Esta columna se publicó en el portal Open Democracy el 6 de junio del 2016

En las últimas semanas, los medios de comunicación, analistas y expertos no han parado de hablar de los retos que se aproximan con la desvinculación de los niños reclutados por las FARC. Esto se ha dado en el marco del comunicado conjunto que emitió la Mesa de Conversaciones el pasado 15 de mayo, el cual señala que el Gobierno y esa guerrilla llegaron a un acuerdo para sacar de la guerra a los menores de 15 años y el compromiso de elaborar una hoja de ruta para la desvincular a todos los demás niños y desarrollar un programa integral de atención.

Sin duda y aun cuando existen retos innumerables para que este proceso sea exitoso, es una oportunidad que no debe perderse de vista. La Mesa Técnica, instalada el 19 de mayo, encargada de la elaboración del protocolo para la salida de los menores de 15 años de los campamentos, del plan transitorio de acogida y de la propuesta de programa de atención, jugará un papel fundamental para velar que los principios rectores en materia de derechos de la niñez verdaderamente se cumplan.

Tarea pendiente 1: Conocer la cifra total de niños que serán desvinculados

En Colombia se desconoce cuántos niños hacen o han hecho parte de los grupos armados ilegales. Esto obedece, en buena medida, a la poca visibilización de la problemática y a la falta de voluntad política de las partes cuando se sientan a “negociar la paz”. Aun cuando hay grandes esfuerzos de organizaciones internacionales y entidades del Estado por llevar a la escena pública esta realidad, el tema aún genera mella, especialmente por los errores cometidos en el pasado.

Las cifras del Observatorio del Bienestar de la Niñez del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), muestran que desde 1999 hasta a 31 de marzo de 2016, 5.969[1] menores de edad han sido atendidos por el programa de Atención Especializada para el restablecimiento de derechos a los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito. De este universo, las FARC es el grupo armado ilegal del que se desvincula el mayor porcentaje de niños y niñas, con el 60% (3.607), hecho que amerita un mayor compromiso de este grupo para que entregue la información disponible de todos los menores de edad que hacen parte de sus filas. La cifra de 21 menores de 15 años para entregar de manera inmediata que dio ‘Iván Márquez’ desestima la magnitud del fenómeno. El país está a la espera de saber cuántos menores de 18 años están en poder de esa guerrilla para seguir dibujando el panorama de la afectación de la niñez en el conflicto armado colombiano.

En Colombia se desconoce cuántos niños hacen o han hecho parte de los grupos armados ilegales

Por otro lado, y de acuerdo con cifras entregadas por la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía (Dinac), más de 11.500 niños y niñas habrían sido reclutados por las FARC entre 1975 y 2014, en el marco de una política sistemática de inclusión de nuevos combatientes, siendo el periodo de la llamada Zona de Distensión el pico más alto de reclutamiento de menores de edad para incrementar el pie de fuerza. Las fuentes analizadas para dar este dato fueron los estatutos de las FARC, los computadores incautados a diferentes lideres de este grupo, dispositivos USB y los documentos de la 3ª y 7ª Conferencia, entre otros[2]. Finalmente, la Fiscalía asegura que el Secretariado de las FARC, con sus 7 comandantes y los 32 jefes de frente y bloques regionales son responsables de reclutamiento forzado, estipulado como crimen de guerra[3].

El desconocimiento y la disparidad en las cifras, impone mayores retos institucionales, no sólo para atender a la población que está próxima a desvincularse, sino para caracterizar el fenómeno y proponer recomendaciones más acertadas a las necesidades de esta población.

Tarea pendiente 2: Garantizar los derechos de los niños para disminuir el riesgo de reclutamiento y utilización

Ésta, que es la perspectiva de trabajo en la que se basa el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre Prevención de Reclutamiento y Utilización de niños, niñas y adolescentes, ofrece una visión más amplia frente a esta problemática. Un gran número de menores de edad que fueron reclutados, presentan una constante vulneración a sus derechos debido a los factores de riesgo que están presentes en sus contextos familiares, comunitarios y regionales.

De acuerdo con este documento, algunas de las situaciones que aumentan el riesgo de reclutamiento y de utilización de la población menor de 18 años son: i) presencia o tránsito de grupos organizados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados; ii) presencia de economías y actividades ilegales (iii) altos índices de violencia sexual e intrafamiliar contra niños y niñas; iv) regiones deprimidas por bajos índices económicos y altos índices de marginalidad social, entre otros.

Es necesario entender que existen condiciones de vulnerabilidad que hacen ineludible una respuesta integral del Estado, las comunidades y las familias en los territorios. Algunos de los contextos en los que los niños y niñas colombianos habitan, no son apropiados para alejarlos del conflicto armado. La disminución de los factores de riesgo y el fortalecimiento de entornos y redes de protección serán indispensables para garantizar y promover los derechos de la niñez.

