Esta columna se publicó el 2 de junio de 2016 en la Silla Vacía

En 2015 la tasa de homicidios continuó disminuyendo, siguiendo la baja registrada desde 2003. ¿Qué explica el descenso sostenido y por qué es frágil e insuficiente? Dados los bajos niveles de resolución de los homicidios por parte del sistema de justicia, la dificultades en las cifras y los sesgos institucionales en su sistematización, resulta arriesgado hablar de las causas. Sin embargo, sí es posible formular algunas hipótesis, con el objetivo de entender los factores que podrían haber incidido en esta baja.

De acuerdo con el reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) “Las dos caras de la reducción del homicidio en Colombia”, el descenso de las muertes violentas se vincula, en parte, con dos dinámicas: el desescalamiento del conflicto armado en el marco del proceso de negociación con las FARC y la merma de las disputas entre facciones criminales, como resultado del predominio o los acuerdos. Aunque hay otros factores que han influido también en la baja de la tasa de homicidios –como es la implementación del modelo de cuadrantes por parte de la Policía y mayor inversión social por parte del Estado– este artículo se concentrará en analizar y complementar estas dos hipótesis.

La tasa de homicidios presenta una tendencia a la baja desde el año 2003, con una reducción de seis puntos entre 2012 y 2015, cuando descendió a 26,3 por cien mil habitantes. Es importante señalar como antecedente para el análisis de estas cifras, los bajos niveles de investigación y esclarecimiento que históricamente han tenido las muertes violentas en Colombia. De acuerdo al estudio realizado por Levitt y Rubio, mientras que en Estados Unidos el 100% de los asesinatos son investigados, en Colombia esta cifra solo llega al 38%. De otro lado, según la Comisión Asesora de Política Criminal, el nivel de impunidad de los homicidios entre 2005 y 2010 se estimó en un 96%. Dada esta realidad, toda explicación sobre la violencia en Colombia hay que tomarla con cautela.

Tasa de homicidios por cien mil habitantes entre 1990 y 2015. Fuente: Policía y DANE. Elaborado por la FIP

De acuerdo al informe de la FIP, una de las dinámicas territoriales vinculada al descenso en la tasa de homicidios es la baja en el número de muertes violentas ligadas a la confrontación entre el Estado y las FARC, lo cual no solo implica a los combatientes sino también a las víctimas civiles. Lo que muestran los cambios en la distribución espacial del homicidio es que en aquellas zonas donde el conflicto armado se ha expresado intensamente y que tienen una fuerte presencia de esta guerrilla, las tasas siguen siendo altas, pero han venido disminuyendo. Como se puede observar en los mapas, de esta manera ha sucedido en buena parte de los municipios de Nariño, Norte de Santander, Meta, Putumayo, en el sur del Valle, Vichada, así como en el corredor hacia Venezuela, con poblaciones como Mapiripán, Puerto López y San Martín, entre otros territorios.

Esta dinámica pondría en duda aquellos análisis que –citando a Daniel Pecault – han insistido de manera inapropiada en el bajo peso de la violencia generada por el conflicto armado en Colombia, señalando su irrelevancia. Lo que muestra el análisis de las cifras disponibles, contrastadas con las dinámicas en el territorio, es que el desescalamiento de la violencia asociada a las FARC es real. Desde esta perspectiva, el proceso de diálogo en La Habana ha tenido efectos positivos, incidiendo en la disminución de homicidios en un conjunto importante de municipios. Esto no quiere decir que la violencia haya cesado del todo; tampoco que la amenaza de su uso dejó de ser la base del control territorial de la insurgencia. De hecho, las tasas en zonas de influencia de las FARC siguen siendo altas a pesar de la tregua.

Tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes 2007 y 2015. Fuente: Policía Nacional. Elaborado por la FIP

Lo sucedido en Uribe y Vista Hermosa en el Meta, donde la presencia de las FARC ha sido permanente en las últimas décadas ilustra esta situación. En 2015, Uribe registró una tasa de 86 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que sigue siendo un nivel alto pero muy por debajo del año 2012, cuando la tasa fue de 173. En Vista Hermosa, la tasa también fue de 86 en 2015, menos de la mitad de lo registrado en 2012 cuando llegó a 207 por cien mil habitantes.

De otro lado, la FIP señala como posible explicación la merma de las disputas entre organizaciones criminales y el predominio de unas facciones sobre otras. “Hace cuatro años las estructuras criminales eran más parejas, por lo que las disputas estaban a la orden del día e incidían en la violencia homicida”, asegura el informe de la Fundación. El descenso en la tasa de homicidios ha tenido como correlato el mayor predominio de los “Úsuga”, una organización criminal que se originó en Antioquia y Córdoba, pero que ha extendido su presencia a otras regiones. Con el debilitamiento de los “Rastrojos” esta estructura ya no tiene competidores.

Al mismo tiempo, en distintas regiones del país se han dado procesos de consolidación de las economías criminales, con el predominio de los acuerdos entre las facciones y la existencia de fluidas redes de corrupción. Bajo este contexto, la hipótesis a partir de la información recogida en el terreno, es que los actores armados estarían privilegiando la rentas y evitando la confrontación.

