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Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia

En medio de lo que varios consideraron la crisis más profunda de las negociaciones de paz con las FARC, no fueron pocas las voces que instaron a las partes, principalmente a la guerrilla, a detener las acciones violentas en las regiones que para ese momento ocurrían a un promedio de casi tres por día. Entre los pronunciamientos más contundentes, estuvieron los de Cuba y Noruega, países garantes de los diálogos de paz, así como Chile y Venezuela en su papel de estados acompañantes del proceso. El 7 de julio, estos países emitieron un comunicado en el que exhortaron a las FARC y al Gobierno a reducir las acciones bélicas para detener su impacto sobre la población y los efectos sobre el medio ambiente.

Al día siguiente de la solicitud, las FARC anunciaron la puesta en marcha de un nuevo cese al fuego unilateral, el cual entraría a regir desde el 20 de julio y por término de un mes. El Presidente Santos celebró la iniciativa pero recalcó que eran necesarios más compromisos y avances en las negociaciones antes de poder acordar un alto al fuego bilateral y definitivo, como lo solicitaba la guerrilla.

El 12 de julio, las delegaciones dieron a conocer el acuerdo al que llegaron para desescalar el conflicto en territorio colombiano y agilizar las discusiones sobre los temas restantes de la agenda en La Habana. En el comunicado se informaba que con el cese al fuego unilateral decretado por las FARC, el Gobierno también iniciaría “un proceso de desescalamiento de las acciones militares”, aclarando que las Fuerzas Armadas continuarían cumpliendo con su deber constitucional de velar por el orden público.

Adicionalmente, las partes anunciaron la modificación de la metodología de los diálogos y definieron un plan con metas preestablecidas, proyectado a cuatro meses, basado en un “trabajo técnico, continuo y simultáneo sobre los puntos centrales de la Agenda”. Luego de ese periodo de tiempo, informaron, evaluarán el cumplimiento de las medidas de desescalamiento y los avances en la Mesa, y tomarán las medidas que consideren pertinentes. Las delegaciones esperan “acordar sin demoras los términos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación”.

Al respecto, el presidente Santos señaló que cumplidos los cuatro meses, el Gobierno decidirá continuar con los diálogos o no, pues según él, sin un acuerdo en el tema de justicia y fin del conflicto, no será posible llegar a un pacto final con la guerrilla.

Santos destacó el acuerdo de desescalamiento y el acompañamiento, para ese fin, del Secretario General de Naciones Unidas y un delegado del Uruguay a la subcomisión técnica para el fin del conflicto. En el mismo sentido se pronunció Humberto De la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, aclarando que las medidas de desescalamiento del conflicto acordadas con las FARC no representan un cese al fuego bilateral. “No hay que confundir las posibles decisiones sobre desescalamiento…con las condiciones de un cese de fuego y hostilidades definitivo, el cual solo podría ser aplicado con verificación, en un marco de seriedad y de garantías para todos los colombianos”, puntualizó. También dijo que si los compromisos son cumplidos y se alcanza un acuerdo sobre el punto de justicia, no existiría razón para no establecer un alto al fuego bilateral.

Por su parte, otras voces se escucharon alrededor del anuncio del cese unilateral del fuego por parte de las FARC. El expresidente Uribe aseguró que la decisión de la guerrilla buscaba brindar apoyo político y electoral al Gobierno. “Es un peligro que sea como lo que hicieron el año pasado, una dosis de apoyo electoral al Gobierno. Un día le aplican una dosis de violencia para dominarlo y al otro día una de tregua para darle apoyo electoral”, sentenció Uribe el 17 de julio desde el Congreso de la República.

Otra voz opositora, esta vez del procurador General, Alejandro Ordóñez, llamó la atención sobre el anuncio del presidente Santos alegando que la medida implica un cese al fuego bilateral “disfrazado”. Además, agregó que se trata de una decisión que favorece la comisión de actos criminales, no solo por parte de las FARC, sino también del ELN y las bandas criminales con las que tiene alianza en ciertas zonas del país.

El 20 de julio se cumplió el anunció de las FARC del cese al fuego y cinco días más tarde el Gobierno suspendió los bombardeos contra campamentos de esta guerrilla, como había sido anunciado. No obstante, la guerrilla reiteró que ante cualquier ataque de las Fuerzas Armadas colombianas, “tendrán todo el derecho al ejercicio de su legítima defensa”.

