Esta columna de opinión se publicó en El Espectador el 11 de julio de 2016

Todos los gobiernos han tenido un año terrible en el que se les creció el cultivo de coca. A Uribe Vélez le tocó en 2007, cuando se llegó a 99.000 hectáreas, repunte generado tras la reorganización de las AUC en bacrim y la alianza de estas bandas con las FARC. Pastrana tuvo su año oscuro al principio del Caguán, cuando el termómetro de seguimiento satelital marcó 162.000 hectáreas. En la administración Samper este fue un tema de intensas controversias, cuando el gobierno de EE.UU. (la única fuente de esa época) señaló que los cultivos se multiplicaron por siete entre 1994 y 1998.

Con 96.000 hectáreas de coca el panorama para el gobierno Santos es, en apariencia, menos crítico que el de sus antecesores, pero la realidad no es menos compleja. Hay dos factores de suma dificultad que continuarán presionando el incremento de la coca en lo que queda del año y los próximos. Primero, la relación entre la minería ilegal y la coca, y el segundo, el déficit fiscal y la improvisación institucional que sólo permite intervenciones livianas en los territorios afectados.

La coca y el oro tienen una profunda simbiosis como economías criminales

Iniciemos con el tema del oro. La minería ilegal ha sido en la última década el principal determinante de los cultivos ilícitos. Si el precio del oro sube (como ocurrió entre 2007 y 2012), le compite en ganancias a la coca y los actores armados, y, por ende, su mano de obra migra. Sólo por esta razón se entiende cómo, sin hacer mucho esfuerzo operacional, llegamos al mínimo histórico de 48.000 hectáreas de coca sembradas en 2013. No hay que confundirse. Los excultivadores de coca se desplazaron a la minería ilegal y no a la agricultura tradicional.

La minería ilegal es un eslabón más de la cadena productiva de la coca y viceversa. La coca y el oro tienen una profunda simbiosis como economías criminales, dado que están integradas en redes de insumos químicos, mano de obra, línea de mando, mecanismos de control territorial y corrupción en todos los niveles. En cambio las acciones del Estado para combatirlos no son integrales, son divergentes, asimétricas y esporádicas.

La otra mitad del problema es que la paz se firmará en medio de un marco fiscal desfavorable, los recursos de inversión son limitados y las acciones antinarcóticos son sólo una réplica a escala de las intervenciones para reducir las hectáreas que pudieron hacer los gobiernos anteriores en sus momentos de crisis. Aunque Santos tiene como prioridad enfocarse en los eslabones superiores de la cadena del narcotráfico, no hay evidencias que esto esté ocurriendo en materia de lavado, interdicción y control de insumos.

La decisión de suspender la aspersión aérea y sustituirla por aspersión manual con glifosato, no sólo es más costosa en vidas humanas y requiere mayores inversiones por hectárea, sino también es más lenta. Este año logrará cubrir, en el mejor de los casos, sólo un 8% de las hectáreas intervenidas en 2008 (el año siguiente a la última crisis de aumento de cultivos).

Con menos garrote queda la opción de más zanahoria para enfrentar la expansión de la coca. Pero por este lado las noticias tampoco son alentadoras, pues los programas de sustitución de cultivos están en un limbo presupuestal e institucional.

Por un lado la recién creada agencia presidencial para la sustitución de cultivos, que nació sin presupuesto ni funcionarios, le tomará al menos un par de años estructurarse para dar resultados. Por otro lado, la Agencia de Renovación del Territorio, creada en diciembre, tampoco ha entrado en operación a tope. Esta agencia recibió el grueso de personal y presupuesto de la Unidad de Consolidación Territorial, sin embargo, en el territorio cunde la incertidumbre frente a qué proyectos continuarán y cancelarán, qué zonas o qué productos serán priorizados y cómo coordinarán los demás programas. A poco de la firma de la paz, las instituciones encargadas de la sustitución de cultivos están en niveles mínimos de capacidad operativa.

Uno de los pocos mensajes claros frente a los programas de sustitución es que éstos involucrarán a las FARC, según lo acordado en La Habana; sin duda una buena noticia y una gran oportunidad transformadora. Para esto se definió Briceño (Antioquia) como el programa piloto de implementación. Para un solo municipio se han centrado varias entidades del Estado, desde la Cancillería, el Mincomercio y el DPS, hasta los militares, la cooperación internacional y, en menor medida, los gobiernos locales.

Para las zonas rurales de un municipio como Briceño, que tiene tantas necesidades, la avalancha de recursos que llegarán será transformadora. El problema radica en la escala de la intervención. La coca de Briceño es sólo el 0,1 por ciento del total nacional, y es poco viable que este piloto sea replicable (con esta envergadura y escala presupuestal) en el restante de las veredas con cultivos ilícitos, minería ilegal o ambos. Así el panorama, lo más previsible es que en los primeros años de la anhelada paz territorial veamos más y no menos coca.