quienes gobiernan sino en los ciudadanos, que deben tener voz e incidencia directa sobre la solución de sus propios problemas. Por eso el dialogo “popular” como base de los “planes alternativos integrales” y el acuerdo eventual con el gobierno.

En estas circunstancias es un error afirmar que la negociación con el ELN será más fácil porque esta guerrilla no tiene tanta fuerza militar como las FARC. Esta mirada belicista es simplista porque si algo ha caracterizado al ELN desde su comienzo es su intenso sentido colectivo y de resistencia en sectores específicos –como sindicatos y estudiantes–, que fueron precisamente los núcleos iniciales de este grupo. Este arraigo o elethos eleno no se ha perdido; algo muy distinto es que se haya transformado y no lo conozcamos.

Tomemos un ejemplo: el tema minero-energético siempre ha tenido un lugar primordial en la agenda del ELN. El grupo mantiene su oposición a la explotación de los recursos naturales en tanto no se traduzcan en bienestar para la población. Esto es evidente desde el Manifiesto de Simacota y la Declaración de Principios de 1965, pasando por la Reunión Nacional Mártires y Héroes de Anorí (1983) y la campaña “Despierta Colombia, nos están robando el petróleo” (1986), hasta el V Congreso de 2014.

Una lectura desprevenida de diferentes documentos emitidos por el ELN durante la fase exploratoria, muestra sin duda que para esta guerrilla la actividad minero-energética está asociada con la falta de desarrollo, la exclusión de las comunidades, el daño medioambiental y el beneficio de unos pocos. Aún resuenan sus ideas nacionalistas y de defensa de las riquezas del país. Y aunque en el Acuerdo General no se menciona el tema explícitamente, en el punto 3b o de “transformaciones para la paz” dice que se elaborarán “programas transformadores para superar (…) la degradación ambiental”. En este tema seguramente habrá una alta participación, especialmente en aquellas regiones donde han confluido el ELN y los sindicatos y movimientos sociales ambientalistas.

Aquí importa notar que el diálogo popular deberá estar nutrido por la participación de todos los sectores relevantes, públicos y privados. En este sentido, lo “popular” no es un asunto de clase: es el estar dispuesto a la deliberación informada para que el tratamiento de los conflictos existentes se haga contando con el aporte de las múltiples visiones que tienen los implicados.

Lo humanitario

Según el anuncio conjunto del lunes pasado, las partes comenzarán a tomar decisiones sobre temas altamente sensibles que servirán para encauzar las primeras etapas de la fase pública y para dar las primeras muestras de confianza. Se trata de las “líneas rojas”, como la exigencia del gobierno al ELN de liberar a todos los secuestrados, o la del ELN de comenzar con la excarcelación de guerrilleros que harán parte del grupo negociador.

La liberación de tres secuestrados por parte del ELN en las últimas dos semanas, sumada a la firma del Acuerdo con las FARC –a pesar y al mismo tiempo gracias al resultado del plebiscito–, sin duda ayudó a hacer posible la fase pública de conversaciones.

La liberación de los secuestrados es una exigencia que ya había hecho el presidente Santos el mismo día de la firma del Acuerdo General en Caracas (30 de marzo de este año). Pero este gesto confirma que el ELN tiene una clara voluntad de avanzar en un proceso propio, así haya elementos de los diálogos con las FARC que puedan ser útiles, como lo dio a entender hace unos días Frank Pearl, negociador por parte del gobierno.

Ahora bien, sobre los secuestrados en poder de este grupo guerrillero aún no hay claridad. El ministro de defensa, Luis Carlos Villegas afirmó que el ELN tiene “alrededor” de cuatro personas secuestradas. Esta información ha cambiado en los últimos días, pues hoy se trataría de dos personas (el excongresista Odín Sánchez y el comerciante Octavio Figueroa), aunque hay dudas sobre al menos cuatro más: el médico Édgar Torres Preston, dos menores de edad del eje cafetero, y el líder campesino Henry Pérez.

Es probable que en el transcurso de la negociación estas cifras sigan cambiando, toda vez que el secuestro fue uno de los principales modos de violencia del ELN durante décadas. Una medida humanitaria no solo será la liberación de los secuestrados, sino contar la verdad acerca del paradero de quienes murieron en cautiverio y hoy se consideran desaparecidos.

El caso de Henry Pérez, líder campesino del Catatumbo, a quien conocí en Tibú el año pasado, es un ejemplo de este drama. Hace unos días Henry podría haber celebrado sus 48 años con familiares y amigos, pero la última vez que lo vieron fue en la mañana del martes 26 de enero cuando salió de su finca –ubicada en el corregimiento de La Gabarra, Norte de Santander– a cumplir una cita. El ELN negó haberlo secuestrado y a esto se suma la negligencia del Estado para dar respuesta a sus familiares. No obstante, con las noticias de la semana pasada hay una nueva esperanza de conocer su paradero. Preocupa, sin embargo, que tanto el ELN como las FARC hayan amenazado a quienes sigan empeñados en encontrar a Pérez, así sea su cuerpo. Cabe advertir que la zona donde Henry desapareció es de influencia histórica y casi exclusiva de las FARC.

Así las cosas, las acciones humanitarias con las que inicia este proceso serán la oportunidad para decirle al ELN que rechazamos el crimen del secuestro –o “retenciones”, como cínicamente lo siguen llamando–, que no usen el drama ajeno para negociar y que no se limiten a las listas conocidas de secuestrados. Un gesto genuino de paz sería revelar lo que no se conoce y dar a las familias la información que no pueden obtener de ningún otro modo, aunque esto implique conocer las duras verdades de los secuestros y las desapariciones: qué sucedió, quién lo hizo, dónde están.

Solo de esta manera este proceso comenzará por el camino correcto. Así como el ELN nos quiere hacer ver que no es “la segunda guerrilla de Colombia” y que su proceso de negociación no será irrelevante o subsidiario, los colombianos también debemos decirles que no habrá participación amplia ni diálogo popular que valga, y mucho menos una paz completa, si no se parte de unos mínimos éticos y humanitarios para dialogar.