En Colombia no se ha asumido con seriedad el debate sobre el rol que tendrá la fuerza pública después del conflicto armado. Y es importante porque de acuerdo al escenario que exista de inseguridad, se deben tener las mejores fuerzas posibles para combatir cierto tipo de amenazas como el crimen organizado y el terrorismo internacional. Así lo cree la española Sonia Alda, experta en temas de seguridad y una de las invitadas al seminario Retos y desafíos de la Policía en contextos de transición hacia la paz, que organizó Fescol en asocio con la Policía Nacional, la FIP y la Universidad de Los Andes.
“Si uno tiene una amenaza y no tiene fuerzas entrenadas para enfrentarla, esas fuerzas no sirven para nada. Es evidente un cambio de escenario que afecta al país y que va a tener implicaciones en todo el entorno regional”, le dijo Alda al diario El Espectador (leer “Colombia necesita una tercera fuerza para el futuro”: Sonia Alda). Para la experta, quien centró su intervención en las transformaciones institucionales que requiere la Policía, con el fin del conflicto empiezan a hacerse visibles problemas de seguridad que son comunes en los países de la región, y que por ser amenazas transnacionales muy posiblemente lleven a establecer lazos de cooperación que Colombia, por el problema interno, jamás se había planteado.
Por su parte, María Victoria Llorente, directora de la FIP, cuyo equipo de Seguridad y Política Criminal ha venido trabajando durante los últimos años con la Policía, en temas como su modernización y su servicio de cuadrantes, insistió en que los desafíos más relevantes de cara a la transición son los déficit de seguridad en las zonas rurales y el crimen organizado a gran escala. “Hay que pensar en fórmulas distintas para enfrentar problemas viejos. Ninguna será perfecta, pero lo cierto es que se necesitan cambios y la transición requiere un trabajo inmediato”, dijo durante la apertura del seminario que se realizó en la Universidad de los Andes.
El general Ricardo Restrepo Londoño, subdirector de la Policía Nacional, aseguró que al interior de esa institución han venido realizando ejercicios de revisión estratégica, lo que demuestra su flexibilidad para enfrentar retos como la transición hacia la paz. “No podemos ser una policía rígida, porque cada día surgen nuevos problemas, pero no podemos estar solos, tenemos que actuar con todo el Estado”, dijo. Esos ejercicios buscan, según Restrepo, una policía más humana, una que recupere la confianza del ciudadano, más íntegra, innovadora, transparente y más efectiva, no solo en la seguridad sino en la convivencia.
Esa confianza y la seguridad ciudadana fueron, precisamente, los temas centrales de la intervención de la investigadora chilena Patricia Arias, del Centro de Estudios de Desarrollo. “La ciudadanía necesita saber que su policía es básicamente civil, aunque tenga un carácter militar no en la acción, sino en términos de disciplina, jerarquía, obediencia y autocontrol”, señaló.
La seguridad rural también fue centro del debate. Según el Brigadier General Fabián Cárdenas, Jefe de Planeación de la Policía Nacional, en la transición se buscaría cerrar las brechas de falta de autoridad estatal en los territorios, de la mano de las fuerzas militares y todo el aparato estatal. “Que nos convirtamos en un punto de unión, estratégico, articulador, para satisfacer las necesidades del campo, como justicia, violencia intrafamiliar, de género y restitución de tierras”.
Para finalizar, Rafael Grasa, presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICP), aseguró que según la experiencia de otros países que han logrado terminar con conflicto armado interno, en el periodo de la construcción de paz, la policía gana y se extiende, mientras las fuerzas militares se encogen y se retiran para dedicarse a su función institucional. “Pero no va ser fácil porque hay miedo al cambio. Hay que prepararse para un terreno en el que la línea de juego la van a marcar el legislativo y el ejecutivo, pero donde la Policía puede adelantar mucha tarea”, puntualizó.
Un libro de reflexiones y recomendaciones
Durante 2015, Fescol hizo una alianza con la Policía Nacional para desarrollar mesas de trabajo sobre los retos a los que esta institución se enfrentará en el postconflicto. Como resultado de esas discusiones, acaba de publicarse el libro Retos y desafíos de la policía en contextos de transición hacia la paz, que reúne reflexiones, recomendaciones y transformaciones que esta institución debería tener en cuenta para sobrellevar y ayudar a consolidar el postconflicto.
“La consecución de un acuerdo con los grupos armados obliga a pensar sobre la misión, los principios, las tácticas y las estrategias de una fuerza pública que, en tiempos de paz, deberá responder a un sinnúmero de viejas y nuevas amenazas que pueden poner en riesgo la vida, los derechos y el bienestar de la ciudadanía”, dice Lothar Witte, director de Fescol.
De ahí que los autores, entre los que se encuentran miembros de la FIP, se pregunten sobre los desafíos a la convivencia a los que deberá enfrentarse la policía, cómo hacerles frente, cómo gestionar la seguridad local en el territorio nacional, qué tipo de formación y doctrina policial se requiere y cuál debe ser el lugar de la institución en el andamiaje institucional del Estado una vez se le ponga punto final a la guerra.
María Victoria Llorente, directora de la FIP y las investigadoras Patricia Bulla y Claudia Gómez, plantean en su artículo De la seguridad en la guerra a la seguridad para la paz, una serie de cambios que deberían darse en la política pública y en la institucionalidad de seguridad, que parten de las capacidades y fortalezas que hoy existen en las fuerzas militares y la Policía.
Lograr un acuerdo con los grupos armados obliga a pensar sobre la misión, los principios, las tácticas y las estrategias de una fuerza pública que, en tiempos de paz, deberá responder a un sinnúmero de viejas y nuevas amenazas
Para las autoras, la fuerza pública se enfrenta a dos grandes desafíos. Por un lado está el vacío de seguridad que hay en zonas rurales y periféricas, sobre todo de cara al crimen organizado que podría convertirse en un saboteador del postconflicto. “Hoy por hoy, en extensas áreas de la periferia se observa que estructuras preexistentes de crimen y violencia asociadas a economías criminales (drogas ilícitas, minería criminal, contrabando) se reproducen y podrían incluso empeorar con el vacío de poder que dejen las FARC al desmovilizarse”, dicen. El segundo desafío tiene que ver con la precaria atención que históricamente han recibido las problemáticas que afectan la seguridad y convivencia ciudadanas.
“Se trata de una agenda amplia que implica a muchos otros actores diferentes de la fuerza pública, que requiere de un liderazgo activo de los alcaldes en conexión con la policía y la justicia, y que demanda una alta dosis de coordinación entre diversas instituciones así como participación de las comunidades”, dice Llorente.
Bulla, coordinadora del área de Seguridad y política criminal de la FIP, también es la autora, junto a Sergio Guarín, del artículo Formación policial y seguridad ciudadana. ¿Cómo mejorar el servicio de policía?, en el que plantean la trascendencia que tiene el proceso de formación policial en la renovación de los cuerpos de policía y su efecto en la calidad del servicio. “Asumir efectivamente las exigencias de la ciudadanía en términos de convivencia y seguridad ciudadana requiere de un cuerpo de policía efectivo y legítimo. Para ello se debe contar con profesionales altamente capacitados y especializados en servicio de policía, que tengan altos estándares éticos y de autonomía moral”, explican.