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Se mueve el ajedrez de la paz

Poco antes de finalizar mayo, el presidente Juan Manuel Santos oficializó su decisión de vincular a la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y al empresario Gonzalo Restrepo a la mesa de diálogos con las FARC. La idea, según señaló el mandatario, es aprovechar la experiencia que tienen Holguín y Restrepo en el escenario internacional y empresarial, respectivamente. “Son dos personas de reconocida trayectoria, reconocida responsabilidad y seriedad con el país y estamos seguros de que serán un gran aporte en este momento decisivo del proceso”, señaló Santos.

El rol de la canciller Holguín, quien no estará permanentemente en La Habana como negociadora, fue resaltado por la prensa por la importancia de capitalizar el apoyo que distintos países (Suecia, Alemania, España, Estados Unidos y otros) han expresado a las negociaciones de paz en Colombia. Así mismo, su labor se centra en transmitir a la guerrilla la complejidad de los compromisos adquiridos por Colombia ante la comunidad internacional en términos de justicia y persecución de responsables de crímenes atroces. El presidente Santos aseguró que la presencia de Holguín aseguraría que el proceso de paz “esté conforme con nuestras obligaciones internacionales, en particular las emanadas del Estatuto de Roma”.

Del mismo modo, el 20 de mayo Santos anunció un segundo movimiento relevante en la cúpula de su Gobierno de cara a las negociaciones de paz: el empresario y exintegrante plenipotenciario de la mesa de diálogos en La Habana, Luis Carlos Villegas, pasaría a fungir como ministro de Defensa en reemplazo de Juan Carlos Pinzón que tomaría el puesto de Villegas en la Embajada de Colombia en Estados Unidos. El cambio, augurado por distintos sectores en varias ocasiones, fue presentado por la prensa como la llegada de un “ministro de Defensa para la paz”. Villegas tuvo una participación activa en la mesa de diálogos con las FARC hasta finales de 2013, como representante de los empresarios en la discusión del punto de tierras y desarrollo rural. Así mismo, cuenta con experiencia en el proceso de San Vicente del Caguán, también con las FARC, bajo la administración del presidente Andrés Pastrana. En esa medida, su nombramiento fue interpretado por los medios como la búsqueda de una mayor sincronía entre la cartera de Defensa y el pensamiento del presidente Santos de cara al proceso de paz. Villegas, al ser reconocido por su talante empresarial y con experiencia en negociaciones con las FARC, aportaría a la transición de las instituciones militares y de la fuerza pública hacia un eventual postconflicto.

Según Reconciliación Colombia, los principales sectores políticos aprobaron el nombramiento de Villegas, pero también señalaron el reto que tiene el nuevo Ministro de convencer a las tropas de su liderazgo para alinearlas con el proceso de La Habana, que aún genera resistencia de algunas partes. Incluso, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) acogió la llegada de nuevo Ministro como un cambio positivo. “Villegas es una persona que conoce a las FARC, conoce sus intenciones y sus posiciones. Es decir, no es una persona que va a tragar entero las cosas que se han pretendido imponer. Eso nos da una garantía de seguridad, es un hombre de posiciones firmes,” aseguró Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore. Por su parte, ante la salida de Pinzón, el partido Centro Democrático señaló que su cambio obedeció al desacuerdo que este tenía con la suspensión de las fumigaciones con glifosato y por sus fuertes declaraciones contra las FARC.

En el primer discurso como ministro de Defensa, Villegas lanzó lo que fue considerado por algunos como un mensaje entre líneas al sector político liderado por el expresidente Uribe. En su alocución invitó a los miembros de las fuerzas armadas a no dejarse “influir malintencionadamente por la política” y refiriéndose a los comandantes y tropas de las Fuerzas Militares agregó, “así como yo no haré las operaciones y los operativos, espero que ellos no hagan política”. Finalmente, el nuevo Ministro expresó su convicción respecto a la solución negociada del conflicto a pesar de recibir el mando de la cartera de Defensa en medio de un evidente incremento de las acciones violentas de las FARC.

Suspensión del cese al fuego unilateral de las FARC

El 21 de mayo, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada ejecutaron un operativo contra el campamento del frente 29 de las FARC en zona rural del municipio de Guapi, Cauca. El bombardeo dejó como resultado 27 guerrilleros muertos y los posteriores enfrentamientos obligaron a 350 personas a desplazarse al casco urbano del municipio. Como saldo de las operaciones realizadas por la Fuerzas Armadas en Cauca y Chocó, cayeron muertos alias ‘Jairo Martínez’, participante de la mesa de diálogos en Cuba durante el 2014, y ‘Román Ruiz’, miembro del Estado Mayor Central de la organización. Según voceros de la guerrilla, Martínez y Ruiz "cayeron mientras enarbolaban la bandera de la causa más justa: la paz con justicia social y democracia para todos los colombianos”.

