Esta columna de opinión se publicó en el portal Open Democracy el 3 de febrero del 2016

Para el segundo semestre de 2013 y cerca de cumplir un año de avanzado el proceso de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano, la Mesa de Negociaciones de La Habana estaba conformada por voces casi exclusivamente masculinas, contando para ese momento con una sola mujer entre sus negociadores –Judith Simanca Herrera, alias “Victoria Sandino”, quien entró a hacer parte de la Mesa de Negociación desde abril de 2013. Sin embargo, durante los siguiente dos años, el panorama se ha ido transformando notablemente.

Factores como las acciones realizadas por las mujeres para incrementar su influencia sobre las negociaciones de paz, la presencia de actores con influencia sobre la toma de decisiones en La Habana que asuman un papel de aliados de las mujeres y, la instalación de mecanismos formales para garantizar la participación de la sociedad civil, ubican al proceso de La Habana en un lugar “ejemplar” en cuanto a participación de mujeres en negociaciones de paz. De igual forma, en la apertura de espacios para su incidencia en la planeación del postconflicto y la construcción de paz.

Así las cosas, Colombia ha pasado a ser uno de los pocos casos, junto con países como Filipinas, Guatemala e Irlanda del Norte, en los que se ha logrado encontrar factores como los mencionados que han permitido alterar, un poco, la balanza de inequidad que se da en este tipo de espacios de toma de decisión.

La instalación de mecanismos formales para garantizar la participación de la sociedad civil, entre otros factores, ubican al proceso de negociación de La Habana en un lugar “ejemplar” en cuanto a participación de mujeres

La lucha de las organizaciones de mujeres y sus logros en La Habana

El primer acontecimiento que marcó la diferencia en el transcurso de las negociaciones de paz, fue la realización de la Cumbre de Mujeres y Paz en octubre de 2013. La Cumbre fue una iniciativa de diez organizaciones de mujeres del país que contó con el apoyo de ONU Mujeres. Buscaban, mediante este espacio, la confluencia de una gran multiplicidad de organizaciones de mujeres para presionar por una mayor presencia en las negociaciones de paz.

En la Cumbre participaron más de 500 mujeres de diferentes sectores sociales y al final se elaboró un documento que recoge las 810 propuestas que se presentaron en dicho espacio, el cual fue presentado a la Mesa de Negociación en 2015. Éste incluyó consideraciones generales incluyendo los principios básicos para la incorporación del enfoque de género en todos los puntos de los acuerdos de paz.

Los esfuerzos de las organizaciones de mujeres en el marco de la realización de la Cumbre y el apoyo de ONU Mujeres, atrajeron la atención de otros miembros de la comunidad internacional, quienes también empezaron a ejercer presión sobre el gobierno colombiano acerca de la importancia de incluir más mujeres en la mesa de negociaciones y en la verificación y ejecución de los acuerdos.

De esta manera, un mes después de la Cumbre, a finales de noviembre de 2013, se anunció el nombramiento de dos plenipotenciarias que entrarían a reemplazar a Luis Carlos Villegas (expresidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia) en la mesa de negociaciones en representación del gobierno. Por un lado, se nombró a Nigeria Rentería, Alta Consejera para la Mujer, y por otro lado, a María Paulina Riveros, para el momento Directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Por otra parte, entre noviembre de 2012 y septiembre de 2013, se instalaron los Foros y Mesas de Trabajo a nivel nacional y regional en el que las mujeres pudieron dejar por sentado sus propuestas sobre los temas del Acuerdo General, conocido como las consultas ciudadanas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Según información disponible sobre los eventos, la participación de mujeres en estos espacios formales fue de 4.276, lo que representa el 45% del total de participantes[1]. Los foros tuvieron representación de mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, jóvenes, raizales, LGBTI, mujeres víctimas del conflicto armado, empresarias, defensoras de derechos humanos, activistas de paz, sindicalistas, de partidos y movimientos políticos. Los resultados fueron sistematizados por la ONU y entregados a la Mesa de Conversaciones a través de los países garantes, Cuba y Noruega.

