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Acompañar a quienes dejan las armas: una capacidad que Colombia no puede perder

Colombia construyó, a lo largo de más de veinte años, una capacidad estatal que hoy otros países estudian y que nosotros estamos poniendo en riesgo. Se trata de la capacidad de acompañar a quienes dejan las armas en su regreso a la vida civil. No es un logro menor. Esa política sobrevivió a seis gobiernos de orillas opuestas (los dos de Álvaro Uribe, los dos de Juan Manuel Santos, el de Iván Duque y el de Gustavo Petro), y se convirtió en una de las poquísimas apuestas de Estado que en Colombia han trascendido al gobierno de turno. Costó mucho construirla. Desmontarla, en cambio, sería fácil. Conviene precisar qué está en juego. Detrás de la sigla ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) no está “la agencia de las FARC”, como algunos sectores han tratado de promover, ni un programa diseñado para un acuerdo en particular. Hay una capacidad estatal, con presencia territorial, experiencia acumulada y un método, para acompañar durante años (persona por persona, con sus familias y sus comunidades) el tránsito de quien deja las armas hacia una vida legal. Documentación, salud, educación, empleo, emprendimiento y seguridad son apenas algunos frentes de un proceso que no mide su éxito solo por evitar el regreso a la violencia, sino por lograr que cada quien alcance autonomía dentro de la legalidad. Esa capacidad empezó a construirse mucho antes del Acuerdo de 2016. Nació en 2003 como Programa para la Reincorporación a la Vida Civil; en 2006 se convirtió en Alta Consejería; en 2011, en Agencia Colombiana para la Reintegración, y en 2017 adoptó su forma actual. En estas dos décadas ha atendido a desmovilizados de las AUC, a quienes salieron de manera individual de las FARC y el ELN y a los firmantes de 2016. Y ha asumido tareas nuevas, como el acompañamiento a integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (una ruta creada en 2024) y a quienes han ido dejando estructuras hoy activas, como el Clan del Golfo y las disidencias. En total, desde comienzos de siglo más de 77.000 personas han dejado las armas en Colombia, y esta es la capacidad encargada de acompañar ese regreso a la vida civil. Es, en los hechos, una de las principales herramientas con las que el Estado gestiona la salida de las armas, y el fruto de más de veinte años de ensayo, error y aprendizaje sobre algo que no se improvisa. Esa experiencia se reconoce fuera del país. El modelo colombiano se convirtió en un referente internacional del DDR (desarme, desmovilización y reintegración). Más de treinta países han participado en las giras de cooperación técnica que Colombia ha ofrecido para compartir sus lecciones, y hay aplicaciones inspiradas en él en contextos tan distintos como Nigeria o la República Democrática del Congo. Construimos un conocimiento que otros quieren aprender; sería paradójico descuidarlo en casa mientras se estudia afuera. ¿Por qué importa tanto conservarla? Porque es, ante todo, un asunto de seguridad. La gran amenaza de cualquier proceso de dejación de armas es la reincidencia, es decir, que quien salió del conflicto termine reabsorbido por una estructura ilegal. La Fundación Ideas para la Paz estudia ese fenómeno desde hace más de una década, y la evidencia es clara. La reincidencia no es un destino, sino un riesgo que depende de factores concretos (ingresos, arraigo, seguridad, oportunidades) sobre los que el acompañamiento estatal puede incidir. Nuestros análisis, con datos de la propia ARN, muestran además algo decisivo: ese riesgo rara vez es inmediato. En promedio aparece hasta unos seis años después de la desmovilización y, en algunos casos, puede tardar más de una década en manifestarse. Planteado así, el