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Negociaciones con el ELN, entre los avances y el escepticismo

Desde la primera semana de septiembre, la prensa nacional registró un renovado optimismo por la eventual reactivación de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN cuya fase exploratoria se anunció hace año y medio. Los medios coincidieron en asegurar que las medidas de desescalamiento y de aceleración de los diálogos pactadas por las FARC y el Gobierno el 12 de julio, incentivaron a la comandancia del ELN a capitalizar los modestos avances en las exploraciones.

“Después de ese acuerdo en La Habana y de los avances en justicia, ‘Antonio García’ y ‘Pablo Beltrán’ –los delegados del ELN– comenzaron a buscar fórmulas”, indicó el periódico El Tiempo. Por otra parte, la revista Semana reseñó la contribución del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al invitar a ‘Antonio García’ a flexibilizar algunas posiciones sobre el desarme y las Fuerzas Militares como un elemento preponderante en la reactivación de las conversaciones. Un tercer factor que resultó relevante fue el cambio en la metodología de las reuniones que pactaron las delegaciones, lo que incluye un equipo técnico que ha comenzado a redactar un documento base, mientras que los principales voceros se concentran en acercar las posiciones y generar confianza entre las partes. Otro de los hechos puntuales que permitieron destrabar los acercamientos fue la disposición del ELN a discutir la dejación de sus armas, aunque no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto.

Algunos sectores políticos expresaron su visión respecto al nuevo ímpetu en los acercamientos con el ELN. El senador del Polo Democrático y copresidente de la Comisión de Paz, Iván Cepeda, resaltó la importancia de consolidar finalmente una negociación con esta guerrilla, aunque agregó que es muy difícil establecer una fecha específica para el inicio de la fase pública de las conversaciones. Por su parte, Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, aseguró que la opinión pública está escéptica con respecto a este proceso con el ELN "porque en otras oportunidades se ha anunciado una posible negociación y eso no ha ocurrido".

El ELN ha mantenido la lógica de mostrarse fortalecido y activo militarmente de cara a una eventual mesa de conversaciones con el Gobierno incrementando las acciones violentas en sus zonas de influencia (principalmente Arauca, Boyacá y Casanare). La acción reciente más relevante perpetrada por el Frente de Guerra Oriental (FGO) tuvo lugar en la madrugada del lunes 26 de octubre en zona rural del municipio boyacense de Güicán. Allí, esa estructura emboscó a una patrulla del batallón de Alta Montaña Santos Gutiérrez Prieto, de la Primera Brigada del Ejército, dejando como resultado 11 militares y un policía sin vida, además de dos soldados secuestrados. El ELN reconoció públicamente la autoría de la operación y argumentó que se trató de una acción “como respuesta al alto nivel de militarización y represión en todo el país”.

El vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien no suele referirse a hechos relacionados con las guerrillas ni las negociaciones de paz, condenó lo ocurrido y señaló que “si en verdad tiene interés de iniciar un proceso de negociación no es ni secuestrando ni reteniendo a más colombianos”. El 18 de octubre, el guerrillero del ELN, alias ‘Pablo Beltrán’, había asegurado en un video difundido por Telesur que esa guerrilla estaba lista y a la espera del inicio formal de los diálogos de paz con el Gobierno. “Estamos dispuestos y listos para pasar a una fase pública”, fueron sus palabras.

Reforma constitucional para la paz

Tras la polémica generada por la propuesta del presidente Juan Manuel Santos referente a la conformación de un congresito para la implementación de los acuerdos de paz logrados con las FARC, el 8 de septiembre se conocieron más detalles de esa iniciativa. El vocero del ejecutivo en los diálogos de La Habana, Humberto De la Calle, se reunió con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y con representantes de los partidos políticos para discutir el texto de la reforma que busca agilizar el trámite necesario para la implementación. “Se presentará antes de terminar esta semana un proyecto de acto legislativo que creará una comisión legislativa especial de paz y que brindará facultades al presidente de la República en algunos aspectos para la implementación de los acuerdos en La Habana", señaló Cristo.

