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Más víctimas en la mesa de diálogos

A mediados de septiembre viajó a La Habana el segundo grupo de víctimas del conflicto para transmitir a la mesa de diálogos sus testimonios y propuestas. Al igual que la anterior, la conformación de esta delegación fue un proceso conjunto entre la ONU, la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal Colombiana.

Las víctimas que viajaron en esa ocasión fueron Consuelo González de Perdomo, secuestrada por las FARC en el 2001; Marisol Garzón, hermana del asesinado periodista Jaime Garzón; Teresa Gaviria, madre de Cristian Camilo Quiroz, desaparecido por los paramilitares en 1998 en Medellín; Juanita Barragán, víctima de reclutamiento forzado por parte de las FARC; Esperanza Uribe, esposa de Pablo Antonio Beltrán, juez asesinado en la masacre de La Rochela en 1989; Esaú Lemus Maturana, desplazado y defensor de DD.HH del departamento del Chocó; Yesika Hoyos Morales, hija del sindicalista Jorge Darío Hoyos, asesinado en marzo de 2001; María Choles Toro, víctima de violencia sexual por parte de distintos actores armados; Marleny Orjuela Manjarrés, prima del subintendente de la Policía Hernán Alexánder Zambrano, secuestrado por las FARC en 1998; Reinel Barbosa Calicá, víctima de mina antipersona y desplazamiento forzado; y Gabriel Bisbicuis, gobernador indígena.

Aunque el encuentro se mantuvo en relativa reserva, la delegación de víctimas emitió un comunicado a su regreso a Colombia en el que valoró el encuentro con las partes y “les exige a éstas pactar un cese al fuego bilateral y no levantarse de la mesa hasta alcanzar un acuerdo de paz”. Reiteraron que no hubo presiones de por medio a su llegada y que contaron con la posibilidad de expresar abiertamente sus ideas. Así mismo, aseguraron que transmitieron su exigencia de “justicia, no como venganza, sino como derecho y como un compromiso con la paz”.

A su turno, las delegaciones de paz del Gobierno y las FARC destacaron la visita del segundo grupo de víctimas, asegurando que fue “fundamental para enriquecer las discusiones del quinto punto de la agenda, fortaleciendo este proceso y los acuerdos que podamos alcanzar al respecto”. Mientras que la guerrilla retomó la solicitud de las víctimas en el sentido de pactar un cese al fuego bilateral, el Gobierno mantuvo su posición en torno a la continuación de la ofensiva militar hasta que el proceso avance hacia la fase de implementación de acuerdos.

El primero de octubre, el director de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, reveló la composición de la tercera delegación de víctimas seleccionadas para participar en la mesa de conversaciones. Entre los integrantes de este nuevo grupo figuraban Alan Jara y el general Luis Mendieta, secuestrados por las FARC; Jimena Ochoa, ganadera víctima de esa guerrilla; Aida Avella, víctima de paramilitares; Emilse Hernández, víctima de la fuerza pública; Eduardo Umaña, víctima de paramilitares y la fuerza pública; Victoria Liu, víctima de paramilitares; Luis Fernando Arias, víctima de paramilitares; Soraya Bayuelo, víctima de las FARC y los paramilitares; Marta Luz de Ujueta, víctima del atentado al club El Nogal; Erika Paola Jaimes, víctima de paramilitares; y Nancy Yamila Galárraga, víctima de paramilitares.

Posteriormente, Hochschild denunció que tres víctimas de las anteriores delegaciones y dos miembros del equipo organizador de los encuentros han recibido amenazas de muerte por su participación en el proceso de paz. Aunque no reveló los nombres de los afectados, el funcionario de la ONU indicó "es obvio que la gran parte de esas amenazas viene de grupos que rechazan el proceso de paz” y en ese sentido hizo una invitación para que todo tipo de oposición al proceso de paz se mantenga en el marco legal.

