Esta columna fue publicada en La Silla Vacía el 18 de marzo

Ante la noticia del incremento significativo de los cultivos ilícitos, las reacciones del Gobierno Nacional han sido nutridas y propositivas. Primero, anunciando una priorización de los parques nacionales y municipios con poca coca para la erradicación manual. Segundo, asegurando un presupuesto de 1.2 billones de pesos para la sustitución de cultivos, tercero presentando un plan piloto para Tumaco -el municipio con más coca-, más recientemente anunciando la reactivación de la aspersión con una nueva molécula y, por ultimo, apostándole a las alianzas productivas para competirle con mejores rentabilidades a los cultivos de coca.

Aunque variadas entre sí, hay algo similar en estas propuestas: en mayor o menor escala cada una de estas ya se intentaron en el pasado. Para bien o para mal llevamos 30 años de lucha contra la coca y tarde o temprano las políticas se repiten. Cada una de las propuestas dará mucho para analizar, por ahora dejaremos de lado las primeras cuatro “nuevas” estrategias, para centrarnos con más detalle en las alianzas que anuncio el Ministro de Agricultura, Aurelio Irragori.

Así define el Ministro la estrategia de su cartera: “Se llegará a cada región a ofrecerles a los campesinos oportunidades que le puedan significar igual o más ingresos que lo que ganan actualmente con la coca”. La propuesta del MinAgricultura de realizar alianzas productivas como un mecanismo para disuadir el cultivo de coca, existe hace más de una década y se basa en el supuesto económico de que las mayores rentabilidades en otros productos desplazarán hacia la legalidad al cultivador de coca. En el papel puede tener sentido económico, pero en la realidad se basa en un supuesto falso y por ende la solución atiende un problema secundario y pasa por alto las soluciones de fondo.

El problema de fondo

El asunto de fondo en el cultivo de coca dejó de ser hace muchos años la rentabilidad relativa; el problema a resolver es de acceso de los productores más distantes y más vulnerables. En el 2005 y gracias al liderazgo de Leonardo Correa y Martha Paredes se iniciaron desde el SIMCI las primeras encuestas socio-económicas a los cultivadores de coca, sabemos desde entonces y con total claridad que la rentabilidad de la coca es bajísima en la mayoría de los casos; solo dos dólares al día, de allí que persistan los niveles de miseria en las zonas cocaleras.

Los trabajos pioneros de Miguel Serrano en el Catatumbo muestran cómo la coca es superada en rentabilidad por más de la mitad de los cultivos legales. Entonces, ¿sí la coca deja tan poca plata y tantos problemas, por qué subsiste? Porque los cultivadores no están frente a un portafolio de opciones, tienen restricciones a su libertad y son profundamente vulnerables en las veredas más distantes.

Una aclaración necesaria, lo anterior no significa que la coca sea siempre mal negocio. En regiones como Nariño y Putumayo hoy -marzo de 2016- los jornales de los raspachines son de 6.000 pesos por arroba recogida, con lo cual triplican los 20.000 pesos del jornal de la caña, el cacao o la ganadería. Lo que ocurre es que la mayor rentabilidad no es la realidad de todos los cultivos de coca, es una condición localizada y transitoria.

Más temprano que tarde llegarán a las zonas de bonanza raspachines de todos los rincones del país, que atraídos por el boom cocalero aumentarán la oferta de mano de obra hasta que se regule de nuevo el precio del jornal. Esto lo hemos visto muchas veces, y también las micro-enfermedades holandesas de la coca, que hacen subir los precios de todo y la ilusión de mejores sueldos termina siendo capturada por la inflación local –que ya se vive en Putumayo-.

La realidad de hoy es más compleja. Con el Plan Colombia la coca disminuyó pero también se dispersó, por eso se habla de la ruralización de la coca en los informes que el propio Gobierno genera a través del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia. Es decir, la coca está resurgiendo en los mismos municipios, pero no necesariamente en las mismas veredas que hace una década. La coca hoy está mucho más lejos de los cascos urbanos, a horas o días de camino por trochas y ríos. En zonas que son inaccesibles para el Estado.