En efecto, el 15 de septiembre se radicó el proyecto de Acto Legislativo “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. De acuerdo con el presidente Santos, el objetivo de la iniciativa es reducir los tiempos necesarios para la implementación de eventuales acuerdos de paz con las FARC.

El proyecto consta de dos artículos: el primero establece un mecanismo de rápida aprobación para las leyes y reformas pertinentes que de paso a los citados acuerdos. Allí se contempla la creación de una Comisión Legislativa para la Paz (CLP), conformada por los miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara y doce congresistas adicionales designados por las mesas directivas de ambas cámaras en conjunto, preservando la representación proporcional de los partidos y asegurando la representación de las minorías étnicas. En esa comisión serán debatidos los proyectos de ley y de actos legislativos que surjan de la iniciativa exclusiva del Gobierno. El segundo artículo le otorga facultades extraordinarias al Presidente para que emita los decretos con fuerza de ley que sean “necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final”.

Al respecto, el Gobierno y su delegación de paz aclararon que el contenido del proyecto solo podrá aplicarse una vez se haya firmado y refrendado popularmente el Acuerdo Final, a través del mecanismo que se pacte en La Habana. Las reacciones frente a esta iniciativa no se hicieron esperar. Los Partidos de la coalición de Gobierno, así como el Partido Conservador y la Alianza Verde expresaron su apoyo a la iniciativa. “Las facultades especiales al Presidente les permitirían a las Farc participar luego en la comisión especial del Congreso”, señaló el conservador Hernán Andrade; mientras que Antonio Navarro de la Alianza Verde aseguró que “la decisión del Gobierno de arrancar el proceso legislativo sin incluir a las Farc es razonable, por la necesidad de ganar tiempo”. Por su parte, el presidente del partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, destacó el consenso político alrededor de la iniciativa del Gobierno y señaló que la reforma constitucional es mejor que una asamblea Constituyente.

Mientras el Polo democrático se marginó de la discusión, el sector que lidera el expresidente Uribe calificó el proyecto como un “golpe de Estado contra el pueblo y la democracia”. A través de un comunicado, el Centro Democrático alertó sobre la supuesta intención del Gobierno de “cambiar la reglas de juego” para refrendar los acuerdos y alegó que la búsqueda de reformas constitucionales exprés debilita la institucionalidad. Así mismo, planteó que la intención de otorgarle facultades extraordinarias al Presidente, sin establecer el alcance temático de las mismas, se asemeja a las leyes habilitantes implementadas en “regímenes dictatoriales como el de Venezuela”. En la misma dirección se pronunció el expresidente Andrés Pastrana, quien aseguró que es una reforma hecha a la medida de las FARC. Para el exmandatario “estamos acomodando las instituciones a las Farc y son las Farc las que se tienen que acomodarse a nuestra Constitución”.

Desde La Habana, aunque con un argumento distinto, la delegación de paz de las FARC aseguró que la reforma está condenada a sucumbir debido al carácter unilateral de la misma. “Parece que correrá la misma suerte del Marco Jurídico para La Paz, que terminó hundido sin pena ni gloria”, sentenció el vocero de la guerrilla, alias ‘Iván Márquez’.

A pesar de estas opiniones, el 6 de octubre la reforma fue aprobada en su primer debate en la comisión primera del Senado donde fueron incluidas dos modificaciones. La primera fue incluida por el senador Antonio Navarro, quien promovió la aprobación de un artículo para permitir que los guerrilleros desmovilizados puedan participar en política, una vez cumplan con todos los requisitos de la justicia transicional. La segunda fue impulsada por la senadora Claudia López y contempla un plan “plurianual de inversión” que permita, en por lo menos 20 años, prever los recursos necesarios para consolidar el postconflicto en los municipios más afectados por la violencia.