debate ya no es si hay que defender a una agencia, sino qué necesita el Estado para que quien dejó las armas no vuelva a ellas. De ahí se desprende una consecuencia clara. Estos procesos se juegan en el mediano y el largo plazo. Si el Estado se retira antes de que los riesgos hayan bajado, deja abierta la posibilidad de que la puerta de salida del conflicto se vuelva otra vez puerta de entrada. Y no es una hipótesis . Cuando la desmovilización de las autodefensas, dos décadas atrás, no estuvo acompañada de un proceso lo bastante sólido, al menos una parte de esos excombatientes terminó nutriendo estructuras criminales que surgieron después , y el país está pagando el costo de esa reincidencia en grupos como el Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), que hoy tienen en alerta a la ciudad de Santa Marta. Esto solo prueba que en donde el acompañamiento falla, el vacío lo ocupa otra vez la violencia. Y no es solo un asunto operativo, sino también de credibilidad. Quien piensa en dejar las armas necesita creer que habrá un Estado esperándolo al otro lado. Ninguna salida depende solo de la ARN, pero sin esa institucionalidad la promesa del Estado se vuelve dudosa, justo cuando el país discute cómo lograr que nuevos grupos armados se sometan a la justicia. Cualquier salida que se alcance, hoy o en los próximos años, necesitará el día después exactamente esta capacidad, es decir, recibir a esas personas, acompañarlas y ayudarlas a rehacer su vida lejos de la violencia. Nadie deja las armas para caer al vacío. Ese es el trasfondo de la preocupación de hoy. La ARN atraviesa estrecheces presupuestales que ya afectan su operación y el acompañamiento de miles de personas en proceso. Nadie discute que las cuentas del Estado son difíciles ni que ajustar sea legítimo. El punto es otro. Hay capacidades que no funcionan como un grifo que se cierra y se vuelve a abrir cuando sobra la plata. Una red de acompañamiento en el territorio (hecha de equipos, de confianza y de conocimiento acumulados durante veinte años) se desarma rápido y se reconstruye despacio, si es que se reconstruye. Lo que hoy se ahorra recortándola, mañana se paga en inseguridad. Conviene ser claro. Nada de esto es una defensa de la gestión de la ARN ni la afirmación de que el modelo sea perfecto. Buena parte de quienes se reincorporan siguen en la informalidad; el acceso a tierra y la sostenibilidad económica son deudas viejas; y una parte de quienes envejecen en el proceso lo hace sin garantías claras de estabilidad económica futura. Pero esas fallas son un argumento para reformar la política, no para vaciarla. Un recorte no corrige ninguno de esos problemas, solo garantiza que sigan sin corregirse. Lo que funciona mal se arregla fortaleciendo la capacidad, no apagándola. Y las estrecheces no son nuevas ni pertenecen a un solo gobierno. Incluso administraciones que pusieron la paz en el centro de su discurso las enfrentaron. La propia directora de la ARN durante el Gobierno de Petro, Alejandra Miller, reconoció públicamente recortes y ajustes atados a la situación fiscal del país. La tensión entre lo que la política necesita y lo que el presupuesto permite viene de atrás; por eso debería resolverse con una mirada de largo plazo, no con la de cada vigencia fiscal. El llamado es sencillo. Tratemos la capacidad de acompañar a quienes dejan las armas como lo que es, una política de Estado de carácter estratégico. En un país donde, según cálculos de la Fundación Ideas para la Paz, cerca de 30.000 personas integran todavía los grupos armados, esta no es una línea más del presupuesto, sino una de las herramientas con las que Colombia podrá, algún día, cerrar de verdad sus ciclos de violencia. La tarea, al final, es asegurar que quienes decidan dejar las armas siempre tengan a dónde llegar.