Hoy, los actores armados estarían privilegiando la rentas y evitando la confrontación

Esta situación se ve favorecida por la acumulación histórica de la violencia en territorios donde las poblaciones han estado al vaivén de las disputas y el dominio de los actores armados. El miedo infundido en estas comunidades ha resultado funcional para organizaciones criminales y grupos al margen de la ley que usan la intimidación y el temor para ejercer control, sin necesidad de usar explícitamente la violencia. Un caso reciente que ilustra esta situación es el paro armado declarado por los “Úsuga” en Antioquia y Córdoba. La amenaza de represalias por parte de este grupo a quien no siguiera la orden del paro, fue suficiente para que los habitantes cesaran sus actividades.

Bajo estas condiciones, las bajas tasas de homicidio no siempre son la mejor medida para analizar la seguridad de los territorios. Por el contrario, suelen ser la expresión del dominio de la organización criminal. Una hipótesis a considerar en este contexto es la dispersión y menor visibilidad de la violencia, con el traslado de la reducción del homicidio al aumento de las desapariciones.

De otro lado, la ofensiva del Estado contra las organizaciones criminales también ha tenido su parte en esta historia, con el debilitamiento y degradación de poderosas organizaciones. Como lo señala el informe de la FIP, la pérdida de poder de los Rastrojos guarda conexión con la presión que ejerció la Policía, lo que provocó que sus principales cabecillas terminarán negociando con EEUU, o fueron detenidos o extraditados. Otro caso que ilustra esta situación es lo sucedido en Medellín, con la red criminal conocida como “La Oficina”, la cual fue objeto de persecución por parte de las autoridades. El problema de la acción estatal es que golpea las estructuras pero no es capaz de consolidar su presencia en el territorio, por lo que las condiciones que han permitido el surgimiento y la permanencia de la violencia están latentes.

Las bajas tasas de homicidio no siempre son la mejor medida para analizar la seguridad de los territorios

Lo ocurrido en las ciudades merece una atención especial. De acuerdo al informe de la FIP, de las 27 ciudades con mayor población, en un tercio aumentaron las tasas en 2015. Mientras que en Cali y Medellín bajaron los homicidios en Bogotá permanecieron estables. Los incrementos se presentaron en Armenia, Barranquilla, Ibagué, Itagüí ,Palmira, Popayán, Sincelejo, Villavicencio y Valledupar. La competencia por distintas economías criminales –con énfasis en los mercados locales de drogas–, la disputa entre facciones locales, el crecimiento de la extorsión, así como la delincuencia común, podrían haber movilizado la violencia en estas ciudades.

Cambio porcentual en la tasa de homicidios de las principales ciudades de Colombia entre 2014 y 2015. Fuente: Policía y Dane. Procesado por la FIP

Si bien en la tasa de homicidios urbanas influyen muchos factores, una variable que sigue afectando la seguridad es la incapacidad de las autoridades locales de regular y ejercer control en zonas que son ocupadas por organizaciones ilegales de distinto tipo que continúan siendo objeto de disputas, lo cual incluye desde esquinas y parques donde se concentra el expendió de drogas, hasta barrios y comunas donde la justicia y la “seguridad” no pasan por el Estado. Es importante recordar que las muertes violentas se siguen concentrando en puntos específicos de los entornos urbanos –especialmente en las áreas deprimidas y periféricas–, cuyo rasgo común es la baja capacidad de las autoridades para esclarecer estos hechos y disuadir su ocurrencia.

Teniendo en cuenta este panorama es importante preguntarse ¿de qué depende que los homicidios continúen descendiendo? ¿Cómo ha hecho Colombia para bajar las tasas de homicidios sin alterar los índices de impunidad? ¿La menor violencia ha dependido de la decisión estratégica de los actores armados y las consolidación de las economías criminales o ha sido el resultado de la capacidad del Estado de disuadir su ocurrencia?

El futuro de la violencia se encuentra ligado a lo que ocurra con el proceso de paz y a la manera como el Estado enfrente los equilibrios y predominios criminales a nivel local. También tiene un peso importante el ELN y su aspiración de fortalecer y expandir su presencia, aprovechando en parte el vacío dejado por las FARC. Pero el factor fundamental para garantizar la sostenibilidad del descenso es que el Estado asuma en serio la tarea de aumentar su capacidad de investigación y esclarecimiento de los homicidios. Mientras que esto no ocurra difícilmente se podría sostener la tendencia al descenso o aspirar a tener una tasa por debajo de los 20 por cada cien mil habitantes.

Una recomendación concreta para el Ejecutivo, es que en lugar de hacer un seguimiento semanal de cuántos miembros de las organizaciones criminales son capturados o dados de baja, concentre su atención en exigirle a las instituciones competentes que aclaren qué ha ocurrido con los responsables de las muertes violentas. El fin de la impunidad y la protección de los ciudadanos debe ser la prioridad, en lugar de estar reproduciendo la lógica de la guerra.