{youtube}HkA8YdA3XUY|400|300| true{/youtube} Primera emisión del programa de análisis 'Cómo va la Paz' /Tomado de Canal Capital. Luego de una votación arrolladora en la Cámara de Representantes a favor de lo que se ha llamado Marco Jurídico para la Paz, la balanza parece indicar que a solo dos debates, este proyecto de reforma constitucional podría salir victorioso. Pero hablar de un proceso de paz en Colombia es un tema espinoso luego del fracaso del Caguán, por eso, las voces a favor y en contra siguen alimentando el debate.

Ese fue el tema con el que se lanzó el nuevo programa de análisis de Canal Capital ‘Cómo va la Paz’, dirigido y conducido por Javier Ciurlizza, director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, quien invitó como panelistas al senador Roy Barreras, al representante Miguel Gómez Martínez, a María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ y a Juan Carlos Palou, coordinador del Área de Construcción de Paz y Postconflicto de la FIP.

Para Gómez, representante del Partido de la U, que votó en contra del Marco en el último debate, esta iniciativa no es necesaria y sí produciría una enorme frustración en las víctimas. “Hemos tenido varios procesos de paz sin marcos jurídicos. No me gusta ponerlo en la Constitución porque la Constitución es una norma máxima, y en el caso de este Marco, es una norma temporal”, dijo. Para el representante, la discusión no debería estar en hacer la paz poniendo en juego la justicia. “Parte del fracaso del proceso de paz con los paramilitares fue haber decidido que por la paz se sacrificaba la justicia. Ahí lo que hubo fue impunidad”, afirmó.

Para Juan Carlos Palou de la FIP, el escenario es totalmente opuesto. “Al Marco hay que apoyarlo porque la historia de la negociación con los paramilitares nos ha demostrado y enseñado todo lo que no podemos repetir si queremos tener éxito en un proceso que además de ser negociado políticamente, produzca unos altos niveles de verdad, justicia y reparación”. Lo valioso del Marco para Palou radica en que sin estar negociando, los colombianos estarían mandando un mensaje de diálogo a la guerrilla pero con unas condiciones, “unos mínimos que no estamos dispuestos a rebasar, como por ejemplo, el máximo nivel de justicia, verdad y reparación”, dijo en ‘Cómo va la paz’.

Ya la FIP había enviado una carta a los presidentes del Senado, Juan Manuel Corzo, y de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, pidiendo que continúe el trámite del proyecto. “Es legítimo y deseable que el Estado colombiano construya las condiciones jurídicas para que sea posible negociar la terminación del conflicto armado interno, sin perjuicio de los derechos de las víctimas y del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado”, asegura la misiva.

¿Impunidad?Esa es una de las mayores preocupaciones de quienes se oponen al proyecto, como José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de Human Rights Watch (HRW), quien afirmó en una carta que este Marco dejaría a Colombia ad portas de que se permita la intervención de la justicia internacional. El representante Gómez coindice con Vivanco. “Si lo mínimo para sentarse a negociar es que no los vamos (a las Farc) a perseguir legalmente, que hay unos delitos que no vamos a investigar y que hay unas personas que nunca van a pagar por sus crímenes, no quiero imaginar lo que es un máximo. Con este Marco, la cuota inicial de la negociación es costosísima, es un error colosal para la paz”, dijo.

Por su parte, el senador del Partido de la U, Roy Barreras, uno de los ponentes del Marco, aseguró que es necesario encontrar mecanismos para la desmovilización de la guerrilla, centrando el privilegio en la verdad a favor de las víctimas y que para hacerlo se necesita de este marco constitucional. “Si hay algo que genera impunidad es la ley de Justicia y Paz que solo tiene dos sentencias en firme. En un mar de denuncias se pierden los hechos más graves y los máximos responsables”, aseguró.

Para Barreras, seleccionar a los máximos responsables -algo que también ha sido criticado- “no es para perdonarlos sino para castigarlos”, y agregó que siempre habrá una disminución de la justicia en favor de la verdad cuando se trata de hacer procesos de paz. “Colombia ya tiene leyes transicionales que han intentado que los criminales cuenten la verdad, pero no hay un marco constitucional que las integre y se necesita”, dijo el senador.

María Camila Moreno, de la ICTJ, que también apoya el proyecto, dijo en ‘Cómo va la paz’ que esta sería la oportunidad para reflexionar sobre los objetivos estratégicos del a justicia transicional. “Esfuerzos como Justicia y Paz y la atención a victimas han sido importantes pero desarticulados si al final no logramos desmantelar a las organizaciones criminales, ni garantizar la no repetición de los hechos”.

¿Participación política?Es otro de los puntos álgidos del proyecto. “Ni Timochenko ni ninguno de los cabecillas de la guerrilla van a llegar a cargos de elección popular por causa de este acto legislativo. Eso no es posible”, dijo el Presidente Juan Manuel Santos, para responder a las críticas durante su intervención en la Cátedra Colombia. Sin embargo, para Juan Carlos Palou es indispensable. “Hay que plantearlo como un incentivo pero también como el reconocimiento. Ahí hay un capital social que se puede transformar, no se puede echar en pérdida porque es un recurso para la reintegración de esos grupos”.

Y aunque este tema salió del Marco, Roy Barreras insiste en que debe haber participación política. “Yo no puedo ofrecer a los grupos armados ilegales que cambien las balas por la palabra, sin darles la palabra”.