Las operaciones oficiales se produjeron luego de que, en el mes de abril, el presidente Santos ordenara reanudar los bombardeos sobre campamentos de las FARC a raíz de la muerte de 10 soldados a manos de esa guerrilla, también en Cauca. En consecuencia, el grupo armado respondió, el 23 de mayo, suspendiendo el cese al fuego unilateral que había mantenido a lo largo de cinco meses. “No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido… pero la incoherencia del gobierno Santos lo ha logrado, luego de 5 meses de ofensivas terrestres y aéreas contra nuestras estructuras en todo el país”, sentenció la delegación guerrillera.

Esforzándose por mantener vivo el precepto acordado de negociar en medio de la confrontación, las partes retomaron las discusiones del ciclo 37 de conversaciones en La Habana. A su vez, Santos aseguraba vía Twitter que, “hacer la paz es más difícil que hacer la guerra”, y el guerrillero ‘Pastor Alape’ planteaba: “Nosotros vamos a ir el lunes a la mesa como está establecido y el debate vamos a darlo allí". Así, los diálogos continuaron en medio de la tensión y el escalamiento de la confrontación en el territorio colombiano. La prensa volvió a registrar diariamente acciones violentas y los opositores del proceso a tener argumentos para pedir la suspensión de los diálogos.

Ante esta situación, el procurador General, Alejandro Ordóñez, instó al Gobierno a suspender los diálogos y a “rectificar el rumbo de la negociación” al tiempo que el expresidente Álvaro Uribe aseguró que la escalada de acciones violentas de las FARC eran consecuencia del deterioro de la seguridad que ha venido presentando el país durante los últimos cinco años. Por su parte, Santos dijo estar dispuesto a ir “hasta la tumba” por la paz de Colombia y le advirtió a las FARC: “si esa es la forma de buscar apoyo para ese proceso de paz se equivocan de cabo a rabo. Lo que están generando es exactamente lo contrario”.

Pasaría poco tiempo para que la Silla Vacía asegurara que “volvimos a la misma violencia de antes de La Habana” en un artículo que mostraba que, luego de tres semanas desde la suspensión del cese al fuego de las FARC, las acciones violentas se habían triplicado con respecto a los cinco meses anteriores. Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, dijo a ese medio virtual que si bien no podía hablarse de una ofensiva en sentido estricto de parte de las FARC, la cantidad de acciones violentas sí incrementaron a niveles similares a los de antes de comenzar las conversaciones en La Habana. “En apenas tres semanas, desde que las FARC rompieron su cese al fuego unilateral, esta guerrilla derramó 284 mil galones de gasolina en la selva de Putumayo, dejó sin luz a cuatro ciudades y asesinó a un coronel de la Policía”, señaló el artículo.

En consecuencia, la encuesta realizada por Gallup en junio reflejó el pesimismo de los colombianos respecto a los diálogos con la guerrilla. Según los resultados, la desconfianza llegó, durante ese mes, al punto más alto registrado desde que comenzaron las conversaciones en 2012. El 46% de los encuestados dijeron preferir una salida militar para derrotar a la guerrilla, mientras que el 45% expresó que se debe persistir en los diálogos de paz. El 62% de los encuestados aseguró no creen en un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, frente a un 33% que confía en un final positivo del proceso. En conclusión, el bimestre cerró con un escenario crítico para las conversaciones de paz, como lo aseguró el vocero del equipo negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, quien dijo: “El proceso de paz está en el peor momento desde que iniciamos las conversaciones”.

Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición

En medio de la tensión generada por el aumento de las acciones violentas en territorio colombiano, las delegaciones finalizaron el ciclo 37 de conversaciones el 4 de junio, anunciando el acuerdo en torno a la creación de una comisión de la verdad que buscará contribuir a la comprensión de lo sucedido en el conflicto. Se trata, según el comunicado de las partes, de la Comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición que entrará en funcionamiento una vez se llegue a un acuerdo de paz. Su propósito, además de propender por el esclarecimiento de los hechos de la guerra, es contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover la convivencia en los territorios. “En este nuevo escenario será posible aportar a la construcción y preservación de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no solo se satisfaga el derecho a la verdad, sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación, y la no repetición”, indica el informe entregado por las delegaciones desde La Habana.