El segundo debate del trámite legislativo de la reforma tuvo lugar en la primera semana de noviembre. Allí se aprobaron los dos artículos originales (la CLP y facultades extraordinarias) así como el plan de inversión. El artículo que abría la posibilidad para que los guerrilleros participaran en política se hundió. De acuerdo con el senador Navarro, autor de la propuesta, el artículo sufrió modificaciones que no respetaban la intención general de la iniciativa y por eso estuvo de acuerdo en que se eliminara. “El corazón de todo proceso de paz es que quienes dejan las armas puedan participar en política, estoy de acuerdo con eliminar el artículo por la nueva redacción que se hizo”, concluyó el congresista.

A su turno, el vocero de las FARC en La Habana, alias ‘Iván Márquez’, criticó la decisión de los senadores en los siguientes términos: “Es una horrible mezquindad que la plenaria del Senado haya negado la posibilidad de que la guerrilla participe en política”.

Anuncio del acuerdo sobre justicia transicional ¿error o genialidad?

En la mañana del 23 de septiembre la prensa adelantó que las delegaciones de paz harían un anuncio relacionado con el quinto punto de la agenda de diálogos que se refiere a la justicia transicional. También informaron que el presidente Santos haría presencia en la capital cubana para dar la buena noticia. Al final de la tarde se llevó a cabo el anuncio en un encuentro protocolario que tuvo como protagonistas al comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, alias “Timochenko”, y al presidente Juan Manuel Santos, quienes estaban acompañados del presidente anfitrión, Raúl Castro. Al evento asistieron senadores integrantes de la Comisión de Paz, así como funcionarios del Gobierno y reconocidos académicos.

En un comunicado de 10 puntos, las partes informaron que habían pactado la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz compuesta por un Tribunal principal y sus respectivas salas adjuntas cuyo objetivo será “acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”. Ésta tendrá competencia sobre todos los actores que, directa o indirectamente, hayan participado en el conflicto interno colombiano.

Así mismo, acordaron que el Estado amnistiará a quienes hayan cometido delitos políticos y sus conexos, pero contemplará distintos tipos de sanción para autores de delitos atroces, de lesa humanidad, genocidio, tortura, desaparición o desplazamiento forzados. La primera sanción es para quienes reconozcan su responsabilidad y entreguen la verdad sobre los hechos. Se les impondrá una sanción de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales que garanticen el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras, realización de trabajos, obras y actividades y en general, la satisfacción de los derechos de las víctimas. Quienes no hagan dicho reconocimiento, enfrentaran penas alternativas de 5 a 8 años de prisión en condiciones ordinarias. Finalmente, quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad y no contribuyan con la verdad, serán condenados con penas de hasta 20 años de prisión en condiciones ordinarias. En el caso de las FARC, su participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, está condicionada a la dejación de las armas.

Luego de la lectura del comunicado, el presidente Santos compartió su visión sobre lo pactado en los siguientes términos: “Hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos”. Sostuvo además que las partes se comprometían a entregar un acuerdo de paz en un plazo de seis meses que empezarían a contar una vez se firmara el acuerdo completo sobre el punto cinco de la agenda. “Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, en esa dirección más noble que puede tener cualquier sociedad, que es la de la paz”, agregó. Posteriormente, dirigiéndose al país, Santos insistió en que el acuerdo logra lo que los colombianos esperaban: “una paz sin impunidad”.

A su turno, alias “Timochenko”, planteó que un pacto sobre una jurisdicción especial para la paz no solo abona el camino para la reconciliación del país, sino también “integra las aspiraciones de los colombianos, las víctimas, de los defensores de DDHH y de la comunidad internacional”. Destacó la importancia de ofrecer sanciones de tipo restaurativo y de reparación acompañadas de la verdad exhaustiva sobre los hechos del conflicto. “Las FARC-EP ya han ofrecido este tipo de garantías al tomar la determinación de pactar la dejación de armas y convertirse en organización legal”, concluyó.

El anuncio cerró con un apretón de manos entre Santos y ‘Timochenko’ cuya imagen estuvo en toda la prensa nacional y en numerosos medios internacionales. Al día siguiente, el Mandatario colombiano asistió a la Asamblea General de la Naciones Unidad en Nueva York y sentenció ante los líderes de los países participantes que “en Colombia, en menos de seis meses, repicarán las campanas que anuncien la hora de la paz”.

