Este análisis fue publicado por La Silla Vacía el 9 de octubre de 2015.

En la FIP creemos que la paz nos pertenece a todos. Nunca hemos pensado que un país en paz es el resultado de las gestas de algunos líderes sobresalientes, así sean éstos, en ciertos momentos, valientes y necesarios. Tampoco estamos de acuerdo con quienes plantean la paz como un triunfo o una derrota de algún partido político, o de una coalición electoral. Trabajamos convencidos de que la paz es un derecho síntesis, una aspiración universal y, en el caso colombiano, una obligación moral que nos interpela en los escenarios de la vida cotidiana. En la FIP relacionamos la construcción de la paz con un proceso largo, lleno de incertidumbres y de satisfacciones. Con un empeño que reta nuestra entereza, nuestra paciencia y nuestra imaginación colectiva. Con el enorme desafío que implica hacer las cosas de un modo diferente.

No creemos que el proceso de diálogo entre el Gobierno y las FARC sea perfecto, así como tampoco lo son los acuerdos que ya conocemos. Estamos seguros, además, que la implementación de los mismos no solucionará, por sí sola, los graves problemas que aquejan a Colombia. Sin embargo, sí creemos que poner fin al conflicto armado con las guerrillas es una condición necesaria para nuestro desarrollo y que ese cierre definitivo sólo será posible mediante un proceso de diálogo. Un diálogo que nos permita, por un lado, pactar algunas prioridades de mejoramiento que paren el derramamiento de sangre, por otro, que cree un momentum en el que sea factible acometer grandes empeños. Porque la paz se trata de un esfuerzo de “todos ponen”.

Con el propósito de contribuir a la comprensión del conflicto y de proponer alternativas para la construcción de la paz, fuimos creados por un grupo de empresarios hace ya 15 años. Esos fundadores, preocupados por la polarización y la desesperanza, creyeron que una mirada técnica, independiente y serena de los temas más espinosos del país era una necesidad. Por ese motivo es que en la FIP estamos tan preocupados por la contienda electoral que se avecina. Cada semana que pasa se agrava la simplificación de los opositores, se exacerban los ánimos, se simplifica el argumento no compartido y se acude a lugares comunes y a argumentos manidos.

Como si esto fuera poco, se viene robusteciendo una idea tan peligrosa como mezquina, consistente en que sólo los amigos del Gobierno serán gobernantes idóneos para el postconflicto. O, al contrario, que sin importar la calidad de las propuestas sobre la mesa, lo importante es robustecer la férrea oposición al proceso de paz, para de este modo proteger a nuestro país de una inminente “amenaza socialista”. Nada más lejano de la realidad. Los gobernantes que elegiremos el próximo 25 de octubre podrán ser más de lo mismo o tendrán la oportunidad de construir un nuevo capítulo de nuestra historia, sin importar su color político. Tendremos programas de gobierno buenos, regulares y malos, de todas las marcas y colores. Tendremos rencillas con los Concejos y las Asambleas, pactos y acuerdos. Habrá quienes pasarán de agache, repartirán cuotas y procurarán engordar sus peculios y habrá quienes servirán a intereses superiores y entregarán, después de cuatro años, mejores condiciones de vida para los ciudadanos de sus pueblos, ciudades y regiones.

Pero el contexto de la firma de la paz, también llamado con reservas “postconflicto”, será un escenario de oportunidad con pocos precedentes. Habrá inversión rápida descentralizada alrededor de temas que configuran deudas históricas del Estado colombiano. Habrá presencia estatal en zonas rurales olvidadas, nuevo interés en temas clásicos y más ayuda internacional. También tendremos nuevos escenarios de toma de decisión con la comunidad, planes de desarrollo integral, desarme de grupos irregulares y, muy importante, reacomodo de los actores que han ejercido la fuerza y la tributación en el territorio.

Hay quienes consideran que los retos del postconflicto tienen que ver con la agenda de la reintegración de los excombatientes o del aumento de la criminalidad urbana. ¡Qué miopía! Comparados con los retos de la transformación territorial, estos que acabo de mencionar palidecen y resultan inanes.