La comisión tendrá carácter transitorio y funcionará bajo los principios de independencia e imparcialidad. Así mismo, las partes enfatizaron que tendrá una naturaleza extrajudicial, es decir, que “sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella”. Así mismo, se acordó que estará compuesta por 11 comisionados/as elegidos por un comité de nueve personas, seis de ellas seleccionadas por el Gobierno y por las FARC y las tres restantes por organizaciones sobre las que se llegue a un acuerdo en la Mesa.

Entre las funciones que se le asignaron a la Comisión está la investigación de responsabilidades colectivas del Estado, las guerrillas y el paramilitarismo en el conflicto; la indagación sobre el impacto humanitario de la guerra en sus múltiples facetas y la promoción de espacios nacionales, regionales y territoriales de reflexión y donde confluyan diferentes voces.

Humberto de la Calle, vocero del Gobierno, destacó el potencial de la Comisión y el rol de esclarecimiento. A su juicio, buscar aclarar los hechos de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, así como el compromiso de la no repetición, constituyen un reconocimiento a las víctimas y a la vez, unas “bases sólidas para la convivencia y la construcción de paz”. Del mismo modo, De la Calle reiteró que la conformación de la Comisión no es una medida en detrimento de la justicia sino que, por el contrario, “el esclarecimiento de la verdad es una pieza fundamental de un sistema más amplio que incluirá también medidas judiciales”.

Por su parte, la delegación de paz de las FARC, a través de su representante, ‘Iván Márquez’, valoró el diseño de la comisión de la verdad como un elemento fundamental del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que está por pactarse en la Mesa. Sin embargo, la guerrilla considera que las funciones y el mandato que se acordaron para la Comisión no tendrán procedencia si no se dispone de acceso público a los archivos sobre las operaciones de inteligencia militar del Estado. Es preciso “conocer la verdad pura y limpia, las causas y la identidad con nombres y apellidos de los máximos responsables”, señaló Márquez.

Como ha sucedido en otros momentos del proceso de paz, el anuncio de la Comisión y las posturas de las delegaciones generaron varias discusiones sobre la naturaleza del acuerdo y, particularmente, sobre el alcance del ejercicio del esclarecimiento de la verdad. El presidente Juan Manuel Santos, el analista León Valencia, la exsenadora Piedad Córdoba y el senador Iván Cepeda coincidieron en valorar la Comisión como un paso fundamental para el esclarecimiento, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la reconciliación. Por su parte, el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, y el procurador Alejandro Ordóñez plantearon que la Comisión no cumplirá con la búsqueda de la justicia que necesita el país.

En una columna publicada el 11 de junio, el Procurador profundizó su crítica ante la Comisión, asegurando que mientras la guerrilla de las FARC tenga el poder de definir quiénes la conforman, ésta no tendrá posibilidad alguna de ofrecer esclarecimiento ni justicia. Para Ordóñez, ni los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas ni la Comisión de la Verdad contribuyen de manera genuina a la verdad pues, “a pesar de lo repetido por el Gobierno, no existe en el Acuerdo una sola sílaba que obligue a los victimarios a decir la verdad como requisito para acceder a penas alternativas; ni se exige sincero y público arrepentimiento”. Una mirada similar, pero a su vez analítica sobre la Comisión de la Verdad, provino del sociólogo francés y miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), Daniel Pécaut. A juicio del experto, la búsqueda del esclarecimiento de lo sucedido en medio de la guerra es fundamental para los derechos de las víctimas. Sin embargo, llama la atención sobre el momento en el que las partes pactaron el diseño de esa Comisión: “no sólo porque el conflicto sigue, sino porque además no hay acuerdos sobre algunos temas fundamentales como el de la justicia transicional”. Para Pécaut, es preocupante que se aborde el problema del esclarecimiento de la verdad sin un reconocimiento claro y decidido, de parte de las FARC, de sus responsabilidades en el conflicto. Finalmente, plantea que un hecho que juega en contra de la Comisión de la Verdad es que, en Colombia, a diferencia de otros países como Argentina o Chile, se ha investigado bastante y se tiene buen conocimiento de lo que ha ocurrido en la guerra, aún antes de que ésta termine. Por lo tanto, la Comisión no será tan novedosa y su potencial podría verse comprometido.