La coca se ubica allí no por sus mejores precios. En estricto sentido, la coca no se cultiva por su rentabilidad esperada, sino por una combinación de factores: la certidumbre de compra, los bajos costos de transporte, la mayor resistencia climática de la planta y porque allí están las FARC con sus propias reglas de mercado y orden social. Aunque parece cosa del pasado, aun es cierto que el cultivo de coca es un requisito de permanencia para los agricultores y que buena parte de la población no puede acceder a programas de ayuda del Estado porque las guerrillas se los prohíben. A quienes erradiquen, las FARC, el ELN o las bandas criminales los expulsan.

Aún hoy, ad portas de un acuerdo de paz con las FARC hay muchos líderes locales que sienten miedo y saben que al aceptar programas del Estado lo más importante que está en juego no es una mayor rentabilidad, es su vida. Que importante y significativo sería iniciar estos “nuevos” programas con un reconocimiento a los muchos líderes veredales, presidentes de Juntas de Acción Comunal y miembros de asociaciones de productores que han sido asesinados por las FARC por promover el desarrollo alternativo. Sin uniforme ni fusil, ellos también son héroes.

Volviendo al plano económico, resulta útil un ejemplo que de una idea de las precariedades a resolver. Basta recordar que en algunas veredas cocaleras no hay disponibilidad de dinero –efectivo- y por eso las transacciones se hacen con gramos de base de coca. Campesino que no siembra coca no tiene acceso al circulante y sus opciones de intercambio se extinguen.

Soluciones con enfoque territorial

En términos de la solución, lo más importante de la coca no es su rentabilidad relativa sino su ubicación, una donde no se cumplen las mismas leyes del mercado de la Sabana de Bogotá ni de Corabastos. Por esto, para tener éxito, la propuesta del MinAgricultura debe ajustarse territorialmente para atender el problema real.

Ojalá las alianzas productivas cuya ampliación y fortalecimiento se anunciaron la semana pasada, pudieran llegar a las miles de veredas que están a horas de camino por vía destapada, o a las que se llega solo en planchón, “johnson”, voladora o canoa. Ojalá que se vieran esta vez las inversiones en las veredas que no tienen luz ni señal de celular, en las que aún sueñan con tener títulos de propiedad y escrituras. Soy un optimista del desarrollo como enfoque frente a la ilegalidad, pero en este caso dudo que las fortalecidas alianzas con el sector productivo local, puedan resolver el histórico problema de exclusión.

Como dije antes, esta estrategia ya se usó pare reducir la coca (y varias veces). Las alianzas productivas fueron la base del componente de desarrollo alternativo del Plan Colombia a principios de este siglo; los palmitos, las heliconias, el cacao, la vainilla y muchas otras líneas productivas que se trataron de implantar en el Putumayo, se sustentaron en el mismo principio de rentabilidad para combatir la coca. El Plan Colombia contó con muchos más recursos de los que dispone hoy el Ministerio de Agricultura, y sin embargo los resultados estuvieron lejos de cumplir las expectativas. Una razón de fondo para mirar con sentido crítico las experiencias pasadas de las alianzas y el modelo de sustitución de cultivos.

Además de la experiencia histórica tenemos razones actuales para repensar las soluciones anunciadas y ajustarlas a la realidad territorial de la coca. Es aterrador que según cifras de SIMCI, el 95% de los cultivadores de coca no hayan recibido nunca algún tipo de beneficio o subsidio del Estado para transitar hacia la legalidad. Si se han invertido varios billones de pesos en desarrollo alternativo, entonces ¿dónde termina la plata? En las veredas que no tienen y no han tenido en casi una década ni coca, ni presencia de grupos ilegales.

Estos son los problemas de fondo en los programas de sustitución, complejidades que no podemos reducir a un simple cálculo utilitario según el cual las mejores rentabilidades erradicarán la coca y sus violencias. El desafío es revertir nuestra propia experiencia y hacer que los programas de desarrollo alternativo (con sus funcionarios y operadores) salgan de la zona de confort geográfica y no vuelvan con sus recursos a las mismas asociaciones y familias de siempre. Se debe lograr que las veredas que no están en los mapas de cobertura actual se vinculen, solo así las familias que hoy promueven los bloqueos a la erradicación manual (y amenazan con paros regionales) estarán del mismo lado del Estado en la construcción de paz.

