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El general Alzate y la crisis de las negociaciones

El domingo 16 de noviembre el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón confirmó lo que había denunciado poco antes el expresidente Uribe vía Twitter: el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, brigadier general Rubén Darío Alzate, había sido secuestrado por integrantes del frente 34 de las FARC en el Chocó. Alzate, quien se convirtió en el oficial de más alto rango secuestrado por las FARC en la historia de ese grupo armado, fue plagiado junto con el cabo Jorge Rodríguez y la abogada asesora de proyectos especiales Gloria Urrego, cuando desembarcaron a la orilla del rio Atrato en el caserío Las Mercedes, al sur del municipio de Quibdó. El general, dijo el Ministro Pinzón, “se movilizaba vestido de civil por el corregimiento mencionado en una visita en la que “no se siguieron los protocolos de seguridad típicos".

Luego de pedir explicaciones sobre las circunstancias de la movilización del general Alzate al ministro Pinzón y el general del Ejército Jaime Lasprilla, el presidente Santos anunció que los diálogos de paz quedaban suspendidos hasta tanto los secuestrados fueran puestos en libertad. Así mismo, Santos ordenó a las Fuerzas Militares adelantar las operaciones necesarias para rescatarlos.

Tanto el secuestro, reconocido por las FARC, como el anuncio de la suspensión generaron todo tipo de análisis de distintos sectores. Hubo un apoyo generalizado a la decisión del Presidente. Incluso el procurador general, Alejandro Ordóñez, se unió a la solicitud de mantener congelados los diálogos hasta la liberación de Alzate y sus acompañantes, así como la de los soldados Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Ríos Franco, quienes estaban en poder de la FARC desde el 9 de noviembre. En ese sentido, Ordóñez recordó algunas de las acciones recientes de las FARC para invitar a los colombianos y al Gobierno a exigir muestras claras de voluntad de paz a la guerrilla. Entre esos hechos estuvo el episodio en el que dos miembros de la guardia indígena del Comité Regional Indígena del Cauca murieron a manos de los subversivos.

En medio del revuelo y de la proliferación de versiones sobre las circunstancias del secuestro de Alzate, Santos confirmó, a mediados de noviembre, que estaba en marcha el operativo humanitario para la liberación de los dos soldados plagiados en Arauca. Su puesta en libertad se adelantó sin altercados el 25 de noviembre y el Presidente aprovechó la coyuntura para anunciar que las condiciones para la liberación del general y sus acompañantes también estaban dadas en el Chocó. Sin embargo, las FARC refutaron esa declaración denunciando que “la zona del Atrato y sus principales afluentes ha sido copada militarmente con desembarcos de tropas y bombardeos, sobrevuelos de aeronaves de inteligencia, y el establecimiento de medidas que restringen el movimiento de la población civil”.

No obstante lo anterior, y luego de 14 días de retención, el domingo 30 de noviembre las FARC dejaron en libertad al general Alzate, la abogada Urrego y el cabo Rodríguez. La entrega fue realizada directamente por el miembro del equipo negociador de las FARC, Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias ‘Pastor Alape’, quien viajó desde La Habana, por solicitud directa del máximo jefe de esa guerrilla Timoleón Jiménez, alias Timochenko. Junto con la celebración de la opinión pública frente al hecho, vino la solicitud a Alzate, por parte de Santos y la cúpula militar.

En la noche del 1 de diciembre, Alzate explicó que su presencia en la vereda de Las Mercedes obedecía a la puesta en marcha de un proyecto de energía alternativa en el río Atrato, gerenciado por la abogada Urrego. “Fui al corregimiento de las Mercedes adoptando una medidas de seguridad que incluían desinformación de mi ruta y destino final, el no acompañamiento de mi anillo de seguridad y el manejo de un bajo perfil, razón por la que iba de civil y sin armamento… usé el vestido de civil para fortalecer la confianza de la comunidad que merece nuestra atención y acercamiento”, afirmó. Debido a lo anterior y reconociendo que su decisión afectó a la institución militar y el proceso de paz, Alzate pidió su retiro del servicio activo.

