Lea toda la información relacionada con las actuales negociaciones de paz con las FARC durante marzo y abril del 2016

El 23 de marzo, una promesa incumplida

Desde la primera semana de marzo, los periodistas y líderes de opinión intensificaron la presión sobre el Gobierno y la guerrilla de las FARC con respecto al plazo que se habían impuesto para entregar un acuerdo final. El primero en referirse al asunto fue el presidente Juan Manuel Santos, quien dejó entrever que el 23 de marzo, fecha propuesta para la firma del acuerdo, podría postergarse al señalar que no firmará un mal acuerdo por cumplir una fecha. Lo propio hizo el jefe de las FARC alias ‘Timochenko’, quien aseguró que respecto al plazo para un acuerdo, la guerrilla coincidía con el Gobierno en no entregar bajo presión un resultado mediocre. “Una foto sensacionalista para generar un impacto del momento y que después todo se derrumbe, no tiene sentido”, señaló el comandante guerrillero.

En ese momento, las delegaciones discutían asuntos correspondientes al fin del conflicto, como la dejación de armas y el cese al fuego bilateral, y buscaban fórmulas de refrendación e implementación de lo acordado. De allí que tanto el Gobierno como las FARC se mostraran pesimistas con respecto a la evacuación de esos dos puntos. En ese ambiente se enmarcó la visita a La Habana del periodista Enrique Santos Calderón, hermano del Presidente Santos, buscando desenredar algunas de las posiciones en la mesa de diálogos en torno al cese al fuego bilateral y las garantías de seguridad. Sin embargo, más allá de un encuentro “distendido, cordial” se sepultó la esperanza de un anuncio para la última semana del mes.

Llegado el 23 de marzo, los titulares de prensa recalcaron el incumplimiento del plazo prometido por Santos y Timochenko y lanzaron algunas interpretaciones. Una de las más generalizadas tuvo que ver con las diferencias que persistían entre los equipos negociadores con respecto al rol de la subcomisión técnica para el fin del conflicto. Mientras las FARC asumieron que el informe producido por la subcomisión debía ser transcrito directamente al acuerdo final, el Gobierno entendió ese informe como un insumo disponible para una nueva discusión en la mesa de diálogos. Este traspié y las discusiones sobre el blindaje y la refrendación de los acuerdos impidieron que lograran entregar un acuerdo final.

Llama la atención que una de las primeras voces en aclarar que no habría anuncio definitivo fue el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien se reunió por separado con las delegaciones para conocer el estado de los diálogos. “No están listos todavía, aún hay que negociar algunos asuntos difíciles”, sentenció. En ese mismo sentido se pronunció el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, manifestando que no fue posible superar algunas de las diferencias en los temas pendientes sobre el punto 3 y punto 6 de la agenda.

Arranca fase pública de negociaciones con el ELN

El 30 de marzo y luego de más de dos años de exploraciones confidenciales, el Gobierno y el ELN llegaron a un acuerdo sobre la agenda de diálogos y oficializaron la fase pública de conversaciones de paz. A través de una rueda de prensa desde la capital venezolana, Frank Pearl, negociador del Gobierno, y Antonio García, jefe de la delegación guerrillera, leyeron un comunicado con la agenda de seis puntos que regirá la mesa de diálogos: 1. La participación de la sociedad; 2.Democracia para la paz; 3. Transformaciones para la paz; 4. Víctimas; 5. Fin del Conflicto Armado; 6. Implementación. Aclararon que el objetivo de la mesa de diálogos es erradicar la violencia de la política y ubicar en el centro a las víctimas. Las partes informaron que las sesiones de la mesa se realizarán en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil y Cuba, países que, junto con Noruega, serán garantes del proceso de paz con el ELN. Igualmente, que la mesa contará con mecanismos propios de comunicación, las delegaciones estarán conformadas por hasta 30 integrantes y los gastos de la delegación del ELN serán financiados con recursos de un fondo de cooperación internacional.

