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Cese al fuego y desescalamiento del conflicto

El 17 de diciembre de 2014 las FARC anunciaron desde La Habana el cese de sus actividades militares ofensivas de manera unilateral e indefinida a partir del día 20 del mismo mes. El carácter indefinido marcó una diferencia fundamental frente a las demás treguas de fin de año que solía implementar la guerrilla y, adicionalmente, impulsó la discusión sobre el desescalamiento del conflicto en la medida que condicionó la continuidad de la tregua a la no agresión de sus estructuras por parte de la fuerza pública.

Casi un mes después, el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto Armado (CERAC) publicó los primeros resultados del monitoreo realizado sobre el cese al fuego de las FARC. Del 20 de diciembre de 2014 al 10 de enero de 2015, aseguró el centro de estudios, el país registró los “niveles más bajos de actividad asociada al conflicto armado desde mediados de los años ochenta”[1].

De forma paralela, las FARC continuaban denunciando el “asedio militar” contra sus estructuras guerrilleras por parte de la fuerza pública y expresando su preocupación por la perdurabilidad de la tregua indefinida y condicionada. A su turno el presidente Juan Manuel Santos, quien había calificado el anuncio de las FARC como “una rosa con espinas”, mantuvo la orden para los militares de no bajar la guardia a lo largo del territorio.

No obstante, a comienzos de enero el mandatario reconoció el cumplimiento del alto al fuego de la guerrilla y anunció lo que algunos medios calificaron como un “viraje en las negociaciones de La Habana”. "La desconexión entre la mesa de negociación y el conflicto en el terreno ya no procede” afirmó Santos luego de una reunión con el equipo de negociadores y un grupo de expertos internacionales en Cartagena el 5 de enero.

Igualmente, el 14 de enero Santos informó que había ordenado a los voceros del Gobierno en los diálogos de La Habana abordar lo antes posible la discusión sobre el cese al fuego bilateral y definitivo. Con esto tomaron fuerza, no solo las críticas de sectores escépticos del proceso denunciando concesiones inadmisibles del Gobierno a la guerrilla, sino también la discusión sobre el desescalamiento del conflicto. Aunque el mandatario y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reiteraron que las Fuerzas Militares no interrumpirían sus operaciones, surgieron varias voces defendiendo la importancia de tomar medidas de desescalamiento para sacar definitivamente a la población civil de la confrontación.

Una de estas voces fue la del el ministro del Postconflicto y negociador plenipotenciario en los diálogos con las FARC, general (r) Óscar Naranjo. El ex director de la Policía Nacional señaló que las medidas para el desescalamiento del conflicto no implican la omisión de la fuerza pública a su obligación de contrarrestar los grupos ilegales. Así, aunque el Ministro dejó claro que no se ha dado la orden de detener la ofensiva militar, es posible, y necesario, avanzar en la toma de decisiones para bajarle la intensidad al conflicto en el país. Algunas de esas decisiones podrían incluir, concluyó Naranjo, a un proceso de desminado, la ubicación de desaparecidos en medio del conflicto y sacar a los niños de la guerra[2].

Así mismo, el Ministro para el postconflicto aseguró que la implementación de un cese al fuego bilateral y definitivo puede darse una vez se pacten esas medidas para desescalar el conflicto y dependerá de la valoración que haga el presidente Santos respecto de la madurez del proceso y los avances de la subcomisión técnica para el fin del conflicto. Así mismo, en un comunicado del 19 de enero el mandatario señaló que, antes de que se firme un acuerdo definitivo con las FARC, podría darse un cese bilateral al fuego, tras pactar el punto 3 de la agenda referente al fin del conflicto.

La primera sesión de la subcomisión técnica para el fin del conflicto tuvo lugar entre el 4 y el 12 de febrero con la participación del general del Ejército Javier Flórez Aristizábal, y el coronel Vicente Sarmiento, junto con los guerrilleros ‘Joaquín Gómez’ y ‘Carlos Lozada’. Ellos, en compañía de los plenipotenciarios de ambas partes, acordaron los lineamientos y el mandato de la subcomisión cuyo objetivo es estudiar y proporcionar insumos a la mesa de diálogos para agilizar la discusión sobre cese al fuego, dejación de armas, entre otros temas.