Miguel Suárez P.

FIP Opina

Obras por Impuestos: el modelo que transformó regiones y ahora inspira una apuesta de reconstrucción

Pocos días después del terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó al menos 331 personas fallecidas y miles de viviendas y edificaciones destruidas en el occidente del país, un grupo de más de 70 empresas impulsó la idea de crear un mecanismo para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas. El Gobierno Nacional recogió esa iniciativa y, mediante el Decreto 1389 del 9 de septiembre, creó una modalidad especial de Obras por Impuestos para la Reconstrucción. La idea se inspira directamente en Obras por Impuestos (OxI), un instrumento que Colombia, después de inspirarse en el modelo peruano, lleva casi una década perfeccionando y que se ha convertido, sin mucho ruido, en una de sus políticas públicas más eficaces. Que el país decida replicar su lógica para responder a la emergencia dice mucho de su valor. Pero también abre una pregunta incómoda: si el esfuerzo de reconstrucción termina concentrando los recursos y la atención del sector privado, ¿qué pasará con las regiones que hoy dependen en buena parte de Obras por Impuestos para recibir una inversión que, de no ser por este mecanismo, difícilmente llegaría? Vale la pena, entonces, entender qué es y por qué funciona. Obras por Impuestos permite a las empresas destinar hasta el 50% de su impuesto de renta a la ejecución directa de proyectos de infraestructura, educación, agua, energía y otros sectores en los territorios más afectados por el conflicto y la pobreza. En lugar de pagar ese porcentaje del impuesto de la manera tradicional, la empresa financia y ejecuta una obra en alguno de los 344 municipios catalogados como Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC), de los cuales 167 hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Es, en esencia, una alianza público-privada: el Estado define los sectores en los que se pueden hacer obras y controla; la empresa aporta su capacidad de gestión y ejecución; y el territorio recibe una obra que muchas veces ninguna otra fuente de financiación habría llevado hasta allí. ¿Qué se ha logrado? Los resultados hablan por sí solos. Desde su creación, el mecanismo ha movilizado más de $4,07 billones a través de 527 proyectos en 291 municipios. Cerca del 69% de esos recursos, unos $2,8 billones, se ha destinado a municipios PDET, lo que confirma que el instrumento ha mantenido su foco en las regiones que más lo necesitan. La base empresarial se ha multiplicado: pasó de 27 compañías participantes en 2018 a 277 en 2025, con una mezcla equilibrada entre empresas que llegan por primera vez y otras que repiten año tras año, señal de que la experiencia deja satisfechos a quienes se vinculan. Y no es solo cuestión de volumen: una evaluación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) confirmó que Obras por Impuestos es un mecanismo costo-eficiente para ejecutar inversión pública: en el caso más evidente, el costo promedio por estudiante de los proyectos de educación en OxI es una cuarta parte de lo que cuesta un proyecto con recursos propios de alcaldías y la mitad de un proyecto similar ejecutado con recursos de regalías. Pero quizás lo más notable de Obras por Impuestos no es cuánto ha movilizado, sino que haya logrado sobrevivir y crecer a través de tres gobiernos con visiones profundamente distintas. El mecanismo fue creado durante la administración de Juan Manuel Santos, desarrollado durante la de Iván Duque —que hacia el final de su mandato duplicó el cupo anual hasta los $500.000 millones— y consolidado durante la de Gustavo Petro. Este último punto merece subrayarse, no como defensa de una