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Acuerdo sobre drogas ilícitas y narcotráfico

Como lo venían haciendo desde finales del mes el abril, la primera semana de mayo los medios y líderes de opinión llamaron la atención sobre el posible estancamiento en el que estaría entrando la discusión sobre drogas y narcotráfico en La Habana. Con la primera vuelta electoral a pocos días de realizarse, la opinión pública comenzó a transmitir cierta ansiedad respecto al debate sobre el tercer tema en discusión, que para entonces cumplía ya seis meses de iniciado; todo esto a tal punto que columnistas y editoriales de distinto tipo coincidieron en que se estaría reservando la entrega de un acuerdo sobre drogas ilícitas para justo antes de los comicios y así inclinar la balanza electoral a favor de Juan Manuel Santos.

El 12 de mayo, al inicio del que sería el último ciclo de conversaciones entre las partes (#25) antes de las votaciones en primera vuelta, el jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto De la Calle, le salió al paso a las versiones sobre un supuesto manejo electoral del acuerdo sobre el tema de drogas. "No hemos regulado la negociación para venir a tocar este tema encima de las elecciones", sostuvo De la Calle. No obstante, cinco días después las partes anunciaron la entrega de un acuerdo sobre los tres subpuntos incluidos en el tema de “solución al problema de las drogas ilícitas”.

En lo que tiene que ver con el primer subtema relativo a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, las partes acordaron que el Gobierno Nacional pondrá en marcha el Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) a través del cual se construirán las alternativas frente a los cultivos de uso ilícito de forma mancomunada entre las comunidades locales y las autoridades. Igualmente, se contempla la erradicación manual como principal mecanismo de acción frente a los casos en que el cultivo persevere luego de los esfuerzos del PNIS. Finalmente, el acuerdo contempla un trabajo de desminado de las zonas de cultivo en el que participarán tanto el Gobierno como las FARC.

Frente al subpunto alusivo a la prevención del consumo y salud pública, las delegaciones plantearon que las iniciativas frente al consumo de drogas deben constituir una política de Estado con enfoque de derechos humanos y salud pública y que serán impulsadas por el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas. Así mismo, para responder al enfoque participativo frente al consumo, el documento señala que se creará una instancia nacional donde se articularán instituciones científicas y educativas, asociaciones de padres de familia, comunidades religiosas y consumidores.

En cuanto al subpunto de producción y comercialización de narcóticos se pondrá en marcha una estrategia de política criminal y de lucha contra la corrupción que se concentre en el seguimiento a delitos asociados a la producción y comercialización de drogas ilícitas, manteniendo un enfoque diferenciado para campesinos y pobladores rurales vinculados con los cultivos de uso ilícito. Igualmente, se acordó la necesidad de promover una conferencia internacional en el marco de la ONU en la que se evalúe la política de lucha contra las drogas y se busquen consensos en torno a los ajustes que ésta necesita.

Víctimas: principios para la discusión en La Habana

Una vez celebrada la primera vuelta electoral el domingo 25 de mayo -en la que el candidato presidente Juan Manuel Santos quedé en segundo lugar detrás del candidato Óscar Iván Zuluaga- el gobierno realizó una serie de anuncios públicos que fueron interpretados por algunos sectores como “sospechosos” manejos políticos del tema de la paz[1]. El primero de ellos fue la reactivación del Consejo Nacional de Paz, instancia creada durante la administración Samper como mecanismo para coadyuvar en la superación del conflicto incentivando la participación de la sociedad en el proceso. El 28 de mayo el órgano fue convocado por Santos con el ánimo de “sintonizar a todos los sectores y todas las regiones con este proceso y prepararnos para la fase de los acuerdos y la construcción de la verdadera paz”.

Al respecto, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, explicó que el propósito del Consejo es “meterle pueblo a la mesa” y que no se había convocado antes porque estaban esperando a que el proceso tuviera bases sólidas, planteando ahora que se está muy cerca de lograr la terminación del conflicto. Por su parte, el diario El Espectador sugirió ese mismo día que el Consejo Nacional de Paz deberá afrontar dos tareas urgentes: adecuarse para afrontar el proceso de paz de La Habana e incluir a la “incrédula” sociedad civil en el proceso.