En ese sentido, más allá de su bandera partidaria o de los intereses que cada uno respalda y representa, los candidatos del postconflicto deben caracterizarse por estar dispuestos a hacer las cosas de un modo distinto, a estar sujetos al escrutinio público y a asumir el reto de emprender políticas de transformación. Necesitamos conocer con detalle las propuestas y ver cómo ellas dialogan con las agendas de desarrollo y paz que plantean los territorios, las organizaciones, los gremios y, por supuesto, la Mesa de Diálogos de Paz de La Habana.

A este último punto está dedicado este texto. Al análisis de cómo dialogan las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá con la agenda de desarrollo y paz que han planteado el Gobierno y las FARC en Cuba. Tener en mente estas consideraciones a la hora de decidir por quién votar nos parece pertinente. Hacer un análisis de las propuestas de los candidatos a la alcaldía a la luz de lo que dicen los acuerdos fue un ejercicio que decidimos hacer tras escuchar el pésimo desempeño de los candidatos cuando les preguntaron sobre paz en el debate televisado por Canal Capital. Claro está, fue sólo una pregunta y se lanzó al final, lo cual les impidió esgrimir sus ideas sobre el tema del postconflicto con profundidad y lucidez. Como era de esperarse, se atrincheraron en la discusión insoportable entre santistas y uribistas y poco pudieron decir de sus propuestas concretas.

Y es que estas propuestas son centrales. Porque Bogotá, como eje de la vida política, económica y académica de nuestro país pondrá muchas pautas y tendrá muchos ojos encima. Elaboramos este análisis consultando los textos completos de los programas de gobierno inscritos por los candidatos Clara López, Rafael Pardo, Enrique Peñalosa y Francisco Santos ante la Registraduría, así como la información de las campañas disponibles en las páginas web entre los días 1 y 8 de octubre, y lo estructuramos mediante tres preguntas centrales y varias de apoyo. Esperamos, con él, aportar a mejorar la calidad del debate democrático en nuestra querida ciudad.

PRIMERA PREGUNTA: ¿Son la paz y el postconflicto temas relevantes en los programas de gobierno y en las propuestas de campaña visibles para la ciudadanía?

En términos generales, no. En las páginas web de los candidatos, sólo la de Clara López tiene menciones y propuestas específicas sobre estos asuntos. En el ítem “Paz y Pos acuerdo” se exponen los planteamientos de su programa de gobierno, los cuales giran en torno a medidas de fin del conflicto, cultura de paz, participación y DDHH y víctimas. En el caso del candidato Francisco Santos, llama la atención que mientras en el programa de gobierno inscrito en la Registraduría existe un aparte exclusivo dedicado al tema de víctimas y reconciliación, en el cual se esbozan propuestas sobre atención a población víctima de la violencia y a desmovilizados, ninguno de esos asuntos es destacado en la página web de la campaña, en la cual, por supuesto, se realizan priorizaciones para la información al público.

Para los casos de Rafael Pardo y Enrique Peñalosa, ni sus programas de Gobierno ni sus páginas web recogen propuestas específicas etiquetadas con los conceptos de construcción de paz, postconflicto o relacionados. Como se verá más adelante, existen medidas en otras políticas que apelan a estos temas, pero en la visibilización de sus prioridades no estuvo la de resaltar el papel de Bogotá en un escenario de postconflicto.

En los últimos meses ha venido tomando fuerza la tesis según la cual el postconflicto es un asunto rural y que, por lo tanto, la transformación planteada en los acuerdos será exclusiva de un conjunto de municipios que históricamente han estado afectados por la guerrilla y otras estructuras armadas ilegales, los cultivos ilícitos, las economías criminales y la presencia no homogénea del Estado. Sin embargo, la priorización hecha para 281 municipios le sirve sólo a la focalización de los programas públicos, no a la agenda nacional de construcción de la paz. Creer que las ciudades viven en postconflicto cuando hay una estrecha correlación entre nuestro modelo centralista, la acumulación del capital humano, la absorción de recursos, los pésimos diseños institucionales para la asignación de recursos, las élites, el consumo y las economías criminales y la violencia, es francamente un despropósito.