gestión, sino como evidencia de la solidez del instrumento: pese a sus relaciones a menudo tensas con el sector privado, el Gobierno Petro fue el que más aumentó el cupo, elevándolo a $800.000 millones en 2023, a $1 billón en 2024 y a $1,1 billones en 2025 y 2026. Que un mecanismo de colaboración con las empresas se haya expandido precisamente bajo el gobierno con la relación empresarial más compleja dice mucho sobre su capacidad para generar valor por encima de las diferencias ideológicas. Obras por Impuestos dejó de ser la apuesta de un gobierno para convertirse, en la práctica, en una política de Estado. Esa continuidad ha permitido que el mecanismo llegue cada vez más lejos. Por primera vez, la inversión alcanzó las 16 subregiones PDET, y el número de municipios beneficiados creció de manera sostenida : mientras en 2022 el instrumento había llegado a 104 municipios PDET, para 2025 la cifra ascendió a 142, equivalente al 85% de estos territorios. La experiencia acumulada muestra, además, que no hay una sola fórmula para el éxito. Antioquia lidera en número de proyectos —más de 80 y cerca de $1 billón movilizado— gracias a un tejido empresarial sólido y a instituciones locales comprometidas, al punto de que todos sus municipios priorizados han recibido al menos una obra. Arauca, en cambio, sin ser el que más proyectos tiene, es el que más recursos ha movilizado, impulsado por la capacidad tributaria de las empresas de hidrocarburos. Y Buenaventura, que durante años estuvo bloqueada por una restricción normativa, pudo por fin acceder al mecanismo tras la eliminación de esa barrera en 2022. Son caminos distintos hacia un mismo resultado: inversión que transforma territorios históricamente rezagados. Detrás de esos números hay obras concretas. En Antioquia, el alcantarillado de Turbo, con una inversión superior a $112.000 millones , es el proyecto individual más grande ejecutado bajo el mecanismo. En Arauca, la optimización del acueducto de Tame, liderada por Parex, llevó agua potable a más de 34.000 personas . Y en Buenaventura, el primer escenario deportivo financiado con Obras por Impuestos en el país —una cancha múltiple en la Isla de Cascajal — beneficia a más de 10.000 habitantes de una de las zonas históricamente más rezagadas del Pacífico. En cuanto a los sectores, el 95% de los proyectos se ha ejecutado en cuatro: educación, infraestructura vial, energía y agua, y saneamiento básico. En los últimos años, sin embargo, el portafolio se ha diversificado hacia sectores como gestión del riesgo, pagos por servicios ambientales y conectividad, una señal de que el instrumento se adapta a necesidades cada vez más variadas de los territorios. Los desafíos Nada de esto significa que el mecanismo sea perfecto. A la fecha, 25 municipios PDET y 28 ZOMAC aún no han recibido un solo proyecto, y en general se trata de los territorios con las brechas más profundas y las condiciones de seguridad más difíciles , justamente donde estructurar y ejecutar obras es más difícil. La consolidación avanza a distintas velocidades entre regiones, y algunas decisiones de política fiscal —como el aumento de las autorretenciones del impuesto de renta— han reducido la capacidad de muchas empresas para vincularse. A ello se suma un patrón que el propio Departamento Nacional de Planeación ha documentado: las empresas tienden a preferir los municipios con mejores condiciones de seguridad y mayor facilidad para ejecutar, de modo que buena parte de los recursos se concentra en unos pocos territorios mientras los más rezagados quedan atrás. Es un riesgo que conviene tener presente ahora que la modalidad para la reconstrucción podrá operar en municipios que no son PDET ni ZOMAC: si no se