Pronto los medios anunciaron que el acuerdo sobre justicia era el verdadero punto de no retorno y que había comenzado el fin del conflicto. El expresidente César Gaviria destacó el balance entre la verdad, la justicia y la reparación que, según él, alcanza el acuerdo. “Los que confiesen, se comprometan a las tareas de reparación, de no repetición, van a recibir penas que de un manera van a ser restaurativas y quienes no confiesen van a recibir penas hasta de 20 años”, dijo. Más escéptico se mostró el también exmandatario Andrés Pastrana, quien se declaró a la expectativa de los criterios con los que se seleccionarán a los integrantes del Tribunal especial y de las salas de paz que contempla el acuerdo. “Sobre ellos no puede existir sombra de duda alguna y deben estar representadas todas las tendencias de la sociedad colombiana”, dijo.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe calificó como preocupante el hecho de que “delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales. Para los cabecillas confesos se mencionan trabajos sociales, restricciones de libertades, pero no cárcel”. Adicionalmente, criticó la intención de aplicar un mismo rasero de justicia para “terroristas” y para las Fuerzas Armadas, pues a su juicio, los militares no son un actor del conflicto y por lo tanto merecen un “tratamiento digno e independiente de los criminales”.

Algunos congresistas expresaron, a través de redes sociales, su apoyo a lo acordado por las partes. La senadora Claudia López escribió: “histórico, acertado y bien enfocado acuerdo sobre Justicia Transicional anunciado hoy por el Gobierno y las FARC”. Mientras que Jorge Robledo dijo: “buenas las noticias de La Habana. Acercan el día en que desaparecerán las armas ilegales y el reintegro a la legalidad de quienes las empuñan”. Finalmente, la candidata a la Alcaldía de Bogotá, Clara López, expresó: “saludamos y celebramos este momento histórico para la historia de Colombia, llegó la hora de la Paz”.

El fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, informó que la Fiscalía suspenderá inmediatamente la imputación de cargos en contra de los miembros del Secretariado de las FARC, mientras las delegaciones terminan de pactar la metodología con la que se aplicará el modelo de justicia transicional. Según el Fiscal, “pese a que la Fiscalía sigue siendo el eje central de las investigaciones, se abre la posibilidad de una nueva jurisdicción, como acudir a otras fuentes de investigación en la violación de los derechos humanos”.

Por su parte, Alejandro Ordóñez, procurador general, consideró “inaceptable” que los delitos atroces como violaciones y torturas puedan resarcirse con trabajo comunitario y sin reclusión en una cárcel. Así mismo, aseguró que se cumplió una de las advertencias de la Procuraduría, en el sentido de que “se estaba negociando con las FARC el tratamiento judicial a policías y militares”. Según Ordóñez, no es posible establecer una simetría entre agentes de la fuerza pública y guerrilleros de las FARC.

Naciones Unidas, a través de sus secretario General, Ban KI-moon, elogió el acuerdo alcanzado y sostuvo que “representa un avance significativo hacia el logro de un acuerdo final de paz y pone a Colombia aún más cerca de cerrar el conflicto armado más duradero en el hemisferio. Así mismo, reiteró la disposición de la organización por mantener el apoyo a los diálogos de La Habana, particularmente, a través de la colaboración de su delegado para la sub-comisión del Fin del Conflicto.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre algunas falencias jurídicas presentes en lo pactado. De acuerdo con el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, el acuerdo “permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión”. En esa medida, agregó que la Corte Penal Internacional podría no aceptar el acuerdo debido a que abre espacios para la impunidad. Incluso sugirió que las medidas de justicia transicional pactadas por las partes podrían no pasar el examen de la Corte Constitucional colombiana.

Algunas de las víctimas del conflicto, sector central en el acuerdo según el comunicado emitido por las delegaciones de paz, recibieron con reservas las penas alternativas para guerrilleros que no necesariamente impliquen ir la cárcel. Farid Alberto Usme, representante de la Mesa de Víctimas en Antioquia, expresó su rechazo a las penas que no impliquen prisión para autores de crímenes atroces. “No estoy de acuerdo con que se les den penas en las que no vayan a la cárcel. Quienes son acusados por crímenes de lesa humanidad tienen que ir a prisión porque la justicia tiene que estar por encima de cualquier acuerdo. Si no van a la cárcel, para mí esto implicaría impunidad”, sentenció.

