La estrategia uribista
Los enemigos del proceso de negociación entre el gobierno y las FARC han desplegado una verdadera propaganda negra en su contra. Sin duda, estos ataques hacen parte de una estrategia concebida para “posicionarse” desde ahora frente a las elecciones de 2014.
Esta estrategia es una réplica de la utilizada con éxito por el expresidente Uribe en 2002: asumir desde el inicio una posición crítica y radical en contra de las negociaciones, apostándole a su fracaso, sobre la base de que se trata de un engaño de las FARC o, eventualmente, de una traición de Santos a la democracia.
En esos dos conceptos se resume la estrategia:
Si el proceso no avanza o es abandonado por el gobierno, se confirma la tesis del engaño.
Si el proceso avanza y se producen acuerdos entre las partes, éstos serán señalados como actos de colusión contra los intereses de todos los colombianos.
En la entrevista que concedió José Félix Lafaurie a Yamid Amat se encuentra una buena síntesis de los argumentos que sustentan esa posición política[1]. Aunque se trata de la opinión de sólo uno de los precandidatos presidenciales del uribismo, los demás, con variaciones menores, dicen lo mismo en esencia.
De hecho una de las fortalezas del uribismo es la homogeneidad y ausencia de matices en el discurso. La batería de argumentos apunta a no dejar resquicio de esperanza sobre la posibilidad de una salida negociada del conflicto armado. Vale la pena ponderar algunos de esos argumentos.
Primer argumento: las FARC están divididas
No todos los que señalan la división interna de las FARC se oponen a este proceso, pero sus enemigos sí lo presentan como una objeción muy seria. Según este punto de vista, en la mesa de negociaciones no están representadas todas las fuerzas de la organización: habrían quedado por fuera el Bloque Sur (Joaquín Gomez y Fabián Ramirez), el Bloque Occidental (Pablo Catatumbo), otros frentes del Pacífico, del Eje Cafetero y del Catatumbo. Éstos estarían en franca oposición al proceso.
El argumento básico consiste en afirmar que como dichos bloques están ubicados en áreas cocaleras o de tráfico intenso de cocaína, entonces cuentan con enormes recursos financieros. La prueba de su rebeldía estaría en la desobediencia que mostraron frente al cese del fuego unilateral decretado desde La Habana.
Pero: ¿Se trata de una división por motivos políticos, o ella se debe al peso del narcotráfico, o es una mezcla de las dos razones? Cualquiera que sea el motivo, esta división deslegitimaría la negociación. Dice Lafaurie que se llegará a un escenario poco deseable: “…una gente reinsertada y otra que continuará en armas”.
Lo cierto es que ningún proceso de desmovilización y desarme en el mundo ha sido absoluto. Siempre hay disidentes, rebeldes o saboteadores que prefieren seguir en las andanzas, bajo un ropaje político o criminal.
Por lo demás, también hay individuos que se desmovilizan y al cabo de un breve lapso retornan a la violencia. Lo demuestra la experiencia colombiana con las AUC.
Pero aún si el proceso de negociación con las FARC cobijara únicamente al 30 por ciento de esa organización, el intento ya habría valido la pena. ¿Acaso sustraer de la guerra a 3.000 o 3.500 hombres no tendría un impacto significativo en términos de seguridad? Bastaría con calcular el esfuerzo militar necesario para eliminar o neutralizar a esa cantidad de combatientes, y compararlo con el costo de una negociación incruenta.
Segundo argumento: las FARC no quieren la paz
Dice Lafaurie que las FARC no han abandonado su propósito de tomarse el poder por las armas ni de aplicar la combinación de todas las formas de lucha. Con este argumento se matan dos pájaros de un tiro:
Por un lado se fortalece la idea de que las FARC intentan aprovechar la negociación para fortalecerse militarmente. De ahí el rechazo tajante a un cese al fuego bilateral.
Por otro lado se anticipa que cualquier iniciativa de participación política que surja de la negociación, no sería otra cosa que reeditar la experiencia de la Unión Patriótica (UP).
Para probar la primera parte del argumento se invoca cualquier declaración de las FARC que no involucre la plena aceptación de desmovilizarse y desarmarse. Según este argumento, la guerrilla habría debido manifestar su intención de abandonar la lucha armada, desde el primer día. Hasta ahora, salvo lo contenido en el Acuerdo General, ninguna declaración de las FARC indicaría tal intención.
Es probable que las opiniones de algunos exmilitantes de grupos guerrilleros reinsertados, hayan alimentado la idea de que cuando se entra a la negociación es porque se está decidido a terminar el conflicto armado por esa vía.
Algunos ex guerrilleros (del M-19 y del EPL) han señalado que cuando sus organizaciones se sentaron a dialogar con el gobierno, ya habían tomado la decisión de abandonar la lucha armada. Esta idea hace aparecer la negociación misma como un simple trámite para darle curso a la intención preexistente de desmovilizarse, desarmarse y reinsertarse.
Los expertos en negociación de conflictos no avalarían esta generalización. En su conocido texto sobre el tema, Jesús Antonio Bejarano se refiere a las “incompatibilidades” básicas como uno de los elementos que deben ser considerados en un proceso de negociación. Estas pueden ser militares, ideológicas, socioeconómicas o territoriales. Unas son más difíciles de negociar que otras, pero todas pueden transformarse a través de la negociación.