cuida, la inversión podría concentrarse aún más donde resulta más sencillo llegar. En la Fundación Ideas para la Paz (FIP) conocemos de cerca esa dificultad, porque hacemos seguimiento y acompañamos la consolidación del mecanismo en algunas de las regiones más críticas del país. En zonas como el Catatumbo o el Pacífico nariñense, donde las condiciones de seguridad y la debilidad institucional hacen más difícil que las obras se materialicen, ese acompañamiento combina el apoyo técnico a la estructuración de los proyectos con la articulación entre empresas, autoridades y comunidades. Esa experiencia en terreno es la que nos permite afirmar que Obras por Impuestos funciona, pero que en los territorios más complejos requiere un acompañamiento sostenido para llegar a donde más se necesita. Son retos reales que exigen ajustes. Pero ninguno pone en duda lo esencial: se trata de un instrumento probado, que funciona y que puede seguir impulsando las transformaciones que estas regiones todavía necesitan. Una oportunidad Por eso, tiene sentido que el país mire hacia este mecanismo a la hora de pensar la reconstrucción. Que esta nueva modalidad se apoye en cerca de 10 años de experiencia con Obras por Impuestos, confirma que la fórmula de canalizar recursos privados hacia obras públicas prioritarias funciona y genera confianza. La reconstrucción tras el terremoto será enorme —algunas estimaciones la ubican entre $20 y $40 billones— y necesitará de toda la capacidad de gestión que el país pueda movilizar. Hay, eso sí, un equilibrio que vale la pena cuidar. Las zonas más golpeadas por el sismo —Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas— no coinciden plenamente con los territorios PDET, aunque algunos municipios de estos departamentos hacen parte de los PDET y las ZOMAC. Chocó ilustra bien esa intersección: es uno de los territorios PDET más rezagados y con menor presencia de Obras por Impuestos —donde la inversión no supera los 100.000 millones de pesos— y, al mismo tiempo, uno de los más afectados por el terremoto. Allí las comunidades ya identificaron los proyectos que necesitan, primero en el proceso PDET y luego en los ejercicios participativos adelantados durante el pasado gobierno ; hacer confluir la reconstrucción con esa hoja de ruta permitiría atender la emergencia y, a la vez, saldar una deuda que el país lleva años aplazando. La reconstrucción es urgente y legítima, y el país debe volcarse a ella. Pero las necesidades de las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza no desaparecieron con el terremoto: siguen ahí, y en varias de ellas los desafíos de desarrollo y seguridad incluso se han acentuado. Son, además, territorios que antes de Obras por Impuestos rara vez figuraban en los mapas de la inversión privada, y que gracias al mecanismo empezaron a recibir obras que de otro modo no habrían llegado. La buena noticia es que no hay que elegir entre unas y otras. La modalidad para la reconstrucción y el Obras por Impuestos de siempre pueden convivir y complementarse , siempre que la atención a la emergencia no se construya restándoles a los territorios del conflicto y la pobreza. Hoy ambas comparten un mismo cupo, y por eso vale la pena cuidar que la reconstrucción no termine desplazando la inversión en esas regiones. Colombia aprendió a canalizar inversión privada hacia los lugares donde más se necesita y donde, sin ese empujón, nunca habría llegado. Ese aprendizaje es demasiado valioso para arriesgarlo. Atender a las víctimas del terremoto y seguir acompañando a las regiones que llevan décadas esperando no son propósitos que compitan: son, en el fondo, la misma apuesta por un país que no deja atrás a ninguno de sus territorios.