Por otra parte, el general (r) Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo secuestrado 12 años, dijo que lo más importante para las víctimas es el reconocimiento de la responsabilidad de la guerrilla y su compromiso con la reparación y la verdad. “En el momento en que haya sinceridad de su parte, cuando reconozcan que han sido victimarios, ayuden a buscar desaparecidos, entreguen a todos los secuestrados, den garantías de reparación y no repetición, las víctimas van a estar de acuerdo en que se les dé una pena que no implique la prisión”, señaló.

Tras las múltiples apariciones de los delegados jurídicos y los voceros de Gobierno aclarando dudas sobre el acuerdo de justicia, quedaron al descubierto una serie de contradicciones y distintas interpretaciones sobre su contenido. Las delegaciones aclararon que el comunicado fue un resumen con las líneas centrales del acuerdo que tiene 75 puntos. Sin embargo, mientras para las FARC el acuerdo completo ya está cerrado, para el Gobierno se trata de un documento “en desarrollo”. Uno de los puntos en los que, de acuerdo con De la Calle, no se ha llegado a acuerdos con las FARC, es el alcance de la restricción efectiva de la libertad contemplada en el acuerdo.

La polémica por la falta de claridad sobre lo acordado tanto en Colombia como en las declaraciones de los negociadores en La Habana fue tal que las delegaciones se vieron obligadas a convocar nuevamente a sus asesores jurídicos para “buscar una solución a las diferencias sobre la interpretación de algunos aspectos de la Jurisdicción Especial de Paz y sus desarrollos”. Por eso, la discusión continúa y esas “diferencias”, grandes o pequeñas, no han permitido que el país conozca el texto final del acuerdo, incrementando así la incertidumbre y la polémica.

Acuerdo para la búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto

Poco antes de terminarse octubre, las delegaciones dieron a conocer un acuerdo para la ““búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno”. Según el comunicado conjunto que emitieron, la intención es adelantar una serie de medidas humanitarias para la realización de dicha búsqueda, así como la creación de una Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto (UBPD). Para esa labor, las partes solicitarán apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ante el cual se comprometen a entregar la información de que dispongan.

Los medios destacaron el compromiso y la posibilidad de reparación que implica este acuerdo para los familiares de personas desaparecidas. “Lo acordado busca ante todo aliviar el profundo dolor de los familiares de los desaparecidos. Esto es una muestra más de que las víctimas son el centro de este proceso”, sentenció Humberto de La Calle.

Christoph Harnish, jefe de delegación del Comité Internacional de la CICR saludó el acuerdo y afirmó que apoyarán su implementación, en concreto la exhumación de restos en zonas donde el Estado no pueda hacerlo. También asesorarán a "las instituciones en el manejo de esta problemática". Harnish explicó que entre las consecuencias humanitarias de este fenómeno están las familias destrozadas, la afectación psicológica y las necesidades económicas apremiantes. En lo corrido del año, el CICR ha encontrado 147 personas reportadas como desaparecidas.

El 18 de octubre, la oficina de las Naciones Unidas en Colombia aseguró que el acuerdo para buscar a los desaparecidos del conflicto, representa un avance del proceso de paz hacia un acuerdo final, reforzando la confianza de los colombianos y entre las dos partes en conflicto. La tarea será realizada por la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas y estará apoyada por el CICR, al compás de medidas humanitarias y estándares internacionales en materia de desaparición que, al mismo tiempo, respeten las costumbres, tradiciones y cultura de los familiares de las personas desaparecidas. La ONU agregó que es importante integrar este acuerdo al proceso de planificación nacional para disponer de los "suficientes recursos humanos y financieros”. Colombia tiene aproximadamente 100.000 personas desaparecidas, de las cuales 45.000 serían víctimas de desaparición forzada.