“¿Nos hicieron conejo?”
Justo cuando el Congreso debatía una reforma a la Ley de orden público, que revive las facultades presidenciales para autorizar las zonas de concentración, un grupo de guerrilleros encabezado por Iván Márquez, Joaquín Gómez y Jesús Santrich hizo un acto de proselitismo armado en Conejo, un corregimiento del municipio de Fonseca, en La Guajira.
Según los testimonios de los asistentes (entre ellos el alcalde de Fonseca, Misael Velásquez), las FARC protagonizaron un evento masivo donde tuvieron contacto con algo más de 150 hombres y mujeres de sus filas y 300 pobladores. Aproximadamente 20 buses llegaron desde distintos puntos de la región y varios miembros de la guerrilla se desplazaron a la región la noche anterior en camionetas con placas venezolanas. Ante el despliegue de las FARC, la fuerza pública no hizo ningún tipo de presencia en el corregimiento.
Este suceso agitó el debate sobre las zonas desmilitarizadas y sobre la confianza que se puede tener en la palabra de la guerrilla. El incidente también provocó una crisis en el proceso de paz. Pero no es bueno caer en simplificaciones nacidas de la polarización política.
La Ley de orden público
Las prórrogas y modificaciones de la Ley de orden público han sido tema de debate recurrente. En 2014, cuando se tramitaba su extensión, la senadora Claudia López alegó que esta decisión beneficiaría a algunos parapolíticos y abriría la puerta a la impunidad en el caso del ex-comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo.
Hay que recordar que esta Ley regula parte de las facultades que tiene el Presidente para adelantar procesos de paz. La reforma que ahora se plantea busca restablecer algunas atribuciones que habían sido retiradas en 2010 y añadir otras que a juicio del gobierno son fundamentales para el proceso actual con las FARC, particularmente lo que se refiere a crear zonas para el proceso de dejación de armas.
La reforma restituiría al Presidente la posibilidad de dar mandatos especiales de localización a la fuerza pública y suspender órdenes de captura, además de establecer mecanismos de verificación. Estas facultades, que hasta hace pocos días eran tan solo un asunto jurídico, a raíz del suceso de Conejo parecen hoy abrir la posibilidad de un nuevo Caguán, porque las imágenes que vimos recordaron los tiempos de Marulanda y su toalla, paseándose por las calles, rodeado de la tropa guerrillera.
Sin embargo, las zonas de concentración para dejar las armas son un requisito básico para el éxito del proceso de paz. El papel de la fuerza pública en ellas, la interacción con la ciudadanía y la preparación para el tránsito hacia la política serán temas fundamentales de discusión durante los meses que vienen.
Un proceso exitoso necesita buenos mecanismos de verificación, definir cuidadosamente cómo será la interacción con la ciudadanía y, sobre todo, integrar a los pobladores de los territorios al diseño y funcionamiento de las zonas de ubicación o concentración.
Hay que recordar que esta Ley de orden público regula parte de las facultades que tiene el Presidente para adelantar procesos de paz
La línea roja
Una vez conocida la reunión en Conejo, el Gobierno respondió con indignación. La delegación de paz, encabezada por Humberto de la Calle, expidió un comunicado donde denuncia la violación de las reglas de juego y suspende las visitas de los jefes de las FARC al territorio nacional.
Independientemente del acierto o desacierto de la respuesta del Gobierno, está fuera de duda que la guerrilla cruzó la línea roja al hacer política con armas, pues los comandantes aprovecharon la oportunidad no solo para conversar con la población civil y exponer sus puntos de vista, sino para promover su proyecto de asamblea constituyente.
El acto fue una inocultable provocación al Estado y una bofetada a la escéptica sociedad colombiana, a la que le ha costado mucho concebir la posibilidad de que la guerrilla haga política sin armas.
El episodio muestra la miopía política de las FARC, esta vez con un gesto que atenta contra la legitimidad del proceso justo en medio de las intensas tensiones políticas alrededor de los diálogos de La Habana. Al mostrarse como un grupo que no cumple lo que promete, las FARC cometen una gran equivocación, sobre todo tan cerca de un eventual plebiscito por la paz.
El acto en Conejo fue una inocultable provocación al Estado y una bofetada a la escéptica sociedad colombiana
Pedagogía y política
Pero pese a esa gran equivocación, los colombianos no podemos olvidar que una paz exitosa implica que la “guerrillerada” comprenda el contenido de las negociaciones y se convenza de dejar las armas.
De hecho, uno de los grandes temores que circulan consiste en que las FARC no se desmovilicen plenamente debido a la falta de cohesión, a desconocimiento o desinformación, o a que sus cuadros tengan vínculos con economías criminales. También se ha dudado mucho sobre la capacidad de interlocución entre la dirigencia aislada en La Habana y la tropa enclavada en las montañas de Colombia.