Un segundo anuncio de gran importancia para el proceso que se adelanta en La Habana tuvo lugar el 7 en junio cuando las delegaciones de paz del Gobierno y las FARC dieron a conocer los criterios con los que abordarán la discusión sobre las víctimas del conflicto armado en la mesa. Así, luego de una reunión exploratoria de una semana, las partes expresaron su voluntad de discutir a fondo el delicado tema de las responsabilidades de cada parte en el conflicto, lo cual fue interpretado por la opinión pública como un avance trascendental de cara a uno de los temas más álgidos de la agenda. “No vamos a intercambiar impunidades”, reza el comunicado conjunto emitido desde La Habana.

Adicionalmente, las delegaciones dieron vía libre a dos propuestas presentadas anteriormente por cada una de las partes: las FARC aceptaron consolidar subcomisiones para agilizar la discusión sobre el punto tres de la agenda de diálogos referido al fin del conflicto, mientras que el Gobierno accedió a conformar la comisión de esclarecimiento del conflicto en la que había insistido varias veces la guerrilla.

Finalmente, y como es costumbre, las partes solicitaron a la ONU y a la Universidad Nacional, organizar los foros correspondientes al tema de víctimas en las ciudades de Villavicencio, Barrancabermeja, Barranquilla y Cali y anunciaron que la Mesa de Conversaciones recibirá una delegación de víctimas para que transmitan sus propuestas sobre la “construcción de paz en los territorios… y sobre los derechos de las víctimas”[2].

Pocos días después, el jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, profundizó en el tema de las subcomisiones señalando que se planea conformar en total tres equipos. Uno de ellos, la comisión histórica, tendrá la labor de contribuir al esclarecimiento de las causas del conflicto. La segunda subcomisión, indicó De la Calle, tendrá un carácter técnico y abordará el tema del fin del conflicto ocupándose de aspectos como el cese al fuego bilateral y definitivo, y la dejación de armas. Y finalmente, el tercer equipo tendrá un enfoque de género cuya labor será garantizar que lo acordado brinde garantías para que las mujeres puedan gozar de sus derechos.

Cabe resaltar que el 27 de junio la Defensoría del Pueblo entregó los nombres de los representantes de las víctimas que viajarán a La Habana a participar en la discusión del quinto punto de la agenda. Esto en cumplimiento del compromiso adquirido por las delegaciones de paz en el sentido de escuchar a las víctimas e incluir sus propuestas e inquietudes en la discusión de este punto. Sin embargo, a la fecha de realización de este documento no se conoce la fecha en la que viajará la delegación de víctimas a la capital cubana.

Diálogos exploratorios con el ELN

Otro importante anuncio realizado con anterioridad a la segunda vuelta presidencial tuvo lugar el 10 de junio, cuando la guerrilla del ELN y el Gobierno convinieron hacer públicos los acercamientos exploratorios que adelantan desde comienzos de 2014 para instaurar una mesa de diálogos. Ese día, las partes emitieron un comunicado informando que, aunque la totalidad de la agenda está aún por acordarse, está previsto incluir un punto sobre víctimas y participación de la sociedad civil.

El comunicado, que consta de 6 puntos, señala que ya existen dos delegaciones de cada parte y que trabajan para acordar una agenda acotada. Del mismo modo, las partes agradecen a Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela por su constante voluntad y compromiso frente al proceso que se ha adelantado con el ELN. Finalmente, el comunicado invita a los colombianos a unirse “al propósito común de lograr el fin de construir un país en paz y equidad”.

Frente a ello, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que dado que el conflicto es sólo uno, el proceso que le ponga fin al mismo debe ser uno también y por ende, es pertinente comenzar el diálogo con la guerrilla del ELN. No obstante, advirtió que hasta que las condiciones necesarias en esta fase exploratoria no estén acordadas, no se dará inicio a un proceso de negociación formal con esta guerrilla.

Así mismo, el Presidente precisó que las condiciones de un eventual proceso con el ELN serán las mismas de las FARC: en el exterior, sin cese al fuego bilateral, sin despeje, sin desmilitarización, con dejación de armas y con reparación a las víctimas. Santos concluyó su declaración asegurando que “un proceso integral de paz que incluya tanto a las FARC como al ELN es la mejor garantía para las víctimas y para el país de que este conflicto terminó para siempre y nunca más se va a repetir. Esta es la oportunidad”.

