Esta columna de opinión se publicó en la Silla Vacía el 10 de febrero del 2015

Los indicadores convencionales, no permiten hacer una medición de lo que se ha logrado, sino de qué tan duros hemos sido en la lucha contra las drogas. Pensemos en el número de capturas por tráfico de drogas: esta variable solamente refleja los resultados de la persecución a traficantes, más no el impacto real en las organizaciones, en la violencia que generan o en la droga que trafican. Y esto no es solamente un tema metodológico, sino un reflejo de la manera como ha sido concebida la política de drogas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), es la encargada de hacer seguimiento a la política global y lo presenta anualmente en el Informe Mundial sobre las Drogas[1]. Este seguimiento lo hace partiendo de los objetivos básicos como el de erradicar o reducir significativamente la producción de drogas, limitar su fabricación y tráfico, y disminuir de manera significativa y cuantificable la demanda. Al considerar estos objetivos, los indicadores parecen haber fallado en medir el éxito o fracaso de la política: de hecho en el reporte de 2013 se llegó a afirmar que "si bien el sistema puede no haber eliminado el problema de las drogas, lo ha manejado hasta que no escale a proporciones inmanejables". ¿No escalar a proporciones inmanejables podría ser catalogado como un éxito en la política de drogas? Si el fin de la política es “un mundo libre de drogas”, podríamos afirmar que hemos fracasado. Tal y como ha sido resaltado por muchas instituciones y líderes mundiales, el enfoque de mano dura a también generado múltiples costos negativos y daños colaterales.

"si bien el sistema puede no haber eliminado el problema de las drogas, lo ha manejado hasta que no escale a proporciones inmanejables"...Si el fin de la política es “un mundo libre de drogas”, podríamos afirmar que hemos fracasado"

La política de drogas han fracasado entonces bajo su propios términos. Los indicadores convencionales parecen simplemente ilustrar el mantenimiento del status quo. Esta “inercia de los datos” es resultado de tener instituciones que implementan la política y que también realizan el reporte. A nivel global esto se evidencia con la ONUDD funcionando “como centro de investigación y como principal punto de difusión de los mensajes morales y políticos sobre la política de drogas en el mundo”[2]. Y esto no ocurre solamente para el tema de drogas. Por ejemplo, en el marco de conflictos armados, se suelen medir los avances por medio de número de bajas y deserciones de insurgentes, reporte que es realizado usualmente por instituciones de seguridad nacional. Medir con este tipo de indicadores ha justificado la existencia de políticas represivas, las cuales han redundado incluso en violaciones de los derechos humanos.

La existencia de nuevos indicadores es entonces una prioridad en la definición de una política de drogas innovadora y progresiva, tanto en el país como en mundo. Estos indicadores deben estar atados a un marco general de intervención, que considere impactos de largo plazo y objetivos centrados en la salud pública y la seguridad, así como los propuestos por la Comisión Global de Política de Drogas, la cual ha impulsado el debate para repensar la política de drogas en el mundo desde 2011.

Un primer paso en la propuesta de nuevos indicadores se encuentra en el artículo recientemente lanzado por el Instituto Igarapé de Brasil (Medir importa: diseñando nuevos indicadores para una política de drogas que funciona), que siguiendo las estrategias planteadas por la Comisión Global formula dos impactos de alto nivel, seis objetivos, 16 metas y 86 indicadores[3]. Esta propuesta, aunque ambiciosa y difícilmente aplicable a los sistemas de información existentes en el país, plantea una estructura de objetivos y mediciones para el largo plazo, que como una hoja de ruta, podría ser clave para un cambio de paradigma de las políticas de drogas.

Este cambio implica hacer seguimiento a la política de drogas de manera diferente: considerando más que el número de hectáreas erradicadas, la vinculación de cultivadores con proyectos rurales de largo alcance y, en lugar del número de personas encarceladas por tráfico de drogas, saber quiénes son judicializados por porte de pequeñas cantidades o que no han incurrido en faltas violentas. Y más allá de tener nuevos indicadores, esto implica contar con nuevas estrategias para abordar la problemática de drogas.

En el centro del marco propuesto (incluido en el documento del Instituto Igarapé) se encuentra el deseo de poner fin a la criminalización y la estigmatización de los consumidores de drogas, disminuir el consumo de drogas a través de medidas de salud pública, reducir el encarcelamiento de personas que no cometen actos violentos, centrarse en atacar el crimen organizado y los traficantes violentos, proporcionar alternativas significativas a la producción de cultivos ilícitos, y fomentar la experimentación con diferentes enfoques para regular las drogas.

Para Igarapé, Colombia ha sido considerada como un primer piloto para probar la propuesta de indicadores. Esto por varias razones: en primer lugar, nuestro país ha sido escenario de una de las más intensas batallas contra las drogas, partiendo desde el enfoque tradicional de mano dura hasta contar con propuestas más innovadoras. Aunado a esto, resalta el esfuerzo de instituciones como como el Observatorio de Drogas de Colombia, del Ministerio de Justicia y el Derecho, en la generación de estadísticas para el seguimiento de la política de drogas en el país. Aun con limitaciones, Colombia es de los países de la región que cuentan con un mayor desarrollo en sus sistemas de información y la agenda de investigación sobre política de drogas.

Así como para cualquier otro grupo de indicadores, los datos sobre política de drogas cuentan con limitaciones de acceso y calidad. Por ejemplo, no existe forma de hacer la distinción entre la cantidad de personas que se encuentran en las cárceles por posesión de cantidades pequeñas o que nunca han estado involucradas en faltas violentas. Todos los convictos por temas relacionados con drogas se encuentran en las estadísticas oficiales como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (Ley 30). Sin embargo, se espera que la mayor proporción de personas presas por delitos asociados a drogas sea por pequeñas faltas[4]. Poder hacer esta distinción es un paso para un seguimiento a la criminalización y estigmatización de consumidores.

Ahora, más allá de tener estos datos se requiere contar con una política de drogas basada en un registro juicioso y adecuado de los diferentes fenómenos relacionados con drogas. De la misma manera, implementar una política basada en evidencia y en la evaluación, incluyendo la temprana identificación de las consecuencias inesperadas de la política.

Ahora, más allá de tener estos datos se requiere contar con una política de drogas basada en un registro juicioso y adecuado de los diferentes fenómenos relacionados con drogas.

El debate está abierto. Somos conscientes de que requerimos una nueva política de drogas. Este cambio debe acompañarse de la definición, compilación y publicación de nuevos indicadores que midan, evalúen y alerten sobre la necesidad de cambios. En este sentido, una nueva manera de medir es un primer paso para concebir una nueva política de drogas.

** Katherine Aguirre Tobón es investigadora del Instituto Igarapé (Brasil) y de la Fundación Ideas para la Paz. Es autora (junto con Robert Muggah e Ilona Szabo de Carvalho) del documento Measurement matters: Designing new metrics for a drug policy that Works.

[1] Todos los reportes se encuentran disponibles aquí

[2] Hallam, C. y Bewley-Taylor, D. “Mapping the World Drug Problem Science and Politics in the United Nations Drug Control System”. International Journal of Drug Policy 21 (2010) 1–3.

[3] El documento completo (en inglés) puede ser consultado aquí, y un resumen en español aquí.

[4] De hecho, investigaciones cualitativas realizadas por DeJusticia indican que cerca del “98 por ciento de las personas privadas de la libertad por este delito [de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes] no habrían tenido –o no se les habría podido probar– una participación importante en las redes del narcotráfico.