Desde este punto de vista, la actividad pedagógica en Conejo (inicialmente autorizada por el Gobierno) no solo es sensata sino necesaria. De hecho, el propio jefe negociador explicó que ya habían tenido lugar cinco encuentros similares. Por eso, también tuvieron algo de razón las FARC cuando en su comunicado afirmaron que “tras el manido argumento del proselitismo armado, se pretende imponer el aislamiento de nuestra delegación y la prohibición de interactuar con los distintos sectores de la sociedad interesados en conocer los desarrollos del proceso”.
En otras palabras, a pesar de la enérgica reacción del Gobierno y de la sociedad, sigue siendo fundamental que haya canales para que la tropa guerrillera conozca el contenido de los acuerdos de paz y se propicie un estado de ánimo favorable para la desmovilización.
Además, en este caso, la diferencia entre pedagogía y política es sutil y borrosa, mucho más tratándose de las FARC. Los manuales guerrilleros, su estrategia de comunicación y sus mecanismos de movilización están basados en una agresiva propaganda ideológica, que se asume como fundamental tanto en el trabajo de masas como en la disciplina de sus tropas.
Hay evidencia recogida por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) según la cual las FARC vienen haciendo este trabajo de sensibilización sobre la pertinencia del acuerdo a través de sus redes no armadas desde hace por lo menos un año. Esas prácticas, que han sido entendidas como un síntoma de la voluntad de paz de la guerrilla, no significan ahora que las FARC quieran estropear el proceso. Como dijo María Victoria Llorente: en su tránsito hacia la política, las FARC evitarán sentir que van a saltar al vacío.
La paz es territorial
Al examinar esta situación se ha olvidado que en el centro de la escena no están solo la aprobación del Gobierno y la conducta de la guerrilla, sino las comunidades y sus organizaciones, que no deben ser vistas como testigos mudos.
En las declaraciones de líderes indígenas y campesinos ha quedado claro que varias de las organizaciones allí presentes pidieron participar en el acto. También es claro que fue el señor Álvaro García Bonilla, en representación del movimiento de artistas y académicos por la paz, quien solicitó el permiso para hacer lo que inicialmente sería el “Encuentro Popular Caribe: la paz como eje de desarrollo territorial y cultural”.
De acuerdo con sus promotores, la iniciativa consistía en un evento de carácter cultural y ciudadano para discutir sobre paz en los territorios más afectados por la violencia. En las fotos que se conocen del encuentro se ve una tarima bien organizada donde sobresalen grandes carteles alusivos a Alfonso Cano. Este claro despliegue de demagogia puede ser leído como un triunfo de la guerrilla o una muestra de la enorme influencia que ejerce sobre las organizaciones sociales. Pero esa interpretación desconoce la iniciativa ciudadana y la realidad de los territorios.
Es evidente que la ciudadanía en las regiones quiere hablar con la guerrilla. Es más, lo necesita
Hay en Colombia innumerables organizaciones sociales que vienen promoviendo la paz negociada desde hace décadas y que, habiendo nacido en regiones dominadas por las FARC, se han opuesto a ese grupo armado con una valentía admirable.
En la FIP hemos documentado más de 100 organizaciones y experiencias de paz nacidas en zonas del conflicto (Catatumbo, Caquetá, Cauca, Nariño, Antioquia, Sarare, etc.). Muchas de ellas coinciden con la guerrilla en sus reclamos históricos y en su orientación ideológica, pero distan mucho de ser movimientos cooptados, manipulados o sometidos a la voluntad guerrillera. Y esa es una distinción importante que el país aún no quiere ver.
Es evidente que la ciudadanía en las regiones quiere hablar con la guerrilla. Es más, lo necesita. Han sido muchos años de atropellos y de dominación y existe la necesidad de abrir canales de diálogo con ese grupo, que hasta ahora ha sido un pequeño Estado en armas y ahora quiere ser una alternativa política.
Por eso es posible pensar que lo que se dio en Conejo no es solo una conjunción desafortunada entre errores de las FARC y negligencia del Gobierno, sino una expresión de la voluntad de la sociedad civil de las regiones, que, en un estadio tan avanzado del proceso de paz, ya no quiere ser una convidada de piedra.
Sin embargo es triste constatar que, como ha ocurrido muchas veces, todavía se cree que se pueden diseñar acciones políticas territoriales sin la participación de quienes realmente viven en las regiones. ¿Esa es la paz territorial a la que aspiramos?
En la paz, para ser consecuentes con los propósitos planteados, no podemos seguir suponiendo que las regiones son lugares vacíos donde la gente con armas puede más que los hombres, mujeres y niños que durante decenios han cargado los fardos de esta guerra cruenta.