Aunque el debate está lejos de cerrarse, el hecho visible -loable para muchos-, es la drástica disminución de las acciones violentas en las regiones, que representa también la reducción de los efectos de esas acciones sobre la población civil y el medio ambiente. Promotores y opositores del proceso se encuentran entonces a la expectativa, por lo menos hasta el mes de noviembre, cuando se cumpla el periodo establecido por las partes para la evaluación de los avances en la Mesa.

Asesoría jurídica para las delegaciones llega a La Habana

Luego de que se conoció el acuerdo para el desescalamiento y la agilización de las conversaciones en La Habana, el presidente Juan Manuel Santos y el fiscal general, Eduardo Montealegre, advirtieron que mientras la guerrilla no acepte un mínimo de justicia, no podrá firmarse la paz. En términos de Montealegre, “un proceso de paz sin justicia, especialmente de tipo penal, es hoy un imposible ético y jurídico”. Por eso, según el Fiscal, es necesario asegurar que la guerrilla aceptará un marco mínimo que blinde el proceso contra la impunidad sin que esto signifique la prohibición de las penas alternativas no privativas de la libertad.

Por tal motivo, El Gobierno anunció el nombramiento de una comisión asesora para dichos temas jurídicos, integrada por Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado y Doug Cassel, profesor de derecho en la Universidad de Notre Dame. Las FARC también anunciaron la asesoría del jurista español, Enrique Santiago, en compañía del abogado conservador Álvaro Leyva, expertos en justicia transicional.

Ante el nombramiento, Santiago, militante del Partido Comunista español y dirigente de algunos movimientos asociados al partido Izquierda Unida de ese país, compartió su visión frente a la situación jurídica de la guerrilla y del proceso de paz en general. Según el asesor, la negociación en La Habana se está realizando entre iguales que no han logrado derrotarse en el campo militar y, por lo tanto, no es factible juzgar y encarcelar solo a una de las partes por los delitos cometidos en el conflicto. “Está claro quiénes son los máximos responsables de la insurgencia. Pero ¿quiénes son los máximos responsables del Estado? Para la justicia internacional no hay inmunidad de ningún cargo político”, indicó Santiago en una entrevista para la Revista Semana, el 25 de julio. Así mismo, señaló que no es posible hablar de impunidad con respecto a las FARC en Colombia, dado que existen miles de condenas contra guerrilleros y muchos de ellos están presos o han sido abatidos.

Santiago culmina asegurando que los negociadores de las FARC son conscientes de que los crímenes internacionales no están cubiertos por ningún tipo de amnistía. Los guerrilleros, asegura el jurista, entienden que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar, perseguir y sancionar. Por eso plantean la necesidad de diseñar un mecanismo extrajudicial que garantice el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el conflicto y a la vez permita imponer sanciones “con contenido reparador y restaurador”. Puede tratarse de un espacio en la Comisión de la Verdad donde, a cambio de la verdad completa y detallada, se acuerden sanciones no privativas de la libertad.

Ninguno de los asesores del Gobierno se ha referido aún a la labor que desempeñarán junto con la delegación de paz. Sin embargo, uno de ellos recibió algunas críticas de distintos sectores políticos. Se trata del profesor estadounidense Doug Cassel quien, se supo posteriormente, demandó al Estado colombiano y ganó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el bombardeo en Santo Domingo, Arauca, durante 1998. Este hecho despertó malestar en los sectores críticos del proceso de paz.

El senador Álvaro Uribe fue uno de los primeros en reaccionar y calificó la designación de Cassel como una “bofetada a las Fuerzas Militares”. Según Uribe, el profesor fungió como abogado de la guerrilla y de los grupos asociados a las FARC para derrotar al Estado ante la Corte Internacional. En la misma dirección se pronunció el excomisionado de paz Camilo Gómez, quien señaló que un hombre que demandó al Estado no tiene condiciones para defenderlo en la mesa de diálogos y, por el contrario, genera riesgos en la negociación. El general (r) Héctor Fabio Velasco, comandante de la Fuerza Aérea en el momento del bombardeo a Santo Domingo, se refirió a Cassel en los siguientes términos: “nos están entregando poco a poco, esto es una claudicación triste vergonzosa y cobarde”.

