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En el departamento de Córdoba y en especial en el Nudo de Paramillo, confluyen diversas y complejas variables que han atraído durante décadas a grupos armados como el EPL, las FARC, el ELN, las AUC y a bandas criminales. No hay presencia del Estado y existe una precaria capacidad institucional local. Se suma, un marcado control territorial de estos actores armados a través de autoridades y poderes políticos funcionales a sus intereses, y una economía donde la explotación de madera y la minería ilegal se han convertido en negocios para financiarse.

Es en este contexto que la Fundación Ideas para la Paz y USAID unieron esfuerzos para realizar el diagnóstico Institucionalidad socavada: justicia local, territorio y conflicto - Subregión del sur de Córdoba, que refleja la percepción de comunidades, líderes y operadores de justicia sobre las barreras de acceso a la justicia en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré, epicentro del conflicto armado en Córdoba. El diagnóstico también resalta la urgencia de fortalecer las capacidades de las instituciones que hacen parte del sistema de justicia.

Para la FIP, en un escenario de posconflicto es indispensable que el Estado tenga la capacidad para cumplir acuerdos, pueda proveer bienes públicos y tomar decisiones en derecho que legitimen su presencia, con el ánimo de que estas acciones se traduzcan en confianza ciudadana. "La garantía de satisfacción de las necesidades jurídicas en territorios como el sur de Córdoba es uno de los requisitos ineludibles. La inequidad en la justicia, que ha tenido un profundo impacto negativo en la confianza en las instituciones y en el fundamento de nuestro contrato social, es primordial para la construcción de paz", dice María Victoria Llorente, directora de la FIP.

La publicación busca aportar a una mejor comprensión de la difícil situación para acceder a la justicia en el sur de Córdoba

La publicación está dividida en cinco capítulos:

En el primero hay un contexto general de la región y las características que la han convertido en un territorio altamente estratégico y funcional para el desarrollo de los cultivos ilícitos y toda la cadena del narcotráfico, así como otros negocios que hacen parte de la economía criminal. También hay una reseña de la dinámica del conflicto y de los diferentes actores armados organizados que hicieron y hacen presencia en la región, y un análisis del fenómeno del paramilitarismo cuya estructura e ideología que la sustenta, aún no ha sido desmontada.

El segundo capítulo registra la conflictividad más reportada y los problemas asociados al trámite de las denuncias por los diferentes operadores y despachos que hacen parte del sistema local de justicia.

En el tercer capítulo se presenta una caracterización de las barreras de acceso a la justicia identificadas en comunidades urbanas y rurales. Una de ellas, examina el deterioro de la institucionalidad local provocado por los serios problemas de legitimidad y la baja capacidad para enfrentar la infiltración y cooptación de las autoridades locales y los poderes políticos por parte de los grupos armados organizados. Otra barrera se refiere a una justicia formal que funciona a media marcha porque no cuenta con las condiciones ni la capacidad para manejar y atender los niveles de complejidad de los conflictos y delitos. Aquí se describen los factores que motivan la inconformidad con respecto al trabajo que deben cumplir los diferentes despachos, no solo por las restricciones en infraestructura y recurso humano, sino también por la falta de voluntad y disposición de sus funcionarios.

El diagnóstico también evidencia la amplia oferta de justicia paralela por parte de los grupos armados organizados (FARC y clan del Golfo).

El capítulo cuatro contiene un análisis acerca de las principales dudas y temores expresados por las comunidades frente a la firma del acuerdo para la terminación del conflicto. Temas como: i) una posible redefinición del conflicto con otros grupos armados organizados en disputa por el territorio; ii) la incapacidad del Estado para la aplicación de medidas efectivas de protección sobre reclamantes de tierras, líderes e indígenas por lo que estarían expuestos a sufrir hechos victimizantes; y iii) la dificultad para que el proceso pueda estar soportado en una administración de justicia eficiente como elemento fundamental para la construcción de paz y la recuperación de la confianza de los ciudadanos frente a su funcionamiento, fueron de manera reiterada expuestos por las comunidades entrevistadas.

El capítulo cinco concluye resaltando el papel relevante para la construcción de paz que tienen todas las personas, operadores, líderes y la administración de justicia. "Las personas le apuestan a la paz, pero a la vez perciben un Estado débil para garantizar en justicia el restablecimiento real de los derechos que han sido afectados por el conflicto armado y en seguridad, la protección de la población civil, los desmovilizados, reclamantes de tierras, líderes e indígenas y los operadores del sistema de justicia, particularmente en el tema de tierras", alerta el informe.

Esta publicación hace parte del libro Institucionalidad socavada: justicia local, territorio y conflicto, que reúne los hallazgos de la investigación que durante tres años realizó la FIP con el apoyo del Proyecto de Acceso a la Justicia de USAID, sobre las barreras de acceso a la justicia en seis regiones de consolidación: sur del Tolima, Bajo Cauca antioqueño, norte y nordeste antioqueños, Montes de María, La Macarena y Tumaco.