Esta columna de opinión se publicó en Razón Pública el 16 de mayo de 2016

Con la muerte de jefe guerrillero Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, se creyó que el EPL entraría en una fase de decaimiento en el Catatumbo, lo que pondría fin a un grupo que ha estado en esta zona desde finales de la década de 1970.

Las especulaciones obedecían a que Megateo logró afianzarse en esta región, ejerciendo una especie de poder paternal sobre los habitantes; él y su grupo fueron los únicos que le hicieron frente a los paramilitares a finales de la década de los 90, por lo que el día de su muerte, el temor entre la población fue más hacia el Estado que a la llegada eventual de algún otro grupo armado. Además, Megateo era quien mediaba las relaciones comerciales entre las FARC, Los Rastrojos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan Úsuga.

Sin embargo, el EPL no es un actor de poca monta en el Catatumbo, así lo quieran reducir a una simple banda de narcotraficantes. Testimonios recogidos en zonas de influencia, dan cuenta de que este grupo es una realidad política y social con capacidad de influir sobre procesos sociales, administrar conflictos y ayudar a la gente. “Es que uno con ese muchacho ya sabía cómo se convive, pero con el Estado que nos ha abusado, nos metió a los paracos y nos hicieron todo ese daño, ¿usted cómo se va a sentir?”, me cuenta un habitante de la vereda Buenos Aires, de El Tarra.

Si bien el EPL pasó por una reacomodación interna, no suspendió su lento pero progresivo proceso de expansión con células de pocos hombres para intentar controlar ciertos corredores claves para el tráfico de pasta de coca, gasolina y armas.

Esto lo ha venido haciendo desde su tradicional “triángulo” en las zonas más agrestes de los municipios de San Calixto, Hacarí y La Playa, hacia nuevas zonas que van desde la Serranía del Perijá hasta la frontera con Venezuela, así como a las zonas altas de Tibú (zonas de Versalles y Filo Gringo) y las más planas de Puerto Santander. La aparición de grafitis y panfletos firmados por el EPL en Tibú y El Zulia demuestran esta realidad.

El EPL ha proseguido su fortalecimiento militar con reclutamiento de hombres y niños en la región, y busca vincular a potenciales desertores de las FARC

Lo anterior ha sido posible, en gran medida, porque su cabecilla, Guillermo León Aguirre, alias David León o Juan Montes, ejerce gran influencia sobre los aproximadamente 100 integrantes que tiene este grupo. Además, escogió a Jader Navarro Barbosa, alias Caracho, como nuevo comandante militar, quien lleva casi 15 años en el EPL y gozaba de la plena confianza de Megateo.

El EPL ha proseguido su fortalecimiento militar con reclutamiento de hombres y niños en la región, y busca vincular a potenciales desertores de las FARC que ven el proceso de paz como un riesgo y no como una oportunidad.

Testimonios recogidos en campo muestran que el EPL estaría negociando directamente la compra de la hoja de coca con los campesinos de La Gabarra, en Tibú. A esto se suma que tanto Megateo como Caracho venían consolidando nexos con mafias internacionales en La Cooperativa y Río de Oro, puntos fronterizos que hacen parte de un complejo regional más amplio, que se expande hacia el sur y está compuesto por decenas de trochas.

Allí se comercializa de todo –comida, enseres, abonos, motos, gasolina, coca y armas– y el negocio beneficia a todos: a las FARC, al EPL, al ELN, al Clan Úsuga, a Los Rastrojos, a los sectores corruptos de las Fuerzas Armadas colombianas y venezolanas, y a los comerciantes que viven del contrabando.

Sigue la tensión

En la zona baja del Catatumbo se vive hoy una tensión muy alta. Aunque la Fundación Ideas Para a Paz (FIP) ha mostrado que en esta región los homicidios disminuyeron entre 2012 y 2015, la muerte de por lo menos 29 civiles, 4 militares y 3 policías en lo que va corrido de este año muestra que se estaría ante un escenario de disputa entre Los Rastrojos y el Clan Úsuga.

Si bien ambos grupos venían haciendo presencia en la región desde por lo menos 2012, al parecer habría un apuntalamiento más decidido de los segundos para cooptar las rentas ilegales en esta zona de frontera, específicamente en las áreas urbanas y semiurbanas.

No es claro si el reducto del Clan Úsuga que opera en el Catatumbo realmente es parte de dicho grupo o más bien esa marca criminal para intimidar

Lo que no es claro es si este reducto del Clan Úsuga, que no sobrepasaría los 50 integrantes, realmente es parte de dicho grupo o más bien acude al marcaje criminal (o branding) para intimidar y mostrarse como parte de una organización mayor. Habitantes de la región le han contado a la FIP que este grupo es más bien una reducto criminal que no está en sintonía con los Úsuga de Urabá.

