Noticia publicada por el periódico El Espectador el 13 de marzo

El Gobierno Nacional lanzó esta semana la estrategia de seguridad “Vive seguro, vive en paz” con la cual busca, mediante “nueva” tecnología, apoyar la lucha contra el delito. El Ejecutivo se propone instalar entre el 2015 y el 2018, 6.734 cámaras en las principales ciudades del país. La instalación de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) proveerá de una herramienta muy útil a la policía y las administraciones locales. Sin embargo, las cámaras no pueden ser asumidas como una solución mágica para los problemas de seguridad.

Para que los CCTV funcionen se requiere de respaldo y capacidad institucional, así como de la infraestructura necesaria para dar respuesta a la ocurrencia de los delitos. En otras palabras, se necesita meterle el diente en serio a los problemas de seguridad ciudadana. Razón tiene el Ministro del Interior cuando afirma que las ciudades que han logrado respuestas efectivas al problema de la seguridad han hecho uso de este tipo de tecnologías. Aunque también habría que decir que no han sido las cámaras el único esfuerzo que han realizado. Donde los CCTV han funcionado también se han fortalecido la capacidad institucional y se han dado respuesta a las condiciones que influyen en la ocurrencia de los delitos.

En las ciudades en las cuales se han evaluado los CCTV se ha encontrado que el crimen ha caído en algunas zonas y ha permanecido invariable en otras. ¿De qué ha dependido el éxito en el uso de esta tecnología? De acuerdo al estudio realizado por el Urban Institute en Baltimore, Chicago y Washington DC, gran parte del éxito o del fracaso ha dependido de cómo se creo el sistema de vigilancia, quién lo controla y cómo se logro equilibrar el respeto por la privacidad y la seguridad. Lo que muestran estas evaluaciones es que si no se cuenta con la infraestructura y la institucionalidad necesaria, las cámaras terminan siendo un objeto más del mobiliario urbano.

¿Qué hacer entonces para que las cámaras funcionen? Primero hay que tener claridad sobre quién asumirá la responsabilidad de su funcionamiento y administración. Lo anterior, entendiendo que el costo de la instalación, mantenimiento y supervisión es mucho más alto que el costo de comprar las cámaras. Además, hay que tener en cuenta que se necesita invertir en el software para que el sistema sea eficiente – con herramientas como el reconocimiento facial o de placas -, el almacenamiento de la información y el personal que se requiere con formación especializada y permanente.

En la presentación de la estrategia el presidente Juan Manuel Santos llamó la atención sobre este punto al advertir: “Muchas veces nos ha sucedido que montamos las cámaras, regresamos seis meses después y resulta que la mitad no funcionan”. Parece claro entonces que las ciudades tendrán que meterse la mano al bolsillo, lo cual puede constituir una carga importante para sus finanzas – especialmente para urbes que ya tienen problemas para asumir las funciones básicas de la autoridad local.

Este no es un tema menor en el inicio de las campañas para la elección de alcaldes, en la que no pocos candidatos incluirán la instalación de cámaras dentro de las posibles soluciones al problema de la inseguridad. Habrá que recordarles a los futuros burgomaestres que los CCTV son una herramienta que puede dar resultados siempre y cuando se destinen los recursos necesarios para su mantenimiento y actualización.

La segunda cuestión importante es la capacidad que tiene la policía para administrar los CCTV y el impacto que puede tener el uso de esta tecnología en la labor policial. En la presentación de la estrategia el presidente Santos, le encomendó al general Palomino dedicar personal suficiente para vigilar a través de las cámaras las ciudades. En un contexto de recursos limitados, donde hay una fuerte presión por el aumento del número efectivo en las calles, habrá que hacer el mejor uso de esta tecnología, sin perder de vista que las cámaras no pueden reemplazar el contacto directo de las policía con los ciudadanos.

Como lo afirma el especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, Jorge Sur, el mayor problema con los CCTV no solo radica en contar con el recurso tecnológico, sino en saber usarlo adecuadamente, tanto para labores de disuasión como para perseguir e investigar el delito y eventualmente lograr penas judiciales con evidencia sólida. Para esto es necesario conectar el patrullaje policial con estos sistemas y ser capaces de integrar las distintas herramientas tecnológicas.

El tercer punto a resolver es cómo hacer para que los CCTV no terminen siendo un una “solución parche” o “arreglo rápido” para un problema que tiene raíces de fondo. Como lo han mostrado las diferentes investigaciones realizadas por la Fundación Ideas para la Paz, las zonas críticas de concentración del delito no sólo representan un problema grave de seguridad sino que además son una muestra de la falta oferta de bienes y servicios públicos por parte del Estado.

Bajo este marco, para que las CCTV funcionen se necesita de un liderazgo activo por parte las alcaldías locales, que son las quienes deben tener la conducción de la seguridad en la ciudad. Como afirma la Fundación Ideas para la Paz en su más reciente estudio sobre la seguridad en Bogotá, es el alcalde quien debe “…establecer una visión, las prioridades que deben ser atendidas en materia delictiva y de convivencia y las instancias y herramientas que se utilizarán”.

Esta claro que un avance sostenible en el campo de la seguridad requiere de inversiones que también afecten los problemas de raíz del delito. Si el gobierno y las autoridades locales quieren meterle el diente en serio al problema de la inseguridad, por un lado deben integrar al desarrollo urbano a zonas que han estado al margen de la presencia estatal y por el otro, desarticular organizaciones criminales de distinto tipo que continúan movilizado el crimen y la violencia en las ciudades del país – esto entre otras medidas. Se requiere una visión integral, con un liderazgo definido y de largo alcance. Qué no vengan a cañar los candidatos con que las cámaras y más policías en las calles son su estrategia de seguridad.

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