Miguel Suárez P.

Noticias

Reconstrucción tras el terremoto: las claves para entender la nueva modalidad de Obras por Impuestos

Luego del terremoto del pasado 10 de agosto, el Gobierno Nacional creó temporalmente una modalidad especial de Obras por Impuestos para financiar y ejecutar proyectos de atención, recuperación, rehabilitación, reconstrucción, reforzamiento, mejoramiento o reposición de infraestructura, bienes y servicios afectados por el. La modalidad busca movilizar recursos y capacidad de ejecución del sector empresarial hacia la reconstrucción, y contribuir al restablecimiento de los servicios esenciales y a la recuperación económica y social de los territorios afectados. Obras por Impuestos es una modalidad alternativa para pagar hasta el 50 % del impuesto de renta mediante la ejecución directa, por cuenta y riesgo de la empresa, de proyectos cuya entrega satisfactoria permite cumplir la obligación tributaria o recibir un título para pagar el impuesto de renta. Hasta antes del terremoto, este mecanismo permitió la llegada de centenares de obras a municipios golpeados por la guerra y la baja presencia estatal, que tras el Acuerdo de Paz de 2016 fueron priorizados en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado en Colombia (ZOMAC). Algunas claves para leer el decreto Es temporal: No modifica permanentemente el régimen de Obras por Impuestos. Crea una excepción temporal y focalizada para la reconstrucción. Obras por Impuestos se mantiene: El decreto introduce reglas excepcionales para responder a la reconstrucción luego del sismo. Cobertura territorial excepcional: Aplica a los municipios comprendidos en el estado de emergencia y a aquellos que posteriormente sean incorporados, independientemente de que sean ZOMAC o PDET. Banco de proyectos específico: La modalidad de reconstrucción tendrá un Banco específico, administrado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y articulado con la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). No hay cupo adicional: El CONFIS (Consejo Superior de Política Fiscal) establece un cupo único para Obras por Impuestos y lo distribuye entre la modalidad ordinaria y la destinada a la reconstrucción, con la posibilidad de modificar esa distribución a lo largo del año. 35 % mínimo del cupo especial para la reconstrucción. Ese porcentaje debe destinarse a municipios de categorías 5 y 6 afectados por el sismo. El saldo podrá reasignarse si no existen proyectos o contribuyentes suficientes. ¿A qué debemos prestar atención? La nueva modalidad amplía Obras por Impuestos a municipios afectados por la emergencia del terremoto, sin aumentar el cupo fiscal anual del mecanismo. Aunque se reconoce la importancia de movilizar recursos y capacidades para atender las necesidades de reconstrucción, esta ampliación deja una pregunta sobre cómo se distribuirán los recursos disponibles: ¿cómo garantizar que la atención de las necesidades de reconstrucción no reduzca los recursos disponibles para los municipios PDET y ZOMAC, donde Obras por Impuestos ha sido una herramienta para contribuir al cierre de brechas? "El decreto abre una vía valiosa para movilizar recursos y capacidad empresarial hacia la reconstrucción de los territorios afectados por el sismo. El reto ahora es garantizar que esta nueva modalidad no reduzca los recursos disponibles para los municipios PDET y ZOMAC, donde Obras por Impuestos ha sido una herramienta clave para cerrar brechas", asegura Miguel Suárez , director del área de Paz y Desarrollo de la FIP. El decreto no crea un cupo adicional, sino que la modalidad ordinaria y la de reconstrucción compiten por el mismo espacio fiscal . Para 2026, el remanente no utilizado del cupo ordinario podrá destinarse a la modalidad de reconstrucción. Los proyectos deben estar directamente relacionados con las afectaciones ocasionadas por el terremoto y sus réplicas, y responder a necesidades de recuperación y reconstrucción identificadas oficialmente. Los proyectos no pueden estar financiados, total o parcialmente, con otras fuentes públicas destinadas a la recuperación y reconstrucción; la entidad territorial debe certificar esta condición. ¿Qué cambia frente a Obras por Impuestos ordinario? Un primer elemento diferenciador es la cobertura territorial. La elegibilidad no depende de que el municipio sea ZOMAC o PDET, sino de que esté dentro del ámbito de la emergencia —según el Decreto 1261 de 2026, modificado por el 1348— y de que exista afectación acreditada. Además, habrá más tipos de proyectos, en 10 líneas de inversión. Se habilitan inversiones en: Vivienda de interés social y de interés prioritario. Educación pública e infraestructura educativa pública. Salud pública e infraestructura de salud pública. Agua potable y saneamiento básico. Energía y servicios públicos asociados a la recuperación. Infraestructura vial, puentes, aeropuertos, transporte y conectividad. Tecnologías de la información y las comunicaciones y demás infraestructura necesaria para restablecer servicios esenciales. Bienes públicos rurales e infraestructura productiva. Infraestructura deportiva. Gestión del riesgo de desastres. Otro cambio que se espera es que haya una mayor agilidad. El Banco de Proyectos tendrá calendario propio y podrán aplicarse procedimientos concurrentes y términos abreviados, sin reducir los estándares técnicos, presupuestales, ambientales o de sostenibilidad. La viabilidad deberá darse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación del proyecto. De otro lado, habrá más flexibilidad para vincularse. El decreto permite que los contribuyentes se vinculen a proyectos fuera de los tiempos ordinarios establecidos por la ley. Además, bajo la opción fiducia, podrán efectuar aportes anticipados con cargo al impuesto de renta del año gravable en curso, con un límite del 50 % del impuesto a cargo del año anterior. ¿Qué viene? Hasta donde se ha conocido, los pasos a seguir estarán consignados en el Manual Operativo ART–DNP. Debe adoptarse dentro del mes siguiente a la entrada en vigor del decreto, es decir, en octubre de 2026 . Definirá fechas, procedimientos, requisitos, criterios de priorización, formatos y condiciones operativas.

