¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la actual política de drogas? ¿Cuál debería ser la política de drogas ideal para Colombia? ¿Hay ánimos para debatir sobre este tema a nivel nacional e internacional? Estas fueron las principales preguntas que la Fundación Ideas para la Paz – FIP, en apoyo al Ministerio de Justicia y gracias al aporte de Open Society Foundations, realizó a 61 líderes de opinión de Bogotá, Cali y Medellín, para conocer su percepción frente a la actual política de drogas en Colombia y posibles alternativas.

Dos ex presidentes, tres ex candidatos presidenciales, dos alcaldes, influyentes empresarios, académicos y columnistas de cinco periódicos, hicieron parte de este selecto grupo que fue consultado a través de entrevistas a profundidad realizadas entre noviembre de 2013 y enero de 2014.

Para la FIP resulta relevante retomar el debate sobre la política de drogas en Colombia, no solo porque desde el legislativo se está planteando la regulación del consumo de la marihuana con fines paliativos, sino además por la importancia del acuerdo parcial al que se ha llegado en La Habana en el marco de las negociaciones de paz con las FARC, relativo a la solución al problema de las drogas ilícitas. Se suma que en diversos escenarios internacionales se insiste en el cambio del paradigma prohibicionista.

Más de allá de cuestionar la orientación de la política antidroga durante los últimos 25 años en el país y queriendo superar los discursos moralistas que evidencian los miedos de la sociedad colombiana frente a posibles alternativas al abordaje actual de la problemática de las drogas ilícitas, la FIP intenta promover la discusión dando a conocer los diferentes puntos de vista de líderes opinión sobre la materia y su complejidad, reconociendo sus diversas fases y escenarios, ya que no se ubican en extremos como la prohibición y la legalización, sino en el medio, donde el tema del consumo es prioritario.

Por tratarse de una problemática relevante no sólo para los líderes de opinión, sino para la sociedad en general, la FIP considera que el análisis y comparación de las diversas posiciones presentadas en este estudio contribuyen a la reflexión sobre un tema definitivo para la construcción de paz y el postconflicto en el país.

Los hallazgos

1. Más fracasos que éxitos

La información recogida en las entrevistas evidenció que hay un consenso alrededor del fracaso de la actual política de drogas (42 entrevistados opinan que es un fracaso). Las principales desventajas o percepciones relacionadas a esta idea están asociadas a que se trata de una política ineficaz, que propaga el negocio criminal porque multiplica las bandas narcotraficantes, genera corrupción, es represiva, costosa y aumenta los niveles de violencia y del consumo de drogas.

Gráfico: Fundación Ideas para la Paz

Para un académico de Cali, “El énfasis de la política ha sido represivo […]. El Estado afecta o impacta al campesinado y no tiene la misma eficacia de golpear a los traficantes, que finalmente son los que terminan fortaleciendo sus arcas económicas y agenciando mucho más la extorsión y la violencia. Uno de los inconvenientes serios de una política de esta naturaleza, es cierta esquizofrenia del Estado que no quiere ver en dónde realmente está el problema y sigue creyendo que son los consumidores, el campesino productor, dejando a salvo los mercaderes, que finalmente son los agentes del mayor problema”.

De los 61 entrevistados solo 5 argumentaron que la actual política es un éxito por los resultados policiales y militares alcanzados, así como por la reducción de la exportación de cocaína. En opinión de un empresario de Medellín, “las ventajas parecen estar más del lado de lo que ha aprendido Colombia en el control de la producción, ya sea por la vía de la erradicación, por la vía del control de los precursores químicos, por la vía represiva y del control en el tráfico aéreo, rutas marítimas, y en el tema de interdicción. Como país productor está haciendo una mejor tarea para evitar ser un exportador mayor a mercados internacionales”.

Los 14 entrevistados que encontraron que la actual política ha tenido tanto éxitos como fracasos, parecen inclinarse más por lo segundo. Según un importante funcionario de Gobierno de la capital vallecaucana “el balance de la política es bueno aunque costosísimo en términos de medio ambiente y vidas […] la política de drogas frente a la producción ha tenido resultados positivos, distinguidos en la reducción de cultivos ilícitos y las incautaciones. El problema es que nos descuidamos en el consumo local”.

En cuanto al consumo, la mayoría de los entrevistados aseguró que el problema debe ser abordado desde un enfoque de salud pública (87%) o a través de campañas de prevención y educación (85%).