En Colombia no hay islas de postconflicto, así lo repitan como un mantra muchos funcionarios públicos. En Colombia existe un conflicto armado interno que se alimenta de sistemas políticos, económicos y sociales y culturales que permean la totalidad de la geografía nacional, pero que se expresan en la modalidad de crímenes violentos y escasa provisión de bienes públicos en las zonas de insuficiencia estatal.

Lo que refleja en todo caso la poca relevancia del tema de paz y postconflicto en el conjunto de las propuestas de los candidatos, es la entronización de esa idea de que el postconflicto no es un asunto central de Bogotá y que lo principal que debemos discutir los bogotanos es sobre seguridad ciudadana, movilidad y espacio público, entre otros.

Relevancia del tema de paz y postconflicto en las propuestas de los candidatos

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cómo dialogan las propuestas de los candidatos con los acuerdos parciales firmados entre el Gobierno y las FARC en La Habana?

a. Acuerdo sobre desarrollo agrario. Las conversaciones para lograr el final del conflicto armado en Colombia comenzaron en su núcleo temático por el espinoso asunto del desarrollo rural integral. En el acuerdo, ambas partes reconocen que este tema “es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico del país. La reforma rural integral (RRI) debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia”[1].

Sobre este punto, resulta preocupante la pobreza de las menciones de los candidatos sobre la realidad rural del Distrito. Sin mencionar las zonas rurales de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, los programas de los candidatos frente a la localidad de Sumapaz son muy limitados. Es importante recordar que esta localidad tiene 75.761 hectáreas totales (casi el 40% del área total de Bogotá), de las cuales 34.500 hacen parte del parque natural de Sumapaz. Se trata de 3 corregimientos y 28 veredas que concentran el 80% del área rural de la ciudad.

Francisco Santos propone la integración de la localidad al resto de la ciudad, la construcción de una alcaldía local in situ, la promoción del turismo ecológico y la protección del páramo. Rafael Pardo se compromete a la provisión de servicios básicos, principalmente agua potable y saneamiento, así como al fortalecimiento de las organizaciones campesinas. Clara López, quien es la que tiene más desarrollado el tema, propone el mejoramiento integral de los centros poblados y las veredas mediante inversión en vivienda rural, acueductos veredales, espacios para la cultura y el deporte y el fortalecimiento de los procesos productivos. Sobresale su propuesta de crear un Banco de Tierras para los campesinos de la ruralidad bogotana. Finalmente, Enrique Peñalosa no hace ninguna mención relevante sobre este tema en el conjunto de su programa de gobierno.

Es evidente la desconexión, con distintos niveles, entre la visión de la ciudad que tienen los candidatos y el escenario rural de la capital. No hay una visión consolidada del campo como oportunidad ni una mirada estratégica sobre las posibilidades productivas y de conservación que representan las áreas rurales de Bogotá. Resulta impactante que en medio de un posible postconflicto, una región que fue bastión y símbolo del avance de las FARC (me refiero al Sumapaz) y antes de eso de las guerrillas liberales de Juan de la Cruz Varela, sea absolutamente ignorada por los aspirantes al palacio Liévano.

Grado de interlocución entre las propuestas de los candidatos y el desarrollo agrario

b. Acuerdo sobre apertura democrática. El acuerdo parcial entre el Gobierno y las FARC plantea la necesidad de profundizar la democracia mediante dos ejercicios paralelos. Uno se refiere al de la oposición política y otro al de la participación ciudadana directa. La idea de partida es que se requiere una ampliación en ambos sentidos para lograr un sistema más estable y profundo. En este punto, los acuerdos no resultan innovadores ni mucho menos revolucionarios. Simplemente acogen las tesis más aceptadas en el mundo contemporáneo sobre la necesidad de proteger a los grupos minoritarios y de balancear las democracias participativa y representativa.

