Esta columna de opinión fue publicada en La Silla Vacía, el 29 de febrero de 2016.

A pesar de los enormes esfuerzos que ha hecho el Estado, el mercado de la cocaína sigue activo. Ni la fumigación, ni la erradicación han logrado detener un negocio lucrativo que continúa siendo regulado por los actores armados. Campesinos mal pagos siguen asumiendo los costos de las estrategias represivas. En distintos lugares, las comunidades están resistiendo la intervención del Estado, exigiendo que el gobierno plantee alternativas. El modelo parece agotado e insistir en las mismas soluciones arrojará similares resultados. ¿Qué pasaría si el Estado en lugar de destruir cultivos, comprara la hoja de coca?

Esta idea fue planteada hace más de un año por el expresidente Cesar Gaviria, en un foro organizado por el Ministerio de Justicia. En esta ocasión, Gaviria afirmó: “Sería más eficaz que el Estado comprará esas cosechas y las quemará que ponerse en la tarea de hacer aspersión área y asumir costos para hacer erradicación”. Veinte años atrás, el presidente de Francia, Jaques Chirac también lanzó esta alternativa, en medio de los paros cocaleros. Además, en mesas de diálogo con el Gobierno Nacional, los mismos productores le han planteado al Ejecutivo esta opción. Hasta el expresidente Álvaro Uribe, en el 2005, en pleno auge de la estrategia militarista contra la coca, hizo una propuesta similar desde Villavicencio, pero esto nunca se concretó. Uribe propuso, incluso, ir más lejos y comprar a campesinos cocaína ya procesada a cambio de que no volvieran a participar en el negocio.

El Estado debería comprar tanta coca como para impactar la cadena del narcotráfico y tan poca, como para no generar incentivos perversos

Las preguntas

Si por un momento evitamos los análisis apasionados y tomamos en serio este planteamiento ¿cuáles serían las preguntas claves que deberían resolverse? Un examen detenido a esta pregunta muestra que el diablo está en los detalles, pero las oportunidades también. Hoy, parece un tema de ciencia ficción, teniendo en cuenta las experiencias fallidas del Estado con otros cultivos. Pero ante la falta de ideas o el riesgo de seguir haciendo lo mismo, bien vale la pena pensar en nuevas opciones. Proponemos, para empezar, considerar los siguientes asuntos:

¿Para qué?

Si esta estrategia se define con el objetivo de que Colombia sea un país sin coca, estará destinada al fracaso, pues seguiría respondiendo a la lógica de que reduciendo la oferta se elimina la demanda, cuando eso está totalmente desvirtuado. Además, comprar la coca no significa que otros no sigan dedicándose a estos cultivos. Pero si de otro lado, la estrategia se contempla en el marco de una intervención más amplia de desarrollo rural, con el propósito de generar confianza, construir ciudadanía en los territorios y empoderar a las comunidades, entre otros, entonces la estrategia podría tener éxito.

¿Dónde?

La información del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos da una buena idea de dónde está ubicada la coca, pero esta es una información inicial que debe ser validada y aterrizada en las regiones. Sin este insumo, la primera cuestión a resolver es dónde se debería aplicar esta intervención. Desde el punto territorial, es relevante tener en cuenta que cada región tiene su propia dinámica y que probablemente esta respuesta podría funcionar mejor en unas zonas que en otras. Habría que definir unos criterios de priorización para identificar los lugares en donde esta iniciativa tendría un mayor potencial de éxito.

¿Cuánta? ¿Se debería establecer un límite por familia? ¿Se comprará una cosecha o el pago se hará con base en el promedio de la producción anual?

La estrategia en principio debería apuntar a los pequeños cultivadores, es decir, aquellos que tienen menos de una hectárea, que son la mayoría. Es importante tener en cuenta que estas personas no procesan la coca sino que venden la hoja fresca a otros agentes. El Estado debería comprar tanta coca como para impactar la cadena del narcotráfico y tan poca, como para no generar incentivos perversos. Quedan aún los siguientes interrogantes: una vez se compra la hoja de coca, ¿qué se hace con la planta que sigue sembrada? ¿tendría que haber un compromiso de erradicación?

¿A qué precio?

