Documento publicado por el Programa Latinoamericano del Wilson Center el 15 de septiembre de 2015. Descárguelo completo aquí

El siguiente es un extracto de las conclusiones:

Las leyes de drogas y el accionar policial tiene una relación de doble vía. Por un lado, dichas leyes generan una serie de incentivos y prácticas que marcan la labor policial, sus márgenes de discrecionalidad, su relación con la comunidad, así como su apego al Estado de Derecho. Por el otro, la fuerzas policiales determinan la manera como estas leyes son aplicadas en la calle, tomando decisiones sobre el tipo y la calidad de las sanciones, así como el perfil de los presuntos implicados. El resultado de esta interacción influye en la manera como funciona el sistema de justicia y sobre quién recae el uso del derecho penal.

Tomando como base lo que sucede en América Latina es posible afirmar que el régimen de control de drogas ha sido aplicado de manera asimétrica, con el desarrollo de un enfoque punitivo que ha recaído sobre los eslabones más débiles. La mayoría de las personas que son capturadas portan pequeñas dosis de sustancias, pertenecen a sectores que se encuentran en situación de marginalidad y no hacen parte de una estructura criminal. La evidencia disponible muestra además que los patrones de detención están frecuentemente basados en estereotipos que recaen sobre las poblaciones más vulnerables –inmigrantes, jóvenes, mujeres y determinados grupos étnicos y raciales-. Este hallazgo corresponde a lo encontrado en otros países y regiones[1], y guarda también relación con lo que sucede con otro tipo de delitos.

La aplicación de las leyes de drogas ha generado incentivos perversos que premian la represión indiscriminada y que han estado acompañados por el uso desmedido de la fuerza y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos. Como conclusión es posible señalar que la mezcla de fuerzas policiales poco preparadas, caracterizadas por altos niveles de corrupción y débiles mecanismos de control, y una estrategia punitiva – deliberada y sin pocos criterios de aplicación– ha influido en los bajos niveles de eficiencia y legitimidad de esta institución.

Tomando como base lo que sucede en América Latina, el régimen de control de drogas ha sido aplicado de manera asimétrica

Como respuesta a esta situación se identificaron un conjunto de intervenciones para limitar la entrada al sistema de justicia penal para los eslabones más débiles. Estas medidas, que implican en algunos casos reformas a las leyes de drogas, pueden contribuir a descongestionar la labor policial, focalizar la acción del Estado en los eslabones más fuertes y ofrecer respuesta adecuadas a problemas que deben ser abordados desde el enfoque de salud pública e inclusión social. El impacto de estas medidas dependerá del tipo de drogas sobre las cuales recaigan las decisiones – por ejemplo el impacto de la regulación de la marihuana será distinto de las intervenciones que involucren la cocaína o la heroína[2].

La mezcla de fuerzas policiales poco preparadas, caracterizadas por altos niveles de corrupción y débiles mecanismos de control, y una estrategia punitiva... han influido en bajos niveles de eficiencia y legitimidad de esta institución

Las reformas a las políticas de drogas no deben ser asumidas como la panacea de los problemas y desafíos que enfrenta la policía. Esta institución requiere de cambios y medidas de fondo, especialmente cuando se trate de responder a las graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la adopción de medidas alternativas para los eslabones más débiles puede contribuir a focalizar los limitados recursos del Estado, acotar los niveles de discrecionalidad cuando sea necesario, e implementar intervenciones diferenciadas para los eslabones que componen la cadena de las drogas.

Lo anterior no significa que el Estado vaya a abstenerse de hacer cumplir la ley o que la Policía vaya a dejar de capturar y de desarrollar investigaciones contra el crimen organizado. Por el contrario, las reformas a las políticas de drogas pueden generar mejores condiciones para que el Estado cumpla con sus obligaciones, tomando como una prioridad la protección y el bienestar de los ciudadanos. Comenzar a transitar por este camino no debe ser interpretado como una señal de debilidad y tolerancia hacia el crimen. Se trata de reorientar el sistema de justicia y los recursos limitados a los delitos más graves y perjudiciales, invirtiendo la relación actual: siendo duros con los “duros” y responsables y compasivos con los débiles.

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[1] Caulkins, J. & Chandler, S. (2006) “Long-Run Trends in Incarceration of Drug Offenders in the U.S.” En Crime and Delinquency 52(4):619–41. Caulkins, J. & Sevigny, E. (2005). “How Many People Does the U.S. Incarcerate for Drug Use, and Who Are They?” En Contemporary Drug Problems 32(3):405–28. Bergman, M., Masello, D. y Arias, C. (2014). Ibid. [2] Caulkins, P. & Lee, M. (2012). The Drug-Policy Roulette. En National Affairs. No. 12.

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