Con todo y ello, sí implican un compromiso férreo con la protección de las minorías políticas, la oposición, la neutralidad en los canales de información y la generación de una opinión pública deliberante. En lo que se refiere a la democracia participativa, la propuesta de la Mesa de diálogos es radical. La participación ciudadana se entiende como central en la construcción de la paz. Es un medio y un fin de la implementación de las medidas del postconflicto, las cuales plantean nuevos escenarios de toma de decisión compartida. Sobre el tema de la participación política, la protección de la oposición y la generación de un debate equilibrado entre propuestas políticas diferentes los planteamientos de los candidatos son también alarmantemente pobres.

Ni Rafael Pardo ni Enrique Peñalosa tienen en sus programas ni en sus páginas web menciones significativas o propuestas concretas sobre estos temas. Por su parte, Francisco Santos se enfoca en la necesidad de trabajar en el escenario político barrial a través de las Juntas Administradoras Locales, con las cuales propone una focalización en asuntos asociados con el manejo de la seguridad. Reconoce su importancia en la gestión de temas públicos, en la descentralización, la pluralidad y en la deliberación.

Finalmente, las propuestas de Clara López en cuanto al equilibrio político son llamativas. Por un lado, propone un diálogo franco, abierto y transparente con el Concejo Municipal, al cual propone un programa de fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento del ejercicio político. Sin embargo, en su apartado de paz y postconflicto se propone “apoyar la refrendación de los acuerdos de paz mediante el establecimiento de recursos para capacitar a todos los líderes de organizaciones y colectivos para que divulguen el referendo en su colectividad. Canal Capital sería el medio eficaz público para reforzar y difundir dicho mecanismo”.

Preocupa enormemente esta posición. No porque no queramos que el acuerdo se refrende, sino porque en una democracia equilibrada los recursos públicos no pueden ponerse al servicio de causas políticas y la refrendación de los acuerdos es un ejercicio político. Afirmar además que el canal público del Distrito se va a utilizar con fines de propaganda y formación favoreciendo una alternativa específica, como si eso equilibrara una balanza en cuyo fiel opuesto hay un contrincante imaginario, habla muy mal de nuestra noción de equilibrio político.

Grado de interlocución entre las propuestas de los candidatos y la aspiración por un debate político equilibrado

Sin lugar a dudas, el tema en el que hay más convergencia entre las propuestas de los candidatos y el espíritu de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, es el de la participación ciudadana. En efecto, gane quien gane la alcaldía existe un ambiente propicio alrededor de los mecanismos de la democracia directa. Por supuesto, con matices.

Rafael Pardo propone la conformación y fortalecimiento de escenarios de deliberación y participación con jóvenes mediante asambleas, consejos y plataformas. Invita a la creación de un consejo distrital del adulto mayor así como al apoyo a las organizaciones de pensionados. Ratifica la importancia de la participación ciudadana en la salud y la necesidad de robustecer los COPACOS (Comités de Participación Comunitaria en Salud). Plantea la integración de las personas con discapacidad en la planeación, seguimiento y ejecución de las políticas que les atañen, así como la importancia de hacer planes de mejoramiento barrial con base en esquemas participativos, tanto de planeación como de presupuestación. Como sombrilla, propone la elaboración conjunta y participativa del plan de desarrollo para la ciudad y de un proceso paralelo para las 20 localidades.

Clara López, por su parte, plantea la necesidad de abrir canales de participación ciudadana para la definición de medidas de ordenamiento territorial, sostenibilidad ambiental y de intercambio con la región, así como esquemas altamente participativos en las políticas de educación. Al respecto de este punto, propone la creación de consejos consultivos de educación. Dentro de sus propuestas también está la planeación y presupuestación participativa desde las localidades, la creación de escenarios de participación para mujeres, afrobogotanos, jóvenes y niños. Estos dos últimos vinculados de manera estrecha con la construcción de la paz. Propone asimismo el establecimiento de plataformas virtuales para la recepción de propuestas ciudadanas y enmarca sus iniciativas en la legislación más actualizada sobre el tema poniendo en consideración la necesidad de definir un sistema distrital de participación, el cual se deriva en buena medida de la nueva Ley de participación ciudadana declarada exequible por la Corte Constitucional a mediados de este año.