2. Es necesario un cambio

De los 61 entrevistados, 58 reconocieron que es necesario hacer una serie de cambios a la actual política de drogas. Frente a la pregunta “¿Cuál sería la política de drogas ideal para el país?” se identificaron al menos cuatro posturas o modelos para diseñar una política pública de drogas. La prohibición, la despenalización (eliminación de las sanciones penales al consumo y posesión no autorizadas de drogas ilícitas), la regulación (implementación de marcos regulatorios que permitan que las drogas ilícitas estén disponibles legalmente para propósitos distintos a los medicinales o los científicos, pero siempre bajo la regulación estatal de su mercado), y finalmente la legalización, (postura más radical, que implica la eliminación de las prohibiciones legales sobre la producción, distribución y consumo de drogas ilícitas para cualquier propósito).

La mayoría de propuestas de los entrevistados estuvieron orientadas al cambio de la política actual, siendo la regulación el modelo que contó con mayor crédito. La prohibición fue la postura con menos adeptos (tan sólo 6 personas (10%) estuvieron a favor de la prohibición), 3 personas no mostraron una posición clara frente al tema y los 52 entrevistados restantes (85%) estuvieron de acuerdo con modelos diferentes a la prohibición.

3. La prioridad es el consumo con un enfoque de salud pública

Al indagar sobre los cambios a implementar, los entrevistados prefirieron referirse a propuestas sobre el consumo de drogas antes que a la producción, distribución o tráfico. Aunque resulte más evidente abordar soluciones a la problemática desde el consumo, es llamativo que un 70% de los entrevistados no se haya pronunciado sobre medidas de control de la producción, teniendo en cuenta que históricamente hemos sido un país productor. Solo el 5% de los entrevistados insistió en la necesidad de continuar con la aspersión aérea y el 7% con la erradicación forzosa.

En cuanto al consumo, la mayoría de los entrevistados aseguró que el problema debe ser abordado desde un enfoque de salud pública (87%) o a través de campañas de prevención y educación (85%). El consumidor debe ser tratado como paciente y no como delincuente. “Por cada dólar que inviertas en prevención bien hecha te ahorras 10 (en tratamiento, judicialización, policía, etc.)”, afirmó un entrevistado de una ONG de Bogotá.

4. Mayor presencia del Estado en zonas de cultivo y erradicación voluntaria

Las medidas más mencionadas para hacer frente al problema de producción de drogas en el país fueron la necesidad del fortalecimiento de la presencia institucional en las zonas de cultivo (40%) y las apuestas relativas a las sustitución acompañadas de la infraestructura requerida para comercializar la nueva producción (36%), erradicación voluntaria de cultivos (17%) y la implementación de una solución agraria integral (13%). Como afirmó un representante de una ONG de Medellín, “hay que saldar una deuda histórica con el campesinado. Necesitamos una política real de erradicación. Muchos de los recursos que se han invertido en la guerra hay que volcarlos en el campo, para que la gente tenga una forma de actividad laboral agropecuaria diferente al tema de la droga. Necesitamos una verdadera reforma agraria. Una verdadera asistencia técnica al agro”.

Cerca de tres cuartas partes de los líderes de opinión se perfilan como reformistas o radicales. Apenas cuatro personas entran dentro del perfil estrictamente conservador. Por su parte, los cautelosos, perfil que podría explicar las principales reservas frente al cambio, conforman un poco más del 20% de los líderes de opinión.

5. Falta voluntad política para implementar cambios y la sociedad es conservadora

El 34% de los entrevistados considera que la comunidad internacional está abierta al debate sobre el problema de las drogas y el 11% que existen reticencias a nivel internacional, principalmente por la posición de Estados Unidos: el mayor socio de Colombia en materia de drogas. Según un político bogotano, “lo que deberíamos hacer es dar la batalla de verdad para que Estados Unidos cambie de política, no dejar que esa gente se escurra y ni siquiera haga un debate interno. Colombia, Honduras, México, Guatemala tienen derecho a pedir que los Estados Unidos hagan un debate sobre la eficacia de su política”. Adicionalmente, el 46% considera que la sociedad Colombia está abierta al debate y el 28% opina que está cerrada (el 26% restante no responde).

El estudio revela que la mayoría de los entrevistados considera que la experiencia uruguaya de despenalización del consumo de marihuana y la disposición de presidentes latinoamericanos –incluido el presidente Juan Manuel Santos– a abordar el tema, contribuye a dar el debate internacional. A nivel nacional se destacó la apuesta del Gobierno por abordar el punto de la solución al problema de las drogas en el marco del acuerdo con las FARC.

La mitad de los entrevistados se refirió al papel que juega la academia para incentivar el debate y coinciden en que el ambiente hoy es mucho más abierto a conferencias, asignaturas, monografías, artículos e investigaciones. De acuerdo con un académico caleño, hay cada vez “más gente interesada en el tema” y “el narcotráfico es ‘taquillero’”, a pesar de que exista, como lo dice otro, cierto “consenso en que la prohibición no funciona”.

