Para la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la firma de la paz es una gran oportunidad para “repensar el estado de cosas” y reconectar la agenda de desarrollo de Colombia con la de la paz. Por eso, en su más reciente informe, La oportunidad de la paz, hace un detallado análisis sobre los asuntos cruciales a los que se enfrentará el país en el postconflicto y propone una agenda de transformación.
"Durante años se aplicó la tesis de que la paz (o la pacificación) sería el resultado del desarrollo generado por la inversión, el cual estaba estrechamente relacionado con la garantía de condiciones de seguridad. Hoy sabemos que necesitamos conectar la agenda de la paz con muchas más agendas: la del buen gobierno, la de la lucha contra la corrupción, la de la eficiencia en el gasto público, la de la inequidad, la de la productividad, la de la seguridad ciudadana, la de la justicia y la de la educación”, dice el informe.
Para la FIP, las economías criminales, el reacomodamiento de los grupos insurgentes, las bandas criminales, la corrupción, la mala relación que ha tenido el centro con las regiones y los poderes locales, son algunos de los riesgos de cara al postacuerdo. Los temas de gobernanza y legitimidad, de cultura de paz, así como ajustes en el sector seguridad para que pase de tener un enfoque militar a uno de seguridad ciudadana, también serán desafíos cruciales en esta etapa. “Todos estos asuntos marcan un itinerario de transformaciones de tipo estructural que implican ajustes a nivel normativo, de comportamientos y de valores”, afirma María Victoria Llorente, directora de la FIP.
El informe le dedica un capítulo especial a los empresarios, a quienes hace un llamado para que asuman un rol activo de liderazgo en la construcción de la paz. “Es deseable incrementar el número de iniciativas empresariales para la paz. También vale la pena revisar las líneas de trabajo que hasta el momento se han desarrollado, pues es posible que no le estén apuntando a la esencia de la construcción de paz, es decir, a las transformaciones y cierre de brechas territoriales que rompan con los ciclos de violencia”, dice el documento.
El riesgo de las economías criminales, los poderes locales y la corrupción
Hace 15 años, Colombia era un país cuya estabilidad institucional estaba amenazada por guerrillas y paramilitares. Desde entonces se ha dado un proceso de cambio que hoy muestra un panorama diferente, en especial, por el robustecimiento y la modernización de los mecanismos de defensa y seguridad. Las cifras de violencia cayeron, vinieron grandes logros en el campo militar y el país fue testigo de la desmovilización de los grupos paramilitares. Pero al mismo tiempo se empezó a ver cómo mutaban o nacían otras expresiones de ilegalidad como las bandas criminales, una amenaza que continuará así se firme la paz con las FARC.
Para la FIP es preocupante el reacomodamiento y reactivación militar de los grupos insurgentes en algunas zonas del país, así como el crimen organizado “que se perfila como potencial saboteador de un escenario postacuerdo”, dice el informe.
Estos grupos han sellado alianzas con facciones guerrilleras y redes transnacionales, así como diversificado sus fuentes de financiación con la minería ilegal, la explotación ilegal de madera, la trata y el tráfico de personas y el contrabando en las zonas de frontera. Sus acciones criminales se centran en extorsiones, homicidios selectivos y amenazas.
El crimen organizado se perfila como potencial saboteador de un escenario postacuerdo
Para la FIP, los acuerdos de La Habana no se pueden traducir en mayor inseguridad. “Será en aquellos territorios priorizados para su implementación, en los que el Estado enfrentará competidores y saboteadores como las bandas criminales y disidencias de las FARC, ELN y EPL”, advierte.
A lo anterior se suma los conflictos que traerán la forma de hacer política en el país y la corrupción. “La posibilidad de que la paz se convierta en otro botín para poderes locales, “empresarios criminales” y las diversas formas de corrupción de la administración pública, es latente y podría llegar a ser el mayor obstáculo para imaginar un país en tránsito hacia la paz”, dicen los investigadores.
Las transformaciones claves
La FIP prioriza tres aspectos claves de transformación para la construcción de paz que se centran en la necesidad de reconstruir la relación que existe entre el Estado y los colombianos. El primero es el tema de la gobernanza y la legitimidad “donde la confianza es vital”. El segundo tiene que ver los retos del sector seguridad y su relación con la justicia, donde se resalta la importancia de que los ciudadanos estén en el centro. Y, por último está la cultura de paz.
“Los asuntos de la relación centro–periferia, de la participación ciudadana, del desequilibrio institucional y de la descentralización, entre otros, subrayan que los vínculos y la relación entre los colombianos y el Estado están fracturados en muchos niveles y que con esa fractura vigente, será muy difícil construir la paz”, advierte la Fundación.
Sobre la “viciada” relación entre el centro y las regiones, el informe señala que el nivel nacional le achaca a los territorios prácticas corruptas, falta de competencias, clientelismo y desatención de las prioridades. Mientras tanto, en los territorios crece el “resentimiento” frente a un Estado que “impone sus lineamientos por encima de las consideraciones necesarias para el desarrollo local”. De ahí que la FIP insista en que hay que apostarle a generar y fortalecer las capacidades locales, lo que implica acompañamiento permanente, delegación paulatina de competencias y funciones, entrega de recursos, seguimiento en la autonomía y respeto al criterio territorial, entre otros.