Los temas priorizados por las mujeres en los foros fueron verdad, reparación y justicia, así como desarrollo rural y medidas efectivas para promover una mayor participación política. Algunas de las propuestas consistieron en que, conocida la verdad, los actores legales e ilegales asuman la responsabilidad de los hechos victimizantes. También se resaltó la necesidad de crear comisiones de la verdad que deben contar con mujeres en el equipo y con subcomisiones especiales para tratar los asuntos de género. Y en cuanto al componente de reparación, se propuso crear programas de protección para las mujeres víctimas y lideresas en situación de riesgo, en los que se adopten medidas especiales de prevención, protección y garantías de no repetición, sobre todo en zonas de reintegración de combatientes.

En las consultas se destacan propuestas sobre cultura de paz: rechazo a la militarización, la guerra y la violencia contra la mujer. Todas son expresiones de culturas patriarcales en las que prevalecen patrones de discriminación.

Las propuestas enmarcadas en el punto de desarrollo agrario se centraron en las necesidades en educación, salud, vivienda e ingresos. Adicionalmente, se recomendó incluir un capítulo específico de Mujer Rural (articulado a la ley 731 de 2002) en la futura ley de tierras y desarrollo rural.

Sobre participación política, las exigencias están dirigidas a cerrar las brechas de género en la participación en los espacios de toma de decisión como los partidos, la administración pública y de participación ciudadana, así como a transformar las prácticas discriminatorias de los partidos y otras expresiones de participación política y ciudadana. En las consultas también se destacaron las propuestas sobre cultura de paz como el rechazo a la militarización, la guerra y la violencia contra la mujer, todas estas expresiones de culturas patriarcales en las que prevalecen patrones de discriminación.

Finalmente, en septiembre de 2014 se anunció la instalación de una Subcomisión de Género en La Habana, una instancia de carácter técnico encargada de revisar los acuerdos a la luz de recomendaciones presentadas por expertas/os en género. Está conformada por cinco representantes del gobierno y cinco de la guerrilla, en cabeza de María Paulina Riveros, por el gobierno, y Victoria Sandino, por la guerrilla. En el marco de la creación de la Subcomisión, viajaron a La Habana organizaciones nacionales y regionales de mujeres víctimas del conflicto, de empoderamiento y defensa de los derechos de las mujeres, de construcción de paz desde el arte, de excombatientes, de lucha por el reconocimiento de los derechos LGBTI, y de organizaciones indígenas, campesinas y negras (en representación de las organizaciones viajaron 16 mujeres y 2 hombres).

Los viajes tuvieron como objetivo darle un espacio a que cada representante para que presentara sus posiciones y reivindicaciones, principalmente ante la Subcomisión de Género y, en algunos casos, ante parte de los negociadores. De igual manera, los representantes hicieron entrega de una propuesta colectiva sobre los acuerdos que están siendo negociados.

En los ciclos de visitas de las delegaciones de víctimas también hubo una participación alta de mujeres: de las 60 personas que hicieron parte de las 5 delegaciones de víctimas, 36 eran mujeres, es decir el 60%. En el marco de este mecanismo, se logró plantear con fuerza el tema de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, uno de los asuntos de mayor interés para las organizaciones. Les preocupa la falta de reconocimiento de este delito por parte de los actores armados ilegales –si bien el Registro Único de Víctimas tiene documentados 1.724 hechos de violencia sexual ocurridos entre 1985 y 2012, en el caso de los paramilitares solo confesaron un total de 96 casos durante el proceso Justicia y Paz-.