Resulta muy discutible afirmar que cuando se entra en una negociación es porque ya se ha decidido abandonar la lucha armada. Eso equivale a decir que uno entra en la negociación ya negociado o si se quiere derrotado. Si ello fuera así, toda negociación tendría un final exitoso.
Pero en realidad, la correlación de fuerzas militares y políticas determina el resultado, y justamente el poder de la negociación radica en su capacidad de modificar las intenciones y la voluntad de los contrincantes. A veces se logra y otras veces no.
Todos sabemos que en el pasado las FARC utilizaron la negociación para fortalecerse militarmente y que aún hoy aspiran a lograr un acuerdo de regularización (¡prolongación!) de la guerra. Pero resultaría difícil creer que la organización no aprende de la experiencia.
La más reciente, en materia de negociación, fue la del Caguán que, desde su óptica, debería ser leída como el mayor despilfarro de capital político y militar en que haya podido incurrir organización insurgente alguna.
Es previsible que, en esta oportunidad, quieran tomarse la negociación más en serio. De hecho podrían verla como una oportunidad para compensar políticamente su manifiesta debilidad militar. Sería una “revolución” que las FARC vieran su futuro en clave política y no militar.
En cuanto a la combinación de todas las formas de lucha, la reedición de una experiencia siquiera similar a la de la UP no parece verosímil, pues tanto gobierno como guerrilla están vacunados contra dicho riesgo.
Tercer argumento: narcoterroristas que quieren lavar capital
Según dice Lafaurie, las FARC son narcotraficantes y terroristas cuya aspiración es lavar capital a través del proceso de negociación.
Este argumento es un ejemplo de la insistencia en igualar a las FARC con los paramilitares, aunque muchos de los que hoy se oponen al dialogo con la guerrilla no se opusieron a la negociación con los paramilitares.
Se sabe que la guerrilla ha invertido sus ingresos de cualquier origen —secuestro, extorsión, narcotráfico…— en bienes muebles e inmuebles. Por otra parte, a partir de la información arrojada por el programa de restitución de tierras, se confirma la idea de que también se han beneficiado del despojo de tierras.
Pero no puede desconocerse que la relación de la guerrilla con la tierra se ha basado más en considerar el territorio como un recurso estratégico para la guerra, que como un recurso económico para engrosar el patrimonio individual, tal como lo hicieron Mancuso y Jorge 40.
Los mandos de las FARC sin duda aspirarán a “lavar” el origen de esos bienes, pues les serán necesarios para la actividad política o para la vida civil. Pero por evitar ese riesgo no puede echarse por la borda una posibilidad de terminar el conflicto por la vía de los acuerdos. Para impedir ese intento de lavandería están la ley de restitución de tierras y el proceso de saneamiento del sector rural.
Proceso sin defensores
De la entrevista de Lafaurie se deduce que el uribismo se apropia del país, se considera vocero de la nación. Las FARC, por su parte, se apropian del pueblo.
El único que parece no reivindicar vocería alguna es el equipo negociador del gobierno que, además, es descalificado desde muchos flancos acusándolo de no representar a ningún sector social relevante. El pacto de confidencialidad sobre la negociación, que ha mostrado bondades en muchos aspectos, también ha inhibido al gobierno para promover un apoyo más activo de la opinión pública.
Los más vociferantes del gobierno son los halcones que, como el ministro de Defensa, tienen la tarea de apaciguar al uribismo y amenazar a las FARC. Lamentablemente, el jefe del equipo negociador, De la Calle, sólo parece enérgico cuando tiene que coadyuvar a la amenaza y no cuando reconoce los avances reales o potenciales de la negociación.
El uribismo depende del fracaso de las negociaciones para volver al poder. Los ganaderos de Lafaurie, por ejemplo, ven su identidad existencial amenazada por el posible éxito de la negociación con las FARC. Es claro que invierten toda la energía para promover el fracaso del proceso y el retorno de Uribe.
El presidente Santos parecería aplicar aquello de que “el país no pierde nada por intentar la negociación”, pero si comenzara a percibir los costos como excesivos, se mostraría dispuesto a abandonar la iniciativa.
Los empresarios y otros sectores sociales y políticos acompañan tibiamente al gobierno, pues confían en que si el proceso fracasa, no cambie mucho su situación.
Las FARC, por su parte, para aparentar fortaleza, con su proverbial torpeza política, recurren al degradado expediente de invocar el secuestro como arma.
La propaganda negra alcanza con fuerza a la opinión pública, es implacable y maniquea.
La defensa del proceso, por el contrario, llega siempre cargada de matices y de condicionamientos: falta más participación en la mesa, la agenda es recortada, la violencia no se acabará con los acuerdos, el tiempo es insuficiente, el gobierno “usurpa el papel de la sociedad civil” y un largo etcétera de objeciones.
Habrá que volver a preguntarse: ¿Es acaso poca cosa lograr sacar las armas de la política por medio de una negociación política? ¿Justificaría ese modesto objetivo un mayor compromiso en defensa de la negociación?