Lea toda la información relacionada con las actuales negociaciones de paz con las FARC durante marzo y abril AQUÍ

El cara a cara entre militares y guerrilleros en La Habana

La primera semana de marzo, el presidente Juan Manuel Santos autorizó el viaje de un grupo de oficiales activos de las Fuerzas Armadas a La Habana para discutir con los guerrilleros aspectos técnicos sobre el fin del conflicto. El grupo estuvo integrado por el Almirante Orlando Romero Reyes, ejecutivo de inteligencia; el General Alfonso Rojas Tirado, oficial de Infantería; el General Martín Fernando Nieto, oficial de inteligencia militar; el General Oswaldo Rivera Márquez, general de las Fuerzas Militares y Álvaro Pico Malaver, General de la Policía Nacional. Junto a los oficiales se encuentra también el mayor general, Javier Flórez, quien ya había sido designado por el Presidente para liderar el equipo técnico del gobierno.

Los seis generales llegaron a Cuba el 5 de marzo para integrar la subcomisión técnica sobre el fin del conflicto. Desde entonces, militares y guerrilleros se encuentran discutiendo aspectos contenidos en el tercer punto de la agenda de diálogos relativos al cese al fuego bilateral y definitivo, desmovilización y la dejación de armas.

El jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto De la Calle, resaltó el hecho de que los militares activos se dispongan a discutir temas técnicos sobre la confrontación armada en una misma mesa con su contraparte. "Como ha ocurrido en otros procesos de paz en el mundo, por ejemplo en El Salvador, la presencia de militares activos enriqueció el debate alrededor de los temas propios del conflicto", sostuvo De la Calle. En el mismo sentido se pronunció el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien señaló que la presencia de oficiales de las FF.MM en la subcomisión técnica para el fin del conflicto “es garantía de que estamos en manos de expertos para hablar de desarme y de paz. Nada le puede dar más confianza al pueblo colombiano de que no van a salir con cuentos, que tener a generales experimentados influyendo en las decisiones de La Habana”[1].

Sin embargo, la llegada de oficiales activos de la fuerza pública a la sede de los diálogos de paz no cayó bien en el sector del uribismo. Tanto el expresidente Álvaro Uribe como el senador Alfredo Rangel, no dudaron en calificar la presencia de militares en Cuba como “humillante” e “inconstitucional”. En esa medida, este sector de oposición puso sobre la mesa la discusión referida a la deliberación por parte de miembros de la fuerza pública. Según el partido político Centro Democrático, con la presencia de oficiales en La Habana el gobierno viola el artículo 219 de la constitución que establece que “los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o en movimientos políticos[2]”.

No obstante, interpretaciones como la del historiador Medófilo Medina plantean que participar en el desarrollo de una política de Estado -como es la paz- no puede confundirse con tomar posición o partido[3].

Desescalando el conflicto: acuerdo sobre desminado y cese de bombardeos

Con la finalización del ciclo 33 de las conversaciones en La Habana, las delegaciones de paz anunciaron el 7 de marzo el programa para desminar el territorio colombiano. En un comunicado conjunto entregaron algunos detalles sobre lo que denominaron acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (muse) o restos explosivos de guerra (REG) en general.

Las partes oficializaron la solicitud a la organización Ayuda Popular Noruega (APN) para que coordine un plan piloto de desminado en regiones que serán seleccionadas con base en información recolectada en terreno. Así mismo, el acuerdo establece que equipos integrados por un coordinador de la APN, personal técnico del gobierno y delegados de la partes en diálogo, procederán a la descontaminación de dichas áreas. El diálogo y pedagogía con las comunidades locales y la verificación oficial de la APN fueron principios también acordados en el documento. Finalmente, el acuerdo indica que “el equipo verificador de la APN, junto con los delegados del Gobierno Nacional y los de las FARC, harán entrega formal de las tierras descontaminadas a los representantes y autoridades comunitarias locales”[4].

Pocas horas después del anuncio, el presidente Santos exaltó el acuerdo alcanzado por las partes y lo calificó como un "logro inmenso y maravilloso, un paso importante que hay que valorar, pues Colombia es uno de los países con más minas del mundo"[5]. Según el Mandatario, el acuerdo de desminado permitiría que Colombia quede libre de minas para el año 2025 y el proceso tendría un costo de más de 200 millones de dólares.

El acuerdo fue bien recibido no solo por miembros del Gobierno como el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, o el consejero de Derechos Humanos de la Presidencia, Guillermo Rivera; sino también por partidos no alineados con la coalición de Gobierno. Así, Clara López, presidenta de Polo Democrático, valoró el trabajo mancomunado entre guerrilleros y el Estado que supone el acuerdo. En el mismo sentido, se pronunciaron la excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez y el presidente del Partido Conservador, David Barguil, quienes rodearon la decisión de pactar el desminado pero se mostraron escépticos frente a la capacidad de la guerrilla para ubicar en la práctica los artefactos explosivos sembrados en el país.