Tarea pendiente 3: No olvidar las lecciones del pasado

Durante el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia no se reportaron ni entregaron la totalidad de los niños que se encontraban en esta estructura armada. Varios fueron enviados a sus hogares, sin que mediara el restablecimiento de sus derechos ni un proceso de reparación por parte de las entidades responsables.

De acuerdo con el ICBF, 963[4] (3%) niños fueron desvinculados de las Autodefensas durante los años 2003 y 2006, una cifra muy baja si se calcula que 31.671 integrantes de esta organización se desmovilizaron. Organizaciones como Human Rights Watch[5] afirman que las Autodefensas tenían alrededor del 20% de menores de edad en sus filas, lo cual sugiere que fueron muy pocos los que pudieron ingresar a la ruta de atención del ICBF.

Para mitigar esta situación, y en cumplimiento del mandato otorgado por el Consejo de Seguridad de la ONU, específicamente a la comisión de verificación de una eventual dejación de las armas y un cese al fuego bilateral, deben acordarse mecanismos de verificación y seguimiento de una efectiva desvinculación de todos los niños y niñas de las FARC.

Experiencias internacionales

Según el Instituto de Estudios Internacionales de Paz Kroc[6], solamente en cinco países (Burundi, Liberia, Sudán, Nepal y Sudáfrica) se incluyeron de forma expresa y específica la perspectiva de niñez en los acuerdos para la terminación de conflictos armados, sin embargo, la implementación no cumplió su objetivo frente a esta problemática.

Por ejemplo, en el Acuerdo de Paz y Reconciliación Arusha para Burundi, firmado el 28 de agosto de 2000, se hace explícita la necesidad de promover el cuidado, bienestar, salud y seguridad física de todos los niños, prestando atención a la protección ante el maltrato, abuso, explotación y utilización directa en los conflictos armados. En 2003, el Gobierno de Transición, junto con UNICEF, comenzó la desvinculación de los que hacían parte de las estructuras armadas; a diciembre de 2004, 2.261 niños se habían desvinculado y reintegrado a sus familias y comunidades. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos por integrar este tema en el acuerdo final, en 2006, cuatro años después de la firma, el Secretario General de la ONU pidió al gobierno de Burundi trabajar de inmediato para poner fin a las violaciones persistentes, matanzas, detenciones y reclutamiento de los niños que aun cuando habían sido puestos en libertad y devueltos a sus familias, seguían sufriendo los vejámenes de la guerra.

Para el caso de Liberia, el Acuerdo de Paz de Accra, firmado el 18 de agosto de 2003, mencionaba que el Gobierno Nacional de Transición debería diseñar e implementar un programa para la rehabilitación de víctimas de la guerra (niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad), prestando especial atención a la cuestión de los niños desvinculados. Alrededor de 15.000 niños fueron reclutados por las diferentes facciones armadas que participaban en el conflicto. Por la magnitud de este problema, el acuerdo plasmó la necesidad de movilizar recursos de la comunidad internacional, en especial de UNICEF, el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y otros organismos competentes, para hacer frente a las necesidades especiales de desvinculación y reintegración. No obstante, y a pesar de que en los acuerdos estaba señalado un trato diferencial, los niños desvinculados participaron en el mismo programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) que los adultos excombatientes[7], aumentando los problemas para el restablecimiento de derechos.

Alrededor de 15.000 niños fueron reclutados por las diferentes facciones armadas que participaban en el conflicto en Liberia

Estos ejemplos demuestran a lo que se podrían enfrentar los niños desvinculados de las FARC. Aun cuando se haga el esfuerzo de vincular el tema en los acuerdos de paz, es necesario tener en cuenta la magnitud de los retos a los que se enfrentan no sólo las entidades competentes en la materia, sino la sociedad en general. No basta con establecer un programa de reintegración solo para los desmovilizados o un programa especial de atención para los niños que salgan de esta guerrilla; es urgente empezar a pensar que los niños y niñas desvinculados son una parte fundamental de la construcción de escenarios de paz y reconciliación en los territorios.

¿Qué se puede hacer?

El trabajo que viene es una oportunidad para que el Gobierno Nacional y las FARC, y ahora la Mesa Técnica, reflexionen sobre la percepción que se tiene, desde la institucionalidad y el grupo armado, sobre la niñez desvinculada y se tomen decisiones sobre:

i) Los espacios institucionales y comunitarios que deben dar cabida de manera equitativa a aquellos niños desvinculados de todos los grupos armados ilegales.

ii) La responsabilidad de las entidades gubernamentales, las familias y las comunidades de establecer entornos protectores e integrarlos de manera digna a la sociedad.

iii) Las medidas que se deben adoptar para garantizar la seguridad, el restablecimiento de derechos y la reparación integral como víctimas, especialmente para evitar que vuelvan a ser reclutados por otros grupos ilegales.