Refrendación de acuerdos

El 20 de enero, en entrevista a un medio radial, el Fiscal General, Eduardo Montealegre, causó revuelo al asegurar que no es necesaria la refrendación popular de los acuerdos a los que puedan llegar el Gobierno y las FARC en La Habana. Según el Fiscal, ni la ley ni la Constitución colombiana obligan a implementar una refrendación popular para dotar de legitimidad a eventuales acuerdos de paz. Así mismo, explicó que la ley de Orden Público prorrogada por el Congreso el año pasado, dota al presidente Juan Manuel Santos de las competencias necesarias para celebrar los acuerdos sin necesidad de una consulta popular. Finalmente aseguró que la legitimidad institucional y jurídica de los acuerdos estarían dados por un la ley estatutaria que tendrá que ser aprobada por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional.

Aunque Montealegre aclaró que cuando habló de la refrendación de acuerdos no lo hizo en nombre del Gobierno, no pasó mucho tiempo antes de que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el vocero del Gobierno en los diálogos de La Habana, Humberto De la Calle, salieran a desmarcarse de las declaraciones del Fiscal. “La decisión del Gobierno siempre ha sido la de refrendar los acuerdos y una vez esté listo el proceso de paz, para ese mecanismo tramitarán una ley en el Congreso que permita esa aprobación de los colombianos en las urnas” afirmó Cristo.

Por su parte De la Calle reconoció que jurídicamente el Fiscal tiene razón. Sin embargo, agregó que “el Presidente prefirió acordar con las FARC la refrendación en una decisión profundamente democrática, transparente, un acto de confianza en los ciudadanos”. De acuerdo con el vocero del ejecutivo, esa refrendación produciría la legitimidad necesaria para que los acuerdos sean sostenibles y se asegure una paz duradera. En la misma línea se pronunció Roy Barreras, senador del partido de La U, quien divulgó que esa colectividad impulsará una séptima papeleta en las elecciones regionales del próximo mes de octubre para que los colombianos “le respondan la pregunta si o no al proceso de paz”.

A favor de la refrendación, pero por vías diferentes, también están el uribismo (sector político más reticente a las negociaciones de paz) y la guerrilla de las FARC. Los primeros proponen un “órgano legislativo transitorio, de elección popular, con la previa y verificada entrega de armas y desmovilización de la Farc, sin la posibilidad de que participen responsables de crímenes atroces”. Mientras que la guerrilla se mantiene en su intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para tramitar desde allí las reformas estructurales que, a su juicio, son necesarias para una paz duradera.

Tenía razón entonces el portal Reconciliación Colombia cuando, luego de reseñar varias de estas iniciativas para la refrendación, aseguraba que nada estará definido hasta que no se lleguen a acuerdos en La Habana. La nota concluye que se trata de una decisión que no se puede tomar a la liguera, pues de ella depende la legitimidad de los acuerdos frente a los colombianos y que tan estable y duradera será la paz que eventualmente se firme con la guerrilla.

Los desacuerdos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas

El martes 10 de febrero los 14 integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas entregaron sus informes sobre las causas, condiciones de persistencia y efectos del conflicto armado en Colombia. 12 intelectuales expertos en el estudio del conflicto produjeron un documento de 809 páginas en total que debía ser sintetizado por los relatores Eduardo Pizarro, embajador de Colombia en Ginebra, y Víctor Manuel Moncayo, profesor y exrector de la Universidad Nacional.

En reconocimiento de la complejidad y multiplicidad de visiones sobre la guerra en el país, los relatores presentaron no uno sino 2 documentos sintetizados como insumo para la mesa de diálogos. Analistas y medios identificaron en los informes coincidencias de particular relevancia en torno al tema de los problemas agrarios no solucionados como una de las causas del conflicto y la incidencia de todos los actores armados en el impacto a la población civil.

En adelante sobresalen los desencuentros respecto a las causas, y consecuencias del conflicto. Un artículo del portal web, Verdad Abierta, describió el hecho como una serie de desacuerdos sobre la guerra y reseñó algunas de estas diferencias. Sobre el surgimiento del conflicto, hubo expertos (entre ellos Sergio De Zubiría) que señalaron el afianzamiento del modo de producción capitalista en Colombia como punto de partida de la confrontación armada. Otros, como Alfredo Molano, sitúan el surgimiento del conflicto en la época de La Violencia. El Frente Nacional, a finales de los 70, es otro de los puntos de inicio identificados por intelectuales como Jorge Giraldo.

Algunos expertos, como Sergio De Zubiría y Jairo Estrada, plantean que el capitalismo y la desigualdad constituyen “causas objetivas” de la guerra. Otros, como Gustavo Duncan, Daniel Pécaut y Francisco Gutiérrez, sin desconocer algunas de las causas objetivas, identifican además “causas subjetivas” asociadas a la decisión política de individuos al empuñar las armas. Diferencias igualmente profundas surgieron al identificar responsabilidades en la guerra. “Unos, como Vicente Torrijos, atribuyen responsabilidad a las guerrillas, especialmente a las Farc; otros culpan directamente a los paramilitares, al Estado y a la Fuerza Pública, como Estrada; y algunos señalan a Estados Unidos, como lo hace Vega”[3].

