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Víctimas visitan la mesa de diálogos

Después de una pausa motivada por las elecciones presidenciales, la agenda de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC retornó como uno de los temas centrales en el panorama nacional. El inicio de la discusión sobre víctimas del conflicto y la expectativa por la participación activa de éstas en dicha discusión, generaron nutridas reflexiones al respecto y posteriormente un pulso alrededor de la representación de las víctimas en la Mesa de Conversaciones.

Mientras las delegaciones intentaban acordar la metodología en la selección y participación de las víctimas en la Mesa, se generaron algunas tensiones entre quienes se reconocen como víctimas de las FARC y las víctimas de los paramilitares y crímenes de Estado. Luego de que miembros del equipo negociador del Gobierno se reunieran con la Mesa Nacional de Víctimas para empezar a concretar la visita de la primera delegación de quienes fueron afectados por el conflicto a Cuba, un grupo de cerca de 300 víctimas de las FARC solicitó una nueva reunión con el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, para expresarle sus temores respecto a que el proceso de selección de las víctimas que irían a La Habana estuviera parcializado.

Dicho encuentro fue convocado por la Fundación Víctimas Visibles, integrada en gran parte por familiares de soldados y policías secuestrados por las FARC. Uno de los miembros de la Fundación, el general (r) Luis Mendieta, resumió la incomodidad de este sector de víctimas asegurando que los espacios de interlocución como los foros regionales y nacionales de víctimas tenían un sesgo de izquierda y a favor de las víctimas de crímenes de Estado.

En este contexto, y luego de varias reuniones preparatorias, las delegaciones del Gobierno y las FARC emitieron el 18 de julio las pautas para la selección y participación de las víctimas del conflicto en la Mesa de Conversaciones. A través de un comunicado conjunto indicaron que las entidades encargadas para la selección de las víctimas que asistirían a la isla serían la Organización de las Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional.

“Los criterios principales para la selección de las delegaciones son el equilibrio, el pluralismo y la sindéresis, que se deben ver reflejados en la composición de cada una de las delegaciones”, sostenía el documento emitido por las partes. Así mismo, determinaron que las delegaciones escogidas debían reflejar “todo el universo” de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en el marco del conflicto, teniendo también en cuenta un enfoque regional. Finalmente, quedaba en manos de la Mesa de diálogos revisar los mecanismos de selección adelantados por la ONU y la Universidad Nacional para efectuar cualquier recomendación en caso de ser necesaria. Del mismo modo, para la participación de las víctimas seleccionadas las partes dispusieron que se conformaran delegaciones de 12 víctimas que visitarían la mesa una vez durante, al menos, 5 ciclos de conversaciones.

No obstante, la promulgación de estos principios no contribuyó a disipar las inquietudes expuestas por algunas víctimas de la guerrilla. El general Mendieta profundizó su malestar frente al proceso de selección encargado por la mesa de diálogos asegurando que la Universidad Nacional había creado una “dictadura” en torno a la escogencia de quienes han sido victimizados. “El señor Carlos Medina del Centro de Pensamiento nos manifestó que los integrantes de la Fuerza Pública no éramos víctimas y que quienes estuvieron secuestrados no han sido secuestrados sino retenidos” sostuvo Mendieta en una entrevista el 29 de agosto. Así mismo otro comandante del Ejército, el (r) general Javier Rey, retomó las inquietudes de Mendieta y de un sector de las FF.MM, interponiendo una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que indagara si el Estado colombiano debe tratar a los militares como víctimas del conflicto o como “iguales a las FARC”[1].

La respuesta por parte del Gobierno y de las entidades comisionadas para la selección de la delegación de víctimas no se hizo esperar. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública el 29 de julio, la delegación de paz del Gobierno indicó: “hay miembros de la Fuerza Pública que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, y en consecuencia no deben ser excluidos por su condición de servidores públicos… el Gobierno ni ha vetado ni vetará a ninguna víctima que quiera sr escuchada”. A su turno, el director del Centro de Pensamiento de Seguimiento al Proceso de Paz, Alejo Vargas, manifestó que esa entidad y Naciones Unidas solo ejecutan el mandato de la Mesa de Conversaciones en el sentido de seleccionar representantes de todo el universo de violaciones a los DD.HH e infracciones al DIH.

Para cuando llegó el momento de la visita del primer grupo de víctimas a La Habana, la polarización entre algunas de ellas no se había extinguido. No obstante, y a pesar de que el general Mendieta no apareció en la lista de asistentes a la Mesa, 6 de las 12 víctimas que viajaron a la isla el 15 de agosto se reconocían como víctimas de las FARC. Las circunstancias del encuentro y las discusiones derivadas de éste se abordan en uno de los acápites a continuación.