Propuestas de ajustes a las alianzas

Primero. Las Alianzas que propone ampliar el MinAgricultura contribuirían a solucionar los problemas de fondo si se enfocan primero en el acceso y solo después en la rentabilidad. Los campesinos con los que he hablado en estas semanas en el bajo Putumayo piden cosas básicas y simples, por ejemplo, ayudas gubernamentales frente a los altos costos del transporte fluvial, un problema gravísimo en el desarrollo y la seguridad regional. No es coincidencia que el 75% de la coca este a menos de un kilómetro de un río principal, pues cualquier utilidad legal se extingue en el flete. Una alianza para crear un Satena Fluvial e integrar la población de nuestros ríos tendría un impacto directo y contundente en reducir la producción de coca, la ilegalidad y la miseria rural.

Segundo. Es necesario evaluar con lupa crítica y técnica los más de 20 años del desarrollo alternativo y las políticas de sustitución, con todos los nombres que ha tenido: Consolidación, Plan Colombia, Familias Guardabosques, Plante, Red de Solidaridad, Alianzas Productivas, Respuesta Rápida, etc. De lo contrario es inevitable reproducir soluciones costosas e ineficientes, poco sostenibles y que no han sido ajenas a problemas de corrupción y clientelismo. Hay casos exitosos de referencia y otros como el programa de intervención en el Catatumbo que hace tres años financió el MinAgricultura, que resultan ser un excelente manual de estudio para entender lo que NUNCA más se debe volver a repetir. La receta de gruesos subsidios directos, sin acompañamiento, sin asistencia técnica y sin justicia ni seguridad, generó lo obvio: que la coca se duplicara y los ilegales aumentaran su poder territorial.

Tercero. Solo deberían ser viables las alianzas que apoyen las experiencias locales y hacen en serio una planeación de abajo hacia arriba (como se ha negociado en La Habana). Por el contrario, las señales de la semana pasada parecen indicar que en el MinAgricultura están más inclinados a implementar programas avalados solo a nivel central. El modelo de una receta única resulta inflexible a las condiciones de cada territorio y por ende generan entre las autoridades locales y las comunidades escepticismo al inicio y frustración después.

Cuarto. Apostarle a las instituciones territoriales es una condición necesaria para cualquier alianza productiva. El Ministro Irragori y su equipo deben acompañar su estrategia con un profundo trabajo político y de liderazgo para la paz, para lograr que las secretarías de agricultura municipales dejen de ser cuotas políticas o las cenicientas presupuestales de las alcaldías, que las UMATAS salgan de su actual condición catatónica, y que el Incoder -o la institución que la sustituya - cambie su sentido de priorización geográfica en su labor, para estar en función de los territorios más lejanos y no de los más cercanos y prósperos.

Por último, lo más importante de la estrategia de las alianzas es que provenga del Ministerio de Agricultura y que esto contribuye a cambiar la triste huella de los dos Gobiernos de Uribe, en donde el MinAgricultura veía la coca de lejos, el desarrollo alternativo con recelos y el rol de desarrollo en zonas de coca nunca lo asumió, entregándole esta competencia al Ministerio de Defensa y los programas sociales de la Presidencia.

Esto ha ido cambiando pero aún persisten problemas. Las ruedas de negocios que organizó el Ejercito en Putumayo el mes pasado no deben repetirse, son costosas, de poco impacto y estigmatizan a los productores locales que en ellas participan. Si no reconocemos y orientamos las competencias de cada una de las carteras, jamás habrá coordinación, los militares haciendo desarrollo agrícola es un exabrupto tan grande como que los directores departamentales del ICA sean responsables de organizar consejos de seguridad. Zapatero a tus zapatos e inclusión primero que rentabilidad.

Este artículo es una versión ampliada de la columna publicada en El Espectador el 11 de marzo de 2016.