Las víctimas en la agenda de las FARC
La postura que las FARC han reivindicado históricamente frente al tema de las víctimas ha sido la de negar su responsabilidad por las violaciones y daños causados a quienes han resultado afectados por el conflicto. En lugar de esto han atribuido al Estado la culpa, primero por el surgimiento de la confrontación, y segundo por las atrocidades cometidas en contra de los DD.HH. y el DIH. En ese sentido, las FARC se han mostrado como víctimas más no como victimarios dentro del conflicto armado.
Esta visión se ha venido construyendo desde los orígenes mismos del grupo guerrillero a la luz de lo que Eduardo Pizarro León Gómez denomina el “mito fundacional” de las FARC. Según este experto, las primeros líderes de las FARC crearon una versión del surgimiento del grupo a partir del cerco militar ordenado por el presidente Guillermo León Valencia en 1964, en el marco de una operación denominada Plan Lazo sobre las llamadas “Repúblicas independientes” (zonas colonizadas por las autodefensas campesinas de influencia comunista), especialmente en el municipio de Marquetalia[1]. Este hecho fue y aun sigue siendo interpretado por la guerrilla como la principal causa de su levantamiento en armas en contra del establecimiento. En su momento, el ideólogo del grupo, Jacobo Arenas, lo señalaría en los siguientes términos:
“(…) Sí la agresión a Marquetalia no se hubiese llevado a cabo muy probablemente no habrían nacido las FARC. Nunca pensamos que este enfrentamiento se fuera a prolongar por tantos años. Creíamos que íbamos a influir en la sociedad colombiana con nuestras denuncias y que la gente se movilizaría en solidaridad y que el Gobierno suspendería la operación”[2].
En el Programa Agrario elaborado por el Secretariado de la Resistencia en 1964 esta versión sería reforzada por la agrupación al señalar que “nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por un cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, vía que nos fue cerrada violentamente. Nos tocó la otra vía: la de la revolución armada para la toma del poder”[3].
Bajo este perspectiva, Pizarro afirma que la retoma de Marquetalia sirvió a la incipiente insurgencia para crear un poderoso mito según el cual no surgieron por iniciativa propia sino por el resultado de una agresión externa inspirada en la Doctrina Continental de la Seguridad Nacional, y que el movimiento guerrillero no habría sido el que declaró la guerra al Estado sino que habría sido éste el que habría decidido acabar con las organizaciones agrarias comunistas, que se vieron obligadas a defenderse mediante el uso de las armas[4]. De esa forma, la Corporación Observatorio para la Paz señala que las FARC históricamente han declarado ser el fruto de múltiples agresiones del Estado como víctimas y como defensores legítimos de un campesinado agredido[5].
A lo largo de los años, la guerrilla se ha mantenido incólume en la defensa de esa versión de los acontecimientos y muestra de ello es la insistente reivindicación que han hecho, en los distintos procesos de negociación en los que ha participado, para que el Estado reconozca su responsabilidad como principal victimario dentro del conflicto armado. Por ejemplo, durante el proceso de diálogos con el presidente Belisario Betancur (1982-1986), las FARC presentaron varias propuestas en esa dirección reafirmando el carácter de víctimas de todos los alzados en armas, la forma cómo el Estado a través de operativos militares se propuso aplastar al campesinado identificándolo como objetivo militar, y de cómo éstos perdieron todo lo que tenían incluyendo fincas, ganado, cultivos y a sus familiares[6].
Concretamente propusieron la creación de un comité permanente para la defensa de los Derechos Humanos integrado por representantes de la Procuraduría, del Congreso y de las víctimas, para que se encargara de establecer el monto de las pérdidas y a partir de eso se promulgara una ley de indemnización para todas las víctimas, por medio de la creación de un impuesto extraordinario y de una ley para el juicio de los responsables por las agresiones incluyendo a los denominados escuadrones de la muerte financiados, según el grupo, por el Estado[7].
Durante el proceso de paz de Caracas y Tlaxcala en el gobierno de César Gaviria (1990-1994), las FARC, a través de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar seguirían con su posición con varias propuestas en contra del paramilitarismo y los grupos de justicia privada, contra la impunidad, retorno de los desplazados a causa del fenómeno paramilitar con todas las garantías y la revisión de la Doctrina de Seguridad Nacional, entre otros[8].
Como parte de las Doce Propuestas presentadas por el Estado Mayor Central para Construir una Estrategia de Paz en 1992, se incluyeron aspectos relativos al desmonte de las estructuras paramilitares pero también a los DD.HH., con el objetivo de restituir y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos a la vida y a la dignidad, así como disposiciones relacionadas con la terminación de la impunidad y con la reparación de los afectados por la violencia a través de programas de indemnizaciones que comprometieran al Estado, a la empresa privada y a la comunidad internacional[9].