La advertencia del Gobierno a las guerrillas

Durante todo el mes de julio y en algunos momentos de agosto, las FARC y el ELN protagonizaron una serie de acciones violentas en distintas regiones del país, comprometiendo en algunas de ellas la vida de civiles y causando profundos daños ambientales. De parte de las FARC sobresalen los episodios en los que desencadenaron el derramamiento de centenares de barriles de petróleo en Putumayo, la muerte de una menor de 3 años en Arauca con una granada y la interrupción de energía eléctrica a medio millón de personas en Buenaventura, luego de atentar contra una torre de energía en ese municipio. Al mismo tiempo, el ELN atentó dos veces en menos de 8 días contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas hiriendo a 3 civiles y 7 policías.

Estos hechos generaron una vehemente respuesta por parte del presidente Juan Manuel Santos, quien emitió lo que algunos medios interpretaron como un ultimátum. El 29 de julio Santos puso en discusión la continuidad del proceso de paz en La Habana en caso de que las guerrillas no pararan sus ataques contra la población civil y la infraestructura. “Están jugando con candela y este proceso puede terminar", fue la frase de advertencia del mandatario que todos los medios registraron. Igualmente, Santos aseguró que las FARC tienen la responsabilidad de mostrar su voluntad de paz si quieren ser bien recibidas por la sociedad colombiana tras una eventual desmovilización. “Ellos mismos están cavando su propia fosa política, porque eso es exactamente lo que hacen, que la gente los rechace cada vez más”, sentenció.

Ante la alteración del ambiente político alrededor de las negociaciones y de la confrontación armada en territorio colombiano, varios sectores se pronunciaron lamentando los hechos violentos perpetrados por las guerrillas pero invitando a persistir en los diálogos de paz para no perder el terreno adelantado entre las partes. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Augusto Castro, fue una de las voces que convidó a las partes a insistir en el proceso de negociación. “Escaladas de violencia como las que estamos viviendo ha habido muchas, pero procesos de paz como este que estamos viviendo es único y singular”, sostuvo Castro el 31 de julio, agregando que el momento actual, es uno de los más decisivos, y por lo mismo, difíciles del proceso. En la misma dirección se pronunció el ex vicepresidente Angelino Garzón, quien señaló que los diálogos deben continuar pero con respeto hacia la población civil por parte de la guerrilla. En ese sentido, se adhirió a la declaración del presidente Santos en el sentido de exigir a las FARC que cesen los actos violentos contra la población.

Lo que la Silla Vacía denominó un “cambio de discurso”[2] por parte del presidente Santos se oficializó en su alocución de posesión el 7 de agosto. Aunque el mandatario reiteró ese día su empeño en cumplir con el “mandato por la paz” que recibió cuando fue elegido, afirmó que las acciones de las FARC en las últimas semanas representaban una contradicción inaceptable y agregó: “la paciencia de los colombianos y de la comunidad internacional no es infinita. Señores de las Farc, están advertidos”.

En ese sentido, Santos anunció que la paz, junto con la educación y la equidad, serían los pilares de su segundo periodo, reiterando simultáneamente la orden a las Fuerzas Armadas de continuar con la ofensiva militar contra la guerrilla; a ésta última le exigió “saquen a los niños, saquen a las mujeres, saquen a los civiles de sus acciones violentas. No dinamiten las vías de los campesinos. No más pueblos sin luz o sin agua. No más petróleo contaminando nuestros ríos… Colombia seguirá avanzando en una agenda de justicia social y de construcción de paz; seguirá avanzando en el desarrollo rural, en el fortalecimiento de la democracia, en la lucha contra el narcotráfico, en la reparación de las víctimas, con o sin las FARC”.

Ciclo 27: las víctimas y las comisiones

El 16 de agosto comenzó en La Habana el ciclo de conversaciones que, de manera casi unánime, sería calificado por los medios e importantes sectores políticos como histórico y trascendental para las conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC. Finalmente, y después del agitado proceso de selección, las primeras 12 víctimas del conflicto fueron escogidas y viajaron a la capital cubana a encontrarse con las delegaciones en la Mesa de Conversaciones.

