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El llamado de la FIP, a través de la Guía práctica para responder a la problemática de drogas a nivel local, busca asesorar a los alcaldes del país justo en medio de las discusiones sobre los Planes de Desarrollo Municipales, a través de los cuales se destinan recursos y se establecen objetivos para los próximos cuatro años.

Para la FIP, los impactos sociales y en la salud de las drogas ilegales son importantes fuentes de preocupación para los ciudadanos, que ven cómo en sus municipios y ciudades los mercados locales de sustancias psicoactivas han ido creciendo, asociados al crimen y la violencia.

La evidencia disponible señala que el uso de drogas en Colombia ha aumentado en los últimos años y el contacto inicial con las sustancias psicoactivas se da en edades más tempranas. De acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, de 2008 a 2013 se dio un aumento de los consumidores que pasó del 8,8 por ciento al 12,2 por ciento. Sin embargo, las medidas represivas para responder a este reto han resultado inefectivas.

La guía ofrece información clave para incluir la problemática de drogas en los planes de desarrollo, a partir de una perspectiva integral y transversal

Según el Reporte de Drogas de Colombia 2015, elaborado por el Ministerio de Justicia, las capturas y las condenas por delitos relacionados con drogas han venido en aumento. Mientras que en 2011, 73.363 personas fueron capturas en 2014 esta cifra llegó a 84.399. En cuanto a las condenas se pasó en el mismo periodo de 14.971 a 16.347. A pesar de estos esfuerzos el acceso a las sustancias y su uso también han ido al alza. Para María Victoria Llorente, directora de la FIP, quien fue parte de la Comisión Asesora de Política de Drogas, “las medidas de carácter punitivo no han tenido impacto ni en la disponibilidad de las drogas, ni en su precio”.

Esta Guía fue posible gracias al apoyo de la Dirección de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia, y al de otras organizaciones y expertos.

En Colombia, el problema de las drogas ya no solo está relacionado con la producción de drogas para exportar a los principales polos de consumo, sino con la demanda interna y el incremento en el uso de sustancias. Para Llorente, uno de los interrogantes es si las administraciones locales están preparadas para asumir este desafío. “Uno de los problemas centrales a nivel local es que las políticas de seguridad, la prevención y las intervenciones en el ámbito de la salud no dialogan, por lo que las respuestas son fragmentadas y se inclinan a concentrar los recursos en las medidas represivas”, dice la directora de la FIP.

Para dar respuesta a esta situación, la FIP ha puesto a disposición de los alcaldes una Guía práctica para responder a la problemática de drogas a nivel local en la cual llama a los mandatarios locales a incluir respuestas al problema de las drogas en los planes de desarrollo municipal. La FIP recomienda diseñar e implementar intervenciones que respondan a las realidades de sus territorios, desde una perspectiva integral que no se limite a las respuestas policiales y que cuente con los recursos necesarios.

La guía se dirige a las autoridades y funcionarios locales, a los responsables de instrumentar las políticas de drogas y a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el proceso

Para Juan Carlos Garzón, experto en políticas de drogas y uno de los investigadores que participó en la elaboración de esta guía, “la evidencia internacional muestra que la primacía del enfoque punitivo, ha aumentado la vulnerabilidad de los usuarios, estigmatizándolos y alejándolos de los servicios de salud, poniéndolos en riesgo”. A propósito del reciente falló de la Corte Suprema sobre la dosis mínima, el Ministro de Justicia, Yesid Reyes, insistió en la necesidad de no criminalizar a las poblaciones más vulnerables y concentrar la represión del Estado en los eslabones más fuertes.

Para la FIP, la reducción de los impactos negativos de las drogas requiere del liderazgo de las administraciones locales, la articulación del gobierno central con los departamentos y municipios, la participación activa de la sociedad civil y el sector privado, así como la definición de objetivos e indicadores claros. Como señala Llorente, “aquí no hay formulas mágicas, ni un solo responsable. De lo que sí tenemos certeza es que políticas basadas en diagnósticos, que logran integrar el enfoque de salud pública, la educación, el desarrollo y la seguridad, con participación de los directamente afectados, arrojan mejores resultados”.

La Guía propuesta por la FIP señala una ruta para avanzar por este camino, ayudando a las administraciones locales a identificar responsables, acciones concretas y recursos. Para la Fundación, los alcaldes que están comenzando su periodo de gobierno tienen una valiosa oportunidad de hacerle frente a esta problemática. Su inclusión en los planes de desarrollo es clave para asegurar recursos y fortalecer las capacidades de los municipios.

Recomendamos leer: Guía para que los alcaldes piensen las drogas más allá de la visión de policía, publicada por Pacifista el 19 de abril de 2016