Altos costos
Las leyes sobre producción y tráfico de estupefacientes en Colombia resultan muy costosas, congestionan el sistema judicial, saturan las cárceles, dan incentivos perversos para la Policía e implican costos sociales difíciles de medir.
El debate está en un momento álgido entre los académicos y los responsables de la política. Muchos coinciden en afirmar que a las drogas se les viene dando un manejo desacertado, pero esto no cambia la situación. Basta revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 para constatar las pocas innovaciones que se plantean en esta materia.
Según el Centro Internacional para Estudios Penitenciarios, en diciembre del año pasado más de 113 mil personas se encontraban en las cárceles de Colombia. La capacidad de los 138 centros penitenciarios es de cerca de 76 mil reclusos, lo cual implica un hacinamiento cercano al 34 por ciento. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el costo por recluso para el país es de 13 millones de pesos al año. Esto quiere decir que el costo de las cárceles asciende a 1,5 billones anuales.
Del total de reclusos, alrededor de 19 mil están en las cárceles por fabricación o tráfico de estupefacientes. Del total de reclusos, alrededor de 19 mil están en las cárceles por fabricación o tráfico de estupefacientes. El costo de encarcelamiento por este delito superó los 250 mil millones de pesos en 2014, y entre 2010 y 2014 la suma ascendió a 1,1 billones. Gran parte de los reclusos están allí por posesión de bajas cantidades de drogas suaves como la marihuana (recordemos que la “dosis personal” es de 22 gramos).
Del total de reclusos, alrededor de 19 mil están en las cárceles por fabricación o tráfico de estupefacientes.
¿Creerán nuestros jueces que es el distribuidor quien tiene 25 o 30 gramos de marihuana? ¿O quien porta esta cantidad es un sujeto de alta peligrosidad? Afortunadamente, algunas sentencias recientes indican lo contrario.
Cuando se analizan las cifras de capturas se hacen evidentes otros problemas de la política actual:
Durante los últimos cinco años más de 400 mil personas fueron capturadas por fabricación o tráfico de estupefacientes, según la Policía Nacional. Casi la totalidad de ellas son simples “indiciadas”, pero solo el 26 por ciento llegan a ser imputadas. Esto se debe a errores en la diligencia de captura o de observación del policía acerca de la dosis incautada.
Las capturas por delitos relacionados con porte y fabricación de drogas ilícitas aumentaron a un promedio de 12 por ciento anual durante los últimos cinco años, mientras que el aumento promedio de las capturas totales estuvo alrededor de 9 por ciento. Se pasó de capturar por este delito a 58.134 personas en 2009, a 85.008 en 2013. Esto muestra el peso creciente de los delitos relacionados con drogas sobre el uso del tiempo y los esfuerzos de la Policía Nacional y del sistema judicial. Las capturas por estupefacientes pasaron de representar el 29 por ciento en 2009 al 33 por ciento del total en 2013.
Un turno de vigilancia de un policía en Colombia dura 8 horas. Si se presenta una captura, el policía debe adelantar todo el procedimiento para la judicialización, lo cual ocuparía su turno entero. Entonces, ¿qué ocurre con las llamadas de los ciudadanos a las estaciones de Policía, o con cualquier situación de seguridad que se presente durante esas horas? Seguramente que un “cuadrante” se quede sin servicio policial o que tendrá que acudir una agente de otro cuadrante y tardará más tiempo en atender la situación.
El 33 por ciento del total de capturas corresponde a delitos por estupefacientes. Pero este no es el delito que más afecta a la ciudadanía. Encuestas recientes sobre victimización y percepción de seguridad indican que los crímenes que más afectan a los ciudadanos en Colombia son el hurto en sus distintas modalidades, las lesiones personales derivadas de riñas callejeras y la extorsión. ¿Será adecuado reenfocar los esfuerzos de la Policía?
En definitiva, por la aplicación del tipo penal de fabricación y tráfico de estupefacientes, el sistema de seguridad y justicia se encuentra saturado y tiene costos astronómicos. Por una parte, gastamos $ 1,1 billones en cinco años por encarcelamiento; y por otra están las 400 mil capturas en cinco años, de las que apenas el 26 por ciento pasa a imputación.
Si a lo anterior se suman las bajísimas tasas de rehabilitación o resocialización exitosa, y las tasas elevadas de adicción a drogas más fuertes dentro de las cárceles, resulta clara la urgencia de repensar y repensar aquellos tipos penales.
Incentivos perversos
Durante los últimos cinco años, la Policía Nacional incautó 1,9 toneladas de drogas, de las cuales 1,2 corresponden exclusivamente a marihuana. O sea que más de la mitad del costo operativo de la Policía en la incautación se concentra en drogas suaves.
Pero además del costo, esta realidad tiene otra implicación. Los indicadores de resultado de la Policía son progresivos, es decir que si durante 2013 una estación incautó 100 kilos de marihuana, la incautación debe ser superior en 2014. De este modo para muchas estaciones las metas se van volviendo inalcanzables. Y puesto que la Policía es una institución jerarquizada y donde prima el cumplimiento de las metas operacionales, se intensifica la tentación de incurrir en conductas indebidas (por ejemplo simular capturas o reciclar estupefacientes ya decomisados).
Semejantes situaciones aconsejan revisar los indicadores en materia de incautación y capturas por tráfico y porte de estupefacientes. El afán por cumplir estas metas no favorece la planeación del servicio policial con enfoque preventivo. Imaginemos una estación de Policía que viene adelantando un trabajo juicioso de judicialización de expendedores, que ha intervenido las “ollas” de manera correcta y cumple una labor social continuada y sostenida. El tráfico de estupefacientes debería por supuesto decrecer en su área de influencia. Pero por eso mismo los policías no podrían aumentar sus incautaciones, de manera que serían evaluados de manera negativa.
Un cambio urgente
El Estado gasta demasiados recursos en perseguir a un ciudadano que porta un poco más de la dosis personal, sin atacar o destruir por eso las bandas u organizaciones criminales. La fuerza del Estado recae sobre el eslabón más débil y no toca las grandes economías ilegales.
En términos de costo-beneficio se diría que el costo es alto y el beneficio social es mínimo. Pero además se sacrifica la inversión en frentes como la mejoría del sistema judicial, el alivio del hacinamiento, la dignificación de los centros penitenciarios o la calificación de los agentes de policía.
Colombia cuenta hoy con muchos estudios sobre el micro-tráfico de drogas, especialmente en sustancias derivadas de la coca. Entidades públicas y privadas han analizado el tamaño de los mercados de las ciudades principales, pero sabemos poco sobre las redes de tráfico de marihuana y sobre los efectos nocivos de esta actividad. Para diseñar mejores políticas sería preciso conocer con certeza la asociación entra esta economía ilegal y los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadanas.
Y por su parte el Estado debería revisar el sistema de evaluación policial para evitar los incentivos que resultan en falsos positivos, desorientan el trabajo de la institución o acaban en operativos inocuos. La evaluación debe ser reorientada hacia la prevención eficaz y la investigación sobre los grandes actores o factores criminales.
La situación exige concertar las acciones entre todos los poderes del Estado. El paradigma prohibicionista, especialmente en cuanto a drogas suaves, está llegando a un punto insostenible. Los legisladores y los jueces habrán de diseñar fórmulas creativas para perseguir a los grandes criminales y capitales ilícitos.
Basta de criminalizar al ciudadano que porta un poco más de la dosis personal: ahí no está la amenaza contra la seguridad y el orden.