Esta primera comisión estuvo integrada por Ángela María Giraldo, hermana de Francisco Javier Giraldo, diputado del Valle secuestrado y asesinado por las Farc; Constanza Turbay, cuya familia fue asesinada por la guerrilla en el departamento de Caquetá; Jorge Vásquez, ex concejal de Pitalito, Huila, desplazado por la guerrilla; Leiner Palacios, líder de las víctimas de la masacre de Bojayá; Alfonso Mora León, padre del miliciano de las Farc asesinado en Mondoñedo en 1996; José Antequera, hijo del líder de la Unión Patriótica; Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, reconocido caso de los denominados “falsos positivos”; Débora Barros, indígena wayúu, líder de las víctimas de la masacre de Bahía Portete en La Guajira; Jaime Peña, padre de uno de los 32 jóvenes asesinados en Barrancabermeja por un grupo paramilitar el 16 de mayo del 98; Yaneth Bautista, hermana de Nidia Érika Bautista, desparecida el 30 de agosto de 1987 y encontrada muerta luego de la confesión de un suboficial del Ejército en 1990; María Eugenia Cruz, víctima y líder de víctimas de violencia de género, desplazamiento forzado, ataques y persecución por parte de distintos grupos armados; Nelly González, madre del teniente Alfonso Rodríguez González, comandante del puesto de Policía de Toribío, en el departamento del Cauca, quien fue asesinado por las Farc el 24 de marzo de 2001.

En un evento acompañado por la ONU, la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal colombiana, el primer grupo de víctimas tuvo un “cara a cara” con las delegaciones de la Mesa de Conversaciones. A la opinión pública en Colombia trascendieron dos hechos puntuales: por una parte el ambiente de “respeto escucha y valoración” en torno a la participación de las víctimas, y por otra, las palabras de perdón que le dirigieron algunos miembros de la delegación de paz de las FARC a algunas de las víctimas asistentes.

En el comunicado redactado por ellas mismas y emitido el 16 de agosto, las víctimas que viajaron a La Habana destacaron la posibilidad de asistir a la Mesa como “un gesto de reconocimiento a favor de la paz, la reconciliación y la garantía de los derechos de las víctimas”. Así mismo, informaron que durante la reunión contaron con total libertad para transmitir sus propuestas y testimonios en tanto, agregan, fueron escuchados y recibidos con atención y respeto.

A su regreso a Colombia, varios de los integrantes de esa primera delegación de víctimas compartieron su experiencia. María Eugenia Cruz compartió en una emisora radial su experiencia frente a los comandantes de las FARC afirmando que “ellos [los guerrilleros] escucharon cada testimonio con mucho respeto, se veía en su rostro que se conmovían con las palabras y las lágrimas de dolor, además estuvieron muy atentos a cada propuesta”. Por su parte, Janeth Bautista destacó la reunión como una experiencia única en Colombia y en el mundo que da cuenta de la importancia de la unidad de las víctimas en torno a la búsqueda de la reconciliación. Finalmente, Constanza Turbay, que perdió a su familia a manos de las FARC, describió cómo alias ‘Iván Márquez’ le pidió perdón: “en el primer intervalo Iván Márquez se acercó con sentimientos de sinceridad, me pidió perdón. No fue un perdón mecánico, fue un perdón de corazón. Me dijo que fue una equivocación lo que cometieron con mi familia y que contara con que irían a esclarecer toda esa verdad”.

El paso del primer grupo de víctimas por la Mesa dinamizó el debate sobre el proceso de negociación con las FARC líderes de opinión y analistas colombianos. Planteamientos como el de las periodistas de La Silla Vacía, Laura Ardila y Natalia Arenas, valoraron el encuentro como un “paso hacia la materialización de los derechos de las víctimas”, y en ese sentido, de la consecución de la paz[3]; mientras que visiones como la de la representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, sugieren que las víctimas no deben reunirse con sus victimarios hasta que éstos no les pidan perdona públicamente[4]. Según la Revista Semana, lo cierto es que de los 12 años que en total se han invertido en negociaciones con las FARC desde 1964, no se había llegado tan lejos como para sentar a un guerrillero frente a una víctima en ese ambiente de “respeto, escucha y valoración”[5].

