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Plebiscito, propuesta del Gobierno para la refrendación

El 3 de noviembre, el presidente del partido de la U, Roy Barreras, anunció la intención del Gobierno de impulsar una reforma al mecanismo de participación del plebiscito para adecuarlo a la refrendación de los acuerdos de paz con las FARC. Efectivamente, dos días después, el Gobierno radicó un mensaje de urgencia al proyecto de ley, que había sido radicado en septiembre, para reglamentar esa figura participativa. El proyecto, cuya propuesta más sobresaliente contemplaba bajar el umbral de votos requerido para la aprobación a un 13 por ciento (4.4 millones de votos) y utilizar un umbral aprobatorio (mínimo de votos por el sí) en vez de uno participativo (mínimo de votos en general), desató una fuerte polémica entre los sectores políticos críticos del proceso de paz y del Gobierno.

El Centro Democrático lideró las críticas asegurando, bajo la vocería del expresidente Álvaro Uribe, que reducir el umbral y convertirlo en aprobatorio representa una “trampa” de carácter antidemocrático. Para el exmandatario, con dicha reforma la refrendación de los acuerdos de paz estaría en manos de menos del 10% de la población colombiana, eliminando la posibilidad de promover la abstención estratégica como posición política ante los acuerdos de paz. Así mismo, el CD criticó el hecho de que todo lo que se ha pactado en La Habana sea puesto a consideración de los colombianos a través de una sola pregunta con respuesta “sí” o “no”. En el mismo sentido se refirió el Procurador General, Alejandro Ordóñez, para quien: “un plebiscito con la reducción de esos umbrales deslegitima este instrumento de refrendación. Le presta un flaco servicio al proceso de paz y desplaza al ciudadano en un tema tan fundamental”.

A pesar de lo anterior, un mes después, el proyecto fue aprobado por las dos cámaras del Congreso y su texto fue conciliado, ratificando el umbral aprobatorio del 13%, así como la prohibición de la financiación estatal para las campañas por el ‘sí’ y por el ‘no’ en el marco del plebiscito. Igualmente, el documento aprobado contempla que el Gobierno estará obligado a acoger jurídicamente lo que se vote en las urnas, sin importar cuál de las dos opciones gane. Así mismo, quedó establecido que el plebiscito se convocará únicamente cuando las dos partes, el Gobierno y las FARC, estén de acuerdo en su uso.

Con la reglamentación del plebiscito aprobada y su texto en proceso de revisión constitucional, persistieron una serie de dudas sobre la iniciativa gubernamental, particularmente, al carácter unilateral de la misma. En ese sentido, fueron los miembros de la delegación de paz de las FARC quienes criticaron la propuesta del ejecutivo alegando que el mecanismo de refrendación de los acuerdos alcanzados en la mesa “debe ser resultado del consenso, no de la imposición de la visión unilateral del gobierno”. Es una equivocación, señaló el jefe de la delegación guerrillera, Iván Márquez, tratar de imponer el plebiscito como mecanismo de refrendación de manera unilateral sin respetar lo establecido en la agenda de diálogos pactada entre las partes.

El sector privado habla de las negociaciones

A mediados de noviembre, el interés de distintos sectores del empresariado colombiano en el proceso de paz tuvo un momento protagónico en la mesa de conversaciones de La Habana. Si bien el Consejo Gremial Nacional ya había transmitido sus preocupaciones con respecto a las negociaciones de paz a través de una carta pública, un nuevo grupo de empresarios viajó a la capital cubana a reunirse con las delegaciones del Gobierno y las FARC.

Se trató de un grupo de ocho empresarios que sostuvo encuentros por separado con cada una de las partes y transmitió sus propuestas de cara a la terminación del conflicto. Los representantes del sector privado que hicieron parte de esas reuniones fueron: Antonio Celia, Presidente de Promigás; Carlos Enrique Cavelier, Presidente de Alquería; Carlos Ignacio Gallego, Presidente de Nutresa; Carlos Raúl Yepes, Presidente de Bancolombia; David Bojanini, Presidente del Grupo SURA; Gustavo Adolfo Carvajal, Presidente de la junta directiva de Carvajal; Harold Eder, Presidente de Manuelita y Juan Luis Mejía, Rector de la Universidad EAFIT. En el comunicado emitido al término de estas reuniones, los representantes del gremio indicaron que “se hicieron propuestas que permitieran la construcción colectiva de una visión de paz y un postconflicto sostenibles, que beneficien a la sociedad como un todo”. Además de reiterar el respaldo a la búsqueda de una paz negociada, los empresarios indicaron que los encuentros se desarrollaron de manera “abierta, franca y amable”.

Este apoyo al proceso de paz contrasta con la extensa carta que fue publicada en octubre por los miembros del Consejo Gremial Nacional, en la cual presidentes y representantes de más de 15 empresas privadas dejaron ver profundas preocupaciones sobre lo que ya se ha pactado y lo que falta por definir. El documento señala que la negociación en La Habana se lleva a cabo “no porque se crea que la causa subversiva sea justa en sus móviles y procedimientos” sino por razones humanitarias para evitar más víctimas; por lo tanto, “la negociación tiene que ser asimétrica en favor del Gobierno, en quien reposa la legitimidad institucional del país”. Así mismo, indica que el preacuerdo sobre tierras y desarrollo rural “solo tiene cabida o aplicación en tanto no riña con la línea roja de la no negociabilidad del modelo de desarrollo en general”.