Dos días después y superando los llamados de atención de la guerrilla en el sentido de que era necesario reconstruir la confianza entre las partes, las delegaciones de paz del Gobierno y las FARC anunciaron que daban por superada la crisis causada por el secuestro de Alzate y programaron la reanudación de las conversaciones para el 10 de diciembre.

Dos últimas delegaciones de víctimas en La Habana

En el marco del ciclo número 30 de conversaciones en La Habana tuvo lugar la visita de la cuarta delegación de víctimas del conflicto a la mesa de diálogos. Entre los integrantes de esta delegación se encontraban Guillermo Murcia Duarte, sobreviviente de una mina antipersonal instalada por las FARC el 2005 en Arauca; Juan Carlos Villamizar, dirigente de la Unión Patriótica exiliado en España en 2002 por amenazas de los paramilitares; Lisinia Collazos sobreviviente de la masacre de El Naya cometida por las AUC en 2001; y Jineth Bedoya, víctima de secuestro, tortura, amenaza de muerte y violencia sexual por parte de distintos actores armados. También participó, aunque vía teleconferencia, Tulio Murillo Ávila, integrante de las FARC y representante del movimiento de prisioneros de ese grupo guerrillero.

En su encuentro con las delegaciones, este grupo de víctimas se unió a las exigencias de los otros equipos de afectados por el conflicto: no levantarse de la mesa hasta llegar a un acuerdo. “Lo que nosotros, como sobrevivientes del conflicto armado, le manifestamos a la mesa es que no permitimos, como víctimas que tenemos la autoridad moral para exigirlo, que se levanten de esta mesa”, dijo Jineth Bedoya, primera periodista en viajar a La Habana en calidad de víctima. Del mismo modo, Juan Carlos Villamizar destacó la “seriedad” con la que, según él, las partes están asumiendo el tema de resarcir los derechos de las víctimas en las conversaciones de paz.

Cerca de 45 días después y superada la crisis derivada del secuestro del general Alzate, la Universidad Nacional y la ONU divulgaron el listado de la quinta y última delegación de víctimas del conflicto que viajaría a La Habana. Los integrantes de este grupo son Jairo Barreto López, víctima de los paramilitares en la región de Montes de María; Camilo Villa, cuyo padre fue asesinado por paramilitares en 1992; María Susana Portela Lozada, alcaldesa de Florencia, Caquetá y víctima de las FARC; Juan Manuel Hernández Sosa, cabo del Ejército sobreviviente a la explosión de un carro bomba en 2002; Domingo Tovar Arrieta, víctima de distintos actores armados por su trabajo como sindicalista; Gloria Cecilia Londoño, integrante de la Pastoral Social de Tumaco y víctima de los paramilitares; Francia Márquez, defensora de los derechos de las comunidades étnicas en el Cauca; Mauricio Armitage, empresario víctima de las FARC; Nilson Antonio Liz Marín, líder campesino amenazado por distintos actores; Isabella Vernaza Paredes, secuestrada por el ELN en 1999; y Magda Correa de Andreis, hermana de Alfredo Correa de Andreis, sociólogo y profesor asesinado en 2004, en un hecho en el que la justicia responsabilizó al ex director del DAS, Jorge Noguera y al ex paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’.

Entre quienes viajaron a Cuba en calidad de víctimas también se encontraba la ex senadora liberal, Piedad Córdoba, señalada de ser colaboradora de la guerrilla y sancionada disciplinariamente por el Procurador Ordóñez a raíz de dichas sospechas. En ese sentido, el coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, defendió la inclusión de Córdoba en la delegación de víctimas por considerarla víctima de persecuciones de distinto tipo, además de haber sido secuestrada en 1999 y verse obligada a vivir en el exilio. “Aunque entendemos que muchos no compartan su visión política, no por eso pueden desconocer los hechos que ha sufrido”, señaló Hochschild.

Fue precisamente Alejandro Ordóñez quien arremetió contra la decisión de la ONU y la Universidad Nacional de incluir a Córdoba en este grupo de víctimas. El Procurador insistió en que a La Habana solo deberían asistir víctimas derivadas de las acciones de la guerrilla. “Allá quienes están sentados no son ni los paramilitares ni los agentes del Estado que eventualmente fueron victimarios”, indicó el funcionario. En el mismo sentido se pronunció María Fernanda Cabal, Representante a la Cámara del partido Centro Democrático, quien calificó el hecho como “inaudito”. Según Cabal, la ex senadora debería aclarar sus relaciones con la guerrilla antes de asistir a la capital cubana como víctima.

