Aun cuando no hace parte de los puntos del acuerdo para la terminación del conflicto armado, al igual que muchos otros temas que han venido surgiendo en la agenda nacional, el futuro de la fuerza pública es y de seguro seguirá siendo objeto de comentarios, análisis y fuertes discusiones. Desde opinadores malintencionados y rumores al interior de las fuerzas militares que terminan siendo desmentidos por el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, o a través de comunicados presidenciales, hasta sesiones privadas de trabajo entre las diferentes fuerzas y al interior de las mismas[1], se espera que todo este debate apunte a prepararse responsablemente para lo que vendría si se firma el acuerdo de paz con las FARC.

Uno de esos temas, bastante polémico, ha sido la idea del presidente Juan Manuel Santos de conformar una nueva fuerza policial –gendarmería o policía rural– con la posibilidad de que se sumen excombatientes de las FARC. Los modelos foráneos bien pueden inspirarnos para reestructurar nuestro servicio de policía rural. De hecho, así ocurrió en 1936 con la asistencia técnica de una misión chilena para la organización de la policía rural montada. Sin embargo, antes de lanzarnos a replicar la gendarmería francesa en un contexto de postconflicto, sería oportuno rescatar el espíritu que dio origen a la Policía de Carabineros en Colombia, e indagar si la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, DICAR, está realmente lista para responder a la misión que se le asignó cuando fue creada en 2006. Esta habla de “garantizar la seguridad en las áreas rurales, contribuir a recuperar el control estatal y las condiciones de crecimiento y desarrollo social en corregimientos, inspecciones, caseríos y veredas”.

El debate alrededor de la necesidad de contar con una fuerza de seguridad en áreas rurales del territorio nacional es absolutamente necesario y hasta el momento no ha contado con la atención requerida. La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de 2011 hizo un valioso aporte en identificar unos ejes estratégicos y unas líneas de acción para atender las problemáticas de delincuencia y criminalidad en las ciudades, los cuales hoy en día siguen siendo válidos para la Colombia urbana. Y aunque algunos de estos componentes de política podrían rescatarse para un análisis de seguridad rural, esta desconoce enormes desafíos como cuál debe ser la presencia y control policial en lo rural y cómo debe prestarse un servicio de vigilancia en este contexto.

El futuro de la fuerza pública es y de seguro seguirá siendo objeto de comentarios, análisis y fuertes discusiones

La FIP no ha sido ajena a este debate. En el acompañamiento realizado a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, tras concluir que una efectiva implementación del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes tiene efectos sobre la reducción de delitos en las policías metropolitanas, surgieron inquietudes alrededor de la implementación del modelo y la prestación del servicio de policía en contextos diferentes a las cabeceras municipales, donde no existen cuadrantes conformados, y en particular, en los territorios donde se dará el postconflicto.

Si bien existen algunas buenas prácticas en la prestación del servicio de vigilancia en municipios priorizados de departamentos policía o municipios pequeños, más rurales, y otros que conforman algunas de las policías metropolitanas, estas experiencias han surgido más de las directrices de la Dirección de Seguridad Ciudadana, DISEC, y no de la DICAR.

De ahí que más que una invitación a definir una nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, esta debe dar cuenta de la razón de ser de la institución: mantener las condiciones favorables para la convivencia y seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, y no solo en los cascos urbanos municipales. Si existe una dirección con el apelativo de “seguridad ciudadana” que alude a la función principal de la entidad, la seguridad en el entorno rural debería ser priorizada, al igual que ocurre con la seguridad de las ciudades.

Aunque la Policía Nacional se ha esforzado recientemente por definir la prestación de un servicio de policía rural, este en realidad es casi que inexistente. La Dirección de Carabineros la conforman un cuerpo de policía montada, cuatro fuertes de carabineros, grupos que vigilan la infraestructura de hidrocarburos (Plan Energético Vial), Escuadrones Móviles de Carabineros (EMCAR) y otras unidades especiales (restitución de tierras y minería ilegal). Sin embargo, estas estructuras han surgido de las amenazas que ha traído el conflicto armado interno y no en función de las demandas básicas de seguridad y convivencia de quienes viven en la Colombia rural.

