La alcaldía de Bogotá se estrena en materia de seguridad con la implementación de su estrategia para intervenir 750 zonas calientes. Previamente había realizado una intervención en el barrio San Bernardo, en el centro de la ciudad, que permitió identificar bandas asociadas al microtráfico y establecer cómo operan, cuáles son sus zonas de influencia y expansión. También se capturaron policías vinculados a las bandas de microtráfico de este sector, quienes además de lucrarse, permitían otros delitos dejando a la ciudadanía en manos de la delincuencia.
Frente a estas capturas surge la pregunta sobre la estrategia que tiene la Alcaldía para lograr que el impacto inmediato de estas intervenciones se sostenga en el tiempo. En especial, llama la atención las intervenciones que se harán en los puntos donde hay presencia de narcomenudeo y ollas de vicio, que son las áreas más complejas de la ciudad porque allí también se concentran otros delitos, hay debilidad institucional y corrupción de las autoridades locales.
De ahí que valga la pena aclarar cuál es el objetivo de estas intervenciones para que la expectativa ciudadana sea realista. Existen tres posibles resultados que pueden darse de manera individual o en conjunto: 1) Realizar capturas, 2) reducir el microtráfico en la ciudad, y 3) recuperar un espacio ocupado por la delincuencia y mejorar la calidad de vida y la seguridad de quienes allí viven o transitan.
Si se trata de realizar capturas, las intervenciones anunciadas cumplen con el objetivo de manera inmediata. Si la idea es reducir el microtráfico, tal vez sean insuficientes, pues como se ha demostrado, estas acciones transforman o desplazan el fenómeno, pero no lo reducen. Y si se trata de recuperar un espacio ocupado por la delincuencia y mejorar la calidad de vida y la seguridad, ahí sí hay mucho por hacer.
Para comprender mejor el efecto de estas intervenciones, revisamos algunas experiencias que se han dado en el pasado y a las que la FIP le ha hecho seguimiento. También hacemos recomendaciones de política pública para potenciar este tipo de medidas.
Las lecciones aprendidas
En 2013 se realizó una intervención en el sitio conocido como El Bronx, el cual, cabe recordar, se fortaleció después de acabar con El Cartucho ubicado a pocas cuadras. En esta intervención participaron la Alcaldía de Bogotá y la Policía Nacional. Sin embargo, la articulación fue débil y no se abordó la complejidad de la zona. Tampoco contó con una acción sostenida de las distintas instituciones distritales que permitiera transformaciones de fondo y la recuperación de la zona.
Si la intención era reducir el microtráfico, no se logró. Como se muestra en los mapas, la problemática lejos de controlarse, se atomizó por la ciudad. La incautación se redujo un 30% comparando los tres meses previos a la intervención y los tres meses siguientes, tal como lo advirtió la FIP en su momento (Ver: Las ‘ollas’, un asunto a largo plazo y Ollas: la Policía intervino pero persiste el problema).
Esta intervención produjo dos efectos durante los meses siguientes a su ejecución: la dispersión o atomización del microtráfico y su desplazamiento.
La dispersión se da igual que la metástasis cuando se interviene un punto crítico de microtráfico solo con recursos policiales o judiciales. También se da el desplazamiento, en el cual el foco delictivo se mueve de una zona a otra. Así ocurrió con la intervención en la olla del barrio Amparo, en Kennedy, cuya problemática se desplazó a la olla del barrio María Paz. En una escala mayor fue lo mismo que ocurrió entre El Cartucho y El Bronx. Este efecto puede ser temporal y dura mientras permanece la intervención.
Aun así y pese a la dispersión y el desplazamiento, en estos casos también se desaprovechó la oportunidad de atacar y controlar los focos de delincuencia que se formaron, los cuales representaban nuevos retos y costos para los delincuentes al operar en zonas nuevas, en un entorno diferente, con otras autoridades y con otra comunidad.