Llama la atención su insistencia en el mecanismo de los Consejos de Paz. En efecto, la candidata López propone el establecimiento de 20 consejos de paz en Bogotá y de un gran consejo distrital de paz inspirado en la Ley 434 de 1998. Decimos que llama la atención porque en los estudios sobre participación ciudadana en Colombia son bien conocidas las frustraciones derivadas de los consejos de paz, en buena medida por su diseño y funciones. En la FIP hicimos un ejercicio de mapear los consejos de paz activos en Colombia y podemos afirmar que de los 1.102 municipios, sólo en 177 se crearon efectivamente y de ellos, a la fecha, están activos 40.

El candidato Francisco Santos plantea a las Juntas de Acción Comunal como los escenarios fundamentales de participación ciudadana en lo local y propone la necesidad de darles formación permanente desde la perspectiva ciudadana y comunitaria. Sobre este punto no deja de sorprender su énfasis, si se quiere más tradicional, en este mecanismo tan longevo de la historia participativa colombiana (creadas en 1958) que ha sido clave en la realización de obras públicas de pequeña envergadura pero de gran impacto comunitario. Dentro de sus propuestas se destacan también una apuesta por la innovación tecnológica en la participación ciudadana mediante mecanismos virtuales, el énfasis en veedurías ciudadanas y en el acceso libre a la información como requisito para desarrollar una participación efectiva.

Buena parte de su estrategia de participación se vincula también con el tema central de su campaña, la recuperación de la seguridad. Sobre este punto, Santos plantea la participación comunitaria para el control del delito y propone la revitalización, a nivel urbano, de una estructura participativa que no ha estado libre de debates, a saber, las redes de informantes. Finalmente, y tras señalar la centralidad de escenarios para la participación de las mujeres y los afros en las políticas del distrito, Santos enmarca su propuesta de gobierno en el concepto del diálogo popular. Sobre el particular, afirma: “queremos una Bogotá con diálogo popular permanente donde los ciudadanos puedan interactuar con los funcionarios públicos para encontrar soluciones que correspondan a sus necesidades concretas…”. Este diálogo popular, que de darse en el formato de los Consejos Comunitarios del Gobierno Uribe, se acercará mucho más al modelo asambleario que a otras iniciativas de participación más domesticadas en su forma y precisas en sus contenidos.

Quien menos propuestas robustas y concretas tiene sobre la participación ciudadana es Enrique Peñalosa. Además de proponer la participación como principio de gobierno y de plantear la necesidad de fomentar la participación juvenil, su enfoque se concreta en crear una cultura de servicio al ciudadano y en la revitalización del Observatorio de Cultura Ciudadana.

Grado de interlocución entre las propuestas de los candidatos y el enfoque de participación ciudadana

c. Acuerdo sobre drogas. Hay quienes dicen que el acuerdo de drogas tiene su centro de gravedad en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo rural. Aun cuando eso es parcialmente cierto, la verdad es que el texto del preacuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC plantea medidas de distinto orden para atacar el flagelo del narcotráfico en muchas de sus manifestaciones.

Haciendo un resumen atrevido se puede afirmar que el acuerdo propone un conjunto de: a) alternativas económicas y transformación territorial para los cultivadores, b) persecución, sanción y acción judicial y policial contra los productores y comercializadores de narcóticos, c) acciones institucionales y judiciales contra el lavado de activos, y d) tratamiento humanitario y de salud pública con los consumidores, principalmente con aquellos que tienen un uso problemático de las sustancias.