Tras conocerse la composición del nuevo grupo de víctimas, los medios nacionales y regionales centraron su atención en el gobernador Jara y el general Mendieta debido a que el primero ha sido escéptico frente al proceso de paz y ambos se han caracterizado por criticar abiertamente a las FARC. El nombre del general Mendieta en la delegación de víctimas parecía aún más espinoso teniendo en cuenta que la guerrilla no ocultó su desdén por éste al publicar en su página web un antiguo comunicado en el que ‘Jesús Santrich desconoce la condición de secuestrado del general.[1]

De allí que el diario El Tiempo señalara que este tercer grupo se caracterizó por su “heterogeneidad” y disenso en torno a cómo debe continuar marchando el proceso de paz. Según el medio, aunque los integrantes de la última delegación de víctimas reiteraron la importancia de continuar buscando la solución negociada del conflicto, no hubo un consenso en torno a la petición de un cese al fuego bilateral. "Convergemos en la apuesta por un país sin guerra, donde no haya más muertes como un imperativo inmediato de la mesa de negociaciones. En ese sentido, instamos a las partes a persistir hasta que se llegue a los acuerdos necesarios para este propósito superando todas las dificultades que puedan surgir en la búsqueda del fin del conflicto", señala el comunicado leído por las víctimas en su regreso a Colombia.

El general Luis Mendieta sobresalió por ser el más duro en sus declaraciones, pues afirmó que al escuchar la intervención del jefe guerrillero ‘Iván Márquez’ sintió el mismo ambiente que percibió durante sus años de secuestro, en los que convivió con integrantes de las FARC. Así mismo, el general se refirió a la discusión sobre el concepto de secuestro e indicó que ‘Márquez’ refutó su definición sustituyéndola por la de ‘prisionero político’. Por su parte, la dirigente de la Unión Patriótica, Aida Avella, y el gobernador del Meta, Alan Jara, destacaron los diálogos de paz como una oportunidad histórica en la que se debe insistir hasta alcanzar un acuerdo definitivo.

Publican los Acuerdos alcanzados en La Habana

El 24 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos anunció la publicación de los documentos completos que contienen los acuerdos que se han logrado con las FARC en los puntos de desarrollo rural, participación política y drogas ilícitas. Aunque varios de esos borradores ya estaban disponibles en la página web de la delegación de paz de las FARC, el mandatario presentó la decisión como una forma de evitar las especulaciones que sectores opuestos al proceso de paz habían puesto a circular desde el inicio del mismo. Santos resaltó que los borradores completos no contienen nada que no haya sido reseñado en los comunicados conjuntos ya presentados por las partes. Así, de acuerdo con el mandatario, los compromisos a los que apuntan las partes en los tres primeros puntos de la agenda se publicaron para “"callarles la boca a quienes están diciendo que estamos entregando esto al castro-chavismo o que el Ejército se iba a acabar".

No obstante, menos de una semana después del anuncio, el senador Álvaro Uribe emitió algunas de las primeras críticas a los documentos divulgados. Como una “claudicación del Gobierno ante las FARC” calificó el líder político el contenido de los acuerdos y agregó que los documentos se asemejan al lanzamiento de “una plataforma política del terrorismo para justificar sus crímenes”. Particularmente sobre el tema de drogas ilícitas, el ex presidente sostuvo que se dejan abiertas todas las posibilidades para que los cultivos ilícitos continúen; y comparó las reformas políticas propuestas en el punto de participación política con las medidas adoptadas por el Chavismo en Venezuela.

De otra parte, analistas y editoriales destacaron aspectos positivos de los acuerdos: no solo desmintieron algunas ideas infundadas sobre el proceso, sino que brindaron algunos detalles sobre la forma en la que se adelantarán las transformaciones pactadas. A juicio de la periodista Marta Ruiz, los documentos divulgados contienen aspectos promisorios para la transformación del país en la medida en que dan cuenta de varias e importantes visiones compartidas entre las partes. En el caso de la Reforma Rural Integral, por ejemplo, Ruiz destaca el hecho de que el Gobierno y las FARC coincidan en la importancia de generar derechos de propiedad en el campo y consolidar un mercado con garantías de bienes públicos y equidad. De igual forma, la periodista identifica cuatro enfoques valiosos en los documentos: el enfoque de derechos, el enfoque territorial, el reconocimiento de que la implementación tomará cerca de 10 años y la identificación de la institucionalidad de excepción como medio para materializar los acuerdos.