Durante el ciclo de conversaciones número 27 también se instalaron dos subcomisiones que habían anunciado las partes cuando emitieron los principios para abordar el tema de víctimas en la Mesa. La primera de ellas es las Comisión Histórica de Conflicto y sus Víctimas (CHCV), en cuya conformación había insistido reiteradamente la guerrilla de las FARC argumentando que representa un insumo imprescindible para discutir el tema de víctimas con la mayor información y veracidad posible. La Comisión, cuyo funcionamiento explicaron las partes en su comunicado conjunto número 40[6], fue instalada el 21 de agosto, día en el que se confirmó que estaría integrada por: el sociólogo y periodista, Alfredo Molano; el antropólogo e investigador de temas agrarios y cultivos ilícitos Darío Fajardo Montaña; el profesor y filósofo Sergio de Zuburía; el historiador e investigador de movimientos sociales Renán Vega; el historiador británico Malcom Deas; la politóloga y asesora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Emma Wills; el antropólogo Francisco Gutiérrez; el sociólogo francés Daniel Pecaut; el politólogo Gustavo Duncan; el Decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad EAFIT, Jorge Giraldo; el politólogo y periodista, Vicente Torrijos y el profesor Jairo Estrada. La labor de relatoría estará a cargo de Víctor Manuel Moncayo (ex rector de la Universidad Nacional) y Eduardo Pizarro Leongómez (ex presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación).

El equipo conformado, descrito por la guerrilla de las FARC como un “salto cualitativo en el camino de la reconciliación”, entregará un informe dentro de 4 meses en el que se abordan los orígenes, condiciones y efectos del conflicto en el país. Aunque la conformación de esta subcomisión y la trayectoria de sus integrantes no estuvieron libres de críticas, un debate más álgido se desató cuando se anunció el viaje de militares activos a la Mesa de Conversaciones para apoyar técnicamente la discusión del tercer punto de la agenda referido al Fin del Conflicto.

La comisión integrada por miembros de todas las Fuerzas Armadas fue puesta en marcha el 22 de agosto en presencia de las dos delegaciones que dialogan en La Habana. El equipo lo conforman el coronel del Ejército, Vicente Sarmiento Vargas y Saúl Rojas Huertas; el capitán de Fragata, Omar Cortes Reyes; el teniente coronel de la Policía Nacional, Edwin Chavarro Rojas; el mayor de la Fuerza Aérea, Rodrigo Mezú Mina; y la teniente de Navío, Juanita Millán Fernández, equipo que será encabezado por el segundo al mando del Ejército Nacional, general Javier Flórez. Ellos estarán asesorados por la directora Jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Mónica Cifuentes Osorio, el director de la Oficina de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, César Restrepo Flórez y el asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Alejandro Reyes Lozano.

De acuerdo con el comunicado emitido por las partes el 22 de agosto, esta Comisión “iniciará su trabajo sobre los sub-puntos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas, para lo cual estudiará, entre otras cosas, modelos nacionales e internacionales”.

Aun cuando la instalación de esta subcomisión fue manejada con mayor hermetismo por parte de las delegaciones y los medios no transmitieron fotos ni declaraciones, fue un asunto que produjo bastante debate. Los integrantes del partido Centro Democrático rechazaron la asistencia de militares activos a la Mesa de Conversaciones con las FARC. El ex presidente Álvaro Uribe y el senador Alfredo Rangel calificaron como “humillante e ilegal” la visita de miembros de las Fuerzas Armadas a La Habana. De acuerdo con el senador Uribe, principal orientador de este sector político, la decisión del presidente Santos de enviar al general Flórez a discutir con las FARC no solo es ubicarlo al mismo nivel que de los “terroristas” sino que además está por fuera de la ley.

Pocos días después, el recién nombrado Ministro Consejero para el Postconflicto, general (r) Óscar Naranjo, respondió a estas afirmaciones describiendo la presencia del equipo técnico militar como un paso necesario para explorar modelos alternativos en estos tres puntos: cese bilateral de fuego definitivo, dejación de armas y desmovilización. Según Naranjo, el apoyo de los miembros de las FF.AA tiene una alta dosis de responsabilidad, dignidad y utilidad. “Lo que hubiera sido irresponsable es hablar de ese tema sin considerar a los militares, un tema tan delicado no es de civiles o de retirados, es un tema de quienes están en la guerra”, concluyó[7].

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[1] Ver nota “Piden definir si militares serán víctimas de las Farc” aquí

[2] Ver nota “Santos cambia el discurso cuando la negociación entra en su etapa más compleja” aquí

[3] Ver nota “El encuentro con las Farc a los ojos de las víctimas” aquí

[4] El Tiempo, “Así soy yo, políticamente incorrecta': María Fernanda Cabal” 23 de agosto de 2014. http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politic...

[5] Ver nota, “Proceso de paz, dos años y contando” aquí

[6] Ver comunicado aquí

[7] Ver nota “Los militares y policías activos que están en La Habana no están para deliberar” aquí