La construcción de paz, como una apuesta de país, es un escenario posible y una oportunidad de transformación social, cultural e institucional de patrones de violencia y discriminación contra las mujeres, que si bien no empezaron con el conflicto armado, sí se acentuaron con ocasión del mismo. La violencia contra las mujeres es y seguirá siendo imprescindible en la Mesa de Conversaciones de La Habana, tanto en función de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas, como de cara a los procesos de cambio que hacen de este flagelo un tema transversal a las negociaciones.

Sólo para mostrar las dimensiones de este desafío, aquí se plantean algunas preguntas sobre la relación entre la violencia contra las mujeres y la agenda de La Habana:

¿Cómo garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad si no se protegen a las líderes de las amenazas y actos violentos de las que son sujeto por el hecho, precisamente, de ser mujeres que asumen un rol público?

Si los mecanismos de implementación de los acuerdos van de la mano con la creación de nuevas entidades, ¿es posible que desde un principio se contemplen mecanismos para que en dichas entidades no se reproduzcan patrones de violencia contra las mujeres?

¿Cómo prevenir la violencia que ya se presenta en los espacios institucionales existentes y que son fundamentales para un escenario de postacuerdo?

¿Es posible que las entidades que van a liderar el proceso de paz sean coherentes en materia de violencia contra las mujeres y pongan atención, inclusive a los pequeños detalles, esos que se pasan por alto pero que sumados se llaman “tolerancia”?

La violencia contra las mujeres no sería lo que es si no fuera por la tolerancia reinante. El país debería alarmarse por los resultados del “Segundo Estudio sobre tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres”, publicado hace unos meses por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

Es cierto que varios periódicos de circulación nacional le dedicaron sendos artículos y la misma Consejería, con el apoyo de agencias de cooperación, ha seguido divulgando los avances y retrocesos que se identificaron con el estudio. Sin embargo, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Colombia ha aprendido a identificar casos de violencia contra las mujeres, los feminicidios, los ataques con ácido y muchos otros más, todos muy graves, pero todavía falta mucho para agudizar los sentidos y estar alerta frente a la tolerancia social e institucional, esa débil frontera que existe entre la tolerancia y la violencia contra las mujeres.

Los ejemplos abundan. Uno reciente ocurrió la semana en que se conmemoraba el día internacional de la no violencia contra las mujeres (25 de noviembre). Se trata de la denuncia por maltrato que realizó Astrid Helena Cristancho, secretaria privada del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. En su denuncia habla de las agresiones verbales de las que fue objeto: “boba, estúpida, no opine”, insultos que resultan dicientes en términos de la violencia psicológica y la humillación que sufrió. Pero hay más. En su caso, esos insultos están asociados con un contenido de género propio de quien cree que las mujeres no están a la altura de los hombres, salvo como figura decorativa y complaciente, y que hay temas y tareas que no pueden asumir por el hecho de ser mujeres. Según el relato de Astrid Helena, en varias ocasiones, Otálora pidió que un hombre hiciera lo que inicialmente le correspondía a ella: “mejor usted no, mejor un hombre”.

Y aunque entre los denunciantes del maltrato por parte del Defensor también hay hombres, eso no cambia que a Astrid Helena se le maltrató y discriminó por ser mujer. Que el asunto esté en duda tiene una explicación: en espacios laborales donde la discriminación hacia las mujeres es cotidiana y donde los contenidos sexistas hacen parte tanto del lenguaje como del modo en que se toman decisiones o se hacen chistes, es mucho más probable que se justifique o se niegue la violencia contra las mujeres, que se crea que es menos grave de lo que en realidad es. Justamente, de eso se trata la tolerancia social e institucional frente a la violencia contra las mujeres.

El estudio de la Consejería encontró que el 41% de las servidoras y servidores públicos considera que cuando los hombres “están bravos” es mejor no provocarlos. Pues bien, qué casualidad que Otálora ha planteado en su defensa y a modo de excusa, que su problema es de carácter y no de maltrato. Ese es uno de los argumentos más comunes de tolerancia frente a la violencia contra las mujeres. Con frecuencia se escucha: “se puso bravo y perdió el control”, “fue un momento de rabia”, “tiene un temperamento fuerte”.

La violencia contra las mujeres y la tolerancia de esa violencia son dos caras de la misma moneda, y exigen que estemos alertas frente a las más graves pero también a las más sutiles formas de violencia basada en el género.

Si bien el proceso de paz debe abordar estas violencias dentro y fuera del conflicto armado como un componente esencial de los acuerdos, no hay que obviar los cambios diarios y cotidianos que se requieren tanto en las personas como en las instituciones y sus burocracias para que la construcción de paz vaya de la mano con una sociedad que rechace la violencia contra las mujeres.

Hay avances, de hecho son muchos. Pero tenemos que insistir. Las transformaciones culturales exigen cambios individuales y colectivos, públicos y privados, del nivel nacional y el territorial, institucionales y familiares, comunitarios y políticos, y por supuesto, económicos. Los retos de la construcción de paz requieren de una voluntad, no sólo económica, sino también de cambio para fortalecer los procesos que ya están en marcha y generar nuevas alternativas para frenar la violencia contra las mujeres.