Posteriormente, el 10 de marzo, el presidente Santos informó que, basado en las muestras de voluntad de las partes para resolver el conflicto, el gobierno decidió suspender durante un mes los bombardeos contra los campamentos de las FARC. El hecho, lógico para algunos y condescendiente para otros, fue presentado como la continuación de una serie de pasos hacia la desactivación paulatina de la confrontación armada en el territorio colombiano. Sin duda, el cese al fuego unilateral de la guerrilla desde diciembre, el acuerdo sobre desminado alcanzado en la mesa de diálogos y la puesta en marcha de la subcomisión para el fin del conflicto, contribuyeron a la decisión del Presidente en el sentido de cesar las acciones ofensivas contra las FARC desde el aire.

La discusión sobre el tema no se hizo esperar. Algunos exmilitares y miembros de la Fuerza Aérea llamaron la atención sobre los riesgos de la decisión del

Gobierno y calificaron la situación como un “cese al fuego bilateral de facto”. A juicio de Gabriel Sánchez, exoficial de la Fuerza Aérea, “el Gobierno está renunciando a utilizar una de sus capacidades más importantes y contundentes que le ha dado los resultado más efectivos durante los últimos 15 años”[6].

En la misma línea se enmarcan las declaraciones del Procurador General, Alejandro Ordóñez, quien señaló que la suspensión de bombardeos sobre las FARC deja prácticamente paralizada a la fuerza pública contra el accionar de esa guerrilla. Se trata, sentenció Ordóñez, de “un cese bilateral disfrazado y un golpe más a la moral de las Fuerzas Militares de Colombia”[7].

A su turno, Humberto De la Calle, jefe de la delegación de paz del Gobierno, se pronunció en defensa de la decisión del Presidente indicando que se trató de una determinación tomada en coordinación con las Fuerzas Armadas. “Esta no es una decisión a espaldas del estamento militar y policial”,[8] puntualizó el exministro y agregó que la medida debe ser entendida como otro paso de construcción de confianza cuyo único objetivo es contribuir a la terminación del conflicto.

Por su parte, el Secretariado las FARC calificó el anuncio como una muestra de “dudosa generosidad” de parte del Gobierno cuya intensión verdadera es acallar el reclamo de la guerrilla ante la muerte de ‘Gilberto Becerro’, comandante del Frente 57 e integrante del Estado Mayor del Bloque Iván Ríos de las FARC. “La suspensión ordenada de los bombardeos aparece como un gesto de conmovedora generosidad, que busca obligar a las FARC al aplauso agradecido”, sentenció la guerrilla en su comunicado del 13 de marzo[9].

FARC rompen tregua unilateral

Cumplido el primer mes de la suspensión de bombardeos contra las FARC el 9 de abril, el presidente Santos prorrogó por un mes más la medida y agregó que ciñéndose al cumplimiento del cese al fuego unilateral de la guerrilla, prolongaría la suspensión de bombardeos periódicamente. Sin embargo, el monitoreo de la tregua adelantado por el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) pocos días después de la prórroga, indicó que en contravía de lo esperado, la suspensión de bombardeos no había contribuido a disminuir las acciones de la guerrilla. Según Cerac, entre el 10 de marzo y el 10 de abril se presentaron la mitad de las acciones violatorias al cese al fuego que se han contabilizado en los casi cuatro meses de tregua autoimpuesta por las

FARC. Es decir, de 10 hechos sumados en el total de la tregua, cinco tuvieron lugar durante el cese de bombardeos por parte de la fuerza pública[10].

Así mismo, la noche del 14 de abril, en la vereda La Esperanza, zona rural del municipio caucano de Buenos Aires, la columna móvil ‘Miller Perdomo’ de las FARC emboscó a miembros de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército causándole la muerte a 10 de ellos e hiriendo a otros 21. De acuerdo con el comandante de la Tercera División del Ejército, general Mario Valencia, y con lo establecido posteriormente por la Fiscalía y Medicina Legal, los militares fueron atacados sorpresivamente mientras dormían en su campamento provisional.

Este hecho desató una gran polémica[11] y afectó los avances en el desescalamiento del conflicto. Aunque pocos alcanzaron a sugerir que era necesario suspender los diálogos con la guerrilla, la mayoría de la opinión pública y sectores políticos demandaron la reanudación inmediata de los bombardeos sobre campamentos de las FARC.

Al confirmarse que lo sucedido en el norte del Cauca fue producto de un ataque deliberado, Santos ordenó reanudar los bombardeos: "Que les quede claro a las FARC que no me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión de cese al fuego bilateral"[12], sentenció.