En cuanto a este último punto, y al revisar el Acuerdo sobre las víctimas del conflicto al que llegaron el Gobierno Nacional y las FARC, causa cierta frustración que no se hable de manera explícita de los menores de edad que se desvincularían de las filas de las FARC, aun cuando deben ser tratados como víctimas. El acuerdo hace referencia al enfoque diferencial y de género, remarcando las necesidades particulares de las mujeres y los niños y niñas víctimas del conflicto, pero de manera general. Este tema no puede quedar en interpretaciones: es necesario tener claridad sobre los protocolos de desvinculación, la ruta de atención y los mecanismos que garantizan el restablecimiento de derechos, entre otros.

La atención de los niños, niñas y adolescentes desvinculados es un deber del Estado. Sin embargo, bajo el principio de corresponsabilidad, la familia y la sociedad en general deben propender por el goce efectivo de sus derechos. Son varios los esfuerzos y llamados de atención que se han hecho desde diversos sectores a la hora de recomendar puntos específicos para trabajar el tema, no sólo en el marco de las negociaciones con las FARC, sino también en escenarios de construcción de paz.

La Defensoría del Pueblo, en su informe Voces y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes en la construcción de la paz en Colombia, insta:

i) A los equipos negociadores, para que se establezcan, en el marco de la Mesa de Conversaciones, las condiciones, mecanismos y rutas de desmovilización, desvinculación, desarme y reintegración.

ii) A las FARC, para que entregue a las instituciones responsables del Estado, todos los NNA menores de 18 años que actualmente hacen parte de sus filas.

iii) Al Gobierno, para que evite la invisibilidad de los NNA reclutados por esta guerrilla y garantice su entrega para el restablecimiento de sus derechos. Asimismo, para que flexibilice la oferta institucional, de acuerdo a las condiciones necesarias para la entrega de los niños reclutados. Especialmente, para que la población desvinculada pueda desarrollar proyectos de vida que no se enmarquen única y exclusivamente en educación técnica o de emprendimiento, sino que puedan explorar y fortalecer la relaciones entre arte, cultura y paz en sus territorios.

iv) A los medios de comunicación y entidades del Estado, para que establezcan medidas que eviten la revictimización y la estigmatización.

La atención de los niños, niñas y adolescentes desvinculados es un deber del Estado

Estas son algunas líneas que plantea el informe y que son fundamentales a la hora de abordar el tema. Sin embargo, hay otras miradas que pueden complementar esta aproximación. Desde hace un tiempo, se viene hablando del concepto de reparación integradora, que considera al niño desvinculado como un ciudadano con derechos y responsabilidades y en constante formación. Esta mirada le da una connotación distinta a los procesos de reparación, pues deja de percibir a la víctimas como agentes pasivos y pone su atención en el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de agencia de estos individuos con miras a integrarse en sus territorios[8]. En este sentido, este proceso no sólo debe abordarse en su dimensión individual, sino también en la transformación de las relaciones entre los niños, niñas y adolescentes desvinculados y sus comunidades.

La FIP y Open Democracy empezaron a publicar en diciembre de 2015 una serie de análisis y perspectivas sobre el postconflicto en Colombia. Lea también: Perspectivas del postconflicto en Colombia; Adiós a las armas; Sin previa invitación: Mujeres en La Habana; Visiones y recursos territoriales para la paz; Más allá del dinero y La posguerra contra las drogas.

[1] http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observa...

[2] http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/dest...

[3] Los estándares nacionales e internacionales estipulan que el reclutamiento es un crimen de guerra y puede ser penalizado por la Corte Penal Internacional. (CPI). En 2012, un fallo histórico de la CPI condenó a Thomas Lubanga Dyilo, jefe de la Unión de Patriotas congoleños, por alistar y reclutar niños menores de 15 años y utilizarlos en enfrentamientos étnicos. Este tipo de sentencias sientan precedentes ante la protección de la infancia en el marco de conflictos armados y marcan hitos dentro del sistema de justicia penal internacional.

[4] http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observa...

[5] Human Rights Match. Aprenderás a no llorar. Niños combatientes en Colombia. Versión en español, Bogotá: Editorial Gente Nueva, 2004.

[6] Ver Defensoría del Pueblo, Informe voces y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes en la construcción de la paz en Colombia, Noviembre 2014.

[7] UNICEF, al ver esta problemática, estableció un programa de reintegración para niños desvinculados basado en habilidades, y junto con la UNOPS ayudaron a reconstruir escuelas administradas por el gobierno en todo el país.

[8] Para más detalle ver ICTJ, (Octubre 2014) Reparación integradora para niños, niñas y jóvenes víctimas de reclutamiento ilícito en Colombia.