La misiva también se refiere a la Jurisdicción Especial para la Paz indicando: “La posibilidad de responsabilidades indirectas nos genera preocupaciones. Consideramos necesario, por lo tanto, que esta cuestión sea objeto de precisión”. Finalmente, exige el desmantelamiento de las actividades económicas de la guerrilla y un lapso acotado de tiempo para la dejación de armas.

En ese sentido, tanto la carta como la visita de los empresarios a La Habana dejaron claro que no son pocas las reservas del sector privado frente a los diálogos; aunque tampoco son marginales las referencias de las FARC a la responsabilidad de empresas privadas en distintos hechos del conflicto armado. En conclusión, el rol de este sector se muestra cada vez más preponderante para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Indultos a guerrilleros de las FARC, construcción de confianza

El 22 de noviembre, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que el Gobierno concederá un indulto a 30 guerrilleros de las FARC que se encuentran recluidos en las cárceles colombianas condenados por rebelión. Se trata, según el comunicado, de un perdón de la pena a guerrilleros que no han sido autores de crímenes de lesa humanidad con el ánimo de continuar el proceso de construcción de confianza entre las partes que conversan en La Habana. De igual forma, el Gobierno informó que coordinará unas brigadas con el fin de examinar las condiciones de salud de 106 guerrilleros en los centros de reclusión y se adecuarán patios especiales dentro de las cárceles para que allí sean trasladados los miembros de las FARC, con miras a su reintegración a la vida civil.

Aunque en Colombia la decisión estuvo lejos de pasar desapercibida, una de las primeras respuestas favorables provino de la guerrilla de las FARC. En un comunicado titulado “un gesto de sensatez” la delegación guerrillera indicó: “valoramos como un gesto positivo que ha sido recibido con beneplácito por buena parte de la sociedad colombiana, el anuncio del gobierno nacional de indultar a 30 prisioneros condenados por rebelión… Sin duda, es un gesto humanitario, de sensatez, que puede ser el comienzo del reconocimiento de las justas reivindicaciones enarboladas por los prisioneros políticos a lo largo de muchos años”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe criticó la decisión de su sucesor, argumentando que lo indultos otorgados durante su administración fueron concedidos a cambio de contraprestaciones puntuales y bajo un marco legal claro. En ese sentido cuestionó “¿cuál es la ley que enmarca la decisión de Santos?” y “¿cuál es el gesto que le exige a la guerrilla como respuesta?”. Así mismo, Uribe llamó la atención sobre el carácter anticonstitucional de la visita de Enrique Santos, hermano del Presidente, a La Habana, para pactar medidas como el mencionado indulto y otros aspectos clave de la negociación.

El procurador Alejandro Ordóñez también manifestó sus críticas, de carácter jurídico, a la iniciativa del Gobierno Santos en lo que tiene que ver con el indulto. En una misiva enviada al ministro de Justicia, Yesid Reyes, el jefe de la Procuraduría señaló que “el Gobierno Nacional no puede conceder indultos a personas que “no hayan decidido libremente abandonar a las FARC y con ello la actividad criminal”, pues hacerlo violaría la Constitución y atentaría contra los derechos de las víctimas. A juicio de Ordóñez, otorgar un indulto a guerrilleros que no hayan manifestado su deseo de desmovilizarse abriría la puerta a que, una vez excarcelados, continúen “haciendo parte de una máquina de terror, narcotráfico y de ataque a la población civil”.

Aún con la polémica desatada, el Gobierno mantuvo su decisión y aseguró que, por seguridad, no dará a conocer la identidad de los beneficiarios del indulto y agregó que no descarta nuevos gestos de construcción de confianza entre las partes.

Acuerdo sobre víctimas: los 75 puntos acordados

Luego de más de dos meses de reuniones intensivas para concluir los 75 puntos sobre el acuerdo de víctimas, las delegaciones de paz del Gobierno y las FARC entregaron el 15 de diciembre el documento final con lo acordado sobre el quinto punto de la agenda de diálogos. En un nuevo comunicado conjunto, las partes resaltaron los detalles del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, así como de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Resaltaron que el documento completo, que consta de 63 páginas, precisa los criterios y procedimientos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que hacen parte del Sistema Integral; así como los principios y contenidos de la JEP.

Ese mismo día, el presidente Juan Manuel Santos emitió una declaración televisada en la que resaltó algunos de los aspectos esenciales del acuerdo sobre el quinto punto. “Definimos los compromisos y mecanismos para satisfacer de la mejor manera posible los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición”, aseguró. Así explicó la ruta a seguir para garantizar la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto y la mayor proporción de justicia que permita la paz. Reafirmó además el compromiso del Gobierno y del acuerdo en el sentido de amnistiar e indultar únicamente delitos que no estén calificados como de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.

De igual forma, el Mandatario reiteró que cualquier beneficio jurídico otorgado a militantes de las FARC será también dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas que puedan haber cometido un delito relacionado con el conflicto. Sin embargo, sostuvo que “los crímenes internacionales no pueden ser objeto de amnistía o indulto sino que deben ser juzgados, y en ninguno se ha hecho dentro de un contexto tan amplio de verdad, justicia y reparación como en Colombia”. Además señaló que el acuerdo es claro al establecer que para acceder a cualquier tratamiento especial de justicia, los guerrilleros tendrán que finalizar la rebelión, dejar las armas, contribuir al esclarecimiento de la verdad y contribuir a la reparación de las víctimas.