Esta columna de opinión se publicó el 17 de agosto en Las 2 Orillas

Admitámoslo de una buena vez: aterra pensar que el acuerdo de paz con las FARC, en lugar de representar un ocaso definitivo para la violencia, sea el causante del reverdecimiento de nuevas atrocidades. Las cifras de homicidio no mienten. Los colombianos y colombianas hemos hecho esfuerzos enormes para dejar de matarnos por razones políticas, y el conflicto armado ocupa hoy un lugar mucho menos relevante que hace veinte años en el conjunto de nuestras muertes violentas.

El reciente informe de Medicina Legal confirma que de los homicidios en los que podemos identificar las circunstancias de ocurrencia, casi el 50% responde a riñas y ajustes de cuentas, mientras que el 14,4% se derivan de la violencia sociopolítica. Por eso, además de señalar que tenemos la tasa de muertes por 100 mil habitantes más baja de los últimos diez años (26,49), el mismo informe subraya que en Colombia resulta más riesgoso ser consumidor de drogas, habitante de calle, miembro de pandilla o exconvicto, que ser un líder cívico, un defensor de los derechos humanos, un político o un sindicalista.

De allí que parte del potente argumento de quienes se oponen a este proceso de paz consista en un amargo presagio: A este pacto de impunidad seguirá otra oleada de violencia. ¡Vaya miedo insuperable! Ninguno de nosotros está dispuesto a repetir las cifras del pasado. En nuestra memoria resuenan aún los más de 6.600 muertos que produjo Medellín entre los años 1991 y 1992, periodo durante el cual su tasa de homicidios superó con creces los 300 muertes por cada 100 mil habitantes. Esa es, definitivamente, la horrible noche que no queremos revivir.

Frente a un desafío de tal tamaño y seriedad, consideremos las posibles causas de un nuevo fogonazo de terror y veamos si estas tienen asidero tanto en los datos como en la historia.

Lo que realmente asusta es que el presagio de la violencia tenga que ver con el surgimiento de una nueva andanada de guerra paramilitar

Las cifras de Medellín a comienzos de los años noventa nos hablan del apogeo de la violencia del narcotráfico y reflejan la confrontación entre el cartel dirigido por Pablo Escobar, el Estado colombiano y su similar de Cali. Las temibles oleadas de bombas, el sicariato generalizado y el pago de recompensas ilegales por dar de baja a los agentes del orden, fueron el telón siniestro de una violencia sin comparación. En ese contexto, las muertes fueron el efecto del paulatino acorralamiento que vivió un voraz asesino que alcanzó a creer que su poder rebasaría al de cualquier Estado. Cuesta pensar que una guerrilla transformada en partido político y un puñado de líderes confinados por las penas de la transicionalidad, con vigilancia internacional, sean capaces de desatar una máquina de muerte de tamañas dimensiones. De hecho, la experiencia de Escobar demuestra con creces que las bombas desvanecen los votos.

Otra fuente de preocupación proviene de quienes piensan que los desmovilizados de los Grupos Armados Ilegales, llegando a las ciudades, se incorporarán con rapidez a actividades delictivas agravando los problemas de seguridad. Pese a parecer muy robusta, las cifras de reincidencia de excombatientes y de muertes violentas en los últimos quince años, desestiman esta idea.

Bogotá, por ejemplo, tras recibir para 2009 más de 11.000 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, consolidó durante esa misma fecha los avances nacionales más significativos en materia de descenso de las muertes violentas y es, junto con Medellín (que recibió también una gran proporción de desmovilizados), la ciudad que más aportó al mejoramiento de las cifras a nivel nacional. No podemos olvidar que las tasas de Bogotá y Medellín son de 20 y 17 respectivamente.

También hay quienes auguran nuevas violencias por el reacomodo de las actividades criminales. Las FARC dejarán (así sea parcialmente) negocios enormemente lucrativos, los cuales generarán disputas entre varias estructuras criminales. En medio de estos reacomodos es previsible que haya ajustes de cuentas, ajusticiamientos y demostraciones de poder. Es lo que hemos visto de manera sostenida durante los últimos seis años en los municipios del Bajo Cauca antioqueño, el pacífico Caucano y Chocoano y las zonas limítrofes con Venezuela. En esos casos, lo que la experiencia reciente nos muestra es que la incapacidad del Estado de brindar justicia, y la enorme capacidad de corrupción e infiltración que tienen las economías criminales, son las culpables de las dolorosas explosiones de violencia. Y he allí un aspecto que resulta necesario examinar a fondo para evitar que el desmonte de las FARC genere nuevas dosis de violencia.

Es tan peligroso decir que el proceso de paz es ilegítimo y llevará al país al fracaso, así como rechazar los canales democráticos

Lo peculiar de este delicado asunto, sin embargo, es que la violencia derivada de la competencia por los mercados ilegales no es el efecto de una alegada impunidad, porque en ella nada tiene que ver si los jefes de las FARC están en la cárcel o si se pueden elegir o no en el Congreso. La experiencia de la oficina de Envigado, de los Urabeños y del Clan del Golfo muestra que en el manejo de la droga y el metal ilegal, a rey muerto rey puesto, y que los barrotes son bastante ineficaces para contener a los grandes capos de la criminalidad.

Por ello, lo que realmente asusta es que el presagio de la violencia tenga que ver con el surgimiento de una nueva andanada de guerra paramilitar. Desde esta perspectiva, "ese trato impune con las FARC" sería el argumento ideal para justificar un nuevo conjunto de grupos armados que, amparados en la tesis de la debilidad estatal y de la convivencia de las élites con la izquierda, justificaran la aniquilación del contrario y la justicia por mano propia.

¡Ese sí que es un amargo recuerdo! Frente a él estamos en la obligación moral de recordar que el monstruo de nuestro paramilitarismo se consolidó cuando hubo un proyecto político de extrema derecha que estuvo dispuesto a endosar sus ideas y a darle legitimidad a una estructura armada irregular que nació más para defender los intereses de los narcos que con una agenda de lucha contrainsurgente. Fue esa alianza entre esas armas y esas ideas, que consideraban ilegítimo al Estado y defendían la necesidad de refundarlo, la que causó la más terrible guerra que hemos vivido.

Por eso es tan peligroso decir que el proceso de paz es ilegítimo y que lleva al país al fracaso, así como lo es rechazar los canales democráticos para la réplica y pregonar que en nuestro sistema, la voz del pueblo es perseguida y excluida. Nuestra triste historia nos muestra que, amparados en esta visión de mundo, siempre hemos tenido grupos de radicales que están dispuestos a defender con la sangre de otros sus apaleados derechos.

Corresponde pues a nuestros amigos civilistas y demócratas de las derechas, a esos mismos que por razones justas y reflexivas se oponen al actual proceso de paz, señalar sin ambigüedad su rechazo a cualquier actividad que defienda con las armas sus planteamientos, aceptar las reglas de la democracia para disentir y aceptar el triunfo o el fracaso, y minimizar, mediante su comportamiento político, la posibilidad de que este acuerdo de paz llegue a generar una verdadera nueva violencia.