Esta columna de publicada por El Espectador el 21 de abril de 2015

Asociar el deterioro de la situación de seguridad en el país a las negociaciones de paz en La Habana como lo viene haciendo el Centro Democrático, es un disparate que no se corresponde con la realidad. Si siguiéramos la lógica expuesta por este grupo político en su comunicado de finales de marzo, bastaría con que acabemos con el actual proceso de paz para que la seguridad se impusiera en campos y ciudades. Ojala fuera así de fácil.

Un análisis sereno a las cifras permite llegar a otras conclusiones y abrir un debate distinto y más constructivo sobre las políticas e iniciativas para mejorar las condiciones de seguridad de los colombianos.

El Centro Democrático dice que entre el 2010 y el 2014 se dispararon incidentes asociados con el conflicto armado como ataques a instalaciones militares y oleoductos, hostigamientos, retenes y acciones terroristas en general. Además sostiene que al igual que sucedió en el Caguán, las FARC han utilizado este proceso para fortalecerse militarmente. Y, en libre asociación, mezclan el proceso de paz con un supuesto deterioro de la confianza inversionista (ver gráfico), con los problemas que afectan la seguridad urbana y con el crecimiento alarmante de la extorsión. Recordemos que estas últimas problemáticas de seguridad ciudadana vienen preocupando a la población por lo menos desde 2008-2009, llevando al entonces presidente Uribe a convocar a un “conclave de alcaldes” para examinar la situación y definir estrategias, ninguna de las cuales se cumplieron.

Miremos algunos datos y argumentos basados en evidencia:

Un reconocido estudio realizado por el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC), publicado en 2009, concluyó que la intensidad del conflicto armado disminuyó desde el 2006 y que su impacto en la situación general de la seguridad del país se redujo en la última década dando paso a otras formas de victimización. Estas conclusiones se mantienen hasta el presente. Ahora, si esto es así con la violencia homicida que ha sido el indicador por excelencia asociado al conflicto armado, qué podremos decir de los hurtos en las ciudades, en particular el hurto a celulares que está disparado y es la principal queja de los ciudadanos. ¿Tendrá esto que ver también con el proceso de paz?

Por otra parte, hay que decir que un análisis estadístico riguroso requiere mirar los fenómenos en un período de tiempo más extenso que simplemente comparar dos momentos en el tiempo como lo hace el Centro Democrático. Según la base de datos de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que va desde 1986 hasta 2013, desde que empezaron las conversaciones de paz en el 2012 hay unos incidentes asociados al conflicto que han disminuido, otros que han aumentado y otros que se mantienen. Sin embargo, no existe una relación estadísticamente significativa entre las negociaciones en La Habana y las variaciones de estos incidentes, incluidos aquellos que menciona el Centro Democrático. Esto no desconoce que en los últimos años se han dado incrementos particularmente en los hostigamientos y en los ataques a la infraestructura petrolera, sobre todo en 2013 (ver gráfico). Pero hay que tener en cuenta que estas son acciones de mediano y bajo esfuerzo militar, que han sido las más utilizadas por las FARC desde el 2007 dado su ostensible debilitamiento militar.

Por tanto, tampoco es cierto que las FARC se estén fortaleciendo militarmente en el marco de las negociaciones de paz. Informes recientes de la FIP muestran que este grupo insurgente ha sido derrotado en su propósito estratégico de la toma del poder nacional por la vía armada. Las FARC hoy solo tienen capacidad ofensiva en zonas de frontera (Catatumbo en Norte de Santander, Putumayo y Tumaco en Nariño) hacia donde se han replegado producto de la presión militar, mientras que las Fuerzas Militares mantienen una evidente superioridad en el centro del país. Otro dato contundente y demostrativo de la debilidad de este grupo es que entre el 2011 y el 2013 el 99% de sus acciones fueron de mediano y bajo esfuerzo militar (37% y 62% respectivamente).

Sobre el tema de la extorsión hay que decir que ha venido en aumento sostenido desde el 2007, casualmente un año después de la desmovilización de los paramilitares y el mismo año en que el gobierno nacional reconoció la creciente amenaza de las bandas criminales resultantes de ese proceso. La extorsión es sin duda uno de los problemas más graves que afecta la seguridad de los colombianos (ver gráfico). Así lo ha detectado la FIP a través de trabajo de campo a lo largo y ancho del territorio. Desafortunadamente, este fenómeno es uno de los menos estudiados y con mayor subregistro. Aun así miremos algunas cifras sugestivas de la policía. El 88% de la extorsión se presenta en zonas urbanas. Entre 2007 y 2010 ésta creció a una tasa promedio anual del 14% y entre 2010 y 2014 lo hizo en un 32%. En zonas rurales la extorsión aumentó en los últimos cuatro años en un promedio anual del 48%. Estos datos indican que hay varios actores extorsionando, incluidas las FARC, por supuesto.

Conclusión: en lugar de andar distorsionando la realidad para imponer una visión sobre el proceso de paz, deberíamos estar discutiendo sobre los problemas que afectan la seguridad de los colombianos en campos y ciudades. La política del miedo tan apreciada por el Centro Democrático, lo único que provoca es confusión y división entre los ciudadanos y distrae a las instituciones. Los problemas de seguridad de la gente, actualmente poco o nada tienen que ver con el proceso de paz, sino más bien con la debilidad y ausencia de políticas públicas a nivel nacional y local, pero este tema es arena de otro costal.