Lea toda la información relacionada con las actuales negociaciones de paz con las FARC durante enero y febrero AQUÍ .

Misión política verificará el cese al fuego bilateral y el desarme

El anuncio lo hicieron las delegaciones de paz el 19 de enero desde La Habana, desde donde confirmaron que habían pactado un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral y definitivo, así como de la dejación de las armas por parte de las FARC. Además de la guerrilla y el Gobierno nacional, en el mecanismo participaría Naciones Unidas (ONU) a través de una misión política, no armada e integrada por observadores miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC).

Ese mismo día, tras una reunión con los partidos de la coalición de Gobierno y algunas colectividades de la oposición, el presidente Juan Manuel Santos saludó el acuerdo anunciado y confirmó el envío de la solicitud formal al Consejo de Seguridad de la ONU. El mandatario resaltó la experiencia, capacidad de financiación y el carácter influyente de los países miembros, como algunas de las ventajas de acudir a la ONU para solicitar acompañamiento no armado en la resolución del conflicto. Santos reiteró que la dejación de armas por parte de las FARC es una condición inamovible para la firma del acuerdo de paz.

Una de las reacciones más importantes tras el anuncio vino del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien señaló que se trata del avance más importante que se ha dado en las negociaciones de paz y recalcó la importancia de que sea un verdadero compromiso para que cesen los combates, y que las FARC no cometan delitos contra la ciudadanía o sean cómplices del narcotráfico o la minería ilegal. Villegas reiteró que desde su cartera se hará todo lo necesario para apoyar el proceso de desarme y desmovilización en lo que él cree, ya es la recta final del proceso con las FARC. Del mismo modo, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, anfitrión de la IV Cumbre de la CELAC, aseguró que ese organismo estaba listo y “con toda la capacidad de apoyar la verificación del acuerdo de cese al fuego y dejación de armas en Colombia".

La confirmación por parte de Naciones Unidas vendría solo cinco días después de la solicitud de las delegaciones de paz, con una aprobación unánime de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Tal como lo pidieron las partes, la misión estará liderada por un representante especial de Ban Ki-moon, y conformada por observadores internacionales desarmados. Así mismo, el Consejo de Seguridad informó que solicitará al Secretario que informe cada 90 días sobre el cumplimiento del mandato de la misión de verificación, y dejó abierta la posibilidad de prorrogarla a petición de las partes que dialogan en La Habana.

Santos celebró la decisión de órgano internacional asegurando que “ahora no vamos solos, sino de la mano de todo el mundo al fin de esta guerra”. Además aclaró algunas de las dudas más frecuentes con respecto a ese proceso de verificación y el rol de la ONU en él. En primer lugar reiteró que la misión no estará integrada por países sino por personas con experiencia en la labor de verificación. Aclaró que la financiación correrá por cuenta del Consejo de Seguridad, y que los lugares de concentración y términos del cese al fuego los determinará la mesa de diálogos Gobierno-FARC. Además, que la misión se pondrá en marcha una vez se firme el acuerdo final y se conozcan los criterios del cese al fuego y desarme.

“Al ELN se le acaba el tiempo para hacer parte del fin del conflicto”

En medio de una creciente expectativa por el inicio de la fase pública de negociaciones con esa guerrilla, el Gobierno y el ELN protagonizaron durante los dos primeros meses de 2016, un intercambio de señalamientos que evidencian las dificultades que estaban atravesando para pactar una agenda y unos términos base para el diálogo formal. El primer llamado estuvo a cargo del vocero del Gobierno en los diálogos con las FARC, Humberto de La Calle, quien reiteró en una entrevista con la Fundación Nuevo Periodismo, el llamado para que el ELN se integre a las conversaciones y contribuya con el fin del conflicto. “Quiero decirle al ELN que ya es hora de que ingrese a las conversaciones”, dijo el negociador.

Un día después, el Comando Central del ELN emitió un comunicado en el que respondió de forma vehemente a De la Calle, asegurando que estaba listo desde noviembre de 2015 y que ha sido el Gobierno quien ha dilatado las conversaciones. Según el grupo subversivo “en dos años largos que han durado estos diálogos, al final de cada ciclo, de acuerdo al reglamento acordado, siempre se ha fijado la fecha y sitio para el siguiente encuentro, pero en esta ocasión no ocurrió así, porque la delegación del Gobierno no quiso definir estos dos asuntos”.

La réplica de parte del Gobierno no se hizo esperar. “Ellos saben que eso no es cierto, nosotros estamos pidiéndoles desde hace ya algún tiempo que se facilite una serie de reuniones que tenemos todavía por delante, para pasar de la fase confidencial a la fase pública. Estamos a la espera de concretar esas fechas por parte de ellos” dijo Santos. Adicionalmente, el jefe de la delegación negociadora con el ELN, Frank Pearl, quien no había salido a los medios hacía varios meses, se sumó al reproche del Presidente y advirtió: “Se le acaba el tiempo para hacer parte del fin del conflicto”.