Igualmente, en el proceso con el presidente Andrés Pastrana (1998-2002), la guerrilla buscaría abordar el tema de las víctimas endilgando la máxima responsabilidad al Estado, hecho que quedó plasmado en el acuerdo que dio lugar a la “Agenda Común por el Cambio Hacia una Nueva Colombia”, que contenía un listado de temas en los que se incluía “la protección de los derechos humanos como responsabilidad del Estado” y “acuerdos sobre DIH”[10].
Durante ese mismo proceso, la guerrilla presentaría algunos documentos en los que extendía su interpretación de esos temas resaltando la necesidad de que el Estado parara su política paramilitar y el respeto por los derechos civiles y políticos por medio de acciones orientadas al cese de las masacres, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desplazamientos, bloqueos, justicia sin rostro, etc., en contra de la población civil[11]. En esa ocasión, la instalación oficial de la mesa de diálogos el 7 de enero de 1999 también serviría para que la guerrilla, en un intento por ratificar su condición de víctima, evocara su “mito fundacional”.
En algunos apartes el discurso escrito por el máximo dirigente del grupo, alias 'Manuel Marulanda' leído por alias 'Joaquín Gómez', se lee lo siguiente:
“(…) Por primera vez en 34 años de confrontación armada, declarada por el Estado en 1964 a 48 hombres con asesoría militar y ayuda económica del gobierno de Estados Unidos (…) el Congreso facultó al presidente y a los altos mandos militares para que nos pasaran la cuenta de cobro por haber enfrentado las dictaduras de Laureano Gómez y Rojas Pinilla a pesar de haber sido nosotros amnistiados e indultados por una ley del parlamento. Huyendo de la represión oficial nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia, donde el Estado nos expropió fincas, ganado y aves de corral, extendiendo esta política a los miles de compatriotas que no compartían la política del Frente Nacional (…)”[12].
Esta lógica justificadora de la lucha emprendida por la guerrilla hoy sigue fundamentando su discurso sobre el tema de las víctimas y eso quedó claro desde el acto de instalación de los diálogos en Oslo, Noruega, el 18 de octubre de 2012, que dio lugar al inicio del proceso que actualmente se desarrolla entre el gobierno y ese grupo en La Habana, Cuba. En el discurso inaugural pronunciado por alias ´Iván Márquez´, líder del equipo negociador de las FARC se lee:
“(…) Esa es la hoguera que arde en nuestro corazón; por eso no pueden ser más que un agravio los llamados instrumentos jurídicos de justicia transicional que apuntan a convertir a las víctimas en victimarios. Que se tenga presente, que el alzamiento armado contra la opresión es un derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, que ha sido consagrado en el preámbulo de la declaración de los derechos humanos aprobada por la ONU en 1948, y que además es un derecho consignado en muchas constituciones de las naciones del mundo. No somos causa sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad como los 300 mil muertos de la denominada época de la Violencia en los años 50, que responda por los 5 mil militantes y dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, por el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones de campesinos, por los más de 50 mil casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, por las torturas, por los abusos de poder que significan las detenciones masivas, por la dramática crisis social y humanitaria; en síntesis que responda por el terrorismo de Estado. Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son sus victimarios atrincherados en la espuria institucionalidad”(…)[13].
Estas mismas ideas han sido replicadas de manera sistemática en lo que va corrido del proceso por representantes y negociadores de la guerrilla como alias 'Jesús Santrich', 'Andrés París', 'Rodrigo Granda' y 'Mauricio Jaramillo', quienes han hecho declaraciones, a veces en tono burlón, del tipo de “quizás pidamos perdón” [14]: ”Estamos en la batalla porque el tema de las víctimas sea abordado como es: las primeras víctimas somos nosotros, los civiles obligados a estar en armas”; “nosotros no hemos hecho sufrir a nadie, nosotros somos víctimas de esta guerra”; “antes que ser victimarios nosotros somos víctimas en este proceso”[15].
Sin embargo, pese a la reticencia del grupo a aceptar cualquier responsabilidad por los daños ocasionados a la población civil en el marco del conflicto armado, han ido matizando esta visión en la medida en que las actuales conversaciones de paz con el Gobierno avanzan en La Habana. De hecho, ese cambio de postura se ha ido acentuando y muestra de ello son algunos comunicados publicados por ese grupo con ocasión del inicio de las discusiones sobre el punto quinto de la agenda de negociación relativo al tema de las víctimas.
En un comunicado conjunto con el gobierno fechado el 7 de junio de 2014, las FARC por primera vez hacen explícito el “reconocimiento de todas las víctimas” y de la necesidad del “restablecimiento y satisfacción efectiva de sus derechos a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición”. Igualmente, en otro comunicado del 13 de agosto de 2014 las FARC manifiestan: “(…) hemos reiterado nuestro compromiso para que los derechos de las víctimas….pasen de la retórica a la materialización (…) de nuestra parte se contará con la máxima voluntad política para que eso sea posible”. En el mismo documento también señalan: “Desde que acordamos con el gobierno nacional abordar un punto sobre las víctimas del conflicto hemos tenido claro que la solución política y la construcción de paz tienen como tarea inaplazable la justicia que reclaman las víctimas”.