Esta columna se publicó en el portal Las 2 Orillas el 19 de julio de 2016

En buena hora el Gobierno Nacional ha manifestado su deseo de apoyar el desarrollo con enfoque territorial. Al menos, a eso se ha comprometido en los acuerdos de paz que están a punto de firmarse en La Habana. Eso es lo que significa la llamada “paz territorial” (lea también Especial Capacidades locales que la paz necesita). Que el desarrollo debe pensarse de acuerdo a las necesidades de la gente en los territorios, mediante procesos amplios de participación, y no bajo el criterio que los tecnócratas de los distintos “sectores” (salud, educación, minas, agricultura, etc.) planean viendo a Colombia como un todo. Por eso, quienes anuncian que la “revolución” que viene implícita en los acuerdos de La Habana consiste en la entrega del país al socialismo equivocan sus auspicios. Si lo acordado se cumple, el cambio profundo al que nos estamos comprometiendo es el de pensar las políticas públicas teniendo como centro al territorio.

Como consecuencia de esa decisión, se vienen realizando distintos ejercicios de priorización. Es decir, se han dibujado mapas que definirán los que serán los territorios del postconflicto. Desde la orilla oficial ha habido mucha discreción, comprensible por la enorme expectativa que generaría en las regiones el aviso de una inminente inversión. Al contrario, diversas organizaciones y personalidades han hecho públicas sus propuestas. La Fundación Paz y Reconciliación, la senadora Claudia López, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros, han puesto a discusión sus propios mapas. Todos con cálculos y resultados ligeramente diferentes. Unos priorizan 281 municipios, otros 150, otros más de 300.

Tanto en esas propuestas como en los criterios que el Gobierno ha expresado en sus intervenciones, parece existir un consenso. El postconflicto es un asunto de quienes más han sufrido la vulnerabilidad, el atraso y la violencia. Todos los cálculos parten de identificar quiénes han llevado la peor parte en décadas de confrontación. Se hacen conteos de homicidios, de presencia histórica guerrillera, de masacres y desplazamientos. Estas cifras se juntan con las de la escasa presencia institucional, las necesidades básicas insatisfechas y la pobreza histórica. El resultado: el mapa de un horror, de una pesadilla. El mapa de las huellas de un país incapaz de generar bienestar de manera amplia e incluyente. En términos generales, más que un mapa de priorización, lo que tenemos al frente es el conjunto de las cicatrices que ha dejado en nuestras regiones esta cruenta guerra.

Si lo acordado se cumple, el cambio profundo al que nos estamos comprometiendo es el de pensar las políticas públicas teniendo como centro al territorio

El ánimo que ha inspirado a quienes han propuesto estos ejercicios no podría ser más altruista. Su lectura entiende el postconflicto como una oportunidad para hacer justicia. Como un modo de dar a quienes nunca han tenido. Pese ello, su mirada adolece de un razonamiento sencillo: El mapa de la paz no es el mismo que el mapa de la guerra.

Gracias al aporte de numerosos académicos, pero sobre todo gracias a las experiencias de mujeres y hombres valientes en los territorios, hoy sabemos que la construcción de la paz requiere un relato distinto. La reconciliación del territorio no es sólo la reconstrucción de unas ruinas, sino la edificación de nuevos símbolos, de nuevas capacidades, de nuevas alianzas. Si necesitamos priorizar, no sólo debemos tener en cuenta los dolores que hemos sufrido. Debemos integrar a nuestros cálculos los recursos de las comunidades, sus enormes desafíos y su sentido de posibilidad.

En lugar de una serie de municipios más o menos dispersos, que en su mayoría cargan con el estigma de haber sido los escenarios de la guerra, necesitamos definir unidades de gestión territorial para la paz. Y debemos prepararnos para que estas unidades reten los límites político-administrativos y junten a quienes antes estaban separados. Una unidad de gestión para la paz debe ser un escenario capaz de contener vulnerabilidades y oportunidades, de hablar del miedo y de la esperanza. No se trata del resultado que se obtiene al tirar los dados de las bases de datos nacionales sobre el complejo rompecabezas que define nuestra realidad político-administrativa.

El mapa de la paz no es el mismo que el mapa de la guerra

De lo que se trata es de identificar territorios que tengan sentido para sus pobladores. Que sean el resultado de una pregunta sobre la identidad, sobre los sueños compartidos, sobre las posibilidades económicas y de acumulación, sobre la capacidad real de administrar lo propio. Al contrario de los mapas de la guerra, que se empeñan en mostrar diferencias entre vecinos derivadas en muchos casos de la escasez de los datos, los mapas de la paz deben mostrar similitudes y continuidades, un entendimiento más comprensivo de los territorios.

Hace más de 20 años, en un proceso iniciado por el CINEP, la USO y Ecopetrol, se desarrollaron en el Magdalena Medio una centena de talleres participativos con las comunidades. En estos, además de reflexionar sobre la violencia y la pobreza, la gente se hizo la pregunta sobre cuál era la comunidad soñada del Magdalena Medio y cuál era su territorio. De ese proceso nació un mapa de treinta unidades que ha sido la brújula de acción de uno de los proyectos más valerosos de construcción de paz que ha visto Colombia.

Siguiendo su ejemplo, grupos de ciudadanos de los Montes de María se plantearon un mapa por la vida en oposición al mapa de la violencia paramilitar, y los del oriente antioqueño generaron unidades que sirvieron para crear un sistema de planificación regional para la paz. Estos son ejemplos de los mapas que requerimos ahora. Del razonamiento que necesitamos para evitar que la nueva priorización del postconflicto nos herede, por cuenta de la falta de un proyecto territorial, nuevos conflictos que lamentar.