No hubo más declaraciones y las partes se esforzaron por mantener la confidencialidad de lo que han venido negociando. Sin embargo, el grupo guerrillero incrementó las acciones violentas en sus territorios de influencia ejerciendo, según distintos analistas, una presión sobre el Gobierno para concretar la fase pública de los diálogos. En ese sentido, sobresale la declaración del paro armado que promulgó el ELN entre el 15 y el 17 de febrero en conmemoración del aniversario número 50 de la muerte en combate del sacerdote Camilo Torres. Este hecho provocó la muerte de tres miembros de la fuerza pública y más de 30 acciones en distintos municipios de Arauca, Boyacá, Casanare, Bolívar y Chocó.

Reforma a Ley de Orden Público para habilitar zonas de concentración

En las primeras semanas de enero, el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocaría sesiones extraordinarias en el Congreso, con el propósito de reformar la Ley de Orden Público y tomar las medidas necesarias para facilitar el desarme y desmovilización de la guerrilla de las FARC. La intensión de la reforma era obtener facultades para suspender órdenes de captura de los guerrilleros y levantar la restricción a las zonas de despeje para poder disponer las zonas de concentración que se están negociando con esa guerrilla para el cese al fuego y el desarme. En febrero, mientras avanzaba el debate de la reforma en el Congreso, surgió, además de las dos iniciativas mencionadas, una proposición para que las FARC entreguen una lista con todos sus integrantes, que podría ser recibida por el Gobierno bajo el principio de “buena fe” como insumo para establecer la cantidad de guerrilleros con los que cuenta actualmente esa organización. Al respecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que a pesar del principio de buena fe, el Gobierno podrá verificar con la información de la Policía, Ejército y Fiscalía, la pertenencia de los individuos a las FARC. Por eso, garantizó, “no habrá colados” que se quieran disfrazar de guerrilleros para recibir beneficios jurídicos.

En el transcurso del debate, el Gobierno continuó con su esfuerzo por alinear a todos los partidos políticos en torno a las negociaciones de paz. El 23 de febrero celebró un Pacto por la paz al que ingresaron varias de las colectividades que no hacen parte de la bancada de Gobierno: un sector del partido Conservador, Alianza Verde y Polo Democrático. La excepción fue el Centro Democrático que mantuvo su oposición a los diálogos de La Habana. Sin embargo, a final de febrero se logró, por unanimidad, incluyendo al Centro Democrático, levantar la restricción de despejar áreas del territorio nacional para habilitar las zonas de concentración de las FARC.

La actividad política y armas, la polémica de Conejo

El jueves 18 de febrero, los voceros de las FARC en los diálogos de paz de La Habana participaron, en compañía de cerca de 500 hombres armados, en un evento público en la plaza central del corregimiento de Conejo del municipio de Fonseca, La Guajira. Fotografías enviadas por algunos de los asistentes al acto, confirmaron la presencia de ‘Iván Márquez’, ‘Joaquín Rodríguez’, ‘Pablo Catatumbo’ y ‘Jesús Santrich’, quienes, micrófono en mano, se dirigían al público destacando los avances del proceso de paz y la pertinencia de una asamblea constituyente para refrendar lo pactado.

Aunque la guerrilla tenía autorización oficial para adelantar encuentros pedagógicos en sus campamentos, gozando de un cese de operaciones militares, la presencia de los guerrilleros en un evento con la sociedad civil implicó, según el Gobierno, una violación de las reglas de juego y, según el Centro Democrático (CD), un hecho inadmisible de proselitismo armado. Fue esta última colectividad la encargada de hacer visible y atizar la polémica por lo sucedido. "La presencia de cabecillas de las Farc, de sus principales líderes, Joaquín Gómez y otros, no solamente viola la Constitución sino que es un desafío a la justicia y a las Fuerzas Armadas, con la complacencia del Gobierno que ha roto toda norma en materia constitucional", sentenció Oscar Iván Zuluaga, presidente del partido.

Rápidamente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado criticando el acto protagonizado por los guerrilleros y asegurando que la guerrilla violó las reglas de juego, por lo que canceló los espacios de pedagogía de la guerrilla y ordenó el retorno de los delegados de las FARC a La Habana. Ante la imposibilidad de tener la versión ampliada de los negociadores del Gobierno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, intentó calmar los ánimos. No obstante, el episodio puso sobre la mesa algunas de las preocupaciones centrales de los colombianos y un par de descuidos del Gobierno en la definición de los ejercicios pedagógicos en pro de la paz.

Finalmente, antes de iniciar un nuevo ciclo de conversaciones, el Gobierno informó que una vez reestructurados los protocolos, se reanudarían las visitas pedagógicas de las FARC, exclusivamente a sus campamentos. Entre las nuevas condiciones para las visitas, se encuentra un sistema permanente de comunicación con el Gobierno, y la prohibición de material de divulgación, material audiovisual o presencia de medios de comunicación. También se aclaró que los guerrilleros no podrán reunirse en centros poblados ni cabeceras municipales y que, “en cumplimiento de sus labores constitucionales, el Ejército continuará garantizando la protección de todos los colombianos y el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional”.