Pero la aparición de panfletos y listas de muerte sí indica el modus operandi clásico de estos grupos, pues sus repertorios de violencia se limitan a amenazas, extorsiones, desapariciones y asesinatos, para no ser fácilmente identificados y para eliminar o absorber a la competencia (Los Rastrojos).

El caso del ELN

Al reacomodo del EPL se suma la gran incógnita del ELN. Este fue el primer grupo guerrillero que surgió en el Catatumbo durante la década de 1970 para capitalizar los descontentos sociales frente al auge del petróleo, asumiendo funciones de regulación social y coerción, y para asegurar el paso a Venezuela y crear un corredor con Arauca.

Hoy en día, después de un declive importante, en especial a partir de 2005, cuando el Frente 33 de las FARC comenzó su reacomodo tras la desmovilización parcial de las AUC, las unidades del ELN han venido saliendo de sus zonas tradicionales, ubicadas en las escarpadas montañas del circuito Ocaña, Ábrego, Hacarí, La Playa y El Carmen, hacia las zonas donde las FARC permanecerían sin armas después de la firma del acuerdo final.

Este escenario hace parte de un acuerdo de no agresión más amplio entre los dos grupos que viene de 2010, y que hoy se estaría consolidando.

A esta potencial transferencia de capacidades se añade el hecho de que el ELN tiene vínculos cada vez más claros en la cadena de producción de la cocaína, pues también compran “raspa” a campesinos para luego procesarla y venderla a otros grupos armados - AGC o Los Rastrojos-, en puntos fronterizos para su posterior distribución con intermediarios internacionales y en mercados urbanos.

En el Catatumbo, para muchos sectores, Ascamcat es el brazo político de las FARC, lo que implica ser objeto de agresiones. Pero esto es repetir un error muy grave

Los líderes sociales

Tanto por las razones anteriores como por intensas tensiones sociales que persisten, el Catatumbo se perfila como una de las regiones más difíciles para llevar a cabo los acuerdos con las FARC.

Uno de los factores que atizan estas tensiones son las agresiones contra líderes sociales, como el asesinato, en enero de este año, de Nelly Amaya, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito, de San Calixto, quien pertenecía a la Unión Patriótica y era miembro activo de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat).

Igualmente se dio la desaparición, hace casi cuatro meses, de Henry Pérez, reconocido líder de La Gabarra y miembro de la Asociación de Pequeños Productores del Catatumbo (Asoprocat). El ELN negó que lo hayan secuestrado, mientras que la esposa de Henry, Elibeth Murcia, asegura que las FARC lo tienen en su poder.

Estas agresiones hacen parte de las lógicas de la violencia, cuyos responsables están inmersos en redes de poder local con capacidad de administrar la coerción a través de mercenarios que pertenecen a unidades más o menos cohesionadas de crimen organizado (Clan Úsuga, por ejemplo) o a expresiones eminentemente locales de delincuencia común (combos, pandillas, oficinas de cobro).

En el Catatumbo, para muchos sectores, Ascamcat es el brazo político de las FARC y, por ende, pertenecer al mismo implica ser objeto de agresiones. Pero esto es repetir un error muy grave. Este tipo de organizaciones tiene sus raíces en movimientos comunales de vieja data en la región y sus liderazgos se han desarrollado en zonas donde los grupos armados han instaurado sus propias instituciones. Esta realidad social y cultural de la guerra inevitablemente ha hecho que se presenten coincidencias en las agendas. El asesinato de Nelly Amaya no debe justificarse sino investigarse debidamente.

Por su parte, Henry Pérez venía trabajando en la formulación de proyectos productivos de piña y de limón para campesinos en La Gabarra, uno de los epicentros de la guerra en el Catatumbo. Este tipo de proyectos ha resultado ser una forma de resistencia campesina en contextos de economías cocaleras.

Pero los grupos armados ven con recelo estas actividades, más aún cuando en el Catatumbo las FARC estarían conminando a los campesinos a sembrar más hectáreas de coca, con el pretexto de obtener más beneficios cuando llegue el acuerdo final. Otros dicen que esto no es cierto y que las FARC solo estarían permitiendo un máximo de dos hectáreas por núcleo familiar.

Las autoridades locales parecen desconcertadas y el gobierno nacional anuncia más pie de fuerza en la región, confundiendo paliativos con medidas que preparen esta región para el postacuerdo. Parece que la única representación del Estado para los ciudadanos del Catatumbo fuera el pie de fuerza.

Las tensiones armadas y sociales parecen entremezclarse en el Catatumbo y en este ambiente solo ganan quienes sacan provecho de la imbricación del crimen organizado con los poderes locales para neutralizar el movimiento social. Mientras tanto los verdaderos responsables se mimetizan de civil o de camuflado, aprovechando que el poder real son las redes que ellos mismos despliegan, para oponerse a cualquier cambio sustancial en esta región.