El gobierno debería definir un precio que permita competir con lo que pagan los narcotraficantes, decidiendo si pagará por kilo de hoja fresca o por hectárea. La cuestión es que el margen de ganancias de las organizaciones criminales es tan amplio que podrían incrementar el precio fácilmente. Además, ante una demanda activa, los traficantes comprarían en otras zonas o trasladarían la producción. De otro lado, si aceptamos que los campesinos están mal pagos, el Gobierno debería hacer todo lo posible por no reproducir esta situación.

¿Qué hacemos con la coca?

Una opción es destruirla. Sin embargo, la experiencia en algunas regiones y lo que ha sucedido en países como Bolivia y Perú, muestran que un porcentaje de la producción podría tener usos lícitos (alimenticios, industriales, tradicionales y ancestrales). Si bien el consumo de la hoja de coca en Colombia es marginal y es muy difícil pensar en que el mercado legal será suficiente para captar la producción nacional, no hay que descartar que en determinadas regiones – especialmente donde hay usos tradicionales– la coca no sea destruida, sino transformada o consumida en productos lícitos.

¿Por cuánto tiempo?

Definir el plazo de esta medida es clave para no generar incentivos perversos que lleven a la población a sembrar más coca para acceder a este canal de comercialización. Tampoco puede hacerse una única jornada en un municipio para comprar la producción local. Para definir este punto es determinante tener muy claros los objetivos de la medida y cómo se articula con la oferta de bienes y servicios de todos los sectores.

¿Y si aparecen nuevos cultivos qué?

Una medida como comprar la coca a los cultivadores implica un trabajo de planeación y ejecución participativo y transparente, lo cual exige total compromiso por parte de las comunidades, sus líderes y gobernantes locales. El no cumplimiento de los compromisos debe llevar a la aplicación de la ley con toda la contundencia del caso, lo cual requiere que las instituciones deben tener la capacidad tanto para cumplir con lo acordado con las comunidades como para velar por el cumplimiento de los acuerdos.

¿Por qué comprar coca y no otros cultivos?

Seguramente otros cultivadores y los opositores a la medida harán esta pregunta. La respuesta pasa por la construcción de paz y de equidad en un país con un profundo desbalance entre el desarrollo rural y el urbano y con un índice de necesidades básicas insatisfechas con una clara brecha entre el campo y la ciudad. Pero lo cierto es que los cocaleros están en ese grupo que está al fondo del fondo, pues no sólo tienen los otros problemas del campo sino aquellos asociados a ejercer una actividad ilegal y a las presiones de los grupos armados vinculados al negocio de las drogas.

¿Legalmente se puede hacer?

Lo primero que habría que decir es que las convenciones de Viena, que son el marco internacional, consideran que la hoja de coca es un estupefaciente. De otro lado, el Código Penal colombiano establece que “el que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia…” , incurrirá en prisión y multa. Este es un primer asunto por superar. También es un delito comprar y vender sustancias estupefacientes, así como destinar un bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene, transporte, venda o use sustancias psicoactivas, dentro de las cuales, según la legislación colombiana, se encuentra la hoja de coca. Cabe mencionar que para el caso de las comunidades indígenas habría un tratamiento especial pues en Colombia se debe garantizar su derecho al uso y consumo ancestral de la planta.

Estas son algunas preguntas iniciales que surgen al analizar esta alternativa. Hay que valorar incluso si “comprar” es la mejor opción. En el pasado se ha ensayado con subsidios ligados al compromiso de erradicación. Una de las principales trabas, desde el punto de vista de los productores, es la condición de destruir los cultivos, reclamando la sustitución gradual –una línea roja que consistentemente ha rechazado el Estado-.

La convergencia entre el discurso internacional, el proceso de paz y la necesidad de un viraje de la política de drogas actual, requiere abrir el debate sobre la coca. Este es el tema más urgente para el país, sobre el cual hay que pensar alternativas y valorar opciones. No faltará el que diga que esta opción beneficiará a las FARC, que tanto sacrificio y muertos para terminar comprando las matas o que con un poquito más de desarrollo alternativo arreglaremos el problema. De esto se trata, de sacar a la luz las dudas y las críticas, y bajo argumentos razonables, abrir la discusión a estas preguntas, en lugar de creer que nos las sabemos todas y que ya tenemos las respuestas.

La convergencia entre el discurso internacional, el proceso de paz y la necesidad de un viraje de la política de drogas actual, requiere abrir el debate sobre la coca.