Todos los puntos críticos son diferentes, por ello las soluciones homogéneas concentradas únicamente en patrullaje y algunas mejoras del entorno, aunque generen resultados inmediatos, no siempre permiten, a largo plazo, afrontar la complejidad del problema.
Cada punto crítico es diferente
Intervenir puntos críticos va más allá de la presencia policial. Requiere de un conocimiento profundo de las condiciones en que se da el crimen, de la relación entre delitos, sus víctimas y victimarios, de las características del espacio público y la comunidad, del capital social, de la actividad económica, de la presencia institucional, de organizaciones criminales y de la complicidad de las autoridades, así como de las economías ilegales, entre otras, que permitan identificar aquello que facilita el arraigo de actividades criminales, así como las fortalezas tanto de la comunidad como del entorno para poder erradicarlas.
Todos los puntos críticos son diferentes. Por ello las soluciones homogéneas concentradas únicamente en patrullaje y algunas mejoras del entorno, aunque generen resultados inmediatos, no siempre permiten, a largo plazo, afrontar la complejidad del problema.
Este es el caso de los puntos críticos con presencia de microtráfico. Tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, hay que controlar este fenómeno con un enfoque de intervención social, de control de territorios y mediante la prevención y atención del consumo problemático de drogas desde la perspectiva de salud. Por ello y por la limitada eficacia de intervenciones exclusivamente policiales y judiciales para mejorar la seguridad asociada al microtráfico, es necesario incorporar un enfoque más amplio y holístico capaz de atender la diversidad de factores asociados a este tipo de entornos.
A problemas complejos, soluciones articuladas y diferenciadas
Los puntos críticos con presencia de microtráfico son los más complejos. Estos se caracterizan porque en un mismo espacio persisten diversas actividades delictivas (hurto a personas, a motos y vehículos, venta de estupefacientes, homicidios, lesiones, entre otros), asociadas a economías ilegales, condiciones deficientes de espacio público, problemas sociales, debilidad institucional y a la presencia de grupos de crimen organizado de distinta capacidad, en complicidad o con la indiferencia de la Policía y otras autoridades.
En las zonas donde la Policía incauta sustancias psicoactivas también se concentra el homicidio. En el caso de Bogotá, entre enero de 2014 y junio de 2015, el 55% de los homicidios ocurrieron en zonas de alta concentración de incautaciones (color verde en el mapa). Cuando se analiza, por ejemplo, qué variables incidieron en la concentración del homicidio en Bogotá durante el 2014, se concluye que existe una relación geográfica significativa entre las zonas donde se concentró este delito y las incautaciones de bazuco, cocaína y marihuana, las lesiones personales y el hurto a personas. Estas seis problemáticas coexisten en el mismo espacio y requieren tratamientos diferentes.
Recuperar un punto crítico con presencia de microtráfico para el goce de la ciudadanía, es un reto mayor. Las capturas, aunque positivas, pueden, al final, generar un impacto menor. Es aquí donde se abren las oportunidades para que la Alcaldía recupere este tipo de zonas y genere condiciones de seguridad ciudadana. Las características particulares de cada punto crítico son las que deben determinar los componentes de la intervención (social o de entorno), su profundidad, su duración, así como el tipo de intervención policial y judicial.
En los puntos críticos con presencia de microtráfico se debería considerar la posibilidad de acompañar la intervención de la Policía con estrategias de protección a menores, prevención al consumo, educación, derechos humanos, tratamientos a adictos y trabajo preventivo con padres y colegios según sea el caso, así como fortalecer o focalizar programas que ya existan. De igual manera se requiere mejorar el espacio público (iluminación, basuras, andenes, regulación de vendedores ambulantes, atención de habitantes de calle) y determinar el rol y las capacidades policiales necesarias para darle sostenibilidad a las intervenciones y mitigar el riesgo de que el microtráfico se desplace.
