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Uno de los temas que más polariza a Colombia en torno a la negociación de paz con las FARC, es saber qué tipo de justicia se aplicará a los guerrilleros que se desmovilicen, pero sobretodo, si irán a la cárcel o si por el contrario, se les otorgará beneficios a pesar de ser responsables de violaciones a los derechos humanos. El debate suele dejar de lado que el Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso en 2012, establece la selección y priorización de los “máximos responsables” a los que se investigará penalmente, aunque no se sabe si la pena que se determine sea la privación de la libertad.

Santos ha recordado en estos días que su Gobierno es consciente de que el acuerdo de paz debe, necesariamente, incluir mecanismos de rendición de cuentas y de lucha contra la impunidad. Esto a pesar de que Iván Márquez, jefe negociador de las FARC ha insistido en que “para los guerrilleros ni un día de cárcel”.

Si finalmente las FARC se acogen al marco legal de justicia transicional, es de esperar que los máximos responsables sean procesados. La pregunta entonces es qué pasará con los otros excombatientes. Posiblemente serán amnistiados. Y esa posibilidad abona mucho más la polarización ya que la amnistía se asocia con impunidad.

Algunas organizaciones de derechos humanos, el partido Centro Democrático y el Procurador General, Alejandro Ordoñez, rechazan cualquier clase de amnistía y alternativa jurídica. “Ni referendos, ni amnistías, ni indultos, ni constituyentes [pueden] desconocer los mínimos internacionales”, ha dicho Ordóñez, refiriéndose a las obligaciones que tiene el Estado colombiano con las normas internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, expertos en el tema proponen asumir un proceso de este tipo aplicando varios mecanismos a la vez y no darle prioridad a uno solo. Es decir, que se puedan hacer comisiones de verdad, juicios penales, programas de reparación, aplicación de amnistías y reformas institucionales. No hay una receta que pueda aplicarse a todos los casos.

Otros académicos y expertos en ciencias sociales exaltan las amnistías como el mecanismo más utilizado en escenarios de postconflicto de otros países, sin descartar los juicios en los casos de transiciones de la guerra a la paz. Esto, a pesar de la evolución misma de las normas y la jurisprudencia de los DDHH y el DIH.

Teniendo en cuenta la controversia que desata la amnistía, algo que no solo sucede en Colombia, la FIP busca aportar, con este documento, información sobre mecanismos alternativos para aplicar justicia en escenarios de transición, y en especial sobre la amnistía, con el ánimo de desmitificar algunas de las creencias que rondan el debate público.

Se trata, según su autor, de re-describir el rol de la amnistía en un periodo de post-acuerdo y recuerda que cuando se “negocia” la paz como sucede en Colombia, existe una presión a buscar mecanismos de justicia alternativa, dado que ninguna de las partes se someterá en su totalidad a juicios penales, como si fueran procesos de rendición total.

Aun así, como la satisfacción de los derechos de las víctimas es un deber, la misma amnistía ha venido mutando, pasando de amnistía absoluta a amnistía condicionada. La primera otorga perdón y olvido de los delitos sin ninguna contraprestación y la segunda obliga al beneficiario a cumplir una serie de requisitos para mantener u obtener los beneficios del perdón judicial. “Puede condicionar ese perdón a la participación de mecanismos no judiciales que garanticen los derechos de las víctimas”, agrega el autor. Este mecanismo y otros citados en el documento, como las amnistías restaurativas, dan cuenta de que podrían cumplir con los anhelos de justicia que esperan los colombianos.

“Es urgente buscar la despolarización de la discusión y que la ciudadanía entienda que es necesario implementar mecanismos alternativos a los penales en aras de la reconciliación social y política del país”, dice el documento que da “pistas” para el diseño de una amnistía restaurativa en Colombia.