¿Hasta dónde ha llegado la institución policial a prestar su servicio en esta Colombia rural? y ¿Cómo se ha venido prestando el servicio de policía en estos municipios?

Esta lógica actual de funcionamiento de la DICAR, en donde las diferentes unidades que la integran son convocadas bajo un principio de “demanda” en función de la amenaza priorizada, seguramente deba trasladarse hacia otra dependencia de la institución para afrontar los grupos criminales que se reciclarán o se unirán a los actuales reductos de paramilitares que buscan el control de economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal, etc.). Así se rescataría la experiencia que la Policía ha adquirido y por lo cual es reconocida internacionalmente.

Sin embargo, si queremos una verdadera policía rural de naturaleza civil, la prestación de su servicio debe ser permanente, responder a unas necesidades cotidianas de seguridad y garantizar las condiciones favorables para la convivencia, propias del ámbito rural. En este sentido, recobrar el direccionamiento inicialmente concebido para la DICAR, plenamente volcada hacia la seguridad ciudadana en el campo, debe ser la prioridad.

Hoy en día, la DICAR contempla dentro de su misión, la prestación de su servicio de policía en zonas productivas, agrícolas, ganaderas, fronterizas, resguardos indígenas, parques nacionales y reservas naturales, queriendo describir el resto del territorio nacional que no incluye las grandes ciudades del país. Ese resto recobra toda la importancia en un escenario de postconflicto, tal como lo hace el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011- Colombia Rural, razones para la esperanza, en el cual se evidencia que tres cuartas partes de los municipios son rurales, lo que representa el 94.4% de la casi totalidad del territorio nacional, y donde habita cerca de la tercera parte de la población (31.6%).

Así las cosas, surgen las siguientes preguntas: ¿Hasta dónde ha llegado la institución policial a prestar su servicio en esta Colombia rural? y ¿Cómo se ha venido prestando el servicio de policía en estos municipios? Al primer interrogante sobre la cobertura del servicio de policía, la institución y la misma DICAR frecuentemente sacan a relucir el índice de presencia en el 100% del territorio nacional –lo cual no es otra cosa que el 100% de los cascos urbanos– o los avances en la instalación de nuevas subestaciones de policía en corregimientos e inspecciones. Son varios los ejemplos en donde el nivel nacional, gobernaciones y municipios deciden crear nuevas estaciones de policía y al poco tiempo este deseo se desvanece por el alto riesgo que implica exponer uniformados civiles donde hay una guerrilla altamente militarizada. En estas zonas, la policía se concentra más en el cuidado de sus propios efectivos que en la protección de la ciudadanía. En un escenario de postconflicto, debemos regresar al orden de las cosas, donde es la policía quien se preocupa por la seguridad y la protección de la ciudadanía.

En cuanto a la calidad del servicio de policía rural, hay que tener en cuenta que ya no solo se trata de prestarlo en zonas relativamente tranquilas, sino donde las guerrillas han venido ejerciendo el monopolio de la fuerza, en esas comunidades donde han ganado cierta legitimidad ante la ausencia de Estado y donde existe una alta desconfianza hacia la fuerza pública. La tarea para el Gobierno y la Policía consistirá en revisar y valorar conjuntamente la organización, doctrina y operacionalización de la DICAR –posiblemente basada en el modelo de vigilancia por cuadrantes–en clave de seguridad ciudadana y convivencia, para así cumplir con el propósito constitucional de la entidad, que no es otra cosa que el “mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas”.

Volviendo a la propuesta de Santos, el debate lleva a pensar en una nueva DICAR –cercana o dependiente de una DISEC– reformada y potencializada, más que en una gendarmería o guardia rural extrapolada de otras latitudes. Se trataría de un cuerpo policial de vigilancia rural completamente volcado hacia la seguridad ciudadana, que atienda las problemáticas que se presentan en el ámbito rural y las que surjan en el postconflicto. Allí donde las problemáticas desborden aquellas que son propias de la convivencia y la seguridad ciudadana, se deberá recurrir a la articulación con otras especialidades policiales en el territorio.

[1] Tema que actualmente está siendo revisado por el Comité de Revisión Estratégica e Innovación Policial- CREIP de la Policía Nacional.