Esta columna se publicó en Razón Pública el 5 de septiembre de 2016

La pregunta de fondo

En el futuro cercano la suerte de la violencia política en Colombia dependerá de si las FARC transitan de manera exitosa de las armas a los votos, y de cómo se lleven a la práctica los acuerdos de La Habana en las regiones más expuestas al conflicto.

Pero en el mediano plazo, la cuestión fundamental será cómo cambiar un régimen político que ha estado sometido por mucho tiempo a poderes paralelos que han disputado al Estado sus tres funciones básicas: la seguridad, la justicia y la tributación.

En otras palabras, la pregunta de fondo es cómo construir Estado sin acudir a la violencia, pues el uso de la coerción por parte de actores privados ha sido decisivo para configurar las instituciones políticas de Colombia y el instrumento efectivo de poder y reconocimiento, en medio de una democracia estable pero de baja calidad.

En este contexto, las élites y la sociedad en su conjunto tendrán que decidir si la guerra seguirá siendo la manera como el régimen se relaciona con la periferia o si comenzamos a tramitar los conflictos sin acudir a las balas.

Está claro que la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC no significará el fin de la violencia política en Colombia, pues después del plebiscito tendremos que esperar a que el Estado asuma sus responsabilidades y acabe de cerrarles el paso a las formas extremas y violentas de resolver las diferencias políticas.

¿Por qué la violencia política?

La violencia política en Colombia se ha basado tanto en causas objetivas como en motivaciones subjetivas que pretenden imponer concepciones totalizantes de la realidad, como bien señaló Estanislao Zuleta.

Aunque el origen de la violencia se encuentra en el enfrentamiento entre la defensa del establecimiento y la urgencia de reformas, esta se enquista en intereses particulares que determinan su curso. Como advierte Fernán González, en la explicación de esta violencia no caben los términos maniqueos. La distinción entre buenos y malos, rojos y azules, blancos y negros, pierde sentido cuando se observa el proceso de formación de la sociedad y el Estado colombianos.

La violencia en Colombia ha sido usada por el régimen político, por los paramilitares y por las guerrillas. Estos grupos se han entrecruzado con el narcotráfico y con las élites locales, han desdibujado sus ideologías y han servido como pretexto para reprimir lo que estorba. Los actores armados han tenido todos los colores y sabores, y siempre han justificado el uso de la fuerza contra el adversario.

En el plano local, patrones, gamonales y caciques han apelado al uso de la violencia para satisfacer ambiciones personales, adelantar procesos de apropiación e influir sobre las contiendas electorales. Además, la formación de las clientelas se ha visto acompañada del uso de la violencia contra las redes de apoyo del contrario.

En extensas zonas de la periferia nacional, las poblaciones, antes que inclinarse hacia un determinado partido político, tuvieron que plegarse a uno de los bandos, y así se fue configurando nuestro régimen político: en medio de ciclos de represión y pequeñas dosis de apertura.

La violencia en Colombia ha sido usada por el régimen político, por los paramilitares y por las guerrillas

La distinción entre todos estos tipos de violencia en Colombia es un debate no resuelto, pues las fronteras entre las motivaciones políticas y criminales se desdibujaron en medio de la confrontación. El narcotráfico hizo su parte y la emergencia de economías criminales de distinto tipo impuso no solo el control territorial y la apropiación de rentas sino, sobre todo, la acumulación del poder político y la privatización de la seguridad y la justicia.

Como sostiene Jorge Giraldo, la violencia política de las últimas cinco décadas debe caracterizarse como una guerra. Una guerra “larga, compleja, discontinua y, ante todo, política (…) atroz entre los combatientes y muy cruel en cuanto a la conducta de los combatientes contra la población”.

Esta confrontación armada ha mostrado que la violencia política está hecha de incapacidad estatal, desinterés del centro por la periferia y legitimización del uso privado de la fuerza.

¿Cómo será sin las FARC?