‘Congresito’ para la implementación de acuerdos de paz

La primera semana de agosto, el presidente Juan Manuel Santos sugirió que una posibilidad viable para desarrollar los acuerdos alcanzados con la guerrilla sería conformar un “congresito” que reglamente de forma rápida las transformaciones necesarias para la paz. Aunque solo fue una mención con poco desarrollo, esta declaración fue asumida por los medios y sectores políticos como una propuesta oficialmente impulsada por el Gobierno.

En ese sentido, los congresistas voceros de los partidos políticos, directos implicados en la discusión, no tardaron en expresar sus opiniones sobre la iniciativa de Santos. Algunos, como el director del Partido Conservador, David Barguil, y el senador, Jorge Robledo, decidieron referirse al poco desarrollo que se le dio a la propuesta. Ambos coincidieron en afirmar que se trató de un “globo” o una propuesta “al aire” sin mayor profundidad. Otros, como el senador del Partido de la U, Roy Barreras, prefirieron corregir lo que supuestamente había querido decir el mandatario. Fue un “error”, señaló Barreras, denominar la propuesta como “congresito” en la medida en que evocó el fantasma de la revocatoria de 1991. “No habrá revocatoria, no habrá terremoto institucional y no habrá congresito como tal, porque tal figura no se parece en nada a lo que hoy será necesario para implementar los acuerdos”, sentenció el congresista.

Los que recibieron la propuesta con mayor reticencia fueron el senador Alfredo Rangel del Centro Democrático y Viviane Morales del Partido Liberal. El primero aseguró que las declaraciones de Santos demuestran que “el Gobierno se desmontó del referendo y este ya no será el instrumentó para validar los acuerdos de paz”. Mientras que Morales indicó que no es constitucionalmente procedente entregar las funciones legislativas a un órgano ajeno y, en esa medida, lo que propone el mandatario es una suplantación del Congreso.

Un día después, y atendiendo a la polémica desatada por el planteamiento del “congresito”, Humberto De la Calle hizo algunas precisiones sobre la discusión iniciada por el Presidente. Es necesario, dijo, diferenciar la refrendación (cuando los ciudadanos avalan o rechazan lo acordado) de la implementación (cuando se pone en marcha lo acordado). El llamado “congresito” serviría para el proceso de implementación, no como mecanismo de consulta sobre los acuerdos de paz. De la Calle enfatizó en que esa comisión legislativa es “apenas una de las opciones dentro de los varios mecanismos de implementación posibles”.

En cuanto a la refrendación, el vocero del Gobierno aclaró que existen mecanismos vigentes para consultar a los colombianos sobre los acuerdos: el Plebiscito, la Consulta Popular, el Referendo y la Asamblea Constituyente. Sin embargo, esa discusión no se ha abordado en la Mesa de conversaciones de La Habana. Esta declaración estuvo seguida de una reunión, en la Casa de Nariño, entre los partidos de la coalición de Gobierno y un sector del Partido Conservador. En ella se discutieron alternativas para la refrendación e implementación de los acuerdo de paz y al respecto se refirió el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco. “La idea es que en todos los desarrollos normativos que requieran, el Congreso sea el protagonista y que sea por esta vía por la cual se tramiten las reformas constitucionales y los proyectos de ley que se necesiten para que el fin de las confrontaciones con la guerrilla sea una realidad”, dijo. De acuerdo con la prensa, este fue el punto de “consenso” al que llegaron los partidos y el Gobierno.

No obstante, mientras la polémica sobre el tema parecía zanjarse entre los sectores políticos colombianos, las FARC expusieron su visión sobre el denominado “congresito”, alegando que no ha sido un tema discutido en la mesa y por lo mismo no recoge las inquietudes de la insurgencia. “Esa no es la posición de las FARC-EP, que el gobierno nacional procede otra vez de modo unilateral, movido por sus propias aspiraciones y urgencias”, sentenció el grupo guerrillero.

Sobre el particular, hay quienes consideran, entre ellos también la guerrilla, que deben evacuarse los puntos de la agenda en forma secuencial, y por lo tanto, adelantarse a la implementación puede distraer las discusiones actuales sobre justicia y víctimas. Lo que no quiere decir que no sean indispensables todos los esfuerzos, vengan de donde venga, para diseñar los mecanismos para asegurar una refrendación exitosa.