Llama la atención que a menos de seis meses de terminar el periodo del actual alcalde de Medellín, se anuncie la presentación al Concejo de la Política Pública de Seguridad y Convivencia para la ciudad. Es habitual que las políticas públicas guíen la formulación de estrategias y acciones y no que estas se expidan al final del periodo.

Sin embargo, parece que esta política post y no pre, es más una guía basada en aprendizajes sobre estrategias y acciones logradas o que quedaron pendientes, que resulta útil si el nuevo alcalde está dispuesto a construir sobre lo construido y lo aprendido y no a volver a empezar de cero como hacen muchos nuevos mandatarios.

Esta política incorpora algunos de los elementos que ya están siendo desarrollados con buenos resultados en algunas otras ciudades y forman parte de la formula mínima que un alcalde debe tener en cuenta para la gestión de la seguridad ciudadana.

Algunos de ellos se relacionan con el ejercicio del liderazgo del alcalde en materia de seguridad (sin delegarlo en organismos de seguridad y justicia) y el fortalecimiento de la institucionalidad mediante equipos técnicos especializados (Secretaria de Seguridad) que le permitan ganar autoridad para liderar con conocimiento, coordinar e interactuar de manera cualificada con los organismos de seguridad y de justicia.

También incorpora lineamientos en materia de priorización y focalización con el objeto de concentrar capacidades en las zonas más afectadas por la inseguridad, así como el análisis de datos delictivos, procesos de georefrenciación, planeación, seguimiento y evaluación. De igual forma, tiene lineamientos orientados a impulsar acciones articuladas e intervenciones coordinadas entre distintas áreas de la administración local con responsabilidades en seguridad.

Esta política incorpora algunos de los elementos que ya están siendo desarrollados con buenos resultados en otras ciudades y forman parte de la formula mínima que un alcalde debe tener en cuenta para la gestión de la seguridad ciudadana

Sin embargo hay tres propuestas que llaman la atención:

Primero, la idea de la microgerencia para la seguridad. Esta es una fórmula práctica de llegar al territorio de manera efectiva. Exige la implementación de procesos organizacionales que permitan no solo focalizar los recursos y capacidades en aquellas zonas donde más se concentran los problemas, según las condiciones de cada territorio, sino que también un liderazgo que desarrolle el compromiso de otras entidades locales con la seguridad. Sectores como la educación, la salud, el espacio público y la integración social, entre otros, tienen incidencia directa con las condiciones de seguridad de una ciudad y por ello los procesos de planeación, diseño de estrategias y acciones y la ejecución, deben involucrarlos. Esta microgerencia permite generar estrategias diferenciadas que sean coherentes con las problemáticas complejas y multidimensionales que deben atenderse.

En segundo lugar está el planteamiento sobre la necesidad de que los nuevos procesos, escenarios e instrumentos en materia de seguridad se inserten en la cotidianidad tanto de las agencias del Gobierno (administración local , seguridad y justicia), como en la ciudadanía, elemento fundamental para que los cambios sean sostenibles. Ello requiere una transformación en la manera como las entidades y la sociedad entienden la seguridad y convivencia ciudadana, basada en el desarrollo de nuevas competencias públicas y privadas así como de procesos de formación para la seguridad y convivencia que faciliten la comprensión de los problemas y el rol de cada uno en la generación de condiciones de seguridad.

Tal como lo establece la política, “…tanto la ciudadanía como las autoridades públicas deben señalar la seguridad y la convivencia como prioridades del desarrollo, esto como un primer paso para propiciar la coordinación de ambos alrededor del tema”[1].

Para esto, como se dijo, es necesario desarrollar competencias en materia de seguridad y convivencia en funcionarios públicos relacionadas con las problemáticas específicas que deben atender, así como conocimientos especializados en esta materia que les permitan direccionar eficazmente las acciones de las entidades locales, las policiales y la coordinación con la justicia a nivel territorial.

De manera complementaria, la política plantea el desarrollo de competencias ciudadanas para la “gestión, atención y trámite de diferencias y de conflictos cotidianos como riñas, problemas de violencia intrafamiliar y altercados entre vecinos, por vías no violentas”, así como el empoderamiento para el ejercicio de control social en temas de seguridad y convivencia, con lo cual se potencia una relación de corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía.

Llama la atención la propuesta orientada a construir una agenda de trabajo con el sector justicia

Por último, llama la atención la propuesta orientada a construir una agenda de trabajo con el sector justicia, primero para dinamizar la relación con los organismos de justicia que dependen del nivel nacional, y segundo, para impulsar la prestación eficiente de los servicios de justicia en el territorio (que sean cercanos al ciudadano) y poner en marcha mecanismos alternativos de solución de conflictos – MASC.

Gestionar desde la alcaldía la conexión entre estos niveles, no solo garantiza la adecuada prestación del servicio se justicia, sino que facilita la articulación del Estado en el nivel territorial para atender las prioridades en materia de seguridad ciudadana y elevar los niveles de gobernabilidad y legitimidad.

Adicionalmente, la política propone la creación de una política criminal local que articule las prioridades y herramientas de la seguridad ciudadana y convivencia, con las capacidades y prioridades de la administración de justicia de manera que se responda de manera adecuada a las demandas de justicia de la ciudadanía.

Esta es una propuesta integradora ya que “un sistema de justicia eficiente, con bajos niveles de impunidad, envía señales claras a las personas y grupos al margen de la ley frente acerca de que delinquir puede tener, con gran probabilidad, un alto costo, desestimando la comisión de un gran porcentaje de tipologías delictivas (MCV, 2014:49). También da un mensaje a la ciudadanía de que acudir a los mecanismos formales de denuncia y participación activa en los procesos judiciales para el esclarecimiento de la verdad, es necesario para la adecuada administración de justicia”[2].

Entender que las políticas y estrategias de seguridad y convivencia no pueden seguir al vaivén de intereses políticos y deben construir sobre lo construido, puede ser la clave

No podríamos terminar esta nota dejando de lado el lineamiento orientado hacia el uso de tecnologías que faciliten al ciudadano la formulación de la denuncia, que ya está funcionando en Medellín y es ejemplo para otras ciudades. El avance en este tipo de mecanismos que benefician directamente al ciudadano, requiere altos niveles de articulación en la gestión de la seguridad en el municipio e involucra la cooperación de organismos del orden nacional y local que solo se logra si desde la alcaldía se ejerce un liderazgo que alinee las prioridades y fomente la cooperación.

Entender que las políticas y estrategias de seguridad y convivencia ciudadana no pueden seguir al vaivén de los intereses políticos de las administraciones y deben construir sobre lo construido, puede ser la clave para que las condiciones de seguridad no se deterioren con los cambios de gobierno local. Ojalá el nuevo alcalde valore este esfuerzo producto de la experiencia y Medellín siga consolidándose como una ciudad ejemplar en el país.

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[1] Proyecto de Acuerdo 327 de 2015 “Por medio del cual se aprueba la política pública de seguridad y convivencia de Medellín”.

[2] Ibidem