Esta columna de opinión se publicó el 08 de agosto del 2016 en El Espectador

En 2015, los cultivos de coca se volvieron a incrementar y todo parece indicar que la tendencia se mantiene. No es la primera vez que esto sucede. Desde el presidente Samper cada administración ha tenido que hacer frente al alza de los cultivos. La formula repetida ha sido mucho garrote y algo de zanahoria, con medidas represivas desarticuladas e ineficientes, así como experiencias de desarrollo alternativo que aparecen más como anécdotas que como historias de éxito.

La receta de la aspersión y la erradicación manual ha mostrado una y otra vez sus altos impactos y limitados efectos. De otro lado, la fórmula de los subsidios y los proyectos fragmentados ha sido insuficiente. Entonces ¿Cuáles son las opciones? No todas son malas noticias. La evidencia muestra que el Estado puede dar respuestas sostenibles y lograr la transformación progresiva de los territorios. Para esto no es necesario reinventar la rueda, sino aprender de la experiencias del pasado y no cometer los mismos errores.

Desde la perspectiva de la represión del mercado las dos claves son la focalización y las medidas diferenciadas para los distintos componentes de la cadena. Esto requiere la reorientación de los esfuerzos de la Fuerza Pública a los eslabones más estratégicos. Siguiendo esta línea habría que comenzar por suspender la erradicación manual y concentrar los esfuerzos en el desmonte de cristalizadores, la incautación de insumos y de grandes cargamentos.

En 2015, de los casi 3.900 hechos de infraestructura de producción destruidas, apenas 60 están relacionados con cristalizadores (el 1.5%). Habría que aumentar significativamente esta cifra, para golpear de manera contundente las redes criminales, teniendo en cuenta que el valor de cada uno de estos cristalizadores asciende a los 3.000 millones de pesos. La buena noticia es que ya el Ejecutivo está dando pasos en este sentido; la mala es la resistencia de algunos funcionarios que insisten en seguir haciendo lo mismo.

Desde la perspectiva de los territorios, la apuesta debe ser la transformación de las condiciones de vulnerabilidad. La investigación de Eleonora Davalos, cuyos resultados fueron publicados recientemente en la revista International Journal of Drug Policy, muestra que un incremento de US$5,55 en el gasto social por habitante, previene la aparición de toda una hectárea de coca – lo cual contrasta, como lo señala Davalos, con los US$1954 que se gastaban por hectárea en la aspersión área.

En el marco del postconflicto, la inyección de recursos y bienes públicos en las áreas más afectadas podría contribuir a la disminución de los cultivos. Para esto es necesario una institucionalidad articulada y con capacidades, que trabaje con las administraciones locales.

Un factor que puede contribuir en esta transformación es el acceso y formalización de la tierra. Tal como lo señala Ana María Ibáñez, en una reciente entrevista, esta es una intervención que ayuda a disminuir la pobreza, aunque no es la panacea. Para que funcione se requiere del acceso a insumos productivos e inversión. La experiencia en distintos territorios ha dado señales de que, acompañado de una mayor inversión social y en infraestructura, el acceso a la tierra funciona como un incentivo positivo que contribuye al arraigo de los campesinos, el acceso al crédito y la generación de tejido social en las comunidades.

De otro lado, en el marco de la flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales acordado en la UNGASS 2016, Colombia debería comenzar a evaluar la generación de alternativas legales para la coca, una opción que puede ser marginal en términos de sus dimensiones, pero que tiene un valor simbólico importante, especialmente para aquellas comunidades que ven en la hoja una opción de desarrollo. De manera focalizada, acompañada por el control social de las comunidades y un esquema de estricta regulación por parte del Estado, los usos médicos, científicos y medicinales de la coca podrían ser una alternativa. El VII Foro Internacional de Hoja de Coca que tendrá lugar esta semana en Popayán, convocado por varios organizaciones de la sociedad civil, ofrecerá una valiosa oportunidad para explorar esta salida.

Cada una de estas opciones tiene elementos a favor y en contra. Para considerar su aplicación, tendríamos que comenzar por replantear la disminución de los cultivos de coca como la meta central de la política de drogas, dirigiendo la acción del Estado a la transformación de los territorios y el bienestar de las comunidades. Distintas versiones coinciden en que habrá coca para rato. Este es el momento de pasar de los diagnósticos y las predicciones, a la discusión de cuáles son las alternativas.