Los entrevistados señalaron la ignorancia, el temor y talante conservador de la sociedad colombiana frente al tema, además de la dependencia del debate nacional al norteamericano, como principales factores de resistencia al cambio. Adicionalmente, aunque existen algunos escenarios para dar el debate público, se insiste en la ausencia de voluntad política para implementar los cambios.

6. Conservadores, cautelosos, reformistas y radicales

Con base en las respuestas de los líderes de opinión, la FIP realizó un mapeo de posiciones que dio como resultado la definición de cuatro perfiles.

Conservador: ‘la política funciona’. A favor del prohibicionismo. Considera que la actual política de drogas es un éxito y reconoce varias ventajas; no hay necesidad de hacer cambios. Defiende medidas como el castigo a los consumidores y las fumigaciones aéreas.

Cauteloso: ‘se necesitan algunos cambios’. Cree paralelamente que la política actual tiene éxitos y fracasos. Está a favor de medidas como la despenalización del consumo pero no de la regulación y mucho menos de la legalización. Considera que no está mal hacer cambios pero no deben ser radicales y deben estar acordes a la actual política de drogas y a las convenciones internacionales que la respaldan. El modelo ideal de política de drogas debe ser una mezcla de “garrote y zanahoria”. Le teme a la despenalización o a la regulación porque probablemente impliquen el aumento del consumo de drogas o de la violencia.

Reformista: ‘cambios sí, pero paso a paso’. Considera que la actual política es un fracaso y se debe cambiar. El cambio debe ser progresivo y no se puede hacer de manera aislada: requiere el apoyo y cooperación de la comunidad internacional, sectores políticos, academia y sociedad civil. A su juicio, antes de hablarse de regulación o legalización se debe implementar una política de despenalización. Propone que se estudie científicamente el problema de las drogas y que se siga de cerca la experiencia uruguaya y norteamericana: primero se deben despenalizar las drogas blandas (marihuana) y si hay buenos resultados, pasar a la despenalización de las drogas duras. En principio, deben despenalizarse la producción primaria (el campesinado no debe ser afectado), y el consumo (el consumidor es un paciente y no un delincuente); el tráfico, la distribución y el lavado de activos de las mafias deben seguir siendo atacados.

Radical: ‘hay que cambiarlo todo’. Está a favor de un cambio radical de la actual política de drogas porque ha sido un completo fracaso. Propone la regulación o la legalización y argumenta que Colombia debe liderar el debate internacional. Hace distinción entre tipos de consumidores y cree que se deben legalizar o regular todas las drogas y todas las etapas de la cadena. Plantea medidas como el autoabastecimiento de marihuana (libre cultivo), la regulación estatal de todas las fases de la cadena (que el Estado produzca y comercie la droga en condiciones específicas), e incluso la liberalización total.

Los resultados encontrados indican que cerca de tres cuartas partes de los líderes de opinión se perfilan como reformistas o radicales. Apenas cuatro personas entran dentro del perfil estrictamente conservador. Por su parte, los cautelosos, perfil que podría explicar las principales reservas frente al cambio arriba mencionadas, conforman un poco más del 20% de los líderes de opinión.

7. Lo que dicen los lectores de El Tiempo

Gráfico Fundación Ideas para la Paz

Los hallazgos del estudio de líderes de opinión fueron posteriormente contrastados con los resultados de una encuesta virtual realizada por el Tiempo y la FIP a principios de agosto de 2014. Las respuestas de los 476 lectores que participaron del sondeo virtual en Colombia – 162 lo hicieron desde el exterior - coinciden con lo que opinan los líderes opinión entrevistados por la FIP, ya que el 70% considera que la actual política de drogas ha tenido más fracasos que éxitos y el 32% que ha fracasado. El 85% se distancia de la prohibición como respuesta y están a favor de la despenalización, la regulación o la legalización. Adicionalmente, el 90% se muestra favorable a un cambio en la política de drogas y el 55% piensa que Colombia debe jugar un liderazgo activo en este tema.

Al sistematizar los resultados del sondeo publicado por el El Tiempo, tomando como base las respuestas de 266 personas que contestaron la mayoría de preguntas, se encontró que el 71% se podría catalogar como “reformista” y el 19% se perfila como “radical”. En cambio, la proporción de “cautelosos” y de “conservadores” es considerablemente menor. Estos resultados indican que tanto los ciudadanos como los líderes de opinión coinciden en que es necesario un cambio en la política de drogas.