Sin duda, el desmonte de las FARC como grupo guerrillero y su tránsito a la actividad política legal marcarán el futuro de la violencia política en Colombia. En el corto plazo, el Estado tendrá el desafío de garantizar la protección de las comunidades, las organizaciones y los líderes en las zonas de influencia de esta guerrilla. También deberá brindar seguridad a los excombatientes y a los dirigentes del nuevo movimiento político.

En el largo plazo, el reto para el Estado será cambiar las condiciones que han facilitado el uso de la fuerza por parte de los privados, el empleo de las armas en la política y la violencia como mecanismo de poder. Esto implicará replantear las relaciones con las élites políticas locales, superar la dicotomía entre el centro y la periferia, disminuir la capacidad del crimen organizado para usar la violencia y la corrupción, y crear mecanismos institucionales de resolución de conflictos.

No hay que olvidar experiencias como el exterminio de la Unión Patriótica. Justamente hace treinta años fueron asesinados Leonardo Posada y Pedro Nel Jiménez, congresistas de este partido político, y desde entonces el uso de la coacción armada contra líderes sociales y organizaciones se ha mantenido, a pesar de algunos avances.

Lamentablemente, entre el 26 y el 29 de agosto de este año fueron asesinados cuatro indígenas de la comunidad Awá en Nariño y tres líderes campesinos del Macizo Colombiano en el sur del Cauca. Y según información del Ministerio del Interior, en lo que va del año se han registrado 38 asesinatos de líderes sociales. Estos hechos confirman que la agresión contra los líderes sociales no ha cedido aunque la confrontación armada haya bajado su intensidad.

Mientras persista la impunidad, los actores violentos seguirán moldeado el sistema político del país

La gráfica muestra las cifras de agresiones contra líderes sociales registradas por el Programa Somos Defensores entre 2014 y junio de 2016. Como en la mayoría de los casos no hay claridad sobre quienes fueron los responsables, es importante destacar (como lo hizo Eduardo Álvarez en esta misma revista) que generalmente detrás de estos hechos hay conflictos que afectan directamente los intereses de poderes locales.La disminución de la violencia política en el futuro dependerá de que no se repitan estos hechos y de que el Estado pueda esclarecer lo sucedido en el pasado y disuadir su repetición. Mientras persista la impunidad, los actores violentos seguirán moldeado el sistema político del país. Este es justamente uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el Estado en la etapa de post-acuerdo con las FARC: evitar la aparición de nuevos ciclos de violencia.

Un acuerdo con garantías

El acuerdo entre las FARC y el gobierno no solo señala las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los exintegrantes de esta guerrilla y de las partes involucradas en el proceso. También sienta las bases para desmantelar el crimen organizado y su influencia sobre el Estado.

Las partes concuerdan en que para desmantelar las organizaciones criminales (identificadas como la principal amenaza para el proceso) no basta con crear unidades o mecanismos especiales de seguridad y justicia, sino que habrán de erradicarse los “factores estructurales” que han favorecido la emergencia de poderes paralelos al Estado. Esto demuestra que en La Habana se ha entendido que la construcción de la paz en Colombia exige un cambio de mentalidad de las élites y de la sociedad en su conjunto que deslegitime el uso de la coerción violenta.

Para esto, los acuerdos de La Habana proponen la movilización de diferentes fuerzas a favor de la política por las vías democráticas, a través un “pacto político nacional” y un Programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización. Lo pactado no busca que se entregue el Estado a las FARC, sino el desarrollo de instituciones legítimas que cumplan sus funciones, provean bienes públicos y reconstruyan su relación con la ciudadanía.

Tal vez este sea uno de los sapos más difíciles de tragar para las élites políticas locales que se acostumbraron a usar la violencia para avanzar con sus intereses, así como para una sociedad fragmentada a la que aún le cuesta aceptar que el uso de la fuerza y la exclusión no son los únicos mecanismos para resolver los conflictos.

Construir la paz significa reconocer que no estamos condenados a mantener para siempre esta manera de construcción del Estado y empecemos a exigir el cambio de las reglas de juego del régimen político.