La FIP insiste en que la capacidad para cumplirle a la gente en los territorios será otro de los grandes desafíos del postconflicto
El informe de la FIP también hace énfasis en la participación activa de los ciudadanos, un tema protagonista en los acuerdos parciales entre el gobierno y las FARC. Sin embargo, advierte sobre la necesidad de tomar precauciones. “Se corre el riesgo de duplicar instancias de participación que ya existen y de debilitar procesos de interlocución que se vienen gestando hace varios años en los territorios. Lo ideal sería acordar un mecanismo mixto de participación que sea fuerte y plural, que parta de lo que ya hay y que tenga varias funciones”, propone la FIP e insiste en que la capacidad para cumplirle a la gente en los territorios será otro de los grandes desafíos del postconflicto.
Seguridad y justicia para la paz
Para la FIP es crucial que el sector seguridad tenga ajustes de cara a lo que vendrá con la firma de la paz, en especial, que la seguridad ciudadana, que hasta el momento ha estado en un segundo plano, tome mayor relevancia. “En un escenario de paz, la Policía Nacional deberá salir del ministerio de Defensa para ser reubicada en un ámbito institucional que le permita desarrollar plenamente su naturaleza civil y sus funciones de preservación de la seguridad ciudadana y de trabajo armónico con las autoridades administrativas y los operadores de justicia”.
Sobre cómo enfrentar al crimen, que hasta ahora se ha centrado en golpear las cabezas de las organizaciones criminales, la FIP afirma que en lugar de desarticularlas, estas estructuras se han transformado y fragmentado. Por eso, respalda la propuesta de profundizar en una estrategia de judicialización frente al crimen organizado que permita hacer investigaciones integrales de sus estructuras, del conjunto de delitos que cometen y de su universo patrimonial.
Para la FIP es importante que el Estado decida si la meta en la etapa de estabilización debe ser la desarticulación de las economías criminales, o si el objetivo “posible y deseable” en lo inmediato, es reducir sus impactos negativos, priorizando la reducción de la violencia y el crimen.
La transformación cultural
La FIP también se pregunta qué pueden hacer los colombianos del común para ser constructores de paz y propone algunos desafíos de tipo cultural que hablan de la necesidad de construir patrones de convivencia que impidan la reproducción de la violencia. Desde la perspectiva de la Fundación, una paz sostenible no será posible sin un cambio de imaginarios, de relatos y narrativas. Entre las prioridades está atender la estigmatización territorial que se ha generado por causa del conflicto armado y modificar la cultura del incumplimiento de normas para poder combatir la corrupción, un problema central en el postconflicto.
El llamado al sector empresarial
La FIP mantiene la convicción de que los empresarios pueden ser un motor de cambio de cara al fin del conflicto armado, de ahí que les haga un llamado para que asuman un rol activo. Para ello propone seis “dimensiones de intervención” que le apuntan al fortalecimiento de las instituciones propias de la democracia, a la gestión responsable y al desarrollo de iniciativas de inclusión económica, social y política.
La primera busca el fortalecimiento de capacidades locales y se centra en el potencial que tienen las empresas de incidir sobre sus grupos de interés y sus entornos de operación. La segunda tiene que ver con la capacidad de las empresas para contribuir a la transparencia y contrarrestar prácticas ligadas a la corrupción. Esto incluye todas aquellas iniciativas con las cuales las empresas sancionan y desestimulan esas prácticas.
La tercera hace referencia a la ampliación de la democracia y la ciudadanía a través de la participación. “El rol más importante del sector empresarial es aportar al diálogo político favoreciendo la creación y el fortalecimiento de espacios de participación”, dice el informe. La cuarta se centra en emprendimientos para la paz, algo que tiene relación con la inclusión económica. “Implica crear condiciones dignas y sostenibles para sus habitantes, más allá de las economías ilegales y a pesar de la fragilidad de las legales”.
La quinta línea de trabajo se centra en asegurar que las actividades empresariales no generen impactos en el goce de derechos de sus grupos de interés y si esto ocurre, que existan canales oportunos de respuesta y remedio. La sexta y última línea es reconciliación y nuevas narrativas con la que se busca que el empresariado apoye iniciativas encaminadas a la verdad y la no repetición, así como ejercicios de memoria histórica que permitan un “diálogo de improbables”.
Finalmente, la FIP hace énfasis en que trabajar en esta agenda empresarial para la paz no es solo un asunto de dinero. Se trata, dice Llorente, de una apuesta del sector privado frente a lo público y el desarrollo de iniciativas que le apunten a transformar realidades profundamente imbricadas con el conflicto y la violencia. “Esto requiere liderazgo y capacidad de innovación, dos características inherentes del sector empresarial”, concluye la directora.