Con este anuncio no solo se dio un paso firme contra la incertidumbre que había rodeado los diálogos con el ELN, sino también se confirmaron algunos nombres de los integrantes de las delegaciones y se conocieron nuevos. Por parte del Gobierno figuran además de Pearl: José Noé Ríos Muñoz, exministro de Trabajo que participó en las negociaciones con las guerrillas a finales de los 80 y en los diálogos de Tlaxcala con el ELN; Jaime Avendaño Lamo, funcionario de la Presidencia con experiencia en convivencia, reinserción y acciones integrales en zonas de conflicto; y Eduardo Herrera Berbel, director de la Escuela Superior de Guerra, miembro del Estado Mayor de Coordinación del Ejército Nacional y asesor del equipo negociador de paz entre el 2000 y el 2001 bajo la administración de Andrés Pastrana.

De parte del ELN aparecen en el acuerdo alias Antonio García, segundo al mando del ELN, guerrillero desde 1975 e integrante del Comando Central desde 1980. Según la prensa, García es considerado un miembro radical de la organización, con amplia experiencia en iniciativas de negociaciones de paz con los gobiernos. También está alias Pablo Beltrán, militante desde los años 80 y tercero en la línea de mando del ELN. Es considerado un ideólogo de esa guerrilla y estratega de comunicaciones de la organización.

El Presidente Santos expresó su beneplácito por el inicio de la fase pública de diálogos y aseguró que aunque se trate de negociaciones distintas, con actores distintos como las FARC y el ELN, el fin del conflicto debe ser el mismo, con similares medidas para el cese al fuego definitivo y el mismo tribunal especial para la paz. El mandatario aseguró que cuando se solucione el aspecto humanitario del secuestro, se podría en marcha la mesa de conversaciones en la capital de Ecuador.

A su turno, distintos miembros del Congreso compartieron sus primeras impresiones sobre lo anunciado desde Venezuela. Uno de ellos fue el codirector del Partido de la U, Roy Barreras, quien afirmó que en su colectividad hay "moderado optimismo" sobre el inicio de esta negociación y señaló que no debe permitirse que eventuales discusiones en esa mesa de diálogos afecten el proceso con las FARC. Por otra parte, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, calificó el anuncio como una “cortina de humo”, pues, a su juicio, no se hizo ninguna exigencia al ELN para iniciar la mesa de diálogos. En la misma dirección se pronunció el senador y expresidente Álvaro Uribe, asegurando que sin cese de actividades criminales, el anuncio genera solo incertidumbre. Mientras que Alexander López, senador del Polo Democrático, sostuvo que el inicio de un proceso con el ELN aumenta la esperanza de un país en paz. El Partido Liberal, a través de un comunicado firmado por sus copresidentes Horacio Serpa y Fabio Amín, así como la senadora Claudia López, expresaron su complacencia por el anuncio y celebraron el inicio de la fase pública como una muy buena noticia.

La polémica por la plata de las FARC

El 16 de abril, la revista británica The Economist publicó un artículo titulado “Dinero sin gracia”, donde aseguraba que el Gobierno colombiano tiene un informe secreto de los ingresos anuales de las FARC. De acuerdo con la publicación, existen importantes sumas de dinero a nombre de intermediarios de esa guerrilla, de la que se estima que para 2012 tenía activos por 33 trillones de pesos (10,5 billones de dólares). Por su parte, la guerrilla ha asegurado estar en la ruina y no tener recursos para reparar a las víctimas.

El jefe negociador de la guerrilla en La Habana, ‘Iván Márquez’, desmintió en Twitter el informe calificándolo como una “pifia” de la revista británica. “Debiera revisar sus fuentes y no creer en cuentos sobre fortunas imaginarias de la insurgencia”, dijo. Sin embargo, el Subsecretario de Estados Unidos para Narcóticos y el exembajador de ese país en Colombia, William Brownfield, afirmó que su Gobierno tenía certeza sobre algunas reservas de las FARC desde hace más de 20 años.