Por último, el director del programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group, Javier Ciurlizza, se refirió al alcance de una Comisión de la Verdad para Colombia y planteó que los testimonios de las víctimas y la narración espontánea de las experiencias en el conflicto hacen parte del “doloroso ejercicio de mirarse en el espejo de la historia”. En ese sentido, agrega, la imagen que Colombia verá no será agradable pero contribuirá, lentamente, a la reparación y, sobre todo, a evitar que se repita lo sucedido.

Zonas de concentración para las FARC

Partiendo de la coyuntura del escalamiento del conflicto, el partido Centro Democrático logró visibilizar, durante los últimos dos meses, la propuesta que había presentado en marzo sobre la concentración de los miembros de las FARC. La idea de destinar zonas geográficas específicas para dicha concentración se planteó entonces como requisito para prolongar en el tiempo las conversaciones de paz y para asegurarse de que un eventual cese al fuego de parte de la guerrilla sea “verificable, irreversible y efectivo”.

El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe llamó la atención desde finales de mayo sobre la concentración como una forma de sobrellevar la negociación de La Habana mientras continúa el conflicto en Colombia. El 17 de junio, el Senador agregó nuevos detalles a su propuesta, planteando que los guerrilleros podrían concentrarse en zonas de “extensión prudente no en zona de frontera, tampoco que coincida con áreas estratégicas para la economía y carente de población civil". Adicionalmente, aseguró que podrían mantener las armas durante su concentración para entregarlas una vez se firme el acuerdo de paz y el tiempo que permanezcan en dicha zona podría “descontarse” de las condenas de cárcel que tengan que pagar por sus delitos.

La discusión no se hizo esperar. El ministro del Interior, Juna Fernando Cristo, señaló que el Gobierno no descarta la fórmula de la concentración, aunque agregó que el estudio de esa medida está a cargo de los negociadores en La Habana. No obstante, llamó la atención sobre lo constructivo que resulta el hecho de que el expresidente Uribe, habitual opositor de las conversaciones de paz, plantee iniciativas de ese tipo. Por su parte, las FARC, a través del comandante ‘Pastor Alape’, aseguró que la prioridad en ese momento para la guerrilla era la conformación de una comisión de esclarecimiento de la verdad. En ese sentido, agregó que sí en el marco de esa comisión, los colombianos proponen una reclusión de las FARC en una zona específica, la guerrilla no lo descartaría.

Otros sectores políticos tampoco permanecieron ajenos al debate. Los senadores Luis Fernando Velasco (Liberal) y Eduardo Enríquez Maya (Conservador), señalaron la importancia de que Uribe plantee alternativas en el marco del proceso de paz. No obstante, los senadores encuentran difícil aplicarla dada la dinámica de la confrontación actual y los compromisos internacionales adquiridos por Colombia. En contraste, la senadora Viviane Morales describió la iniciativa como una nueva versión de las zonas de concentración de Ralito, mientras que el senador Carlos Motoa, de Cambio Radical, dijo que “sería ni más ni menos que establecer republiquetas independientes y con armas”.

De otra parte, la periodista Juanita León analizó la iniciativa y planteó que más allá de la moderación en sus críticas frente al proceso, la propuesta no tiene viabilidad dado el nudo que se está presentando actualmente en torno al tema de justicia transicional en la mesa de diálogos. De acuerdo con León, aunque la guerrilla ha mostrado su voluntad de avanzar con el proceso de paz, aún no es claro que haya tomado la decisión irreversible de dejar las armas, y la concentración es un escenario que una guerrilla contemplaría solo cuando esté dispuesta a esa desmovilización. Entre los factores que impiden pensar que las FARC estén totalmente decididas a desmovilizarse está la discusión sobre la justicia: mientras el Gobierno plantea condenar a los máximos responsables para responder a las directrices del Tratado de Roma, la guerrilla dice que no pagará “ni un día de cárcel”. Por lo tanto, hasta no solucionar ese nudo gordiano, sugiere la periodista, el planteamiento de Uribe sobre la concentración de las FARC resulta “magnánimo pero inviable”.

Finalmente, cuando la discusión parecía palidecer ante los hechos violentos en distintas regiones del país, el vocero del Gobierno, Humberto De la Calle, concedió una entrevista, como no lo había hecho antes, en los primeros días de julio, en la que se refirió a la proposición de Uribe como “necesaria y realista”. De la Calle agregó que dicha concentración sería una de las condiciones que permitirían que el Gobierno anticipe la puesta en marcha de un cese al fuego bilateral y definitivo para antes de la firma del acuerdo final. Así que, dependiendo de la dinámica de la Mesa, el debate abierto por el expresidente resulta promisorio para el futuro a corto plazo del proceso.