• Obras por impuestos

Infografía

Los principales mecanismos de aporte empresarial al desarrollo territorial

Obras por Impuestos, Obras por Regalías y CoCrea son tres de los principales mecanismos de aporte empresarial al desarrollo territorial. ¿Cuáles son sus características y sus ventajas?

• Desarrollo territorial

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Está PaZando. Reconstrucción tras el terremoto: las claves para entender la nueva modalidad de Obras por Impuestos

Reconstrucción tras el terremoto: las claves para entender la nueva modalidad de Obras por Impuestos El mecanismo, creado para llevar proyectos a las zonas más afectadas por el conflicto, ahora servirá para la recuperación de las regiones golpeadas por el sismo. ¿Qué implica? Es temporal No modifica permanentemente el régimen de Obras por Impuestos. Crea una excepción temporal y focalizada para la reconstrucción. Obras por Impuestos se mantiene El decreto introduce reglas excepcionales para responder a la reconstrucción luego del sismo. Cobertura territorial excepcional Aplica a los municipios comprendidos en el estado de emergencia y a aquellos que posteriormente sean incorporados, independientemente de que sean ZOMAC o PDET.

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Está PaZando. Abril 2026

Índice Global de Paz 2026 alerta sobre el deterioro de la paz mundial El Índice Global de Paz 2026, del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), evidencia un deterioro sostenido de la paz por duodécimo año consecutivo. El informe señala que solo el 4 % de los conflictos concluye con acuerdos de paz y advierte sobre los riesgos que representa el creciente uso de inteligencia artificial y drones en los conflictos armados. En Colombia, estas tendencias se reflejan en el deterioro de la seguridad y la expansión de nuevas tecnologías por parte de actores armados, lo que plantea desafíos para la estabilidad territorial, la inversión y la actividad empresarial. Obras por Impuestos impulsan inversión y desarrollo en territorios afectados por el conflicto El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) continúa consolidándose como una herramienta para promover el desarrollo en zonas afectadas por el conflicto. Entre 2022 y 2025 movilizó cerca de COP 3,1 billones en 387 proyectos ejecutados en 274 municipios. Empresas como Isagen han contribuido con inversiones en infraestructura vial, educación y gestión del riesgo, beneficiando a miles de personas y fortaleciendo la conectividad, la productividad y el acceso a servicios. El modelo evidencia el potencial de la inversión privada para impulsar el desarrollo territorial y la construcción de paz, aunque persisten desafíos para ampliar su alcance y fortalecer la articulación institucional. Pueblos indígenas fortalecen su liderazgo para la protección de la Amazonía Autoridades y representantes de ocho pueblos indígenas de Putumayo culminaron un proceso de formación liderado por IRI-Colombia y la Fundación Territorios en Común, orientado a fortalecer capacidades en gobernanza biocultural, ordenamiento territorial, acción climática y gobierno propio. La iniciativa reafirmó el papel de las comunidades indígenas en la conservación de la Amazonía y permitió identificar desafíos como la deforestación, la minería, la contaminación de fuentes hídricas y la presencia de actores armados, resaltando la importancia de fortalecer la gestión sostenible y la gobernanza de sus territorios. Montes de María será escenario de “Diálogos improbables” para fortalecer la construcción de paz San Juan Nepomuceno (Bolívar) será sede de “Diálogos improbables: en la tierra prometida” , un encuentro que reunirá víctimas, liderazgos sociales, comunidades campesinas, firmantes de paz, academia, fuerza pública e instituciones para promover la memoria, la reconciliación y la construcción de paz territorial. A través de conversaciones, actividades pedagógicas y una exposición sobre el legado de Jesús María Pérez, la iniciativa busca fortalecer el diálogo, el reconocimiento entre actores históricamente afectados por el conflicto y la articulación institucional como base para una paz sostenible. Caribe colombiano impulsa una hoja de ruta para la transición energética Los departamentos de Córdoba, Atlántico y Sucre firmaron el Plan Caribe Energético 2026-2030 , una estrategia regional que busca fortalecer la seguridad, confiabilidad y transición energética del país. La iniciativa, impulsada por la RAP Caribe con el apoyo de gremios, empresas y expertos, plantea acciones para enfrentar los retos del sistema eléctrico y aprovechar el potencial de la región en energías renovables y gas. Además, la propuesta será presentada a los candidatos presidenciales para su inclusión en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Antioquia lidera la inversión en obras por impuestos en Colombia Antioquia se consolida como el departamento con mayor implementación del mecanismo de obras por impuestos , con más de COP 1 billón invertido en proyectos de infraestructura y desarrollo social en municipios PDET y ZOMAC. La participación de 87 empresas ha permitido impulsar iniciativas en educación, salud, agua potable, infraestructura vial y gestión del riesgo, fortaleciendo el desarrollo territorial. El liderazgo del departamento evidencia el potencial de este modelo para promover inversión privada con impacto social en las regiones más afectadas por el conflicto. Grupo Aval destaca oportunidades para impulsar el desarrollo del Valle del Cauca Durante el Encuentro Regional ADN Aval, directivos del Grupo Aval resaltaron el potencial del Valle del Cauca para impulsar el desarrollo económico a través de inversiones en energía, infraestructura, turismo y educación. La entidad destacó proyectos en gas natural y obras por impuestos, así como su presencia en la región mediante generación de empleo y servicios financieros. Aunque persisten retos económicos, el sector mantiene expectativas positivas frente al crecimiento regional y la recuperación de las condiciones macroeconómicas. Corredor de Vida impulsa la transición territorial justa en el Cesar El proyecto Corredor de Vida del Cesar avanza como una estrategia para promover una transición territorial justa en una de las principales regiones carboníferas del país. La iniciativa impulsa acciones de restauración ambiental, bioeconomía y fortalecimiento comunitario para diversificar la economía y generar oportunidades sostenibles. A través de emprendimientos en pesca, artesanías y agroalimentos, el proyecto ha beneficiado a comunidades de siete municipios, promoviendo el desarrollo regional y la generación de empleo.