La Escuela de Postgrados de la Policía Nacional (ESPOL) y la FIP realizamos en diciembre de 2015 una caracterización del microtráfico en los 47 CAI más críticos de Bogotá, y encontramos que el 49% de las personas vinculadas a este negocio son niños, niñas y adolescentes. Esto indica que cualquier tipo de estrategia que se realice para combatir la problemática, debería involucrar a las entidades responsables de garantizar la protección y los derechos de los menores de edad.
Tal como lo identificó la FIP en 2015 –con la Alcaldía de Medellín–, existen puntos críticos con problemas que requieren la intervención sostenidas de mediano y largo plazo de más de 10 entidades del nivel local y nacional.
Las intervenciones en puntos críticos con presencia de expendios de droga son más efectivas si además de las capturas y la continuación de la investigación judicial a lo largo de la cadena criminal, se inicia un proceso agresivo de recuperación del espacio, de fortalecimiento y protección de la comunidad en materia de salud, educación y capital social, y se involucran sectores que respondan a las vulnerabilidades sociales y del entorno, las cuales permitan atender estos espacios con un enfoque interdisciplinario.
Intervenir un punto crítico requiere una estrategia basada en diagnósticos, caracterizaciones delictivas, sociales, del entorno y económicas, de la participación de muchos actores institucionales y de la sociedad, persistencia en el tiempo y el manejo de diversos enfoques: salud, educación, prevención al consumo, protección de menores, tratamiento al adicto.
Puntos claves para una intervención
La FIP en su trabajo con la Policía y el Ministerio de Justicia ha identificado algunas claves para la intervención de los puntos críticos con presencia de microtráfico:
Identificación y validación conjunta (Alcaldía-Policía) de la problemática de manera que se generen sinergias, se intercambie conocimiento y se incorporen diversas visiones.
Diagnósticos profundos y multidimensionales del área en la que se concentra el delito, que permitan diseñar estrategias con enfoque holístico.
Priorización de las intervenciones de acuerdo con las capacidades policiales y de todas las demás instituciones.
Efectiva articulación de las entidades municipales, que aunque no tienen una responsabilidad directa en seguridad, su acción u omisión en determinadas zonas generan condiciones propicias para que el punto crítico se consolide. Esta articulación debe facilitar intervenciones coordinadas y simultaneas que eviten que las problemáticas se desplacen en el territorio y en el tiempo o cambie la modalidad de operación criminal.
Establecer metas y responsabilidades comunes para todos los responsables institucionales de la intervención.
Presencia de Policía y de la Alcaldía antes, durante y después de las intervenciones y en permanente coordinación con la comunidad.
Personal policial confiable, sujeto a supervisión por parte de instancias de inspección y disciplinarias.
Recomendaciones de política pública
El reto de mover a las instituciones en torno a los problemas de inseguridad más complejos de una ciudad, requiere una política pública coherente que garantice que la atención de los puntos críticos aborde los problemas en sus múltiples dimensiones y no los agrave, los desplace o los transforme. Por ello se recomienda:
Asegurar un balance entre las acciones de seguridad y las acciones de tipo social como salud, educación, prevención y tratamiento, según el caso.
Alinear el componente de seguridad del Plan de Desarrollo, lo establecido en la Política Pública (si la hay) y el PISCC, de manera que las acciones que se decida implementar en los puntos críticos cuenten con el entorno político, organizacional y presupuestal requerido.
Asegurar la inclusión en el Plan de Desarrollo y el PISCC de los objetivos comunes de diversas entidades en materia de seguridad y en especial, para atender las zonas de mayor afectación delictiva.
Planear y monitorear las planes de trabajo para intervenir puntos críticos con enfoque territorial, de manera que se identifiquen, validen y se planeen las intervenciones de abajo hacia arriba. Por su parte, los Consejos de Seguridad, los Comités de Orden Público y las instancias locales de coordinación a nivel de comuna o localidad, deben ejercer su rol de direccionar la implementación y la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros así como su monitoreo y evaluación.