Hace ya más de un mes, entre ausencias notorias, discursos pobremente leídos y palomas de todos los tipos, el presidente Santos le explicó a los colombianos cuáles serán las prioridades de su nuevo/viejo Gobierno: paz, equidad y educación. ¿Será esto posible?, ¿será cierto que el presidente Santos, al que hace pocos años identificábamos con la seguridad democrática y la confianza inversionista, labrará su lugar en la Historia gracias a un acuerdo de paz con las guerrillas y una agenda reformista de cambios profundos y estructurales?
Aunque resulte prematuro hacer balances sobre la nueva apuesta, en las primeras semanas de labores de la nueva ministra de Educación han surgido señales que llaman a la inquietud. No son razón suficiente para erosionar definitivamente nuestro precario optimismo, pero sí nos obligan a aguzar la mirada y a pedir aclaraciones. Una de estas alertas tempranas se deriva de lo expuesto por el Gobierno sobre las prioridades de la educación para Colombia. Además de los cuestionamientos que ya se hicieron sobre el presupuesto del sector para el año entrante (La Silla Vacía contó recientemente sobre los detalles de la inversión de los casi 29 billones asignados), los anuncios que se han hecho muestran que la relación entre los pilares de paz, equidad y educación está lejos de comprenderse en una forma adecuada.
Parafraseando lo que ha expuesto el Gobierno, la fórmula propuesta es la siguiente: si nos educamos mejor garantizaremos el ascenso social y lograremos unas capacidades ampliamente distribuidas. En una sociedad menos segregada, gracias a la calidad educativa, hay buenos trabajos, se distribuyen las ganancias y se logra equidad, la cual, a su turno, es condición necesaria para la paz.
La conexión entre educación y equidad es legítima y está probada. Con base en esa conexión – pero siguiendo una argumentación que no está libre de debate – muchos gobiernos han defendido la necesidad de conectar lo que se enseña en las aulas y lo que el mundo del trabajo requiere. La insistencia en la educación técnica y tecnológica, en la eficiencia educativa y en experiencias como las de Corea del Sur, Singapur y China, así como la obsesión con las pruebas estandarizadas (como las SABER y PISA) resultan lógicas bajo esta mirada. En su reciente entrevista con El Tiempo, la ministra Parody subrayó: “Es muy importante determinar qué necesitamos en Colombia. Nos ha pasado que mientras la academia (…) anda por un lado, el mercado laboral va por otro. Uno de los retos que tengo es que nos comuniquemos con ese mercado laboral”.
Aparte de los profundos debates ideológicos que esta propuesta pueda desatar, lo que demuestra el enfoque seleccionado por el Gobierno es que la relación directa y estrecha entre la educación y la paz no se ha comprendido en su debida dimensión, ni tiene, hoy por hoy, su adecuado lugar. Y eso es, cuando menos, preocupante. Sencillamente porque ese propósito nacional que es la paz no podrá ser posible sin una estrategia educativa seria encaminada directamente a ello. Pero no mediada por la competitividad, los salarios y la redistribución del ingreso. Repasemos algunos retos en ese sentido.
Primero, si queremos darle un punto final a nuestro conflicto armado y comenzar un periodo de transformaciones profundas en Colombia, necesitamos activar debates territoriales sobre los orígenes, significados y consecuencias de la guerra. Las nuevas generaciones necesitan formarse en un ambiente de discusión sobre los orígenes y desarrollo del narcotráfico, las guerrillas, el paramilitarismo, el centralismo y la exclusión política. Es preciso que recuperemos la enseñanza de la historia y de la geografía, y que construyamos relatos que contribuyan a protegernos de la reproducción de la violencia. Como lo ha dicho Jorge Orlando Melo: “Que la gente no conozca la historia del país es lamentable. Como en la vida personal, donde uno se orienta en el mundo porque sabe y aprende de la experiencia, en la vida social es imposible actuar con independencia, en una sociedad democrática, sin una imagen rica y compleja del pasado del país”.
También llegó el momento de darle un lugar de privilegio al conjunto de iniciativas que desde hace varias décadas proponen la educación para la ciudadanía. Y es que el comportamiento anclado a los valores democráticos no surge por generación espontánea. Necesita ambientes que promuevan, mediante prácticas concretas, la inclusión, el interés por lo público, la toma de decisiones colectivas y el respeto por la diferencia. En este tipo de proyectos, que hoy aparecen tan lejanos de las prioridades del Gobierno, se han hacen esfuerzos para que aprendamos a solucionar nuestros conflictos de manera no violenta, a enaltecer los derechos humanos y a rechazar el extremismo y el unanimismo. Para ser ciudadanos de una democracia no basta con enseñar matemáticas y ciencias. Si no, pensemos en cuán democráticas son esas naciones que hoy inspiran la educación llamada eficiente y productivista.
Echamos de menos también el nexo necesario entre educación y cultura de la legalidad. Tal y como lo han insistido los entusiastas de la llamada “cultura ciudadana”, ésta está anclada a la pedagogía y tiene su lugar tanto en los espacios de la educación formal como en los escenarios de la interacción pública. Comprender, respetar y acatar las reglas, rechazar el atajo y sancionar socialmente a quienes se comportan en contra del interés público, son asuntos fundamentales para la reconstrucción de una nación capturada por la ética de la mafia y el individualismo. Este reto de transformación cultural será crítico durante el postconflicto en zonas que han vivido durante décadas bajo el dominio de los ilegales, en las que el dinero fácil y la intimidación han reemplazado a los mínimos del Estado Social de Derecho.
Finalmente, debemos reconocer, en el marco general de la propuesta educativa, la importancia de las expresiones artísticas y literarias. Las interacciones que propician la plástica, la música, la danza, el teatro, el cine y la literatura, son indispensables para cerrar de modo definitivo las experiencias de la guerra. Qué doloroso resulta enfrentar la idea de que la educación está más cercana al mundo del trabajo que al de la recreación, el gozo y el significado. Precisamente, mediante la educación, requerimos exaltar la dignidad humana que se ha velado por decenios incruentos de guerra.
Por ese motivo resulta tan sorprendente el impulso que se ha querido dar desde el Congreso, y el respectivo eco que ha tenido en el Gobierno, la llamada “Cátedra obligatoria de la paz”, como si la paz fuera una asignatura o un conjunto de conocimientos que se pueden poner en el horario de los estudiantes. En suma, bienvenidos la excelencia docente, la jornada única, el bilingüismo, la lucha contra el analfabetismo y el énfasis en educación superior. Bienvenidas también las 400.000 becas universitarias, el mejoramiento de las condiciones laborales de los maestros y los 160 nuevos colegios para el país. Pero, con base en los pilares que nos ha propuesto el nuevo Gobierno, resulta apenas lógico preguntarnos: ¿Y la educación para la paz?