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Está PaZando. Marzo 2026

Comunes: la caída electoral del partido que no necesariamente es un fracaso del Acuerdo de Paz El partido Comunes, surgido del proceso de reincorporación de las FARC tras el Acuerdo de Paz de 2016, perdió su personería jurídica en 2026 al no alcanzar el umbral electoral en las elecciones legislativas. Aunque tuvo presencia en el Congreso, su desempeño fue limitado desde su creación, lo que evidencia los desafíos de transformar un grupo armado en una fuerza política competitiva. Si bien su salida del escenario electoral es relevante, no implica un fracaso del proceso de paz ni de la democracia colombiana, que ha mostrado mayores niveles de pluralismo político. Esta experiencia confirma que las transiciones políticas son complejas y requieren tiempo para consolidarse. Análisis escrito por Miguel Suárez, director de Construcción de Paz en la FIP. Retos logísticos para la evacuación de petróleo en medio de tensiones comerciales La tensión comercial entre Colombia y Ecuador ha afectado la operación de empresas petroleras en Putumayo, que han debido buscar rutas alternas para mantener la producción. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el departamento produjo 21.850 barriles diarios en enero (3 % del total nacional). Parte de este volumen se ha redireccionado hacia Huila y el puerto de Coveñas, lo que ha incrementado los costos y complejidades logísticas. Centro de acopio fortalece la cadena apícola regional La puesta en marcha de un centro de acopio en Montes de María busca fortalecer la cadena apícola en Sucre, dinamizar la economía local y consolidar procesos organizativos. La iniciativa hace parte del proyecto ArraigoCaribe, que promueve capacidades productivas y el intercambio de conocimientos entre asociaciones y productores de la región. Avances en justicia agraria y acceso a tierras El Gobierno nacional sancionó la Ley de Jurisdicción Agraria y formalizó la entrega de más de 3.000 hectáreas a familias campesinas. La nueva jurisdicción busca atender los conflictos rurales con jueces especializados y equipos técnicos, mientras que la entrega de tierras apunta a fortalecer la economía campesina y la estabilidad territorial. Alertas por control territorial de actores armados La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció amenazas y presiones por parte del Clan del Golfo, señalando un control territorial que afecta la vida social y económica de la región. Según la comunidad, estas estructuras imponen normas y ejercen poder mediante la intimidación, lo que refleja persistentes retos en seguridad y gobernanza territorial. Iniciativas para la integración de mujeres migrantes El proyecto Mujeres Echando Raíces (MERA) apoya a mujeres migrantes mediante acceso a vivienda, empleo y formación. Más de 600 mujeres han participado en esta iniciativa, que busca generar condiciones de estabilidad e integración social a través de soluciones sostenibles. Inversión y avances en proyectos PDET En la subregión PDET Sierra Nevada y Serranía del Perijá se reportan 262 proyectos aprobados, con una inversión superior a $2 billones. Estos avances reflejan la articulación entre comunidades, entidades territoriales y el Gobierno nacional para impulsar la transformación regional y responder a necesidades locales.

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Está PaZando. Actualización del mes

Ya es ley: Los PDET continúan hasta 2037 ¿Qué implica que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se amplían hasta 2037? Hay avances: bajó la pobreza multidimensional y más de la mitad de las iniciativas tienen Ruta de Implementación Activa. Pero casi el 46% aún no ha comenzado su ejecución. La nueva ley introduce ajustes importantes, pero la actualización del mapa PDET abre preguntas clave: ¿Cómo evitar diluir esfuerzos y generar nuevas expectativas sin cerrar brechas? MIRA LA INFOGRAFÍA Convocatoria abierta: Premio Global Princesa Sabeeka para el Empoderamiento de las Mujeres Está abierta la convocatoria del Premio Global Princesa Sabeeka para el Empoderamiento de las Mujeres, que reconoce iniciativas destacadas en igualdad de género en los sectores público, privado, sociedad civil y liderazgo individual. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de marzo de 2026.

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