El presidente Juan Manuel Santos también negó las afirmaciones de la publicación, asegurando que el Gobierno no cuenta con esa información y que ninguna división gubernamental tiene conocimiento del mencionado informe. “A mí no me cabe la menor duda de que posiblemente están guardando dinero en alguna parte, pero el Gobierno no tiene esa información, la hemos buscado y no la hemos encontrado”, afirmó el mandatario. Adicionalmente sostuvo que, de encontrársele estos u otros bienes no declarados, la guerrilla perdería los beneficios de la justicia transicional.

No obstante, el fiscal encargado Jorge Perdomo refutó al mandatario en una rueda de prensa en Washington, al afirmar que el ente investigador cuenta con bastante información sobre los dineros de la guerrilla. “Nosotros tenemos mucha información sobre el tema, de hecho desde el primer momento en que empezaron las negociaciones con las FARC, nosotros tenemos una línea investigativa que tiene que ver precisamente con los modos de financiación", señaló Perdomo. Además, aseguró, que buena parte de los bienes de las FARC estarían en el extranjero, particularmente en Centroamérica.

El secuestro y el estancamiento de la mesa de diálogos con el ELN

Uno de los hechos que contribuyó a ambientar la fase pública de las negociaciones con el ELN fue la liberación, por parte de ese grupo guerrillero, del alto consejero para la provincia de Ocaña de la Gobernación de Norte de Santander, Ramón Cabrales. El funcionario, retenido desde septiembre de 2015, fue puesto en libertad el 23 de marzo, una semana antes de que las delegaciones anunciaran la agenda pactada.

Sin embargo, poco después se conoció que la liberación de Cabrales se llevó a cambio de una importante suma de dinero que pagó su familia, lo que provocó el rechazo de varios sectores. La congresista Clara Rojas, quien estuvo en poder de las FARC, condenó el hecho y señaló que “estas conductas son totalmente inaceptables, lo que se debe pedir es que les devuelvan la plata, lo mínimo que deben hacer es eso”.

Pasado algún tiempo y cuando ya se había anunciado que la mesa de diálogos entre Gobierno y ELN se iniciaría en Quito, en el mes de mayo, se confirmó otro hecho lamentable relacionado con el secuestro. El 27 de abril, el ELN liberó al exgobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez, a cambio de poner en cautiverio al hermano de éste, Odín Sánchez. Aunque la liberación de Patrocinio, luego de casi dos años de secuestro, causó alegría a su familia y beneplácito en sectores del Gobierno, todo se dispersó al saberse que se trató de un intercambio con su hermano Odín, debido al deteriorado estado de salud de Patrocinio. “A Odín la guerrilla ya le había planteado un cambiazo. La idea era que su hermano liberado podía gestionar el dinero para pagar por su liberación. Odín no había querido acceder a esa propuesta, pero creo que por las condiciones de salud de su hermano, le tocó”, señaló una persona cercana a la familia.

Ante lo ocurrido, el presidente Santos puso como condición al ELN el abandono de la práctica del secuestro antes de instaurar oficialmente la mesa de diálogos. "No vamos a iniciar la fase pública de negociación, que tenemos previsto iniciar en Ecuador, hasta cuando este grupo no renuncie al secuestro y devuelva a los secuestrados que tiene en su poder" sentenció el mandatario el 30 de abril. Agregó que es “inconcebible” que el grupo guerrillero continúe secuestrando en lugar de dar muestras claras de paz al país.

En primera instancia, la guerrilla mostró su desacuerdo frente a la imposición de condiciones por parte del Gobierno y alegó que estas imposiciones les permitirían también a ellos hacer exigencias como la del cese al fuego bilateral, la cual vienen pidiendo hace tiempo y se les ha negado. Para el ELN, las “líneas rojas” mencionadas por el presidente Santos son “un cerco político que limita los alcances transformadores de los acuerdos a lograr”.