Esta columna de opinión se publicó en The New York Times el 25 de agosto de 2016

Después de cuatro años de deliberaciones en La Habana, Cuba, finalmente se logró un acuerdo para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla de izquierda más antigua del hemisferio occidental y la más desafiante para el Estado colombiano, deponga sus armas y se transforme en una organización política. El desafío ahora es que el acuerdo final de paz no se vuelva rehén de las mezquindades políticas partidarias y personales, y se convierta en un logro del conjunto de la sociedad colombiana, que debe apropiarse de él.

Para que este acuerdo se legitime, las partes decidieron llevar a cabo un plebiscito en el que los colombianos deben decir sí o no a la totalidad de lo pactado. Esta votación se hará el 2 de octubre y, según el resultado, será el punto de partida para implementar el acuerdo, o significará el fracaso de la negociación.

Lo que sigue ahora es la disputa para refrendar la paz, que enfrenta un serio problema: la creciente identificación del acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En los últimos cuatro años, las negociaciones en La Habana se convirtieron en el centro de gravedad de la casa presidencial y, a su vez, en el campo de batalla de la oposición política de derecha encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, ahora un influyente senador por el Centro Democrático. Esta confrontación se agudizará aún más durante la campaña por el plebiscito. El tono beligerante del debate ha impedido una reflexión serena y constructiva sobre los desafíos y las oportunidades que representa la paz para el futuro de Colombia.

La identificación del proceso de paz con el presidente Santos y su gobierno es problemática por varias razones. Por un lado, se ha generado una relación de doble vía muy perversa entre la impopularidad del gobierno (que actualmente ronda el 65 por ciento) y la desaprobación de los colombianos frente al proceso de paz (que está alrededor del 50 por ciento). La ecuación es simple: la mala imagen del gobierno empaña la percepción de la población sobre este proceso, y los obstáculos que surgieron durante la negociación aumentaron la impopularidad del gobierno. Como consecuencia, la oposición y Uribe han enfocado la campaña por el no en la impopularidad de Santos. Uno de los principales argumentos es que la aprobación del acuerdo —que prevé la desmovilización y una amnistía amplia para la mayoría de los 8.000 combatientes de las FARC— generaría una grave impunidad para los perpetradores de crímenes que han causado enorme daño a la sociedad colombiana. Agitando esa amenaza, los sectores hostiles a lo pactado han llegado a tergiversar posiciones del gobierno en temas de política económica, educación, seguridad y justicia.

Lo que la oposición no dice es que si gana el no, los colombianos perderíamos la oportunidad más concreta de poner fin a este conflicto armado que ha frustrado el desarrollo del país, y nos ha anclado a odios y luchas que pertenecen al pasado.

El desafío, ahora, es que el acuerdo final de paz no se vuelva rehén de las mezquindades políticas partidarias y personales, y se convierta en un logro del conjunto de la sociedad colombiana, que debe apropiarse de él

La polarización asfixia la posibilidad de un debate más fértil sobre las agendas de la transición y de construcción de paz. Esto, por supuesto, no se da en el vacío sino en una sociedad fragmentada. Décadas de violencia han sido un obstáculo para lograr consensos sobre temas fundamentales como la democracia, la descentralización, los modelos de desarrollo territorial y la inclusión social y económica.

En este momento los colombianos nos encontramos atrapados en un ajedrez político donde el gobierno y la oposición defienden pragmáticamente sus intereses.

Con mayor frecuencia vemos cómo distintos grupos de interés intentan chantajear al gobierno diciendo que votarán por el no a los acuerdos de paz a menos que se adopten determinadas políticas o se cumplan compromisos adquiridos en el pasado. En un ejemplo caricaturesco de cómo opera esta conducta centrada en el interés particular, el gremio de taxistas anunció que apoyará el no para cobrarle al gobierno el que no haya prohibido el servicio de Uber como, según dicen sus líderes, lo había prometido el presidente Santos en su campaña electoral hace dos años. Y no es el único.

Este tipo de actitudes alimentan la polarización reinante. Pero no hay que olvidar que la paz que derivará de los acuerdos no es del gobierno ni de las Farc, sino de toda la sociedad colombiana.

Sin duda, la culminación de las negociaciones de paz genera un escenario de esperanza. Debemos respaldarlo. Pero para garantizar su éxito hay que hacer comprender a los colombianos que la paz es una ventana histórica para unirnos en torno a las agendas que transformen las condiciones responsables de la reproducción de la violencia política en el país.

Y para ello es indispensable impulsar de manera inmediata una estrategia que separe al plebiscito del debate sobre el éxito o el fracaso del gobierno de Santos para que los colombianos comprendan que la paz —o la guerra— está en sus manos. ¿Cómo se logra esto? Un primer paso es comprometer a diversos movimientos de la sociedad civil, como plataformas empresariales, grupos estudiantiles y de jóvenes y colectivos de artistas, entre otros, en una campaña para debatir las oportunidades que ofrece la paz para impulsar el bienestar del país. Estamos ante una coyuntura decisiva que nos ofrece la posibilidad de dejar de soñar con la paz para convertirla en una realidad. Y tal vez sea nuestra última oportunidad para hacerlo.