A pesar de la oposición del uribismo y del Procurador, las doce víctimas designadas en la última delegación viajaron antes que concluyera el ciclo 31 de conversaciones y sus integrantes compartieron sus testimonios con los equipos negociadores. En el encuentro, la delegación se unió al clamor de las demás víctimas en el sentido de que la negociación es la “única salida” al conflicto armado colombiano. Camilo Villa, en rueda de prensa el 17 de diciembre afirmó: "pensamos que el proceso de paz es realmente valioso, que es la única salida que tenemos a la guerra que hemos vivido". Así mismo, Magda Correa declaró: "cuando yo llegué a Cuba (el lunes) venía bastante escéptica, hoy tras la reunión tengo grandes esperanzas, tengo la convicción de que las partes están totalmente decididas a sacar adelante este proceso”.

El narcotráfico y el delito político

El 16 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo en una entrevista que, de cara a las negociaciones de paz y bajo la expectativa de lograr un acuerdo de paz con las FARC, resultaría necesario ampliar el concepto de delito político y sus conexos. “Si queremos indultar, perdonar o legalizar a los miles de combatientes de las FARC, tendremos que ser más flexibles”, afirmó el mandatario. De allí se deriva que el narcotráfico y sus actividades relacionadas deben ser considerados como una conducta delictiva política y no criminal, propuesta que desató un gran debate durante el mes de diciembre.

Una de las primeras y más vehementes reacciones estuvo a cargo del Procurador Ordóñez quien, a través de un comunicado, argumentó que la declaración de Santos pretendía “blindar jurídicamente a los capos de la cocaína de las FARC” y que el Estado renuncie a la obligación de perseguir penalmente este delito cuando lo perpetran las guerrillas, así como a la posibilidad de extraditar a los responsables del mismo.

El debate tomó fuerza y pronto cada editorial y analista político con conocimiento en derecho compartió su perspectiva sobre el problema. El Tiempo recopiló algunas de esas posturas el 3 de diciembre, al confrontar a los contradictores con los defensores de la iniciativa. Por ejemplo, el ex fiscal Guillermo Mendoza Diago afirma que “al Gobierno no le quedaría fácil explicar en el exterior que va a dar beneficios a personas vinculadas al narcotráfico, delito que es perseguido en el resto del mundo”. Mientras que el ex magistrado Alfredo Beltrán recordó que el Marco Jurídico para la Paz, que ya pasó el control constitucional, contempla en uno de sus artículos que el Congreso tramite una ley estatutaria (con control previo de la Corte Constitucional) para determinar cuáles son los delitos conexos al delito político.

Asimismo, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, se refirió a la discusión reiterando que dicha ley estipularía cuáles delitos serán entendidos como conexos al político, “específicamente para efectos de participación en política”. En ese sentido, Reyes aclaró que la posible clasificación del narcotráfico como delito conexo al político no tiene implicaciones penales ni en las solicitudes de extradición. “El debate debe circunscribirse específicamente y puntualmente a lo que ha dicho la Corte, que ha abierto la puerta solamente respecto de inhabilidades a futuro”.

Finalmente, las FARC expresaron que los términos implementados para referirse al tema han “confundido” a los colombianos porque mezclan el concepto de rebelde con el de narcotraficante. Así, a través de un comunicado, reiteraron que sus acciones en respuesta al Estado y las élites dominantes tienen carácter político y cualquier relación que hayan tenido con las actividades ligadas al narcotráfico ha sido un medio para cumplir su cometido final. “La lucha de medio siglo de las FARC-EP se ciñe a las conductas de tipo político y militar que configuran la rebelión; ellas han tenido como objetivo supremo avanzar en la construcción de otra Colombia, en libertad y democracia. Y en esto se incluyen los actos de financiación que han tocado distintos sectores, incluidos traficantes de todo tipo de mercancías legales e ilegales”, sentenció el grupo guerrillero.