Por su parte, un análisis del diario El Tiempo llamó la atención sobre algunos de los mitos sobre el proceso de paz que se quedaron sin piso luego de la publicación de los documentos completos de los acuerdos. Uno de ellos es el que sugiere que las conversaciones estarían transformando el modelo económico colombiano hacia un esquema socialista con control estatal absoluto. Sin embargo, lo revelado sobre el punto de desarrollo agrario apunta a garantizar el acceso equitativo a la tierra y la conformación de un Fondo de Tierras, nutrido con predios baldíos o expropiados al narcotráfico. Así mismo, las especulaciones sobre la negociación de las Fuerzas Armadas quedaron, según el diario, desvirtuadas en tanto no se menciona en los documentos ninguna discusión al respecto.

Timochenko estuvo en La Habana

Una vez apaciguada la discusión sobre los documentos públicos con los acuerdos de la mesa, una declaración del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, desató una polémica que captó la atención de la opinión pública durante buena parte del mes de octubre. En una entrevista con la cadena radial de Caracol, Pinzón reveló que investigaciones adelantadas por la división de inteligencia del Ejército establecieron que el máximo comandante de las FARC alias ‘Timochenko’, habría viajado a La Habana, Cuba, en varias ocasiones. Aunque el Ministro precisó que esa información estaba pendiente de ser verificada, la revelación prendió las alarmas de medios de comunicación y sectores políticos preguntándose por la veracidad de lo expuesto por el funcionario.

Horas después, el presidente Santos ratificó la información divulgada por el ministro de Defensa y agregó que él mismo autorizó las visitas del comandante guerrillero a la capital cubana. “Ahora se están rasgando las vestiduras porque ‘Timochenko’ estuvo en Cuba…sí, yo autoricé que ‘Timochenko’ fuera a Cuba” sentenció el mandatario, agregando que es un paso lógico en el marco de un proceso de paz cuyas discusiones deben ser consultadas con los dirigentes de cada una de las partes en confrontación.

Entre quienes coincidieron en criticar la autorización del presidente Santos del viaje de ‘Timochenko’, sobresalen la ex candidata presidencial por el partido conservador, Marta Lucía Ramírez, y el procurador general, Alejandro Ordóñez. Ramírez emitió una solicitud al Gobierno pidiendo que informara públicamente ¿Cuántos guerrilleros están en La Habana? ¿Cuáles? y ¿Quiénes están en la Mesa? A juicio de la ex candidata, “la discreción de la negociación no va en contravía de la transparencia con el país y la coordinación al interior del Gobierno”.

A su turno, el procurador Ordóñez envió una carta al presidente Santos pidiéndole que explicara las circunstancias en las que el comandante de las FARC viajó a La Habana. El jefe del Ministerio Público preguntó al mandatario cuántas veces autorizó la presencia del máximo jefe de las FARC en la capital cubana y cuándo se le otorgó a ‘Timochenko’ la condición de “vocero” del grupo guerrillero. Actualmente, recordó Ordóñez, existen múltiples órdenes de captura y distintas decisiones judiciales contra el comandante guerrillero, quien “al parecer es conducido y protegido por el Estado colombiano mientras da órdenes para secuestrar, para matar y para cometer genocidios y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo colombiano, contra nuestro Ejército y nuestra Policía Nacional”.

Esta última increpación causó una respuesta por parte del presidente Santos, el 16 de octubre, que El Espectador calificó de “airada”. En su carta, Santos le recordó a Ordóñez que el control a las decisiones presidenciales no está dentro de sus funciones como procurador y destacó las facultades con las que cuenta como mandatario de los colombianos en una coyuntura de negociaciones de paz como la actual. “Los diálogos de paz constituyen un proceso jurídico-político de carácter complejo que tiene fundamento en la Constitución y en la ley. Justamente por ello ha sostenido la Corte Constitucional que los mecanismos de solución al conflicto corresponden a “decisiones de alta política reservadas, por lo tanto, al fuero presidencial”” sentenció el mandatario en su misiva.

[1] Ver comunicado “La última lágrima del coronel Mendieta”