Ahora el presidente Santos prefiere rodearse de un pequeño grupo de asesores directos dejando atrás las altas consejerías. En ese grupo están los recién nombrados Ministros Consejeros, quienes se encargarán de temas como la agenda legislativa, las relaciones gobierno y sector privado, las comunicaciones y los temas de postconflicto, derechos humanos y seguridad. Este último Ministerio tendrá a la cabeza al General (r) Oscar Naranjo y albergará la Consejería de Derechos Humanos liderada por Guillermo Rivera, quien hizo una gran labor en el Congreso como impulsor de la Ley de Víctimas.

La creación de esta Consejería implica, entre otras cosas, que el Programa Presidencial de DDHH y DIH desaparece, lo que significa que deja de estar ligado a la Vicepresidencia. Es prematuro decir lo que significarán estas movidas en términos de los temas y enfoques que se venían trabajando en cuanto a la protección, defensa y promoción de los DDHH. Pero toda reestructuración trae cambios, así que crucemos los dedos para que no se pierda de vista la relevancia para el postconflicto de asuntos como el de empresas y derechos humanos. Esperemos, más bien, que la inclusión de este tema de manera explícita en las funciones de la Consejería (así se lee en el Decreto 1649 de 2014) involucre que el trabajo que el Gobierno ha venido adelantando en este campo se haga más robusto y ojalá más audaz.

En las tres últimas administraciones, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario fue epicentro del trabajo en empresas y DDHH desde el Gobierno. Un interlocutor definitivo –aunque con frecuencia solitario dentro del mismo Gobierno– para todos aquellos que desde hace años nos hemos propuesto avanzar en la adopción de prácticas empresariales respetuosas de los derechos humanos y comprometidas con la promoción del goce de derechos. ¿La creación de la Consejería será una oportunidad para robustecer esta interlocución y comenzar a superar los vacíos institucionales que existen para avanzar en la adopción de prácticas empresariales atentas a los DDHH? Habrá que esperar.

Muchos de esos vacíos se recogen en los lineamientos de política sobre empresas y DDHH que fueron lanzados el pasado 24 de julio en un evento que no tuvo mayor eco en los medios, al parecer porque el tema no es muy seductor. Pero estos lineamientos no son poca cosa. Se trata de asegurar una gestión eficiente por parte del Estado y de cara al respeto de los derechos humanos en el marco de las operaciones empresariales, de impulsar una agenda de trabajo en DDHH desde las empresas, y de asegurar el acceso a un remedio efectivo en casos de afectación a los DDHH en el marco de cualquier operación empresarial.

La creación de la Consejería y su inclusión en el Ministerio de Postconflicto podría tomar dos caminos. O se convierte en una oportunidad para dar mayor impulso al trabajo en estos tres frentes de cara a la transición que esperamos haga Colombia hacia una paz sostenible. O por el contrario, podría ser el escenario en el que el tema de empresas y derechos humanos se desdibuje por no ser uno de los que típicamente asociamos al postconflicto. Que sea lo primero y no lo segundo.

La introducción, en el Decreto 1649, del impulso a los lineamientos de una política en DDHH y empresas como una función de la Consejería, puede dar un parte de tranquilidad. Lo que se espera es que no se quede en el papel o se malinterprete como una función desligada de otras igualmente claves como el mapeo de experiencias exitosas de reconciliación en distintos territorios, los esfuerzos pedagógicos y la promoción de espacios de interlocución y diálogo, que también se incluyen en ese mismo Decreto.

De tomarse en serio, permitiría avanzar significativamente en el campo de empresas y derechos humanos, y a la vez lograr que la actividad empresarial y la construcción de paz empiecen a dialogar de manera más contundente. No porque otros temas no sean relevantes, sino porque avanzar en este campo de cara a una transición hacia la paz, permitiría empezar a abordar dinámicas de fondo que subyacen al conflicto que ha marcado la historia de tantas regiones de nuestro país.

Esto no quiere decir que el conflicto armado sea meramente producto del accionar o no de las empresas. Nuestra realidad es bastante más compleja. Más bien implica reconocer que el trabajo en empresas y DDHH y los esfuerzos por avanzar en la construcción de paz, no están desligados. Una gestión empresarial respetuosa de los derechos humanos y un trabajo desde el Estado para asegurar que esto sea así, son elementos centrales para, por ejemplo, ampliar la democracia y la ciudadanía.

A la luz de la reestructuración anunciada por Santos, la oportunidad no es despreciable. Más que el punto final, estos lineamientos y sus respectivas líneas de acción son una hoja de ruta para avanzar en el desarrollo de una política pública en el tema ¿Cómo será este proceso? ¿Acaso un ejercicio tan participativo como el que dio vida a los lineamientos? ¿Qué rol estarán llamados a jugar empresarios y sociedad civil? ¿Se avanzará en temas tan urgentes como la falta de información y el acceso restringido a ella, o en la precariedad en el acceso a remedio frente a afectaciones a los DDHH en el marco de actividades empresariales, o en la falta de coherencia tanto en el Estado como en las empresas para asegurar una operación empresarial respetuosa de los DDHH?

Ojalá está sea la oportunidad para empezar a superar estos y otros vacíos tan críticos a la hora de asegurar el respeto y goce de derechos. Ojalá, la reestructuración anunciada por Santos sirva también de coyuntura para articular el trabajo que se ha venido haciendo en el campo de empresas y derechos humanos, a la tarea de enfrentar los numerosos retos que encierra la transición hacia una paz sostenible, la cual todos esperamos que inicie pronto.