De ese conjunto de medidas, resulta esperable que en una política distrital de postconflicto estén considerados elementos de combate al crimen organizado y al lavado de activos y una opción clara alrededor de las políticas en torno al tratamiento y rehabilitación por uso de sustancias psicoactivas.

Sobre este punto, las propuestas más concretas de Peñalosa se concentran en estructurar, de manera integral, una estrategia para la prevención del uso de sustancias psicoactivas con el concurso de expertos y de jóvenes líderes de las localidades. Por su parte, Pardo propone la recuperación de un modelo de atención integral y resocialización de habitantes de la calle, mientras que Clara López, la generación de una estrategia de prevención de consumo combinada con medidas de combate integral a las 'ollas' que surten el comercio de estupefacientes.

En otro nivel se encuentran las propuestas del candidato Francisco Santos. Efectivamente, no sólo le da relevancia al tema de las drogas y el microtráfico, sino que subraya la estrecha relación de esta problemática con el deterioro de los entornos escolares y de convivencia y el rol fundamental de la prevención. En su programa, adicionalmente, se lee una propuesta detallada que vincula distintas aproximaciones en torno al delicado asunto de las 'ollas' de microtráfico.

Citaré un aparte de su programa para ilustrar este punto: “Bogotá necesita incorporar políticas contra modalidades delictivas específicas como el pandillismo, el microtráfico, las BACRIM y el crimen organizado. Especialmente en zonas de alta criminalidad, como las 'ollas' de microtráfico, es necesario que el distrito intervenga con una fuerza pública especializada. De esta manera, con el fin de impactar rápidamente estas estructuras delictivas, se creará una fuerza de tarea conjunta que cuente con unidades policiales de élite en investigación, operaciones especiales y judicialización, y que trabaje en conjunto con la fiscalía, la procuraduría, el sistema judicial y las Fuerzas Militares. Así no sólo se judicializa oportunamente y se neutraliza esta amenaza, sino que al mismo tiempo se incrementará el costo de sus operaciones volviéndolo una actividad más riesgosa y menos lucrativa. Estas intervenciones deben estar acompañadas de una propuesta social, una acción integral que cuente con toda la oferta institucional del distrito… Crearemos un Centro de Acción Integral para desarrollar acciones policiales, de prevención, de desarrollo social, económico y de convivencia en las áreas más críticas de la ciudad”.

Grado de interlocución entre las propuestas de los candidatos y el acuerdo de drogas

d. Acuerdos sobre víctimas, justicia transicional y fin del conflicto. Alrededor de estos puntos, contamos con comunicados conjuntos, principios y declaraciones en los medios. Tenemos también una extensa descripción de lo pactado en el reciente acuerdo sobre Justicia Transicional. Sin embargo, existe una asimetría de información en comparación con los asuntos anteriormente tratados, ya que no conocemos el detalle de los acuerdos alcanzados. Por este motivo, aquí no evaluaré el grado de interlocución, acuerdo o sintonía con lo ya acordado, sino describiré, de modo general, las propuestas de los candidatos en algunos de los puntos que, sabemos, hacen parte de los acuerdos.

Alrededor del tema de víctimas y de desmovilizados, Clara López plantea continuar con la implementación a nivel distrital de los compromisos derivados de la Ley 1442 (o Ley de víctimas y restitución de tierras) y, con el criterio de construir sobre lo construido, avanzar hacia un enfoque de atención a la población víctima que no sea asistencialista y que se enfoque en la plena garantía de los derechos. En el programa de Enrique Peñalosa no existen menciones sobre medidas de atención a víctimas o población desmovilizada que no estén orientadas a la victimización por delitos comunes.

Francisco Santos propone un diagnóstico muy crítico de la implementación de la Ley de Víctimas en la Nación y la ciudad, y resalta el enorme esfuerzo hecho en materia de desmovilización. Aparte, propone medidas relacionadas con acompañamiento psicosocial y de duelo, con el uso de reparaciones monetarias en temas de educación y vivienda, financiación distrital para reubicación de población desplazada en entornos rurales y, creación de zonas de revitalización social en seis localidades para impulsar la convivencia y la reconciliación mediante herramientas artísticas, deportivas y culturales.

