A finales de marzo, el Centro Democrático (CD) publicó la propuesta “Diálogos de paz sin afectar la institucionalidad democrática” en la que se muestran a favor de “la prolongación de los diálogos pero con concentración inmediata de las FARC, en un sitio que garantice que quienes delinquen por fuera de él no son sus integrantes".

Con la concentración se buscaría que haya un “cese de acciones criminales”, que además de ser eficaz, sea “verificable, irreversible y definitivo”, lo cual exigiría que “las FARC reúnan todos sus efectivos y todas sus armas en un sitio de concentración, que no debe estar en ningún casco urbano, en zonas de frontera, en áreas estratégicas, ni en lugares de alta producción agrícola o ganadera”.

El CD también propone que haya “verificación a cargo de organismos tales como la ONU, la OEA y el Comité Internacional de la Cruz Roja”. Frente al manejo de las armas, este partido político reitera que la “dejación o declaración de no uso de las armas es insuficiente” y propone que las entreguen y destruyan para que salgan de circulación “durante un eventual proceso de refrendación popular de los acuerdos, como a lo largo de los años que transcurrirían entre la firma de los acuerdos y el cumplimiento de lo pactado”.

La propuesta del CD no ha pasado desapercibida y se da cuando los diálogos pasan por su momento más crítico –a pesar del anuncio del cese por parte de las FARC a partir del 20 de julio– y parecen estar empantanados en la discusión sobre el modelo de justicia transicional, a lo que se suma que según las encuestas, son más los colombianos que respaldan la opción militar como salida al conflicto. La propuesta, además, parece tender puentes para un diálogo constructivo entre el gobierno nacional y el sector más crítico del proceso de paz de La Habana.

Precisamente, el domingo, Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno con las FARC, calificó la propuesta del CD como “necesaria y realista”, y afirmó que las zonas de concentración “pueden ser para gente temporalmente armada que se someta a un proceso de dejación de armas, que es una condición esencial para que haya acuerdo y se reincorporen a la vida civil”. No obstante, hizo una salvedad sobre si la propuesta es “oportuna”, al decir que el Gobierno anticiparía un cese al fuego sólo si se crean las zonas de concentración.

En otras palabras, esas zonas serían una condición sine qua non para garantizar el cese al fuego integral y sostenido únicamente entre las dos partes –no “mal hecho”, como lo llama De la Calle– y para generar espacios realistas para el desarme de las FARC (bajo los principios técnicos y operativos que estos procesos demandan), con previa “garantía” de que haya un acuerdo sobre el tema de justicia.

El caso del EPL pone de manifiesto que hoy en día la propuesta de las zonas de concentración buscan arar el terreno para restringir al mínimo las hostilidades entre las partes.

Ahora bien, al tiempo de que la propuesta del CD cobra pertinencia, las respuestas de De la Calle, con sus condiciones respecto al cese bilateral, dejarían entrever que hay avances en cuanto al modelo de dejación de armas y desmovilización para las FARC. Sin embargo, un aspecto del debate que no ha sido debidamente ponderado es que la propuesta debería reconocer que una zona de concentración no es coherente con la presencia territorial, realidad organizacional y número de estructuras de las FARC y, por consiguiente, lo más práctico sería pensar en un número determinado de zonas de concentración que sí tengan en cuenta estos factores.

La experiencia del Ejército Popular de Liberación (EPL) arroja algunas luces. En septiembre de 1990, en el Acuerdo de Pueblo Nuevo y Juan José, el Gobierno y el EPL definieron la creación, en un plazo de 15 días, de nueve campamentos en las zonas donde este grupo guerrillero había tenido presencia histórica. Luego fueron reducidos a siete y tras una serie de memorandos finalmente se definió, en octubre de ese mismo año, un acuerdo sobre las normas fundamentales de los campamentos de paz. En doce puntos definieron aspectos logísticos y de infraestructura, otros sobre la entrada y salida de personas e inclusive paquetes de capacitación, formación y recreación. También se dividieron estos espacios en tres zonas: una interna para los guerrilleros, una franja externa a la primera, de tipo neutral y no patrullada, y la tercera a cargo del Ejército cuya responsabilidad fue la protección del campamento.

Allí, grupos de entre 200 y 600 guerrilleros del EPL portaron armas, vistieron camuflados y mantuvieron el orden interno hasta el inicio, el 1 de marzo de 1991, de las ceremonias de dejación de armas y desmovilización. Estas, además, contaron con veeduría nacional e internacional, en cabeza de la Conferencia Episcopal y de la Internacional Socialista y el Partido Obrero Español, respectivamente.

El caso del EPL pone de manifiesto que hoy en día la propuesta de las zonas de concentración busca arar el terreno para restringir al mínimo las hostilidades entre las partes, verificar la cantidad de integrantes y de armas, y preparar a los guerrilleros para la dejación en espacios con suficientes condiciones de seguridad, contribuyendo al desescalamiento de las acciones armadas.

No se trata de la reedición del Caguán o la creación de varios caguanes como de forma anacrónica han planteado algunos sectores del país. El Caguán fue una zona desmilitarizada de más de 40.000 km2 que se dio en un contexto socio-político muy diferente al actual. También sería impertinente comparar esta propuesta con la experiencia de la zona de ubicación de Santafé de Ralito, que se dio bajo unas condiciones y con unos propósitos muy distintos. De tal forma que las zonas de concentración ni son hijas bastardas del Caguán y Ralito, ni fantasías que carecen de sustento, aunque pongan a circular memorias que hoy parecen recobrar fuerza.

Son, por el contrario, propuestas válidas para la culminación de la firma de unos acuerdos y la primera piedra para la puesta en marcha de procesos de corto plazo, como las medidas de estabilización provisional (MEP o Holding Patterns) que, en términos generales, son la creación de condiciones mínimas de seguridad para los guerrilleros que recién dejan las armas.

Estas medidas son fundamentales, en primer lugar, para equilibrar el paso del tiempo con brechas o riesgos como la inseguridad del entorno, así como la posible reducción de cohesión social de los desmovilizados y de su control por parte de sus antiguos superiores y del Gobierno. Y en segundo lugar, para que la implementación temprana de unos acuerdos de paz (punto 3.6 del Acuerdo General o de garantías de seguridad, por ejemplo) no corran el riesgo de fracasar a causa de la imposibilidad de mantener principios de confianza y capacidades de absorción en el nivel individual, en el del Estado y en el de las comunidades.

Bienvenido, pues, el debate. Bienvenidas las propuestas sosegadas y reflexivas, cuyo propósito real sea el de aportar para desenredar parte del nudo mental que, desafortunadamente, tiene otra vez a los colombianos pensando en más guerra.