Una de las expertas en género, que viajó a La Habana, planteó lo siguiente refiriéndose a las ventajas de la creación de la Subcomisión de Género: “(…) creo que realmente la subcomisión está logrando cosas; se ha ganado reconocimiento y legitimidad en la Mesa... Cuando uno lee los puntos acordados uno sabe que alguien alzo la mano a favor de la perspectiva de los derechos de las mujeres, no porque sean los más feministas, pero ahí hay la evidencia de un trabajo que ha hecho, fundamentalmente, la Subcomisión”.

No todo es “color de rosa”

A pesar de lo anterior, aún hay varios espacios paralelos a la mesa de negociación en los que se discuten temas fundamentales en términos de verdad, justicia transicional y planeación del postconflicto en los que la representación de las mujeres sigue siendo mínima. Algunos de esos espacios son: 1) el Consejo Nacional de Paz que solo cuenta con un cupo para organizaciones de mujeres; 2) la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en la que de los doce comisionados y los dos relatores convocados, sólo se convocó con una mujer; y, 3) de los especialistas nacionales e internacionales que han estado en La Habana asesorando a las delegaciones, ninguno ha sido una mujer, a excepción del tema de las víctimas del conflicto.

A lo anterior se suma que las organizaciones de mujeres tienen una visión pesimista de lo que se puede lograr en el marco de las negociaciones, en cuanto a sus reivindicaciones alrededor del tema de violencia sexual. Ese pesimismo tiene que ver con la dificultad para que los perpetradores acepten la responsabilidad, a la poca documentación e investigación sobre cómo se ha expresado la violencia sexual en el conflicto armado, y a las barreras que existen para interponer las denuncias, en parte por el estigma social que recae sobre la víctima y por la revictimización que sufren de quienes las atienden.

Como lo expresó una de las expertas en género que viajó a la Habana, la importancia de que los actores reconozcan su responsabilidad en hechos de violencia sexual es fundamental a nivel simbólico para el proceso de reparación y empoderamiento de las víctimas:

“Nosotras resaltamos mucho más el efecto de la justicia en las mujeres víctimas de violencia sexual porque resulta que de entrada, la mujer que es violada no considera que tiene derechos. Aún la gente más discriminada de este país tiene conciencia de que la guerra le ha violado fuertemente sus derechos, pero es que las mujeres parten de que no es un derecho suyo de que no las violen, no es un derecho suyo que no las maltraten, no es un derecho tener una vida libre de violencia. Piensan que es que él me pegó porque yo no le tenía la comida lista, es que el señor me violó porque tal cosa. En el único caso en el cual la víctima es la que se siente culpable y con vergüenza es la violencia sexual. Y si a la mujer se le llega a olvidar que ella es la culpable de lo que le pasó o lo empieza a superar, se lo recuerda la comunidad, la familia, la administración de justicia”.

Sin embargo, asociado a este tema, se puede interpretar como un logro parcial el hecho que la violencia sexual haya sido declarada como uno de los delitos sobre los que no habrá amnistía o indulto en la Jurisdicción Especial para la Paz, según el borrador conjunto del Acuerdo sobre Víctimas que se publicó en diciembre de 2015. Allí también se establece que la Unidad de Investigación y Acusación contará con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual y que se “atenderán las disposiciones especiales sobre práctica de pruebas en la materia incluidas en el Estatuto de Roma”.

Así las cosas, la experiencia que ha tenido Colombia en cuanto a inclusión de mujeres y una perspectiva de género en las negociaciones de La Habana, es al menos alentadora. Aún queda por verse si este ímpetu se mantiene durante el periodo de implementación de acuerdos y en los mecanismos que se establezcan para su diseño, o si nuevamente se debe presionar desde las organizaciones de mujeres para asegurar que su voz y su agenda sean tenidas en cuenta en la construcción de un país en paz.

[1] Información tomada de los balances generales elaborados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Desde diciembre de 2015, la FIP y Open Democracy empezaron a publicar una serie de análisis y perspectivas sobre el postconflicto en Colombia. Lea también: Perspectivas del postconflicto en Colombia, Adiós a las armas y Más allá del dinero.