Finalmente, el candidato Rafael Pardo propone centrar sus esfuerzos en la ejecución y fortalecimiento del Plan de Acción Territorial para la atención de las víctimas que ya ha sido aprobado y construido en la ciudad con un enfoque de garantía de derechos. En su planteamiento, hay que redefinir el enfoque de atención y hacerlo más acorde a las necesidades de acceso a la salud, a la justicia, a los servicios legales, al acompañamiento psicosocial y a la alimentación.

La tercera y última pregunta tiene que ver con un reto que es muy bogotano en el escenario del postconflicto, por ser un importante centro de generación de opinión pública y de discurso político. Se trata del reto de impulsar, independientemente de la ideología política, una cultura de la paz y reconciliación. Es un desafío que tiene dos grandes aristas. Por un lado, se trata de incidir poco a poco en una cultura que ha sido proclive a la reproducción y transformación de las violencias, creando condiciones de legalidad y legitimidad. Y, por otro, está el tema de crear un ambiente para discutir en democracia alrededor de la paz y de los cambios que el país necesita.

TERCERA PREGUNTA: ¿Cómo se plantean los candidatos el desafío de contribuir a la construcción de una cultura de paz?

El candidato Rafael Pardo hace énfasis en el concepto de educación para la paz y enlaza la pedagogía para la convivencia con la formación ciudadana. Desde su perspectiva, es necesario lograr que los colegios sean territorios de paz y que se fomente en ellos los valores de la democracia. En la tesis de Pardo, convivencia y paz se relacionan con igualdad, y el modelo al que debemos aspirar, que es típico de la filosofía política liberal, es uno en “el que la calidad de vida de una persona dependa más de su talento y esfuerzos y menos de su condición al nacer”.

Para Clara López, la cultura de paz es un eje central del pos-acuerdo. En su programa de gobierno contempla fomentar la educación para la paz mediante la integración del tema en el currículo de los colegios, concursos infantiles y juveniles, convenios entre universidades, el Estado y la empresa privada para financiar investigación en ciencias sociales y, promoviendo la labor de los historiadores en la elaboración de los relatos del conflicto. Hace parte de sus propuestas, por ejemplo, el establecimiento de un concurso de historia política en Colombia.

Francisco Santos considera que la educación en cultura de la paz y convivencia debe ser una acción prioritaria y propone la memoria como instrumento de reconciliación. En ese sentido, se compromete a apoyar el proyecto de eje de la Memoria de la Calle 26 y a desarrollar programas con las víctimas mediante los cuales se impulsen actividades pedagógicas de memoria mediante el arte, el juego y la música.

Finalmente, el candidato Enrique Peñalosa enfoca el tema de educación y cultura de paz desde la visión de la convivencia y la cultura ciudadana. Desde su perspectiva, el cumplimiento de las normas, el respeto por las autoridades, el espacio público ordenado y el orden, son elementos vitales para reconstruir la confianza de los ciudadanos en el Estado y generar así nociones de convivencia.

Importancia y desarrollo de la promoción de una cultura de paz en las propuestas de los candidatos

Como se puede ver, el nivel de desarrollo de las propuestas de paz de los candidatos a la alcaldía de Bogotá tiene diferencias dependiendo de los temas y los acentos de cada campaña. Sin embargo, resulta triste constatar que en varios de los temas clave del postconflicto tenemos planteamientos muy lejanos de las expectativas y necesidades de un país que clama, desde su capital, para dar la vuelta a la página del conflicto.

Al elegido o elegida, que será el capitán de la nave cachaca del postconflicto, le deseamos mucha suerte y mucho temple en ese enorme reto que constituye liderar una transformación para hacer que la paz de Colombia sea verdaderamente estable y duradera.

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[1] Borrador Conjunto de la Mesa de diálogos Gobierno–FARC: “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, p.1, junio de 2014.