Elecciones presidenciales y la paz

Como se había previsto desde tiempo atrás, las negociaciones de paz en La Habana fueron el tema central de la contienda electoral por la presidencia de la República. Desde el inicio, las campañas de los candidatos se vieron obligadas a dedicar gran parte de sus plataformas al proceso de paz con la guerrilla y rápidamente se generaron diversas posturas alrededor de los diálogos de La Habana. Así, mientras Clara López del Polo Democrático, Enrique Peñalosa del Partido Verde, y el candidato presidente Juan Manuel Santos se ratificaban en apoyar las actuales negociaciones, Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador y el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, planteaban serias críticas al mismo proceso.

Comenzando el mes de mayo la prensa registró lo que se convertiría en uno de los escándalos que acompañaría la temporada electoral hasta después de la primera vuelta. El 6 de mayo, el diario El Tiempo informó acerca del allanamiento de una oficina en el norte de Bogotá desde donde presuntamente se habrían interceptado comunicaciones de funcionarios vinculados con el proceso de paz en La Habana. Según ese diario, en el allanamiento fue capturado Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, quien ha sido acusado de ser el responsable de dichas interceptaciones y que, de acuerdo con el Fiscal General, Eduardo Montealegre, negociaba y vendía la información obtenida en las mismas.

El 17 del mismo mes, la Revista Semana publicó un video en el que el candidato Óscar Iván Zuluaga aparece reunido con Andrés Sepúlveda discutiendo estrategias orientadas a afectar el proceso de paz, así como la candidatura de Santos a partir de la mencionada información privilegiada. En ese sentido, comenzaba lo que el diario El Espectador calificaría como un “escandaloso cierre de campaña”, pues contra el candidato Santos también pesaba el señalamiento, de parte de Zuluaga y el ex presidente Uribe, en el sentido de que la campaña de Santos para las elecciones de 2010 habría recibido dinero proveniente del narcotráfico.

A pesar de lo anterior, se celebró la primera vuelta presidencial el domingo 25 de mayo –con un cese al fuego unilateral declarado por las FARC y el ELN- y los resultados arrojaron una victoria para el candidato Zuluaga cuya votación superó la de Santos por un poco más de 450 mil votos. Lo anterior produjo incluso una serie de especulaciones respecto al futuro de los diálogos de paz. La Revista Semana sugirió que el triunfo del candidato uribista dejaba en el limbo las negociaciones con las FARC. “Todo un ‘estartazo’. Eso es lo que representa para las negociaciones entre el Gobierno y las FARC que haya ganado este domingo Óscar Iván Zuluaga, el candidato que más se opone al proceso de La Habana”, sentenció en su edición posterior al domingo de la primera vuelta.

Comenzaba entonces la contienda hacia la segunda vuelta entre Santos y Zuluaga en la que el candidato presidente profundizó su estrategia en la pedagogía frente al proceso, mientras que el candidato del uribismo inició asegurando que suspendería las negociaciones de paz a partir del día de su eventual posesión. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo y luego de la adhesión oficial de Marta Lucía Martínez a la campaña de Zuluaga, este candidato matizó su postura sobre las negociaciones firmando un documento en el que proponía unos diálogos “de cara al país y con condiciones y plazos que garanticen avances tangibles, definitivos y verificables”.

Por su parte, la campaña reeleccionista de Santos logró convocar un movimiento en el que convergieron sectores de izquierda como el representado por la ex candidata de Polo Democrático Clara López, el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y la senadora Claudia López. Ese apoyo, denominado el Frente Amplio por la Paz se consolidó bajo el argumento de que era necesario apoyar al único candidato que proponía continuar hasta el final con la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado. “Es un voto por la paz”, afirmó Cepeda, describiendo la conformación del Frente.

Finalmente, y llegado el momento de la segunda vuelta, el triunfo acompañaría al candidato presidente Juan Manuel Santos por un margen de casi un millón de votos, lo que los santistas calificarían como una “referendo espontáneo por la paz”.

[1] Revista Semana, 10 de junio de 2014. “Zuluaga dice que anuncio con el ELN es “sospechoso”. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/elecciones-2014/articulo/zuluaga-anuncio-con-el-eln-es-sospechoso/391183-3

[2] Página web de la delegación de paz de las FARC, 7 de junio de 2014. “Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la agenda: “Víctimas” Comunicado Conjunto No 37”. Disponible en: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/1942-declaraci%C3%B3n-de-principios-para-la-discusi%C3%B3n-comunicado-conjunto-no-37.html