Según aseguró uno de los relatores de los informes, Eduardo Pizarro Leongómez, la Comisión encontró más coincidencias en las razones que prolongaron el conflicto que en las que lo originaron. En ese sentido, el narcotráfico, la combinación de armas y políticas, la precariedad institucional, la desigualdad y la violencia contra los civiles son algunos de los factores comúnmente discutidos en la mayoría de los informes.

Justicia transicional para todos

A mediados del mes de febrero el expresidente Cesar Gaviria incitó la discusión sobre el proceso de paz con la que se cerraría el primer bimestre del año. A través de un artículo publicado en el diario El Tiempo, Gaviria llamó la atención sobre la necesidad de contemplar medidas de Justicia transicional tanto para los actores armados como para los sectores no combatientes de la sociedad que han resultado involucrados en el conflicto.

Una reflexión similar a la del expresidente había sido expresada anteriormente por el Fiscal General, Eduardo Montealegre, en el sentido de extender la justicia de transición a los miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado. Sin embargo, a juicio de Gaviria, “tal decisión deja por fuera a los miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana”[4].

Sería inconveniente, asegura el exmandatario, que los actores armados protagonistas de la guerra (paramilitares, guerrilleros u oficiales de la fuerza pública) sean juzgados con normas más laxas que los civiles implicados en el conflicto. “Es apenas justo que los no combatientes reciban indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas”, concluye.

El debate tomó fuerza y las reacciones frente a la propuesta de Gaviria no se hicieron esperar. Se produjo un relativo consenso entre sectores políticamente distantes: el presidente del Congreso y directivo del partido oficialista de La U, David Name; el codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa; el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda y Hernán Andrade, senador del Partido Conservador, coincidieron en destacar como positivo el planteamiento del exmandatario.

Los gremios económicos y sectores sociales también se involucraron en el debate expresando su percepción positiva sobre la misma. Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y Javier Díaz, presidente de Analdex, recibieron favorablemente la reflexión e insistieron en que es una vía que debe estudiarse seriamente. Así mismo, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Camilo González Posso, consideró que el exmandatario plantea un debate “oportuno”.

Paradójicamente, hasta los sectores militares y la guerrilla concordaron en su visión favorable hacia la iniciativa. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, describieron como “razonable” la idea de aplicar justicia transicional a combatientes y sectores civiles. En el mismo sentido, los miembros del Secretariado de las FARC ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’ y ‘Joaquín Gómez’ saludaron la proposición de Gaviria en un debate radial transmitido en Colombia desde La Habana.

En una franja más revisionista y analítica de la justicia transicional se ubican el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el director del programa para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, Javier Ciurlizza. Para Reyes, el Gobierno no está totalmente distanciado de la tesis del Gaviria; sin embargo, considera que es errado asociar la justicia de transición con un “perdón general”. La justicia ordinaria, agrega el Ministro, no es comparable con la transicional. Cada una aplica en circunstancias diferentes y no deben ser comparadas bajo los mismos parámetros.

A su turno, Ciurlizza señala que es común que se otorguen a la justicia transicional atributos ajenos a ella o que exceden sus facultades. Algunos de estos son: que constituye una “forma blanda de justicia”; que por sí sola consolidará la democracia y, finalmente, que va de la mano de la reconciliación. Al respecto, el abogado plantea que en un escenario de transición no es posible desistir totalmente de las investigaciones de todo tipo, incluyendo las judiciales. Adicionalmente, argumenta que la justicia transicional es solo una condición adicional, aunque con buen potencial, para consolidar una democracia y un ambiente de reconciliación.

Finalmente, los sectores refractarios a la propuesta están representados principalmente por los integrantes del Partido Centro Democrático (CD) y el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. En ese sentido, los senadores del CD, Alfredo Rangel y Ernesto Macías, afirmaron que Gaviria sugiere una “ley de punto final” para favorecer a la guerrilla y que el expresidente, al igual que el fiscal Montealegre, “confunde justicia transicional con impunidad”. Por su parte el procurador Ordóñez calificó la iniciativa como un error en la medida en que busca un “pacto de impunidad con todos los sectores” y desconoce, según él, las exigencias internacionales en términos de persecución de crímenes en el país.