El mismo día, desde La Habana, el miembro del Secretariado de las FARC, ‘Pastor Alape’, se pronunció sobre la acción armada de la guerrilla en el municipio de Buenos Aires argumentando que el ataque fue resultado de “la incoherencia de parte del Gobierno de estar ordenando operativos militares contra una guerrilla que está en tregua”. Sin embargo, agregó que la guerrilla lamentaba la muerte de los soldados e instó nuevamente al Gobierno a declarar un cese al fuego bilateral.

Igualmente, ‘Pablo Catatumbo’ respondió a las declaraciones del fiscal Eduardo Montealegre según las cuales lo ocurrido en La Esperanza es una violación al Derecho Internacional Humanitario. El hecho del 14 de abril, dijo el guerrillero, se enmarca dentro una “confrontación típica entre dos ejércitos o contendientes”; agregando que lo sugerido por Montealegre pretende equiparar a los integrantes de la Fuerza de Tarea Apolo con civiles.

Finalmente, el 20 de abril Humberto De la Calle, jefe de la delegación de paz del Gobierno, enfatizó el rechazo ante el ataque guerrillero. “El camino de

construcción de confianza y esperanza ha sido lastimado”, señaló el exministro y agregó que es reprochable que las FARC hayan deliberadamente interrumpido el avance positivo del desescalamiento del conflicto en las regiones y además violado su propia promesa de parar el fuego unilateralmente.

La opinión frente al proceso de paz, el antes y después de La Esperanza

El cuarto tema relevante sobre los diálogos de paz es el sondeo de opinión realizado a finales de abril respecto de las negociaciones. La primera de ellas fue realizada por la firma Gallup que, con respecto a la medición del mes de febrero, registró una caída en el apoyo a los diálogos de paz de 17 puntos. Mientras en febrero, el 69 % de los consultados consideraba que el diálogo era la mejor opción para solucionar el conflicto con la guerrilla; en abril esa cifra se redujo al 52 %, la más baja desde que se iniciaron las conversaciones en noviembre del 2012. Igualmente, el porcentaje de encuestados que apoya la decisión de haber iniciado un proceso de paz con la guerrilla se redujo en forma importante. El sondeo indica que esa cifra en abril fue de 57%, 15 puntos menos que en la medición de febrero.

Otro sondeo adelantado por Cifras y Conceptos, que hizo las mismas preguntas a las mismas personas en marzo y abril, mostró que mientras en marzo el 46 % de los encuestados confiaban en un final positivo para el proceso de paz, y el 56% no; en abril los optimistas pasaron al 32% y los pesimistas al 56%. Así mismo, entre las opciones para solucionar la confrontación armada con la guerrilla, la encuesta de abril indica que el 23% optaron por la derrota militar; el 33% preferiría promover la desmovilización de los guerrilleros y el 28% apoya una negociación política. Frente a esta misma cuestión las respuestas en el mes de marzo se distribuyeron así: derrota militar 24%; desmovilización de guerrilleros 33% y negociación política 43%.

Finalmente, la encuesta adelantada por la firma Ipsos Napoleón publicada el 1 de mayo indica que 69% de los encuestados cree que los diálogos no culminarán con un acuerdo de paz y con la desmovilización de las FARC; esta cifra es 16 puntos más que la registrada en noviembre de 2014. El estudio también revela que solo un 7% de quienes respondieron la encuesta apoya la continuación del proceso, tal como va, mientras que el 64% es partidaria de continuar pero con plazos perentorios. Igualmente, el 27% dice que se deberían romper las negociaciones y que el gobierno lance una ofensiva militar.

*Radar realizado en colaboración de: Sherezade Mitrotti

[1] Ver comunicado de Humberto De la Calle aquí

[2] Razón Pública, “La Habana: los tabúes que se desvirtúan”. 25 de agosto de 2014. Disponible en aquí

[3] Ibíd

[4] Ver comunicado conjunto # 52 aquí

[5] Ver nota: “Gobierno y FARC firmaron acuerdo sobre desminado” aquí

[6] Ver nota: “Orden de suspender bombardeos es un cese bilateral de facto: analistas” Aquí

[7] Procuraduría General de la Nación. Comunicado de prensa. 11 de marzo de 2015. Disponible aquí

[8] Ver comunicado de Humberto De la Calle aquí

[9] Ver comunicado de las FARC aquí

[10] Ver nota: “Suspensión de bombardeos no disminuyó la intensidad del conflicto: CERAC” aquí

[11] Agenda Propia. “Desminado, acuerdo de gran significado para el Cauca”. 10 de marzo de 2015. Disponible aquí

[12] Ver nota “Santos ordena bombardeos tras rompimiento de la tregua de las FARC” aquí